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Efectos De Las Obligaciones Que Se Cumplen?

Efectos De Las Obligaciones Que Se Cumplen
Tema 4.1 Efecto de las obligaciones – Derecho Civil – Instituto Consorcio Clavijero Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento, o no, del deudor, y las acciones legales de las que dispone el acreedor.

¿Cuáles son los efectos auxiliares de las obligaciones?

EFECTOS AUXILIARES – Son aquellos dispositivos legales con que cuenta el acreedor a fin de mantener incólume e íntegro el patrimonio de su deudor. Ellos le permitirán asegurar el cobro de su crédito.

Acciones de integración : Medidas cautelares : Privilegios y derecho de retención :

¿Cuáles son los efectos de las obligaciones naturales?

TITULO II TITULO II De las obligaciones naturales Art.515. Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas, tales son: 1° (Inciso derogado por art.1° de la B.O.26/4/1968.

2° Las obligaciones que principian por ser obligaciones civiles, y que se hallan extinguidas por la prescripción;3° Las que proceden de actos jurídicos, a los cuales faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como es la obligación de pagar un legado dejado en un testamento, al cual faltan formas sustanciales;4° Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, o cuando el pleito se ha perdido, por error o malicia del juez;5° Las que se derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos; pero a las cuales la ley, por razones de utilidad social, les ha denegado toda acción; tales son las deudas de juego.

Art.516. El efecto de las obligaciones naturales es que no puede reclamarse lo pagado, cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad legal para hacerlo. Art.517. La ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de obligación civil; tampoco el acreedor puede reclamar el pago de lo restante de la obligación.

¿Cuáles son los efectos del pago?

Se producen tres efectos: Extintivo. Satisfactorio: el acreedor ve satisfecho su interés. Liberatorio: el deudor queda liberado.

¿Cómo se clasifican las obligaciones para determinar su cumplimiento?

4. Conclusiones – Las modalidades de las obligaciones están plasmadas en nuestro Código Civil, Así, tenemos a las obligaciones de dar (título I); obligaciones de hacer (título II); obligaciones de no hacer (título III); obligaciones alternativas y facultativas (título IV); las obligaciones divisibles e indivisibles (título V) y a las obligaciones mancomunadas y solidarias (título VI).

Todas ellas pertenecientes a la Sección Primera (las obligaciones y sus modalidades) del Libro VI (las obligaciones). Dejándose afuera a las llamadas obligaciones conjuntivas y a otros criterios de clasificación de las obligaciones desarrollados en la doctrina. La clasificación de las obligaciones por la naturaleza de su prestación corresponde a las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.

La obligación de dar implica que el deudor haga entrega física o jurídica a su acreedor de un bien. Pudiendo ser este un bien cierto, un bien incierto o uno fungible. Un bien cierto es aquel bien específico (un auto, un departamento), un bien incierto es aquel determinado al menos en su especie y cantidad (art.1142) (2 kilos de papa Huayro) y un bien fungible es aquel bien que resulta de fácil intercambio o reemplazo.

Las obligaciones de hacer son aquellas actividades, acciones o trabajos desplegados por el deudor de una obligación con miras a la satisfacción del interés de su acreedor. Pudiendo ser obligaciones de hacer propiamente dichas las que se agotan tras su realización (servicio profesional) u obligaciones de hacer que terminen en un dar (construcción de un inmueble para su posterior entrega).

Las obligaciones de hacer desbordan el derecho civil estando presentándose también en otras áreas del derecho como el administrativo, tributario, comercial, etc. Las obligaciones de no hacer son aquellas abstenciones a las que se compromete el deudor que pueden involucrar también un no dar (secreto profesional, obligación de no revelar el secreto de la fórmula de la Coca-Cola, no construir una edificación, etc.).

¿Cómo se clasifican los efectos de las obligaciones?

TITULO I De la naturaleza y origen de las obligaciones Art.495. Las obligaciones son: de dar, de hacer o de no hacer. Art.496. El derecho de exigir la cosa que es objeto de la obligación, es un crédito, y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una cosa, es una deuda.

  1. Art.497. A todo derecho personal corresponde una obligación personal.
  2. No hay obligación que corresponda a derechos reales. Art.498.
  3. Los derechos no transmisibles a los herederos del acreedor, como las obligaciones no transmisibles a los herederos del deudor, se denominan en este código: «derechos inherentes a la persona, obligaciones inherentes a la persona».

Art.499. No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles. Art.500. Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.

  1. Art.501. La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Art.502.
  2. La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto.
  3. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público. Art.503.
  4. Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quien se transmitiesen.

Art.504. Si en la obligación se hubiere estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada. Art.505. Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son: 1 Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado; 2 Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor; 3 Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.

  • Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente, o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se hallase extinguida o modificada por una causa legal.
  • Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derívase el litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo.

Si la regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Párrafo incorporado por art.1 de la Ley N 24.432 B.O.10/1/1995.) Art.506. El deudor, es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación. Art.507. El dolo del deudor no podrá ser dispensado al contraerse la obligación. Art.508. El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación.

Art.509. En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento. Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora.

Si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación.

Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable. (Artículo sustituido por art.1 de la Ley N 17.711 B.O.26/4/1968. Vigencia: a partir del 1 de julio de 1968.) Art.510. En las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva.

  • Art.511. El deudor de la obligación es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla. Art.512.
  • La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.

Art.513. El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuanto éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquél constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito, o fuerza mayor.

¿Cuál es la diferencia entre obligaciones civiles y naturales?

INTRODUCCIÓN. El proceso monitorio es una figura jurídica nueva en Colombia pero no nueva en otras legislaciones. Esta data del siglo XIII en la Italia, su régimen se desarrolló en gran parte de Europa y en algunos países de América latina. En España nace al mundo jurídico con la vigencia de la ley 1 del año 2000 la cual contempla el proceso monitorio como la solución a todas aquellas contingencias derivadas de relaciones contractuales entre los ciudadanos, especialmente los comerciantes y pequeños empresarios.

Posteriormente, en Uruguay debido a la necesidad de revestir jurídicamente el sin número de negocios jurídicos informales, se crea el código general del proceso uruguayo introduciendo el proceso monitorio para garantizar a los acreedores el pago efectivo de sus deudas vencidas sin soporte documental, así de manera prudente y cautelosa se introduce en el ordenamiento jurídico Colombiano con la ley 1564 de 2012 el proceso monitorio y su procedimiento que consiste en una demanda tendiente a requerir al deudor para que pague la obligación vencida y exigible.

Pero primero de la ejecución se crea un título ejecutivo mediante la sentencia del proceso. En su defecto tiene la finalidad de constituir un título ejecutivo. El proceso monitorio puro es el cual tiene lugar cuando el demandante no tiene en su poder ningún documento que le permita respaldar la solicitud, sin perjuicio de la procedencia del requerimiento judicial, pues basta la sola afirmación del acreedor la cual se debe surtir en atención a los principios de lealtad procesal y buena fe.

  • Es preciso anotar que tanto el monitorio Colombiano como el español exigen los mismos requisitos, estos son : 1) Que la obligación sea de naturaleza contractual 2) Que esta sea determinada, es decir, que esté sujeta a un plazo o condición y 3) que sea exigible.
  • La diferencia radica en que la ley colombiana no exige que la demanda deba estar acompañada de las pruebas documentales constitutivas de la obligación contractual, basta con la afirmación de su existencia por parte del acreedor.

A diferencia del sistema procesal español que si exige la presentación del documento o de los elementos constitutivos de la deuda. Esto fue implementado pensando en los pequeños comerciantes que no consignan en documentos las relaciones contractuales que tienen con los clientes del día a día.

Además esta figura es concebida para evitar esos extensos y formalistas procesos declarativos. De otra parte contempla grandes ventajas económicas como lo son la disminución de los gastos de litigación debido a que la demanda no requiere de intervención de abogado y estará disponible en formatos predeterminados.

Ahora bien el Código general del proceso contempla escasos artículos (419 al 421 ley 1564 de 2012) a través de los cuales pretende reglamentar todo lo relacionado con el proceso monitorio. Es por esta razón que se encuentran aspectos negativos y vacíos legales en cuanto a su reglamentación.

Por ejemplo la delimitación de la cuantía, la brevedad del término de traslado y la prohibición de medidas cautelares son algunos temas que deberán ser complementados por la doctrina para subsanar aquellos defectos de los que adolece el proceso monitorio colombiano. JUSTIFICACIÓN. El foco de esta investigación sea la pertinencia y trascendencia de las nuevas figuras jurídicas contempladas por la ley 1564 del 2012, especialmente lo relacionado al proceso monitorio y su repercusión en el congestionado aparato judicial, así como el impacto que puede generar en los ciudadanos de a pie y pequeños empresarios colombianos, que según las promesas del código general del proceso basada en la doctrina, y en la realidad de la sociedad es que este proceso puede llegar a congestionar mucho en el caso en que no se tomen medidas administrativas necesarias para la aplicación del proceso monitorio con la celeridad que se exige por el pueblo colombiano.

En ese entendido el trabajo desarrollado por quienes estos renglones escriben, va más allá de definir o conceptualizar el proceso monitorio, al abordar la conveniencia y relevancia social de la aplicación de esta figura jurídica en los sujetos mencionados anteriormente, pues poner en marcha el proceso monitorio constituye descongestión de despachos judiciales, celeridad, economía procesal y mayor acceso a la administración de justicia.

Son estos los puntos cardinales que entrarán a engrosar el tema medular de esta investigación. De manera que está participación no está dirigida a profundizar la definición y trayectoria histórica del proceso monitorio, pues ya el brillante profesor Carlos Alberto Colmenares ha desarrollado este tema con lúcida erudición y severidad científica.

La participación entonces se ciñe a ilustrar una posible solución a la problemática que le genera la prescripción de una obligación al acreedor, ofreciendo una segunda oportunidad procesal para hacer efectivo su derecho de crédito frente a un renuente deudor.

Tal aseveración compromete al escritor entregar insumos jurídicos para considerar la posibilidad de utilizar el proceso monitorio frente a la prescripción de un título ejecutivo convertido en una obligación natural. Se infiere entonces, que al materializar la respuesta de la anterior pesquisa, estaremos aportando elementos académicos importantes al naciente proceso monitorio, que a su vez contribuyen inexorablemente al crecimiento académico y científico de las instituciones jurídicas Colombianas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El objeto del proceso monitorio no es otro que de los contratos onerosos escritos y verbales especialmente la compraventa de bienes muebles para consumo y el contrato de mutuo, donde se persigue el pago de una obligación en dinero vencida, cumpliendo con los requisitos del artículo 419 del Codigo General del Proceso, a través de éste se busca la constitución de un título ejecutivo sin la necesidad de agotar el trámite de un declarativo, el cual en muchas ocasiones degenera en un conjunto de formalidades lentas y dispendiosas que congestionan el aparato judicial, este aspecto resulta de gran importancia para los operadores jurídicos, pues en teoría se espera que el proceso monitorio proteja el crédito de los cuidadanos, de manera pronta y eficaz.

El proceso monitorio luego de entrado en vigencia, se espera sea el más popular de los procesos que se encuentre en Colombia, su origen ha sido el resultado de la fuerte influencia de los negocios jurídicos en la economía Colombiana, lo que suscita una especial atención normativa que permita a todos los ciudadanos, la posibilidad de obtener un título ejecutivo mediante una sentencia judicial para al fin obtener el pago de una obligación.

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Puesto que la costumbre y la cultura enmarcada en una sociedad donde los negocios son el fundamento necesario para mantener la economía, Los colombianos tiene una marcada predilección por el consumismo, esto quiere decir que los productos sirven de sustento necesario para la sobrevivencia de las personas, por medio de relaciones económicas que necesariamente crean relaciones jurídicas, conocidas como negocios jurídicos, puesto que se tiene en cuenta una relación económica donde el flujo de dinero se ve reflejado, y por otra parte, para este caso en concreto, el tipo de contrato como objeto un bien mueble fungible como lo es el dinero, dejando utilidad a las partes.

«La vida jurídica implica un constante interactuar con otros sujetos, con los cuales se realizan en forma permanente una serie de negocios que en muchas ocasiones necesitan ser interpretados para descubrir la voluntad final de los agentes y de esta manera conservar la paz social.» ( Esteban Grisales, 2011 ) El profesor Joan Picó i Junoy en su ponencia: El proceso monitorio Una visión española y europea pensando en Colombia hace alusión a: «El Proceso monitorio en España es el tipo de juicio civil más utilizado ante los tribunales y el más eficaz como lo acreditan las estadísticas».

Expresando que el incremento del proceso monitorio iniciados frente a un juez para crear un título ejecutivo va aumentando no solo en España sino también en Europa, lo que sirve de indicio para determinar que en Colombia ocurrirá lo mismo. Lo anterior generará un problema, porque si bien es cierto, y para nadie es un secreto que en Colombia se presenta una congestión judicial el proceso monitorio, eventualmente podría agilizar el trámite de las controversias que pueden ser tramitadas a través de este.

  • En este sentido Picó: El plazo de diez días del art.421 para que el requerido de pago proceda a pagar o se oponga al requerimiento es extremadamente breve, () ()No podemos ser tan ingenuos de pensar que reduciendo los plazos procesales se va a acelerar la acción de la Justicia.
  • Todos sabemos que los plazos que se incumplen sin efecto procesal alguno son siempre los dirigidos al juez o a su personal auxiliar, y nunca dirigidos a las partes y sus abogados, que están plenamente sujetos al principio de preclusión.

El ordenamiento jurídico Colombiano reconoce dentro de la clasificación de los contratos los de carácter gratuito, estos no son objeto de problema y aplicabilidad en el proceso monitorio, pero por el contrario otros tipos de contratos donde refleja la onerosidad del mismo, siendo este requisito indispensable para iniciar el proceso monitorio, es decir que por excelencia los contratos de compraventa de bienes muebles, y los de mutuo serán los más utilizados en el marco de ir a solucionarlo judicialmente frente al proceso monitorio para la creación de un título ejecutivo que sirva como sustento para el pago de la obligación, esto se ve reflejado en la sociedad colombiana basada en esas relaciones comerciales, siendo así las más comunes y utilizadas a diario.

Ospina Fernandez, 2008 ) El proceso monitorio, no es un invento del Código General del proceso, es una réplica de otros sistemas procesales, principalmente el europeo, donde ha funcionado este mecanismo con la finalidad de hacer un llamado, por medio de una demanda al deudor para poder hacer exigible una deuda generada a través de un contrato donde no se tiene un título ejecutivo, cabe la aclaración de los tipos de proceso monitorio, puede ser limitado o ilimitado, puro o documental.

( Picó i Junoy, 2012 ), En Colombia el proceso monitorio como aparece reglado en el código General del Proceso, siendo este puro y limitado, pero se encuentran los otros tipo de procesos monitorios que de igual manera conservan su finalidad y esta es obtener un título ejecutivo para poder de esta manera cancelar la obligación contratada, como el proceso monitorio español que es documental, exige un documento que sirva de sustento para crear mediante una sentencia judicial dicho título, lo cual se aplica a Colombia como una sugerencia frente a la oportunidad de aportarlo cuando este se tenga.

Tanto el proceso monitorio Colombiano como el Español conservan los mismos requisitos, la única diferencia radica es que el primero es puro, es decir, que no requiere de ningún documento para iniciar el proceso monitorio, mientras que en el segundo si es necesario. Ahora bien, el proceso monitorio español ha tenido dificultades puesto que se encuentra en desuso, por falta de garantías como al derecho de contradicción, empezó con una promesa de mayor aplicabilidad por crear un título ejecutivo, y con el paso del tiempo terminó hasta el punto que no se utiliza por falta de garantías como ya se mencionó el derecho de la contradicción y la congestión judicial.

( Picó i Junoy, 2012 ) Los artículos 419 y 420 del Código General del Proceso, que hace poco entrataron en vigencia, se observa que cuentan aun con vacíos legislativos frente a temas que ha dejado por fuera estos articulados, lo cual requiere de la ayuda de otras fuentes del derecho para resolverlos, como por la doctrina, y por otro lado la jurisprudencia, pero la realidad es que en la práctica los juzgados civiles municipales dictan sentencia de primera instancia basándose en las mencionadas fuentes, siempre y cuando estos funcionaros sean estudiosos, o sino fallaran conforme a su experiencia, para poder resolver las falencias y vacíos normativos que se mencionaran con posterioridad.

Por otra parte, no es permitido exponer los argumentos de la Corte Suprema de Justicia Colombiana en un recurso de Extraordinario de Casación, porque se habla de un proceso de única instancia, eliminando la jurisprudencia de las altas cortes, ocasionando de esta manera el uso del mecanismo de la acción de tutela por sentencias judiciales alegando vías de hecho, hoy denominadas causales genéricas de procedibilidad.

El artículo 419 Del código General del Proceso dice: «Procedencia. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.».

  1. Siendo esté relativamente corto y sin algunos factores necesarios no reglamentados.
  2. Las recomendaciones de la doctrina, donde se aplica el proceso monitorio en otros países dicen: «pueden mejorarse algunas previsiones normativas y deben resolverse algunas omisiones al objeto de evitar futuros problemas de aplicación de la ley.

( Picó i Junoy, 2012 ) La regulación que se propone es extremadamente breve, con solo tres artículos», ( Picó i Junoy, 2012 ), adicionalmente hace referencia a que: «En Europa existen 24 artículos, Francia 21, Alemania 16 y España 9», es claro la evidencia frente a la falta de reglamentación del proceso Monitorio Colombiano dejando temas al aire.

Algunos de estos pueden se relaciona con la dificultad de la posibilidad de la conciliación como requisito de procedibilidad, la posibilidad de presentar medidas cautelares, la negación del deudor frente a la notificación personal, la existencia de varios procesos monitorios frente a una obligación que supere la cuantía exigida, el pago de costas procesales.

De la lectura del citado artículo, no se identifica que se entiende por exigible, se pueden presentar pluralidad de interpretaciones, por ejemplo si se analiza bajo la óptica del derecho comercial, para que sea exigible es necesario que cumpla con los requisitos de los artículos 619 y 620 del Código de Comercio y sus principios rectores como el de incorporación, autonomía, literalidad, legitimación, negociabilidad y presunción de autenticidad, y en términos generales la obligación tiene ser actualmente exigible, es decir, que la fecha de vencimiento del título valor, para este caso se encuentre en su límite, y adicionalmente no se puede encontrar dentro de un término posterior a su prescripción dependiendo del título valor, ya que la misma, debe ser alegada dentro del proceso ejecutivo, no permitiendo la exigibilidad del mismo, convirtiendo el título valor que a la vez es un título ejecutivo en una obligación natural.

  1. Ahora bien no hay mecanismos para obligar al deudor al pago de la obligación natural, pero tampoco quiere decir que el deudor no deba pagar la obligación, puesto que lo puede hacer voluntaria, o no alegando la prescripción en el proceso ejecutivo.
  2. Por otra parte es bastante confuso determinar en qué momento hay exigibilidad y en que no a sabiendas de que no se tiene un título ejecutivo y cuando se podrá iniciar el proceso monitorio para crear un título ejecutivo, pues la normatividad que rige el mismo no hace alusión sobre el tema.

El doctrinante Carlos Alberto Colmenares Uribe, frente al temas de los requisitos del proceso monitorio dice: «Siendo la obligación únicamente en dinero, determinada y exigible, significa que la suma de dinero deber ser cierta y concreta y que la relación contractual de la cual emana la obligación no esté sujeta a plazo ni a condición; es decir, ante la existencia de plazo o condición, la obligación se torna exigible cuando el termino para su cumplimiento ya venció o cuando la condición ya se cumplió (Colmenares Uribe, 2012).

De esta manera la palabra exigible dentro del artículo 419 del Código General del Proceso no es clara y en ningún momento se habla sobre la prescripción de una obligación que ya está vencida, en ese orden de ideas ¿será posible iniciar el proceso monitorio de una obligación contractual determinada en dinero de hace 15 años y que a la fecha sea de mínima cuantía? De esta manera, el proceso monitorio tiene como finalidad la cancelación del crédito, pero para esto, mediante un juez civil municipal competente se pretende crear un título ejecutivo donde no lo hay, forma esta de hacer exigible la obligación, esto quiere decir que el proceso monitorio permite su iniciación a base de una obligación natural donde bien se puede tener o no un documento de prueba tal y como hace alusión el artículo 419 del Código General del Proceso.

Una obligación contenida en un título valor, que también es un título ejecutivo, tiene como prescripción tres años para el caso de las letras de cambio, ya que no todos los títulos conservan la misma prescripción, y en el caso de los títulos ejecutivos la prescripción es de cinco años.

Por lo tanto y en vista de que el proceso monitorio no lo prohíbe en su reglamentación, cabe la duda frente a la posibilidad de presentar este tipo de proceso, cuando un título valor ya se ha vencido y este se ha convertido en una obligación natural El articulo 419 y siguientes brillan por su falta de reglamentación, omitiendo algunas situaciones como la anterior frente a la posibilidad de presentar el llamado proceso monitorio, como bien se refleja, la legislación no prohíbe presentar mediante un proceso monitorio, una obligación que por el trascurrir del tiempo se ha convertido en una obligación natural, más aun cuando la doctrina hace énfasis en la importancia de este nuevo proceso, para que de esta manera no se pierdan los créditos, y así poder constituir con herramientas legales la posibilidad de obtener el pago de esa obligación, por lo tanto surge la siguiente: METODOLOGIA La metodología aplicada en este trabajo investigativo es la observación, desde el planteamiento de casos específicos frente al proceso monitorio, de igual manera se trata de un proyecto cualitativo.

RESULTADOS 4.1 Obligación natural El código Civil, hablando de la clasificación de las obligaciones que son extremadamente importante para la relación deudor y acreedor, frente al objeto que hace que conecte esa relación, y dependiendo del tipo de obligación que se contrate, se tiene en cuenta al momento y la forma de hacer exigible la prestación, el artículo 1527 del código Civil dice: «las obligaciones son civiles o meramente naturales.

  • Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.
  • Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas.
  • Tales son: () ()2ª) las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
  • Es decir que una vez una obligación civil no obtuvo su forma de extinguirla, y por el transcurrir del tiempo esta se ha convertido en una obligación natural, conforme a la dificultad de las obligaciones naturales en su coercitividad, es decir, que el pago de una obligación natural depende de la voluntad del deudor de hacer esta exigible.

Alegando de esta manera no tener algún documento de sustento para que esta se haga coercitiva o por otra parte y en otra situación, que el documento por el trascurrir del tiempo ya prescribió: «La coercibilidad es elemento esencial de toda norma jurídica.

En materia de obligaciones, la coercibilidad se traduce en la ejecución coactiva de ellas. Excepcionalmente, ciertas obligaciones están desprovistas de esta especie de sanción, aunque la ley les reconoce poder suficiente para engendrar otras consecuencias jurídicas. Surge de aquí la clasificación de las obligaciones en civiles y naturales enunciada en el artículo 1527 del Código Civil.» ( Ospina Fernandez, 2008 ), Pero por otra parte la misma ley en el artículo 1529 del Código Civil, da la posibilidad frente a una obligación de carácter natural, exista una caución, o en palabras del código, para que esta sea avalada por una garantía y de esta manera exigir su prestación, es decir, que las obligaciones naturales si se pueden hacer exigibles, tal vez no de la misma manera en que se pueden exigir las prestaciones de las civiles, pero si existen mecanismos para que se termine la relación contractual, extinguiendo está conforme a lo pactado entre los sujetos se termine con la prestación, lo que lleva a concluir que una obligación natural se puede cancelar o pagar para terminar de esta manera la obligación entre acreedor y deudor.

Ahora bien, la finalidad de celebrar un contrato sin hacer énfasis en que tipo de condiciones este se establezca, es terminar la obligación con el pago por ejemplo en una obligación frente a un contrato de mutuo, ya que sino y de otra manera no tendría ninguna finalidad realizar un contrato o crear una relación entre acreedor y deudor con una prestación definida, si esta última no se hace exigible por medios legales.

  1. Se encuentran dos posturas en relación con el numeral segundo del artículo 1527 del Código Civil, esta es: «ALESSANDRI y SOMARRIV A sostienen que para que la obligación sea natural se requiere que la prescripción de la obligación civil haya sido declarada.
  2. SOMARRIV A se funda en que antes la prescripción no produce efecto alguno, y ALESSANDRI agrega que de no ser necesaria la declaración la prescripción, El incumplimiento de la obligación natural viene a confundirse con la renuncia tac1ta de la prescripción de que trata el artículo 2514 del Código Civil Nosotros no pensamos así basta que el acreedor no haya ejercido su derecho durante el termino fijado por la ley para que la obligación civil se transforme en natural: desde tal momento el acreedor ya no puede exigir el cumplimiento; que es la primera nota característica de la obligación natural, y si el deudor paga voluntariamente, no puede repetir lo pagado, con lo cual se completa el concepto de esta última.» ( Ospina Fernandez, 2008 ) Lo anterior quiere decir que el derecho es muy amplio, y frente a la aplicación de un caso en concreto en relación a una sola norma se pueden ver diferentes posturas que al momento de ser aplicadas por el juez puede tener incidencia sobre la una o sobre la otra.4.2 Proceso.
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Es el conjunto de actos necesarios para la declaración o ejecución del derecho; ordenamiento jurídico, «El vocablo proceso proviene del latín processus que, etimológicamente, significa marcar, avanzar, desarrollar, llevar a cabo. En su aceptación corriente puede concebirse como la serie o conjunto de actos que están orientados a lograr un fin determinado» ( Azula Camacho, 2008 ), de lo anterior y de manera muy breve se puede manifestar que el proceso Monitorio efectivamente si es un proceso, pues contiene unos procedimientos establecidos en la normatividad procesal, y contiene un fin frente a un derecho subjetivo como el de crédito.

Explicando que el proceso monitorio no es tan complejo como puede tornar un proceso como tal, sino más bien es un llamado al deudor de conformidad a la reseña historia que menciona el autor, sobre el llamado que se hacía en roma para reconocer un título ejecutivo,De igual manera la Doctrina se ha referido al tema: «La simplicidad del proceso monitorio se materializa en el hecho de no tener que presentar demanda, sino una mera petición monitorio (art.841 LEC), en la que tan sólo se exige identificar la persona y domicilio del acreedor y del deudor, y precisar el origen y la cuantía de la deuda, acompañándose, como es obvio, el documento que justifica la reclamación judicial» ( Picó i Junoy, 2012 ).

Por otra parte han mencionado que: «Consideramos que el monitorio no es un proceso sino un procedimiento. Lo correcto técnicamente es denominarlo procedimiento monitorio, dado que se establecen reglas procedimentales que abrirán infinitos procesos a través de ese cauce procedimental.

  1. La denominación proceso constituye un error doctrinal muy frecuente en esta materia» ( Colmenares Uribe, 2012 ).
  2. Lo anterior que refleja la amplia discusión sobre el tema.
  3. Cabe mencionar, sin importar si el legislador incurrió no solo en ese error de denominarlo proceso, sino también en otros como ya se ha mencionado con anterioridad, se ha convertido en un problema de semántica frente a si es un procedimiento o un proceso, la discusión no se debe centrar en ese punto, solo para dar a entender la poca o mucha complejidad que tiene el monitorio.

Ahora bien, siendo este un problema de denominación semántica frente al proceso monitorio, nos referiremos a este de esa manera puesto que el legislador en su potestad así lo denomino, y de igual manera para no entrar en discusión no formales sino más bien sustanciales.

Ya que la importancia para el ciudadano es de poder crear un título ejecutivo y de manera posterior cobrar su crédito, es por lo anterior que la discusión entre proceso o procedimiento si bien es válida puede en algunos momentos carecer de importancia sustancial.4.3 Monitorio La palabra monitorio significa: «1.

Que sirve para avisar o amonestar, 2.Persona que avisa o amonesta y 3. Monición, amonestación o advertencia que el Papa, los obispos prelados dirigían a los fieles en general para averiguación de ciertos hechos que en la misma se expresaban, o para señalarles normas de conducta, principalmente en relación con circunstancias de actualidad.» ( Española, 2015 ) Por lo tanto, y para esta situación, monitorio se entiende como el llamado que le hace el acreedor a un deudor para que esté último le rinda cuentas, sobre una obligación en dinero.

  1. Otro significado dado por la doctrina seria: «Monitorio no tiene en castellano otro sentido que en italiano, es advertencia, apercibimiento o requerimiento que se dirige a una persona (en este caso el deudor, para que pague).
  2. Colmenares Uribe, 2012 ), esto quiere decir, en teoría que es para prevenir el no pago de una obligación requiriendo al deudor para que cancele la obligación contratada.4.4 Proceso monitorio La ley 1564 de 2012 conocida como el Código General del Proceso, trajo con su implementación varias novedades que incorpora esta ley al ordenamiento jurídico procesal, pero que no son objeto de esta investigación, y una de ellas en la creación de un proceso monitorio que se encuentra reglado en los artículos 419 al 421 de la mencionada ley, ubicando este dentro de los procesos declarativos especiales sin importar que autores en diferentes ocasiones han debatido sobre este tema, en si es un proceso como lo denota el Código General del Proceso o por otra parte es un proceso ejecutivo, cabe mencionar y dependiendo del actuar de la parte demandada puede variar el trámite del proceso como lo indica el artículo 421, pero en principio y buscando el legislador una rapidez y economía procesal que ha sido tan criticada por los litigantes y los ciudadanos de a pie.

Conforme al análisis y la variedad presentada en otros países en relación al proceso monitorio, este puede determinarse apoyado en la doctrina basada en el Doctrinante Calamandrei en diferentes tipos de procesos monitorios, que tiene relación directa con los requisitos exigidos para presentar ante la administración de justicia el mencionado proceso, » El proceso monitorio tratado por la doctrina siempre ha tomado como referente el estudio serio y profundo del jurista Piero Calamandrei, quien destaco que el proceso monitorio europeo era puro o documental» ( Colmenares Uribe, 2012 ) En ese orden de ideas el puro no requiere de ningún documento para iniciar el trámite ante un juez, como sucede en el caso del artículo 419 del Código General del Proceso Colombiano, en vista que no hay necesidad de presentar un documento para mover el aparato judicial, aunque si bien una vez presentado se deberá tener en cuenta para determinar por medio de una sentencia judicial la obligación en dinero de mínima cuantía para constituir un título ejecutivo y posteriormente ejecutar a la contraparte para el respectivo pago del crédito, en este sentido ( Colmenares Uribe, 2012 )) afirma que: «El proceso monitorio puro presenta según este autor dos características fundamentales: 1.

Que la orden condicionada de pago se libra por el juez a base de la sola afirmación, unilateral y no probada, del acreedor.2 que la simple oposición no motivada del deudor hace caer en la nada la orden de pago, de manera que el juicio en contradictorio, que puede eventualmente desarrollarse en mérito de tal oposición, no se dirige a decidir si la orden de pago debe ser revocada o mantenida, sino a decidir ex novo sobre la originaria acción de condena, como si la orden de pago no hubiera sido nunca emitida.» Y por otra parte el documental requiere de una prueba contenida en algún papel para iniciar dicho trámite, cabe mencionar que en Colombia no está contemplada esta figura de proceso monitorio, «el proceso monitorio documental es aquel en el que, al contrario, del proceso monitorio puro, el mandato de pago presupone que los hechos constitutivos del crédito están probados mediante documentos» ( Colmenares Uribe, 2012 ) «Vale la pena mencionar también que la Doctrina moderna suele clasificar el proceso monitorio en limitado e ilimitado atendiendo a la cuantía» ( Colmenares Uribe, 2012 ), Es importante mencionar otra clasificación y es en relación a si tiene cuantía o no, si este requisito esta exigido por el legislador es limitado, y si no lo esta es ilimitado frente a su cuantía, en ese orden de ideas en Colombia se encontrara un proceso monitorio puro y limitado.

EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES

Es pertinente mencionar que el artículo 419 del Código General del Proceso, que es el articulado que permite la aplicación del proceso monitorio, no solo lo define, sino que también establece los requisitos y clasificación la cual ya se mencionó, Procedencia.

Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.», lo anterior parece bastante claro y la doctrina se ha referido a cada una en su debido momento.4.5 Exigibilidad en el proceso monitorio El artículo 419 del Código General del Proceso no se detiene a definir qué se entiende por exigibilidad para ser aplicado al momento de iniciar y tramitar este proceso, por lo tanto en su ausencia se buscan otros criterios como la doctrina en este caso: «las obligaciones deben ser exigibles, no deben estar sujetas a condición, ni plazo, ni a término, ni otras limitaciones.

En lo relacionado con la vía ejecutiva argumentamos que el término «exigible» significa el lapso que hacia pendiente la exigibilidad ha concluido. Por exigibilidad se entiende que la obligación puede pedirse, cobrarse y, procesalmente, demandarse. No debe hacerse equivalente el término de exigibilidad a plazo cumplido, debe recordarse que en el estudio de las obligaciones se conoce que la exigibilidad depende de dos hechos: el plazo y la condición.

Son aplicables a este procedimiento los criterios que señalamos acerca de cuándo debe considerarse una obligación exigible.» ( Colmenares Uribe, 2012 ) Lo anterior quiere de decir que esta obligación en dinero no debe estar sujeta a ninguna condición o plazo, que en otras palabras significa que el proceso monitorio es válido siempre y cuando las obligaciones sean puras y simples, pero como se evidencia no se hace alusión al tiempo que se requiere para iniciar este proceso, como a la vez en ningún momento se menciona si este ha prescripto o no.

Es claro desde la Doctrina que el proceso monitorio por excelencia trata de que por medio de un procedimiento se cree un título ejecutivo de una obligación natural, tanto así que esta misma es pura y simple. Vuele a reiterar diciendo, Colmenares Uribe, 2012, pag.1166, que: «8.3 Obligaciones determinadas Siendo la obligacion unicamente en dinero, determinada y exigible, significa que la suma de dinero deber ser cierta y concreta y que la relacion contratctual de la cual emana la obligacion no este sujeta a plazo ni a condicion; es decir, ante la existencia de plazo o condicion, la obligacion se torna exigible cuando el termino para su cumplimiento ya vencio o cuando la condicion ya se cumplio» Lo anterior haciendo referencia a un doctrinante de carácter Nacional, pero basandose en que el proceso monitorio fue incorporado a la normatividad en el Código General del Proceso, por operar en otros sistemas juridicos como España, Italia y Alemania, ha mencionado que: «d) Vencida.

Esto es, el plazo de tiempo para su cumplimiento debe haber trasncurrido. La doctrina judicial permite la reclamación dineraria derivada del vencimiento anticipado de contartos de prestamos incumplidos, por entender que la deuda ostenta la condicion de «liquidez» -si la concreta cifra debida resulta de simples operaciones aritemeticas- y «vencida» ya que la voluntad de las aprtes asi lo han pactado.

La inclusión en el contrato de una clausula de vencimiento anticipado, válida al amparo del principio de la autonomía de voluntad, hace que en el supuesto de falta de pago dinerario contemplado en el contarto, la deuda se convierta en vencida, por lo que se podra reclamar judicialmente las cuotas pendientes de pago (con sus intereses).

e) Y exigible, por lo que cualquier causa legal de extinción de las obligaciones (debidamente alegada) impide toda eficacia al proceso monitorio.» ( Picó i Junoy, 2012 ) Ahora bien, cabe mencioanar que entre España y Colombia se puede presentar seimilitudes en lo relacionado con los ordenamientos juridicos, y mas aun si Colombia copia alguno de estas de España, o de cualquiero otro Estado, pero la forma de aplicarse puede llegar a ser totalmente diferentes y esto tiene su razon de ser, puesto que las sociedades son diferentes en costumbres y lenguajes, lo que ocasiona una pluralidad de interpretacion de los operadores juridicos como tambien se ve reflejado en su aplicación.

En el articulo 419 el Codigo General del Proceso, en ningun momento se menciona la palabra vencida, asi sea que esta se asocie con exigible, pero en ambos autores citados no hay congruecia frente de como se debe aplicar la exigibilidad del Proceso Monitorio en Colombia.

  • CONCLUSIÓN.
  • Se evidencia la falta de reglamentación y temas por fuera en el proceso monitorio reglado en el Código General del Proceso que se encuentra entre los artículos 419 y 421, ya que en ningún momento se hace mención al requisito de prodecibilidad mediante una conciliación, es decir, que no se expresa si este realmente es exigido en el caso que no se propongan medidas cautelares, por lo tanto este criterio quedara a consideración de los jueces, el cual puede variar por la pluralidad jurídica que se presenta, de igual manera se considera que no es sano que la figura del proceso monitorio se le exija el requisito de una conciliación pre-procesal.

De igual manera y una falencia de la norma es cuando el demandado no se notifica personalmente, pues esto le puede llegar a permitir esconderse para que de esta manera no se cree el título ejecutivo que lo obligue al pago de la deuda, como tampoco se hace referencia al pago de las costas procesales y agencias en derecho, se supone que se aplicara reconociéndolas, porque no hay norma que lo prohíba.

Es claro, que el proceso monitorio emana de las obligaciones naturales, pues para esto se incorporó en el ordenamiento jurídico, para aquellos casos donde no se tenga una prueba que sirva directamente presentar el proceso ejecutivo, tanto así, que el legislador opto por un proceso monitorio puro y limitado.

La manera de estudio relacionado con la posibilidad de que las pretensiones sean favorables cuando esta obligación natural se ha convertido por medio de la prescripción en cuanto el artículo 419 del Código General del Proceso no plantea dicha figura, sino solo lo trata desde el tema a que no puede estar condicionada o sujeta a un plazo, pues entonces es claro y en vista de que la normatividad no lo prohíbe la posibilidad de presentar el proceso monitorio de una obligación natural que esta se ha convertido por el trascurrir del tiempo, de igual manera cabe mencionar y como se dijo con anterioridad cada juez de la republica interpreta la norma de manera diferente, puesto no se establecen criterios fijos, y en caso de existir este se puede apartar, es decir, que el juzgador puede aceptar una pretensión de un proceso monitorio frente a una obligación natural que se ha convertido en está mediante la prescripción, como fácilmente otro juzgador lo puede negar. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons

¿Qué son los efectos jurídicos?

Consecuencia o resultado devenido de un acto, hecho o negocio jurídico que tiene interés para el derecho en tanto este lo tutela.

¿Qué es el pago de las obligaciones?

La obligación de pago es el deber de realizar un desembolso a otra persona (natural o jurídica). Esto, en vista de que se ha adquirido previamente una deuda. Es decir, una obligación de pago es un compromiso que se asume al momento de recibir un financiamiento o de comprar a crédito.

Desde el punto de vista del derecho, esta obligación es el vínculo jurídico que une al acreedor con un deudor. Este último debe entonces realizar la contraprestación correspondiente en el tiempo estipulado entre las partes. Debemos señalar que la obligación de pago se extingue una vez cumplido con el compromiso pactado.

Otro hecho a destacar es que la obligación de pago suele conocer gastos financieros o intereses en favor del acreedor. Esto, en vista de que el deudor debe compensar a su contraparte por el tiempo que su dinero pudo generar un rendimiento, por ejemplo, en un depósito bancario o en una inversión.

See also:  Como Cambiar Las Obligaciones Fiscales?

¿Cuándo se incurre en un cumplimiento de las obligaciones?

El incumplimiento de la obligación es la falta de realización de la acción u omisión acordada en origen de la relación jurídica, tanto por realización incompleta, defectuosa o irregular, dando lugar a consecuencias jurídicas para el deudor como son las establecidas en el Art.1101, Código Civil : «Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla,» Sin embargo, en determinadas ocasiones la falta de cumplimiento no implica responsabilidad del deudor, como es el caso de lo establecido en el 1106, Código Civil : «La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes,» La falta de realización de la prestación debida por el deudor conlleva el incumplimiento de la obligación.

  1. Este incumplimiento puede ser por dolo, negligencia, morosidad o cualquier otra actuación que sea contraria a lo establecido como prestación en el origen de la relación jurídica.
  2. Art.1101, Código Civil ).
  3. El dolo, consiste en el incumplimiento de forma deliberada y a mala fe; es decir, el deudor incumple su deber de llevar a cabo lo acordado a sabiendas.

La negligencia, surge en el momento en que el deudor infringe lo cumplido por descuido o falta de cuidado al que se refiere el 1104, Código Civil, apartado 1: «La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.» La morosidad, es el cumplimiento tardío de la obligación.

No es incompatible con el dolo y la negligencia, puesto que el deudor puede incurrir en mora cuando deliberadamente y de mala fe cumple de forma tardía o bien cuando no observando la diligencia debida cumple fuera de plazo. El incumplimiento del deudor faculta a que el acreedor reclame su derecho de cumplimiento, que ejercitará con las acciones adecuadas.

Éstas variarán en función de la obligación de que se trate, y bien pueden ser exigir que se realice el cumplimiento, o bien, la restitución de las prestaciones ya realizadas, junto con la indemnización de daños y perjuicios y una sentencia acorde al derecho.

Una vez que se obtenga la Sentencia estimatoria de su derecho y el deudor siga sin cumplir, podrá el acreedor hacer uso de la ejecución forzosa, acudiendo al Juez o Tribunal competente para que lleve a cabo la ejecución tal y como fue acordada o si ésto no fuere posible, mediante el resarcimiento del acreedor con una cantidad pecuniaria equivalente al valor económico de su derecho.

Así pues:

El 1096, Código Civil dice lo siguiente en relación a las obligaciones de dar : «Cuando lo que deba entregarse sea una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el artículo 1101, puede compeler al deudor a que realice la entrega. Si la cosa fuere indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor.»

En cuanto a las obligaciones de hacer el 1098, Código Civil : «Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciere, se mandará ejecutar a su costa. Esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.»

En el caso de las obligaciones de no hacer viene regulado en el 1099, Código Civil : «Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la obligación consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido.» Y, 1098, Código Civil, apartado 2: «Esto mismo se observará (se mandará ejecutar a costa del deudor) si la hiciere contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.»

¿Cuál es la naturaleza de la obligación?

La obligación es un especial deber, cuya característica principal se encuentra en la consecuencia derivada del incumplimiento: la garantía, la responsabilidad y la naturaleza del vínculo es patrimonial, no personal.

¿Cuál es el significado de cumplimiento?

El cumplimiento es un estado en el cual alguien o algo está de acuerdo con las directrices, las especificaciones o la legislación establecidas. El software, por ejemplo, puede ser desarrollado de acuerdo con las especificaciones creadas por algún organismo de la industria, como el IETF,

  • El cumplimiento es, o bien un estado de ser en concordancia con las directrices, especificaciones o la legislación establecidas, o el proceso de estarlo.
  • El software, por ejemplo, puede ser desarrollado de acuerdo con las especificaciones creadas por algún organismo de normalización, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), y puede ser distribuido en cumplimiento con el acuerdo de licencia del proveedor.

En el sistema legal, el cumplimiento generalmente se refiere a la conducta de conformidad con la legislación, como la Ley de Can-Spam de 2003 de los Estados Unidos, la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002, o la HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad para los Seguros de Salud de 1996 de los Estados Unidos).

  • El cumplimiento en un contexto regulatorio es una preocupación empresarial frecuente, tal vez debido a un número cada vez mayor de regulaciones y una falta de comprensión bastante generalizada acerca de lo que se requiere para que una empresa cumpla con la nueva legislación.
  • En el sector financiero, SOX fue promulgada en respuesta a los escándalos financieros de alto perfil de Enron y WorldCom, para proteger a los accionistas y al público en general de los errores contables y las prácticas fraudulentas en la empresa.

En el sector de la salud, el Título II de HIPAA incluye una sección de simplificación administrativa que exige la estandarización de los sistemas de información relacionados con la asistencia sanitaria. Como el cumplimiento se ha convertido cada vez más en una preocupación de la gestión corporativa, las empresas están recurriendo a software especializado, consultorías e incluso un nuevo puesto de trabajo, el Director de Cumplimiento (CCO).

¿Cuándo se puede exigir el cumplimiento de una obligación?

Las obligaciones contraídas por una determinada persona generan un derecho en favor del acreedor. Para el cumplimiento de las obligaciones, es posible fijar un momento concreto o se pude conceder un plazo para su exigibilidad, como establece el Código Civil (CC) en su art.1125, al afirmar que: Las obligaciones para cuyo cumplimiento se haya señalado un día cierto, solo serán exigibles cuando el día llegue.

  • Esta determinación concede seguridad jurídica tanto al deudor como al acreedor, que conocen del momento en que la obligación podrá ser objeto de reclamación.
  • En base a ello, la falta de concreción del momento en que sea exigible la obligación no puede ni debe ser indefinida, y así lo defiende también el CC en su art.1128, al establecer que: Si la obligación no señalare un plazo, pero de su naturaleza y circunstancias se dedujere que ha querido concederse al deudor, los tribunales fijaran la duración de aquel.

También fijaran los tribunales la duración del plazo cuando este haya quedado a voluntad del deudor. El instrumento jurídico que regula el legislador para proceder a la concreción judicial del momento en que resulta exigible la obligación, se concreta en el expediente de jurisdicción voluntaria de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda.

1 Regulación legal de los expedientes de jurisdicción voluntaria de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones 2 Ámbito de aplicación de los expedientes de jurisdicción voluntaria de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones 3 Elementos personales de los expedientes de jurisdicción voluntaria de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones

3.1 Órgano competente 3.2 Legitimación 3.3 Postulación procesal

4 Tramitación del expediente de jurisdicción voluntaria de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones

4.1 Solicitud del expediente 4.2 Análisis de la solicitud 4.3 Tramitación del expediente sin oposición 4.4 Formulación de oposición

4.4.1 Efectos de la formulación de la oposición 4.4.2 Plazo de interposición de la oposición 4.4.3 Intervención de abogado y procurador 4.4.4 Forma de la oposición 4.4.5 Tramitación ante el mismo órgano judicial 4.4.6 Tramitación de la comparecencia conforme a las reglas del juicio verbal

4.5 Resolución del expediente

5 Ver también 6 Recursos adicionales

6.1 En formularios 6.2 En doctrina 6.3 Esquemas procesales

7 Legislación básica 8 Legislación citada 9 Jurisprudencia citada

Regulación legal de los expedientes de jurisdicción voluntaria de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones Las normas de aplicación al expediente de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda, se encuentran reguladas en diferentes textos legales: Ámbito procesal: Arts.96 y 97 del Capítulo I, del Título V : De los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al Derecho de obligaciones, de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV),

Ámbito sustantivo: Arts.1125 a 1130 de la Sección 2ª, del Capítulo III, del Título I : De las obligaciones, del Libro IV : De las obligaciones y contratos, del CC, Ámbito de aplicación de los expedientes de jurisdicción voluntaria de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones El objeto de este expediente no se regula en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, sino que ésta, mediante su art.96.1, efectúa una remisión a las leyes sustantivas para determinar las materias que pueden ser enjuiciadas en su interinidad.

Esta remisión se caracteriza por su amplitud, sin que sean regulados en numerus clausus los supuestos en que se puede acudir a este expediente, pues no se limitan a lo establecido en el art.1128 CC, sino a cualquier otra disposición legal, que requiera de la intervención judicial para la concreción del plazo de cumplimiento de la obligación.

La concreción del plazo deber ser solicitado por parte interesada, sin que pueda establecerse de oficio. Esta posición es defendida por la STS de 22 de abril de 2010, al manifestar que:

La determinación judicial del plazo que contempla el artículo 1128 del Código Civil exige que se haya pedido por la parte; de lo contrario se daría una incongruencia extra petita, inadmisible procesal ( artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y constitucionalmente ( artículo 24 de la Constitución Española, ya que no cabe la posibilidad de que se otorgue de oficio, como ya tuvo ocasión de manifestar la jurisprudencia (sentencia de 11 de abril de 1996): «el artículo 1128 del Código Civil faculta a los Tribunales a señalar plazo a las obligaciones que carezcan del mismo, lo que exige que se hubiera deducido la correspondiente petición en la instancia, conformando el debate y permitiendo la contradicción de la otra parte.2) Existencia previa de un acto, negocio o relación jurídica de la que nace una obligación exigible.

La relación jurídica de la que trae causa la obligación debe ser vigente, en el sentido de no resultar extinguida por satisfacción de la misma, pues en este caso, la obligación ya resultaría cumplida.

3) Omisión del plazo de vencimiento de la obligación o resultar encomendado al deudor la fijación del plazo.

La utilización maliciosa del deudor de esta facultad de establecer el plazo, es sancionada con la exigencia de cumplimiento inmediato de la obligación, como recalca el AAP Madrid, Sección 22ª, de 5 de noviembre de 2005, al considerar que en este sentido,

Una obligación cuyo plazo ha quedado a voluntad del deudor, si no se establece el remedio antes indicado, quedaría como una deuda no exigible, del mismo modo que una condición que queda al arbitrio exclusivo del deudor, tampoco es condición. Para que dicha obligación no quede convertida en una obligación natural, el interesado en su cumplimiento puede requerir a los tribunales que fijen un plazo para que el deudor cumpla con su prestación, debiendo el órgano judicial establecer un plazo siguiendo unas pautas acordes con la voluntad de las partes y las circunstancias, personales y materiales que rodearon el pacto por el que se determinó dicha obligación.4) De la naturaleza o características de la obligación debe presuponerse que las partes han querido fijar un plazo.

La comprobación de este presupuesto requiere de un estudio de la relación jurídica, acto o negocio no de su validez pero sí de sus características.

La jurisprudencia sostiene que se produce una tácita concreción del plazo. Esta postura es argumentada por la STS de 29 de septiembre de 1966, en la que se afirma que:

En las obligaciones a plazo, el término se establece en beneficio del acreedor y del deudor, a no resultar otra cosa del tenor o circunstancias de la obligación ( artículo 1127 del Código Civil ), por lo que para no aplicar esta presunción se requiere la prueba de lo contrario (presunción «iuris tantum»), y siempre ha de pactarse la modalidad de la obligación a término de un modo expreso, aunque la fijación del plazo puede ser tácita, cual revela el artículo 1128 del Código Civil, al disponer que si la obligación no señalare plazo, pero sí de su naturaleza y circunstancias se dedujera que ha querido concederse al deudor, los Tribunales fijarán la duración de aquél; plazo que siempre existe en el contrato de préstamo, en atención a que el deudor ha de disponer de un término más o menos largo para la devolución de lo que recibió ; pero si no se justifica que la voluntad del acreedor fue conceder al deudor uno mayor que el transcurrido al formular la demanda, el citado artículo no es aplicable; y no habiéndose fijado en este caso plazo para la devolución del préstamo y no existiendo acuerdo entre las partes para este punto, el deudor se haya obligado a dicha devolución cuando el acreedor lo reclame; cuya doctrina es aplicable al supuesto del debate.

Competencia objetiva : Juzgado de Primera Instancia

Competencia territorial : Regla general: Juzgado de Iª Instancia del domicilio del domicilio del deudor.

– Excepción: Si la relación es entre consumidor o usuario y empresario o profesional y éste es el deudor son competentes a elección del acreedor el Juzgado de Iª Instancia del domicilio del deudor o Juzgado de Iª Instancia del domicilio del acreedor.

Órgano competente : Juez

Legitimación La legitimación para intervenir en esta modalidad de expediente de jurisdicción voluntaria se encuentra regulada en el apartado primero del art.96, LJV, en el que concede legitimación a los sujetos afectados por la obligación, El art.1128 CC regula en su redacción dos hipótesis.