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Derecho, Jurisprudencia, Información

Que Obligaciones Me Impone El Derecho A La Vida?

Impone, además, dos obligaciones: a) La de respetar la propia vida, por lo cual la ley penal sanciona la tentativa de suicidio, ‘ Otro autor lo dice del siguiente modo: ‘El derecho a la vida constituye un bien jurídico constitucional objetivo y un derecho de defensa, no disponible por la persona.’

¿Que nos protege el derecho a la vida?

CAPITULO VII DERECHO A LA VIDA El derecho a la vida, que protege y defiende la existencia del ser humano, es sin duda, base y sustento de los dems derechos. De all que la mayor incidencia en la violacin de este derecho, donde quiera que tenga lugar, es un indicativo de la verdadera gravedad de la situacin de los derechos humanos en un pas.

  1. El derecho ms lesionado por la situacin de violencia que afecta a la Repblica de Colombia, como lo demuestran las cifras contenidas en el presente informe, es precisamente el derecho a la vida.
  2. Para ilustrar comparativamente la gravedad de este problema, la mayor parte de los organismos nacionales e internacionales que estudian la situacin colombiana de los derechos humanos han destacado en sus informes, como ejemplo, que en el ao 1989 la violencia poltica lleg a tal extremo que en ese slo ao, cobr igual nmero de muertes de las que ocurrieron durante los 16 aos de la dictadura militar en Chile, que de acuerdo con datos de la Vicara de la Solidaridad de ese pas, fue de 929 desaparecidos y 2,059 asesinados.

El ejemplo citado es, en efecto, dramticamente ilustrativo, pero la situacin en Colombia es an peor. En el ao anterior, 1988, se registraron 4,204 muertes por razones presuntamente polticas, es decir, mil muertos ms y en el ao 1991 siguiente, ocurrieron por la misma razn 3,742; la situacin no parece mejorar ya que, en el primer semestre de 1992, el nmero registrado de enero a junio es de 1,870, manteniendo el porcentaje de violaciones a este derecho en niveles de atrocidad inaceptables y, adems, revela un hecho verdaderamente penoso: cun trado a menos, desprotegido y amenazado se encuentra el derecho a la vida en Colombia.

Convencin Americana sobre Derechos Humanos Artculo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, Este derecho estar protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepcin. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.2. En los pases que no han abolido la pena de muerte, sta slo podr imponerse por los delitos ms graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisin del delito. Tampoco se extender su aplicacin a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.3. No se restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido.4. En ningn caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos polticos ni comunes conexos con los polticos.5. No se impondr la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisin del delito, tuvieren menos de dieciocho aos de edad o ms de setenta, ni se le aplicar a las mujeres en estado de gravidez.6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnista, el indulto o la conmutacin de la pena, los cuales podrn ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud est pendiente de decisin ante autoridad competente. * (los subrayados slo son ilustrativos) Constitucin Poltica de Colombia Prembulo : El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la proteccin de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nacin y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurdico, democrtico y participativo que garantice un orden poltico, econmico y social justo. Artculo 2, Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucin; facilitar la participacin de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econmica, poltica, administrativa y cultural de la nacin; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacfica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la repblica estn instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y dems derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Artculo 11, El derecho a la vida es inviolable. No habr pena de muerte, Artculo 44, Son derechos fundamentales de los nios: la vida, la integridad fsica, la salud y la seguridad social, la alimentacin equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educacin y la cultura, la recreacin y la libre expresin de su opinin. Sern protegidos contra toda forma de abandono, violencia fsica o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotacin laboral o econmica y trabajos riesgosos. Gozarn tambin de los dems derechos consagrados en la Constitucin, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. (1er prrafo)

B. FORMAS COMO SE VE AFECTADO ESTE DERECHO Un testimonio de la manera como en la actualidad el pueblo de Colombia ve afectada la situacin del derecho a la vida en su pas, fue proporcionada a la Comisin Especial de la CIDH por los miembros del Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, durante su visita a Colombia del mes de mayo de 1992.

  • De acuerdo con dicho testimonio: No hay da alguno durante el cual el derecho a la vida no sea violado.
  • Campesinos, obreros, estudiantes, trabajadores, jueces, periodistas, funcionarios, padres de familia, jvenes, ancianos, soldados, policas, profesionales, religiosos, comunistas, indigentes, delincuentes, liberales, conservadores y gentes sin partido.

Nadie se salva de caer bajo las balas asesinas. A cualquier hora y en cualquier lugar se cometen masacres indiscriminadas, se presentan capturas ilegales contra hombres y mujeres sacados de sus residencias y que ms tarde sern encontrados muertos en cualquier paraje de nuestra ciudad.

  1. Ahora se viene imponiendo nuevamente una prctica criminal y salvaje, el de convertir en N.N.
  2. A los cadveres de los asesinados mediante la destruccin de los cuerpos de las vctimas sometidos a torturas, amputaciones, incineracin de la piel y toda clase de atropellos inimaginables por cualquier mente sana.C.

DENUNCIAS RELATIVAS A ESTE DERECHO Para mejor tratar el problema del derecho a la vida, el presente captulo ha sido dividido en 4 secciones: a) ejecuciones arbitrarias extrajudiciales y/o asesinatos selectivos; b) los asesinatos colectivos y/o masacres; c) actos de genocidio, y d) desaparaciones forzadas de personas.

Las denuncias recibidas por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos por violaciones al derecho a la vida, presuntamente ejecutadas en forma directa, indirecta o con la colaboracin de agentes del Gobierno de Colombia, o en los que de alguna manera le corresponde responsabilidad, que se han considerado o tramitado, de conformidad con las normas de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, su Estatuto y su Reglamento, son las siguientes: a.

Ejecuciones arbitrarias extrajudiciales y/o asesinatos selectivos Caso 10454: Martn Caldern Jurado Con fecha 11 de agosto de 1989 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos recibi la siguiente denuncia: El 8 de octubre de 1988, el seor Martn Caldern Jurado, Presidente de la Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos de Garca Rovira, Asesor Jurdico del Comit de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de la misma localidad y Presidente del Concejo Municipal de Cerrito, se movilizaba por la carretera que de Cerrito conduce a Chitag cuando, en el sitio de donde parte la ramal que lleva a Ccota (Norte de Santander), fue interceptado por un grupo paramilitar que lo asesin propinndole 50 tiros.

  1. Tambin fue asesinado Primitivo Silva, conductor del vehculo en el que se desplazaba.
  2. Martn Caldern Jurado era de filiacin poltica liberal.
  3. Los seores Martn Caldern Jurado y su primo Valentn Bastos Caldern, haban denunciado previamente amenazas contra sus vidas en un foro de derechos humanos celebrado en Mlaga los das 6 y 7 de agosto de 1987, sindicando como autores de dichas amenazas, con nombres propios, a personas vinculadas a la polica y al Ejrcito.

Existe una grabacin sobre tales denuncias. Con posterioridad, se produjo el asesinato de Valentn Bastos Caldern. Con tal motivo, Martn Caldern Jurado particip activamente en la investigacin que la Procuradura General de la Nacin adelant por el asesinato de su primo Valentn Bastos Caldern y por tal razn, haba sido nuevamente amenazado de muerte.

Corroborando la denuncia, se present el testimonio incriminatorio dirigido al Procurador General de la Nacin por don Jairo Alberto Carvajal Tarazona, Personero Municipal de «El Cerrito», en el que se daba fe de lo siguiente: El Teniente Coronel Plinio Rodrguez Villamil se encontraba en la jurisdiccin del Municipio de Cerrito el da del asesinato en un Toyota gris, dos puertas, dotado o que tiene instalado un telfono de microondas, mediante el cual llam al Batalln de la ciudad de Pamplona al Sargento Segundo Jimnez Ruiz Csar Augusto, y le dio la orden para que junto con el Sargento Segundo Puentes Ramrez David, de la seccin segunda del Batalln Garca Rovira, tomaran dos sub‑ametralladoras marca Madsen calibre nueve milmetros, con sus respectivos proveedores y utilizaran una camioneta Toyota cuatro puertas, color negro, de placas nmero XAS‑910 Venezolana; propiedad Empresa INCAL, conducida por Pedro Rueda, alias Zapatoca, y se dirigieran por la carretera que conduce a Chitag y a la altura de la jurisdiccin del Municipio de Ccota interceptaran el camin del seor Martn Caldern Jurado, para que lo asesinaran junto con quien lo acompaaba.

Fue as como se segaron las vidas de los seores Martn Caldern Jurado y Primitivo Silva. Estos datos los pude averiguar, debido a hechos anormales que ocurrieron el da que iba a ser trado el cadver de los mencionados y el da de su entierro, como fueron la reunin realizada en el parque principal del Cerrito por el Teniente Coronel Plinio Rodrguez Villamil, ms o menos a las siete de la noche y en la cual manifest que iba a bombardear los sitios de Tabeta y Mortio (puntos de este municipio).

Esa misma noche fueron conducidos a la crcel de la Polica Nacional unas diez personas, entre las cuales me encontraba; me identifiqu, pero no admitieron nada y esa noche la pasamos en el calabozo. El da siguiente, despus del entierro de los asesinados, el mismo Coronel se ubic en el parque principal de la localidad y sin ninguna justificacin mandaba a conducir para el Puesto de Polica a la gente que segn l crea eran sospechosas.

Fue as como tambin me enter que varias personas que iban a traer el cadver del seor Martn Caldern Jurado, fueron ultrajadas por el mismo Teniente Coronel y a la altura del Puno Romeritos (Pramo del Almorzadero), hicieron caminar descalzas a cinco personas por espacio de unos cuarenta minutos.

  • Das despus viaj a la ciudad de Pamplona y estando en el sitio llamado El Camelln, se encontraba all al Sargento Segundo Puente Ramrez David, quien hizo alusin a los hechos que haba cometido y en su estado de embriaguez obtuve la informacin que suministro.
  • La Comisin consider que en el presente caso resultaba a todas luces evidente que los peticionarios no haban podido lograr una proteccin efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales internos los que, pese a las evidencias puestas a su disposicin, descartndolas, omitan formular cargos contra los miembros del personal militar nominados directamente como responsables; que se haba operado un retardo injustificado en la investigacin interna de este proceso, y que el hecho de que las diligencias reposen en el Cuerpo Tcnico de la Polica Judicial desde noviembre de 1989 forzaba a concluir que la investigacin, de conformidad con lo dispuesto por los artculos 347, 347 bis y 348 del Cdigo de Procedimientos Penales de Colombia, haba sido suspendida por la polica judicial.

Adems de estas consideraciones, la Comisin tom asimismo en cuenta que las investigaciones efectuadas por las autoridades del Gobierno de Colombia a travs de la Procuradura General de la Nacin, la Procuradura Delegada para las Fuerzas Militares y el Procurador Regional de Bucaramanga concurran, sobre la base de las evidencias puestas a su disposicin, en sindicar a los miembros activos del Ejrcito adscrito al batalln «Garca Rovira» como responsables de los hechos y que, en el desarrollo del caso haba quedado acreditado, y por su parte el Gobierno de Colombia no lo ha negado, la participacin de agentes de la fuerza armada colombiana en el asesinato de Martn Caldern Jurado y Primitivo Silva, conductor del vehculo en el que se desplazaban.

Reunida en su 81 o Perodo de Sesiones, en uso de las facultades de que est investida, con fecha 26 de septiembre de 1991, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos concluy: Que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligacin de respetar y garantizar los artculos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal) y 25 (sobre proteccin judicial), en conexin con el artculo 1.1, consagrados en la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, respecto del asesinato del seor Martn Caldern Jurado y de don Primitivo Silva, persona que conduca el vehculo en que se movilizaban.

Recomendar al Estado de Colombia pagar indemnizacin compensatoria a los familiares de las vctimas; disponer se completen las investigaciones en relacin con el asesinato del seor Martn Caldern Jurado y del conductor del vehculo don Primitivo Silva y se sancione a los culpables de tan excecrable hecho; solicitar al Gobierno de Colombia que garantice la seguridad y otorgue la proteccin necesaria al seor Jairo Alberto Carvajal Tarazona, Personero Municipal de «El Cerrito» y dems testigos de los hechos que han prestado su colaboracin para el esclarecimiento de los hechos; incluir este Informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organizacin de los Estados Americanos, en caso de no recibirse la respuesta dentro del plazo de 90 das a partir de este informe.

El Gobierno de Colombia solicit reconsideracin de tal informe y en su sesin 1160 de septiembre 25 de 1992 la Comisin Interamericana de Derechos Humanos resolvi ratificarlo y publicarlo en su Informe Anual. Caso 10456: Irma Vera Pea Con fecha 11 de agosto de 1989, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos recibi la siguiente denuncia: El da 5 de febrero de 1987, en la vereda Piedra Azul del Municipio de Concepcin fueron detenidos 18 campesinos por miembros del Batalln Garca Rovira y sometidos a vejmenes y malos tratos.

A uno de ellos, de nombre Delfn Torres, se le impidi por parte de los militares acercarse a su casa, distante unos metros del sitio donde se encontraban retenidos, y solamente al da siguiente (6 de febrero) se le permiti dirigirse a la misma. All constat Delfn que el Ejrcito se encontraba an por los alrededores y que haban sido asesinadas 4 personas, entre ellas su esposa, Irma Vera Pea, de apenas 17 aos de edad y quien se encontraba embarazada.

Los cadveres de estas personas estaban desnudos en la carretera. Al comprobar este hecho los campesinos se reunieron para exigir al Ejrcito la entrega del cadver de Irma y ante tal peticin los militares se negaron arguyendo que se trataba de «una guerrillera». A la postre se obtuvo la entrega del cuerpo y los campesinos fueron obligados por el Ejrcito a abrir una fosa para inhumar a las otras tres personas asesinadas.

Dos meses despus de estos hechos, Delfn Torres fue detenido por el Ejrcito en la misma regin y golpeado hasta quedar gravemente herido. Esta denuncia fue transmitida al Gobierno de Colombia con fecha 20 de septiembre de 1989, el cual informado de los hechos hizo saber que los mismos haban sido puestos en conocimiento de las autoridades nacionales competentes y que, oportunamente, se informara a la Comisin sobre el estado de tales investigaciones.

A esta nota continuaron otras ms de intercambio de solicitud y suministro de informacin. Durante el trmite del caso el peticionario inform a la Comisin que el seor Delfn Torres Castro, marido de Irma, denunciante y testigo en el presente caso, haba sido asesinado el 9 de junio de 1992 por miembros del Batalln Garca Rovira, segn testimonios de campesinos de la regin que presenciaron el hecho.

Vistos los antecedentes mencionados, la Comisin consider que en el presente caso resultaba a todas luces evidente que los peticionarios no haban podido lograr una proteccin efectiva de parte de los organismos jurisdiccionales internos, los que pese a las evidencias incontrovertibles puestas a disposicin, haban exonerado a los miembros del personal militar responsables; que los recursos de la jurisdiccin interna haban sido agotados y que, en todo caso agotados o no, stos no podan ser alegados en su favor por el Gobierno de Colombia para suspender la tramitacin que vena siguindose de este caso ante esta Comisin, en consideracin al retardo que haba sufrido la investigacin interna de este proceso; que las investigaciones efectuadas por las autoridades del Gobierno de Colombia a travs de la Seccional de Instruccin Criminal de Norte de Santander, Juzgado 25 de Instruccin Penal Militar, Procuradura del Departamento de Norte de Santander, Procuradura Delegada para los Derechos Humanos, Procuradura Delegada para el Ministerio Pblico, Procuradura General de la Nacin, deberan haber reunido informacin probatoria, consignada dentro del presente informe, suficiente para sindicar e inculpar a los miembros activos del Ejrcito colombiano, pertenecientes al Batalln «Garca Rovira» como responsables de los hechos si no se hubiese cometido el gravsimo desacierto, que no puede tratar de explicarse ni justificarse, de haber efectuado y basado la investigacin en un aberrante proceso de juzgamiento en que acta como juez militar el propio autor intelectual y material de los hechos cuestionados; que favorecer la impunidad de los autores de un acto punible constitua tambin un hecho grave violatorio de las normas bsicas de derechos humanos y de los principios de justicia contemplados en el orden jurdico interno y tambin en el internacional.

Por estas consideraciones, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Concluy lo siguiente: que el Gobierno de Colombia ha dejado de cumplir con su obligacin de respetar y garantizar los artculos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantas judiciales) y 25 (sobre proteccin judicial), en conexin con el artculo 1.1, consagrados en la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, respecto de la detencin ilegal y posterior homicidio de la menor Irma Vera Pea.

Recomendar al Estado de Colombia pagar indemnizacin compensatoria a los familiares de las vctimas; que se contine y complementen las investigaciones sobre los hechos denunciados hasta sancionar penalmente a los culpables por la ejecucin extrajudicial de Irma Vera Pea, evitndose de esta manera la consumacin de hechos de grave impunidad que lesionan las bases mismas del orden jurdico; que garantice la seguridad y otorgue la proteccin necesaria al seor Crisanto Pea y dems testigos de los hechos que han prestado su colaboracin para el esclarecimiento de los hechos.

Pese a lo abrumador de las masacres y actos de genocidio colectivos de los que se trata a continuacin, los asesinatos selectivos constituyen, en proporcin, la forma ms frecuente como se viola el derecho a la vida en Colombia y la que ha dado lugar al mayor nmero de vctimas en dicho pas. Dentro de esta categora, aunque no se consigne detalle en este informe, no pueden dejar de mencionarse los mltiples casos de asesinatos cometidos como represalia por los movimientos guerrilleros en contra de la poblacin civil considerada simpatizante, leal, colaboradora o informante del Ejrcito; por la fuerza armada contra la misma poblacin por iguales sospechas de vinculacin con la guerrilla; y los mltiples casos de persecucin y asesinato de lderes sindicales, universitarios, religiosos, magisteriales, etc., adems de los que ocasionan los actos de venganza personal entre grupos de pandilleros y sicarios e, inclusive, por lo que se conoce como cultura de la violencia, por personas individuales para cobrar por mano propia ofensas y agresiones.b.

Asesinatos colectivos y masacres Fincas Honduras y La Negra : El 4 de marzo de 1988, aproximadamente a la una de la maana, llegaron a la finca Honduras ubicada en el corregimiento de Currulao, jurisdiccin del municipio de Turbo, Departamento de Antioquia, en la zona del Golfo de Urab de Colombia, 20 hombres armados vestidos de civil, quienes golpearon violentamente la puerta del dormitorio donde dorman con sus familias los trabajadores de la finca Honduras y, llamndolos a cada uno por su nombre, los obligaron a salir forzndolos a tenderse en el piso.

A las mujeres, nios y dems trabajadores no seleccionados, se les oblig a permanecer en sus dormitorios y apagar las luces. Hallndose en completo estado de indefensin, los agresores accionaron sus armas de largo y corto alcance en contra de los trabajadores, asesinando a los 17 obreros que haban escogido.

Cometido el crimen, los individuos se dirigieron a la finca La Negra, cercana a la Honduras, y all asesinaron a otros tres trabajadores. Los trabajadores de la finca Honduras asesinados, todos miembros activos del Sindicato de Trabajadores Agrarios de Antioquia, SINTAGRO, eran: 1.

  1. PEDRO MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ: de 20 aos de edad; 2.
  2. JOSE BIENVENIDO GONZALEZ MARTINEZ: de 20 aos de edad; 3.
  3. JOSE MESA SANCHEZ: casado; 4.
  4. JOSE JOAQUIN MENDOZA: de 30 aos de edad; 5.
  5. IVAN DARIO MOLINA: de 30 aos de edad; 6.
  6. RODRIGO GUZMAN ESPITIA: de 35 aos de edad; 7.
  7. MANUEL ESPITIA COGOLLO: de 44 aos de edad; 8.

ENRIQUE GUIZAO GIRALDO: de 47 aos de edad; 9. RITO MARTINEZ REYES: de 28 aos de edad; 10. SANTIAGO ORTIZ CAUDO: de 40 aos de edad; 11. NESTOR MARIO GALVEZ: de 45 aos de edad; 12. JOSE INDOVEL PINEDA: de 29 aos de edad; 13. NATANIEL ROJAS RESTREPO: de 48 aos de edad; 14.

  1. OMAR OCHOA; 15.
  2. GUILLERMO LEON VALENCIA; 16.
  3. MANUEL DURANGO, y 17.
  4. JOSE FRANCISCO BLANCO.
  5. Los trabajadores asesinados en la finca La Negra eran: 1.JULIAN CARRILLO; 2.ALIRIO ROJAS, y 3.ADEL MENESES PINEDA.
  6. Total: 20 trabajadores asesinados.
  7. Ocho das antes de los hechos, el 24 de febrero de 1988, una patrulla del Batalln Voltjeros del Ejrcito al mando del teniente del B-2 de Inteligencia Militar, PEDRO VICENTE BERMUDEZ LOZANO, acompaada por personas vestidas de civil, efectuaron registros en las fincas Honduras, La Toyosa y La Agripina.

Durante esos operativos amenazaron de muerte a los trabajadores para que no votaran en los comicios que deban realizarse el 13 de marzo siguiente y les dieron 14 das para desocupar la zona. Adems, capturaron a PASCUAL FUENTES RAMOS, JOSE ALBERTO GARCIA FERNANDEZ, JESUS PALACIOS ASPRILLA y OLGA LUCIA RESTREPO, de 16 aos de edad, quienes fueron trasladados al cuartel en donde bajo presin y amenazas se les interrog logrando que la menor Olga Luca y luego tambin los otros dos detenidos, declarasen que varios trabajadores de las fincas Honduras y La Negra pertenecan al movimiento guerrillero Ejrcito Popular de Liberacin (EPL), e inclusive, que Olga Luca, al ser llevada a las fincas indicadas, sealara el lugar donde vivan los trabajadores, presuntos miembros del movimiento guerrillero EPL.

  • En el cuartel los detenidos se encontraron con dos individuos conocidos a quienes identificaron como «Lenn» y «Zacaras», antiguos integrantes del EPL, comprobando que trabajaban como informantes del Ejrcito.
  • Tales personas participaron en sus interrogatorios y les ofrecieron dinero para que trabajaran con el Ejrcito y entregaran a sus compaeros.
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Los detenidos recuerdan que en cierto momento del interrogatorio «Lenn» le dijo a un cabo del B-2 que las fincas Honduras, La Negra, La Toyosa y Oro Verde eran nidos de guerrilleros, a lo que dicho suboficial le respondi que estuviera tranquilo, que pronto los visitaran.

Dos das antes de la masacre, el 2 de marzo, las tropas del Batalln Voltjeros al mando del capitn Luis Felipe Becerra se presentaron a la finca La Zumbadora, cercana a la de Honduras y La Negra, en compaa de un sujeto enmascarado, quien seal a algunos trabajadores. All fueron detenidos seis trabajadores a quienes el Ejrcito golpe en presencia de sus compaeros.

El capitn les dijo que no los matara personalmente, pero que tena quien lo hiciera, amenazndolos de nuevo para que no participaran en las elecciones votando en favor de la Unin Patritica. El DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, el 16 de abril de 1987, elabor un informe en el que llegaba a la conclusin de que en las masacres de Honduras y La Negra, el Ejrcito de Colombia haba empleado a exguerrilleros desertores del EPL como guas, integrndolos a sus patrullas, para la ubicacin, identificacin y eliminacin de los presuntos subversivos y tambin, con el mismo propsito, a sicarios (paramilitares) financiados por ACDEGAM, o Asociacin de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio.

Corrobora esta conclusin a travs del examen de quienes participaron en los hechos y de los testigos de los mismos. La investigacin judicial estuvo a cargo de la Juez Segunda de Orden Pblico doctora Martha Luca Gonzlez, quien al emitir sentencia, declar la responsabilidad de los miembros del Ejrcito implicados por su participacin como colaboradores para el genocidio investigado, conocieron a los sicarios que llegaron desde el Magdalena Medio hasta el Urab para matar a la gente de dichas fincas sindicados de militar en la extrema izquierda, salieron con esos delincuentes en el operativo el da 24 de febrero cuando capturaron a PASCUAL FUENTES y OLGA LUCIA RESTREPO, les permitieron la entrada al Batalln, les permitieron portar armas de largo y corto alcance de las reservadas para las Fuerzas Armadas y por haber aceptado, facilitado, auxiliado y permitido el genocidio del 4 de marzo de 1988, hacindose COMPLICES del mismo, por haber contribudo efectivamente a su realizacin, ya que resultaba evidente que para la comisin del mltiple homicidio de las fincas Honduras y La Negra, dichos sujetos contaron con la complicidad del Ejrcito, lo que uno de los sicarios, EULISES BARRERO, corrobor al Juzgado, agregando que, en ocasiones, miembros del Ejrcito colaboran con la organizacin prestndole apoyo, coordinando con la misma sus acciones y permitindoles los deplazamientos, an armados.

Asimismo, el juzgado vincul y responsabiliz a prominentes lderes del paramilitarismo del Magadalena Medio, entre ellos GONZALO PEREZ, HENRY PEREZ, MARCELO PEREZ, FIDEL CASTAO, CESAR CURE, ALAN ROJAS, HERNAN GIRALDO, estableciendo que a quienes correspondi responsabilidad para el caso de la masacre de las fincas Honduras y La Negra, es a GONZALO PEREZ, HENRY PEREZ y MARCELO PEREZ, quienes fueron los que contrataron a los 8 «mayordomos» con familia por desplazarse a URABA en compaa de otros 30 hombres ms, algunos de los cuales, despus de perpetrados los asesinatos en esa regin, se dirigieron a Montera, Crdoba, en donde fueron recibidos por FIDEL CASTAO en su finca JARAGUAY.

  1. Luego de pronunciar sentencia, la Dra.
  2. Martha Luca Gonzles tuvo que abandonar el pas por las constantes amenazas de muerte de las que vena siendo vctima si continuaba esta investigacin.
  3. El 4 de mayo de 1989, pese al retiro de la juez y como represalia contra ella, fue asesinado su padre el abogado Alvaro Gonzlez,

Para reemplazar a la doctora Gonzlez, la Direccin de Instruccin Criminal remiti el expediente a la ciudad de Medelln en donde le correspondi la investigacin a la doctora Mara Elena Daz, Tercera Juez de Orden Pblico, quien asumi la investigacin por la masacre y continu la prctica de las pruebas y el 17 de junio de 1989, confirm el auto de detencin contra el teniente Bermdez y el 22 del mismo mes, las detenciones contra el mayor Becerra y el cabo Ochoa.

  1. Casi inmediatamente despus de haberse hecho cargo del caso la Juez doctora Mara Elena Daz, fue amenazada de muerte y finalmente el 26 de julio de 1989, fue asesinada,
  2. La Procuradura General de la Nacin, al investigar la responsabilidad de los miembros del Ejrcito de Colombia capitn ( ascendido a teniente Coronel) Luis Felipe Becerra Bohrquez ; el teniente a capitn ( ascendido ) Pedro Vicente Bermdez Lozano y el cabo (ascendido a sargento segundo) Felipe Ochoa Ruiz, lleg a la conclusin: 1ro.

Que en su condicin de Oficial del Ejrcito Nacional adscrito a la 10ma. Brigada donde se desempeaba como Comandante, efectu el operativo en las fincas La Toyosa y Honduras, ubicadas en el municipio de Turbo (Antioquia) el da 24 de febrero de 1988, sitios a donde concurri acompaado de varios sicarios fuertemente armados, individuos que el 4 de marzo del mismo ao en horas de la noche dieron muerte a 20 campesinos que prestaban servicios en las fincas Honduras y La Negra; 2do.

Que en la misma fecha 24 de febrero de 1988 dio trato impropio y soez al personal que laboraba y habitaba los inmuebles determinados fincas La Toyosa y Honduras; 3ro. Que amenaz de muerte a los obreros del predio rural la Sumadera el da 2 de marzo de 1988, anuncindoles que si no se iban de la regin en el trmino de 14 das seran asesinados; 4to.

Que como Comandante del Batalln Voltjeros, permiti que a Olga Luca Restrepo, quien se hallaba detenida desde el 24 de febrero de 1988, se le movilizara irregularmente por diferentes lugares de la regin para obligarla a sealar a personas simpatizantes o militantes de grupos subversivos, particularmente en la finca Honduras.

Ponderados los descargos de los inculpados y las pruebas existentes en su contra, el Procurador Delegado RESOLVI: 1ro. Sancionar al capitn del Ejrcito nacional, hoy teniente coronel Luis Felipe BECERRA, con DESTITUCION DEL CARGO que desempeaba (separacin absoluta de las fuerzas militares) como responsable de los cargos formulados en su contra, sin perjuicio de la accin penal a que hubiere lugar; 2do.

Sancionar al teniente del Ejrcito nacional, hoy capitn Pedro Vicente BERMUDEZ, con DESTITUCION DEL CARGO que desempeaba (separacin absoluta de las fuerzas militares) como responsable de los cargos formulados en su contra, sin perjuicio de la accin penal a que hubiere lugar; 3ro.

Sancionar al cabo primero del Ejrcito nacional, hoy sargento segundo Flix Antonio OCHOA RUIZ, con DESTITUCION DEL CARGO que desempeaba el citado suboficial (separacin absoluta de las fuerzas militares) como responsable de los cargos formulados en su contra, sin perjuicio de la accin penal a que hubiere lugar.

Esta RESOLUCION fue recurrida por los militares involucrados, dando lugar a una nueva decisin de la Procuradura Delegada de febrero de 1993, RECHAZANDO las pretensiones de los reclamantes, confirmando la resolucin apelada. El 20 de abril de 1993, el nuevo Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, mediante resolucin Nro.221 de la indicada fecha, revoc la decisin Nro.255 de 19 de agosto de 1992, confirmada por Resolucin 093 de 8 de febrero de 1993, mediante la cual se ordenaba la destitucin de los militares encontrados responsables, dejndolos libres de todo tipo de sancin bajo el supuesto de que las pruebas aportadas en los distintos procesos eran inconsistentes, declarando, adems, la prescripcin definitiva de la accin disciplinaria.

Hasta el momento las investigaciones no han establecido responsabilidad de los oficiales sindicados, stos no han sido sancionados sino que ms bien fueron ascendidos y no se ha abonado indemnizacin alguna a los familiares de las vctimas. Caso 10738: Holocausto del Palacio de Justicia (94 muertos) Con fecha 3 de diciembre de 1990, la Comisin Especial Preparatoria de la CIDH recibi en la ciudad de Bogot, durante una audiencia especial con los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, una denuncia del abogado Enrique Rodrguez Hernndez, Presidente de dicha asociacin, referente a los siguientes hechos: Antecedentes: El 16 de octubre de 1985, el Ministro de Defensa reporta: «.

el Comando General de las Fuerzas Militares recibi por carta un annimo que deca; ‘EL M-19 PLANEA TOMARSE EL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL JUEVES 17 DE OCTUBRE, CUANDO LOS MAGISTRADOS ESTEN REUNIDOS, TOMANDOLOS COMO REHENES AL ESTILO EMBAJADA DE SANTO DOMINGO; HARAN FUERTES EXIGENCIAS AL GOBIERNO SOBRE DIFERENTES ASPECTOS, ENTRE ELLOS EL TRATADO DE EXTRADICION»; el 16 de octubre de 1985 «.se dispuso poner en ejecucin inmediata un refuerzo especial al Palacio de Justicia, consistente en un 1-1-20′» (1 es un oficial, 1 es un suboficial, 20 agentes armados de Galil), de las 06 a las 20 horas los das laborales; el 18 de octubre de 1985, cuatro diarios de Bogot -«El Siglo», «Diario 5 P.M.», «El Tiempo» y «El Bogotano»- resean el hecho; el 21 de octubre de 1985, «de conformidad con la orden inicial, el servicio de refuerzo de la Corte habra de terminar.

el 21 (de octubre). Pero el Comando del Departamento de Polica Bogot, por previsin, dispuso verbalmente se continuara con ste hasta despus del 05-11-85.»; el 23 de octubre de 1985, «. el M-19 intent secuestrar o asesinar al Comandante del Ejrcito, seor General Samudio Molina. Ese mismo da 23 de octubre, mediante un casete enviado a una cadena radial, el seor «alias Oscar»,

manifest que LLEVARIAN A CABO (EL M-19) ALGO DE TANTA TRASCENDENCIA QUE EL MUNDO QUEDARIA SORPRENDIDO»; el 5 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia amanece sin vigilancia. Se transcribe una nota sin fecha, cuyo presunto autor -por jerarqua el Comandante de la Polica Bogot, General Vargas Villegas- dice: «.autoric para que se terminara el servicio de refuerzo.»; el 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 toman el Palacio de Justicia a las 11:40 a.m.

  1. Y entran sin problema en dos camiones cargados de armamento por la puerta del estacionamiento, que no tiene ni un polica.
  2. El mircoles 6 de noviembre de 1985, en forma sorpresiva y sangrienta, utilizando armas automticas de largo alcance, bombas, granadas, bazucas, rockets y explosivos de gran potencia, un comando terrorista del M-19 al mando del comandante guerrillero Luis Otero Cifuentes tom por asalto el local del Palacio de Justicia, ubicado en la zona cntrica de la capital colombiana en circunstancias en que un solitario agente de la Polica Nacional y celadores particulares inadecuadamente armados eran las nicas personas que se encontraban a cargo de la proteccin y seguridad de dicho edificio, cuya proteccin y vigilancia, a cargo de la Polica Nacional, haba sido inexplicablemente retirada 5 das antes de los hechos por orden del entonces comandante de la polica de Bogot, General Vargas Villegas.

Los hechos sucedieron cronolgicamente de la siguiente manera: A las 11.40 de la maana un camin carpado y una camioneta se estacionaron frente al parqueadero del Palacio de Justicia, sobre la Carrera 8 a y de ellos descendieron rpidamente cerca de 30 guerrilleros fuertemente armados que ingresaron y capturaron el local manteniendo en calidad de rehenes a los magistrados, empleados y pblico que no logr escapar en ese momento de confusin.

  1. A las 12:00, agentes del F-2 intentaron penetrar al stano en medio de un fuerte intercambio de disparos que se prolong por varios minutos.
  2. A las 12:55 ingresaron a la plaza de Bolvar cuatro tanques y dos carros blindados de la Escuela de Caballera.
  3. Hacia la 1:05 un carro blindado logra penetrar la entrada del parqueadero, pero los soldados que lo acompaaban no lograron avanzar demasiado por la respuesta de los guerrilleros.

A las 2 de la tarde se escuchan cuatro explosiones fuertes en serie en el stano del Palacio, donde se concentra en esos momentos el tiroteo ms tenaz; minutos ms tarde, un tanque asciende por las escalinatas del frente del Palacio y comienza a derribar la puerta principal.

A las 2:23 llegan por el costado oriental del Palacio dos helicpteros de la Polica, de los cuales descienden sobre la azotea 16 agentes del GOES; se escucha otra explosin en el interior del Palacio, al parecer producida por impactos de rockets que los militares disparan para vencer la resistencia guerrillera en puntos claves; media hora despus se desata un voraz incendio en el ala oriental del edificio y diez minutos ms tarde tres mquinas del Cuerpo de Bomberos combate las llamas, todava en medio del fuego de las balas.

Segn la denuncia de los peticionarios, cuando la fuerza armada ingres y tom el local, fueron retenidos y desaparecidos ocho trabajadores y tres visitantes de la cafetera que all funcionaba, bajo la sospecha de haber colaborado con los guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia y de tener preparado un aprovisionamiento de alimentos capaz de mantener por varios das el aislamiento a que seran sometidos.

Contrariando la versin de que sus familiares haban sido muertos en la operacin de recaptura del local, los peticionarios atestiguaban haberlos visto salir vivos a varios de ellos en un video que se propal por la televisin y que, segn aseguran, una de las copias estaba en poder de la Procuradura General.

La denuncia aclaraba que el caso deba de concretarse solamente a los 8 desaparecidos de la cafetera restaurante cuya relacin proporcionaron en el siguiente orden: Carlos Augusto Rodrguez Vera, administrador, Cristina del Pilar Guarn Corts, cajera, David Suspes Celis, Chef, Bernardo Beltrn Hernndez y Hctor Jaime Beltrn Fuentes, Meseros, Gloria Estela Lizarazo, Empleada de Autoservicio, y Luz Mara Portela Len y Ana Rosa Castiblanco Torres, auxiliares.

Como los peticionarios pidieron que no se mantuviese annima su condicin de denunciantes, el mismo texto, sin omitir referencias de los firmantes, fue entregado al Gobierno de Colombia. Iniciado el trmite del caso con fecha 26 de diciembre de 1990, el Gobierno de Colombia solicit el 2 de abril de 1991 un plazo ampliatorio de hasta por 90 das para responder a la denuncia remitida por la Comisin, manifestando que el Gobierno de Colombia consideraba que las caractersticas de los acontecimientos denunciados y el volumen de los expedientes as lo ameritaban.

Concedido el plazo solicitado, con fecha 25 de julio de 1991 el Gobierno de Colombia dio respuesta a la Comisin, manifestando que: Colombia considera ofensivos para la dignidad nacional los trminos y el contenido de la denuncia presentada ante la Comisin.

El Gobierno de la Repblica de Colombia reitera su rechazo a la denuncia materia de este pronunciamiento, considera improcedente analizar sus trminos y solicita respetuosamente que no sea admitida. En respuesta a lo manifestado por el Gobierno de Colombia, los peticionarios expresaron que lamentaban la falta de informacin del Gobierno de Colombia y que en la respuesta de dicho pas «por ninguna parte se mencionaba prueba alguna que demeritase el informe que se le transcribi», acompaando asimismo, como anexo, el informe del Procurador General de la Repblica sobre el Holocausto del Palacio de Justicia de fecha 31 de mayo de 1986 mediante el cual, corroborando la denuncia de los peticionarios, haca recaer responsabilidad en los hechos, aparte de los miembros del comando del M-19 que asaltaron y por la fuerza secuestraron a los magistrados, empleados, abogados y pblico que se encontraba en el Palacio de Justicia, a los funcionarios pblicos del Estado que intervinieron en los mismos, y pidiendo sanciones para el entonces Presidente de la Repblica seor Belisario Betancur y para el Ministro de Defensa responsable de los hechos vinculados con la recuperacin por parte de la Fuerza Armada del Palacio de Justicia.

El Gobierno de Colombia, al ser notificado de las observaciones del reclamante, con fecha 15 de noviembre de 1991 reiter su pedido para que el caso » fuera declarado improcedente por considerarlo inaceptable en su contenido y en sus trminos». El citado caso fue llevado por los miembros de la Comisin Especial que viaj a Colombia en el mes de mayo de 1992 y fue tratado con funcionarios de la Cancillera, de la oficina de organismos internacionales, con el propsito de superar los problemas surgidos para su tramitacin y obtener la debida informacin del Gobierno de Colombia.

En esa oportunidad, la Comisin Especial aclar nuevamente lo que ya estaba expresado en la nota formal enviada por la Comisin, que al tramitar la denuncia no se solidarizaba ni haca suyas las expresiones del peticionario; que la nota enviada era una fotocopia de la que los peticionarios haban entregado a la Comisin Especial Preparatoria durante su entrevista en el Hotel Tequendama en diciembre de 1990 en la que, adems de solicitar que no se mantuviera en reserva su identidad, manifestaron que el texto de su denuncia ya era de conocimiento de las autoridades del Gobierno de Colombia, las que no le haban prestado debida atencin.

Adems se aclar tambin que los peticionarios no se referan a hechos correspondientes a la administracin del Presidente Gaviria. La Comisin reitera una vez ms que los casos se tramitan sin hacer propios los trminos de las denuncias ni dar por ciertos los hechos que son materia de investigacin y que, adems, desaprueba todo tipo de expresiones de los peticionarios que puedan resultar de alguna manera ofensivos.

Sin embargo, no puede omitir mencionar en el presente informe los hechos denunciados por los peticionarios, que son de pleno conocimiento del Gobierno de Colombia, y lamentar, adems de la falta de respuesta, que el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia todava no haya sido esclarecido ni resuelto definitivamente.

Con posterioridad han surgido algunas situaciones nuevas, entre ellas el hecho de que un Juez de orden pblico, de los conocidos como «jueces sin rostro», haya ordenado recientemente la reapertura del caso del Palacio de Justicia y dispuesto la detencin de los lderes del M-19, recientemente reinsertados a raz de los acuerdos de paz, sobre la base de que los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, por ser de extrema gravedad y de lesa humanidad, no pueden ser materia de una ley de amnista.

Esta situacin ha afectado inclusive a algunos lderes del M-19 que, incorporados a la vida democrtica, han venido colaborando activamente con el Gobierno del Presidente Gaviria. Asimismo, cabe mencionar la consulta formulada en mayo de 1992 por el propio Presidente Gaviria al Procurador General de la Nacin, Dr.

Carlos Arrieta, acerca de las implicaciones de dicha decisin judicial y de la actitud que debe ejercer el ministerio pblico en relacin con la prosecucin de este caso, pese a las amnistas decretadas en favor de todos los que intervinieron en el mismo.

Finalmente, en relacin con este mismo caso, cabe citar que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo concertaron un acuerdo poltico con la finalidad de detener el citado proceso ordenado por el Juez de Orden Pblico, logrndose de esta forma que se expidiese una ley especial declarando que todos los hechos del Palacio de Justicia quedaban, sin excepcin, amnistiados y que pasaban a tener, por tal circunstancia, la calidad de hecho juzgado, razn por la cual quedaban sin efecto todas las investigaciones y sanciones que pudieran recaer sobre quienes participaron por parte del M-19 en la captura del Palacio de Justicia, y por parte de las Fuerzas Armadas en su recuperacin.

La Comisin no tiene conocimiento si, de acuerdo con los alcances de esta nueva ley, el Poder Judicial proceder tambin a archivar definitivamente el caso especfico de los desaparecidos del Palacio de Justicia a que se refiere el presente informe, pero considera conveniente aclarar, en relacin con el mismo, su coincidencia con el criterio del Juez de Orden Pblico en el sentido de que los delitos de extrema gravedad y de lesa humanidad no son materia de amnista poltica y que las desapariciones forzadas de personas se encuentran en la clasificacin de hechos no amnistiables y no prescriptibles.

INFORME OFICIAL DEL «DAS» SOBRE MASACRES Seguidamente, cabe citar el informe oficial proporcionado por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la Comisin Especial de Derechos Humanos que visit Colombia en la maana del 7 de mayo de 1992, con motivo de la audiencia que la Comisin Especial sostuvo con el seor Fernando Brito Ruiz, Director del DAS, y con su cuerpo directivo, informacin sta que resume apretadamente algunos de los ms graves hechos de violencia registrados en la Repblica de Colombia entre enero de 1990 al mes de febrero de 1992, incluyendo la fecha, lugar de los hechos, nmero de personas asesinadas, localidad donde tuvo lugar la matanza, y nombre de la entidad responsable de la matanza.

REGISTRADAS DURANTE 1990 12 ENE ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en el corregimiento Riogrande, jurisdiccin de Santa Rosa de Osos. Autor: «MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE».20 ENE ANTIOQUIA Asesinato de once personas, en hechos registrados en una finca ubicada en la vereda Calderas, jurisdiccin de Gmez Plata.

Autor: «La Ramada».28 ENE CORDOBA Asesinato de seis campesinos en el casero Patio Bonito, situado entre los municipios de Chin y San Andrs de Sotavento. Autor: «ALFA 83».02 FEB CUNDINAMARCA Asesinato de siete personas en el sitio Guayabetal, sector de Quebrada Blanca, en la va Bogot-Villavicencio. Autor: «AUTODEFENSA LOS GAITANES».03 FEB SANTANDE Hallazgo de una fosa comn en el sitio Hoyo Mamayo, zona de San Vicente de Chucur, donde se encontraron restos de aproximadamente diez personas.

Autor: «MAS».03 FEB ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en la va Medelln-Envigado. Autor: «MAS».12 FEB CHOCO Asesinato de seis personas en las riberas del ro Atrato, jurisdiccin de los municipios de Bellavista y Quibd. Autor: «LOS TANGUEROS».17 FEB CUNDINAMARCA Asesinato de siete personas en una gallera ubicada en la finca Planadas, vereda Cubach, jurisdiccin del municipio de Yacop y heridas cuatro personas ms.

Autor: «LOS TISNADOS».23 FEB SANTANDE Asesinato de cinco personas en aguas del ro Magdalena a la altura de Barrancabermeja (Santander), las cuales presentan seales de tortura. Autor: «MAS».24 FEB META Asesinato de seis personas en la vereda Cumaral, jurisdiccin del municipio de Medelln del Ariari. Autor: «EJERCITO ROJO FASCISTA».27 FEB CHOCO Asesinato de seis personas en la plaza principal del municipio de Ungua, militaban en la Unin Patritica.

Autor: «LOS TANGUEROS».19 MA ANTIOQUIA Asesinato de cinco personas en el barrio Alfonso Lpez de Apartad e hirieron a cinco personas ms. Autor: «MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE».06 MAY GUAVIARE Asesinato de trece personas en la Inspeccin El Capricho, jurisdiccin de San Jos del Guaviare.

Autor: «EJERCITO ROJO FASCISTA».10 MAY BOYACA Asesinato de seis personas sin identificar en la va Muzo-Chiquinquir, quienes se desplazaban en un automotor. Autor: «GRUJUSBOY».09 MAY PUTUMAYO Asesinato de nueve personas en la vereda El Cairo, jurisdiccin del municipio La Hormiga. Autor: «AUTODEFENSA DE CHANCHI».23 JUN ANTIOQUIA Asesinato de diez y nueve personas en la tarberna «Oporto» de Envigado.

Autor: «BANDA SICARIOS SEGURIDAD Y CONTROL».25 JUN CAUCA Asesinato de seis personas en el Corregimiento San Juanito, jurisdiccin de Mercaderes. Autor: «AUTODEFENSA MORALES Y CAJIBIO».28 JUN PUTUMAYO Asesinato de cuatro indgenas en Churuyaco, corregimiento Brisas de Quebradn, jurisdiccin de Orito.

Autor: «AUTODEFENSA DE CHANCHI».06 JUL PUTUMAYO Asesinato mltiple de nueve campesinos en la vereda El Cairo, inspeccin San Miguel, jurisdiccin de La Hormiga, quienes adems incendiaron las viviendas de las vctimas. Autor: «AUTODEFENSA DE CHANCHI».11 JUL VALLE Asesinato de siete personas en el corregimiento La Tulia, jurisdiccin del municipio de Bolvar.

Autor: «BANDA DEL NORTE DEL VALLE».13 OCT ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en el barrio Castilla de Medelln, causando heridas a otras seis personas. Autor: «MAS».18 OCT CAUCA Asesinato de cuatro personas sin identificar en el ingenio La Argentina, corregimiento Ortegal, jurisdiccin de Miranda.

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Autor: «FRENTE AMISTAD JUVENIL».25 OCT CORDOBA Asesinato de doce personas en Tierralta. Autor: «LOS TANGUEROS».15 DIC ANTIOQUIA Asesinato de doce personas en el establecimiento pblico «Sturpu» de Itagu, que adems hirieron a otras seis. Autor: «MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE».14 DIC ANTIOQUIA Asesinato de ocho personas en un establecimiento pblico del corregimiento San Antonio de Prado, jurisdiccin de Medelln.

Autor: «LOS MACHOS».14 DIC VALLE Asesinato de cinco personas en el corregimiento La Primavera, jurisdiccin de Bolvar. Autor: «FRENTE AMISTAD JUVENIL».15 DIC ANTIOQUIA Asesinato de siete personas en el corregimiento Puerto Blgica, municipio de Cceres. Autor: «MUERTE A REVOLUCIONARIOS DEL NORDESTE».

¿Cuáles son los deberes del derecho a la identidad?

El derecho a la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Además, es la puerta a sus otros derechos como el acceso a servicios de salud, educación y protección. En México, al menos 1 millón de personas de todas las edades no cuentan con registro de nacimiento.

¿Qué es derecho de la vida Ejemplos?

Derecho humano que implica que ninguna persona puede ser privada de su vida. Esta obligación abarca también todos los derechos relacionados con éste, como lo son el derecho a la seguridad alimentaria, a la salud, a la seguridad personal, etc.

¿Qué quiere decir que el derecho a la vida es inviolable?

¿Qué es el derecho a la vida? Você quer atrair mais clientes e ter mais visibilidade para seu escritório de advocacia? Resumen: El derecho a la vida es uno de los Derechos Humanos Universales recogido y aceptado en todas las Constituciones Políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como en los Instrumentos Internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones.

  1. Como ejemplo podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros, que garantizan el derecho a la vida, como un derecho fundamental autónomo.
  2. El Derecho Internacional obliga a proteger la vida humana, desde la concepción, es decir, tanto antes como después del nacimiento.

Pues la evolución de la internacionalización de los derechos humanos alcanza mayor fuerza día a día y aceptación a nivel mundial. Es justamente el Derecho Internacional uno de los principales promotores de los derechos humanos y de la protección de los individuos.

  • El derecho a la vida constituye un valor supremo cuya titularidad corresponde a todos los individuos de la especie humana y cuya violación es de carácter irreversible, ya que desaparece el titular de dicho derecho.
  • Palabras clave: derecho a la vida, derechos humanos, instrumentos internacionales.
  • Abstract: The right to the life is one of the Universal Human rights gathered and accepted in all the Political Constitutions and other legal procedure of the different countries of the world, as well as in the International Instruments that it frees and voluntarily some countries have integrated to his respective legislations.

Since example we can mention the Universal Declaration of Human rights, the Letter of Fundamental Laws of the European Union, the American Convention of the Human rights, between others, which guarantee the right to the life, as a fundamental autonomous right.

  1. The International Law forces to protect the human life, from the conception, that is to say, so much before like after the birth.
  2. Since the evolution of the internationalization of the human rights reaches major force day after day and acceptance worldwide.
  3. It is exactly the International Law one of the principal promoters of the human rights and of the protection of the individuals.

The right to the life constitutes a supreme value which ownership corresponds to all the individuals of the human species and which violation is of irreversible character, since there disappears the holder of the above mentioned right. Keywords: right to the life, human rights, international instruments.

  1. Sumario: I.
  2. Nota introductoria. II.
  3. El inicio de la vida del ser humano como fundamento para la protección penal. III.
  4. La vida como derecho fundamental de las personas, IV.
  5. El derecho a la vida en los tratados internacionales.V.
  6. Bibliografía.1.
  7. Nota introductoria La vida ha sido considerada como el derecho de mayor significación en las sociedades civilizadas.

Históricamente en la época de formación auroral de la sociedad humana la vida fue considerada como un bien del que podía disponer el padre de familia en la forma que lo estimare conveniente. Es decir la persona no era titular de su vida y esta circunstancia que a la luz de la civilización contemporánea resulta un hecho inadmisible, tuvo, en esas sociedades, connotaciones que decían relación con la economía, con el orden y con las posibilidades de sobrevivencia.

  • Prevaleció entonces la significación de los recursos que permitían la supervivencia, es decir los bienes materiales y especialmente los relativos a la alimentación.
  • De ahí que cuando en el núcleo familiar nacía una persona desprovista no solamente de las capacidades adecuadas para ayudar a la familia sino para valerse por sí misma era lícito al padre y aun al jefe de esos clanes originarios privar de la vida a esos seres que en esa concepción se consideraban como una carga indeseable para la sobrevivencia del grupo.

Con el avance del tiempo la vida tiene otras connotaciones y ya, constituida en un valor inapreciable, sólo por razones de honor y de defensa, igualmente del orden social, era posible privar de la vida a otro. Prevaleció la llamada ley del talión como medio de reparación de los daños inferidos a una persona.

Lo que significa que si alguien privaba de la vida a otro existía el derecho de quitar la vida al autor de ese acto. Como un rezago de estos tiempos primitivos, por excepción y por razones de mayor consideración y trascendencia, que en el fondo dicen relación con el mantenimiento del orden social, en algunos pueblos se ha establecido en su derecho positivo la pena de muerte, como el recurso indispensable para mantener saneada la sociedad y liberada del peligro de quienes atenten contra ella.

La penalística se ha dividido en dos grandes campos confrontacionales de quienes defienden la pena capital y quienes se oponen a ella rotundamente. El principio rector se afinca en el criterio de que no es la severidad de las penas el remedio que pueda liberar a una sociedad del delito.

  1. Es la sociedad la que debe cambiarse para a través de medidas terapéuticas o de rehabilitación evitar el aparecimiento del personaje delictivo.
  2. A este respecto Lombroso sustentó la teoría del delincuente nato «homo delinques», que se sustentaba en la tara hereditaria que en su naturaleza traía el ser a través de una genética contra la que los recursos de la ciencia no tenían validez.

En breves términos la complexión y la configuración psicosomática del individuo denotaban su naturaleza delictiva. Esta teoría ha desaparecido por su inconsistencia científica pues se ha demostrado con los desarrollos doctrinarios de validez científica de la Escuela Positivista y el pensamiento de Garófalo, Ferri, Beccaria que es la sociedad con sus desajustes y no la naturaleza ni la génesis humana la que conforman el ser delictivo, circunstancial y modelable.

Por lo que aconsejan revisar todos los sistemas de rehabilitación como medio de combatir el delito. Consecuentemente en los códigos penales que desarrollan estos principios se configuran los mecanismos para tipificar los actos de transgresión como verdaderos delitos y aplicar las sanciones que corresponden, en la diversa gama de posibilidades que su cometimiento permiten.2.

El inicio de la vida del ser humano como fundamento para la protección penal La vida inicia en el momento de la concepción, esto es con la unión del óvulo con el espermatozoide, unión que da vida a una nueva célula que es el cigoto, comenzando así el desarrollo embrionario.

Esta nueva célula posee 46 cromosomas y un patrimonio genético único, diferente de sus progenitores, con capacidad autogobernable y totipotencial; y, desde este momento, el ser que está por nacer, se acoge a la garantía constitucional de protección del derecho a la vida y su vulneración se encuentra sancionada por las leyes penales de varios países.

Así, la mayoría de códigos penales contemplan al aborto como un delito contra la vida, con las excepciones que la misma ley establece. El aborto causa la muerte de un ser humano, independientemente de cómo se la produzca. Por lo tanto, este ser merece la protección jurídico-penal, pues la vida humana es el más alto de todos los bienes jurídicos y nuestras leyes castigan severamente su destrucción.

  1. La protección penal del bien jurídico no puede ser negada.
  2. Si nuestra Constitución y las demás Constituciones de los diferentes Estados y los instrumentos internacionales protegen la vida del ser humano, como un derecho fundamental, esta protección se extiende hacia el nasciturus, pues éste es un ser humano antes y después del nacimiento.

El Derecho Penal, como norma sancionadora, punitiva, llamado a prevenir las conductas antijurídicas, protege la vida del que está por nacer a través de la tipificación del delito de aborto. Así, el Código Penal ecuatoriano contempla la figura del aborto en el Título VI, «De los Delitos contra las Personas», Capítulo I, «De los Delitos Contra la Vida».

«El Derecho Penal no mantiene una relación de necesaria dependencia de los presupuestos que conforman el supuesto de hecho de sus normas respecto a otras ramas del ordenamiento jurídico y por tanto se puede considerar que el status de persona comience antes, que la norma intervenga en un momento anterior ofreciendo una protección más reforzada» Numerosos estudios científicos demuestran que la vida comienza desde la concepción, como lo hemos afirmado anteriormente, por tanto el nasciturus alcanza protección constitucional y es deber de los Estados proteger su vida.

Esta protección se efectiviza en el momento que la ley penal contempla dentro de sus delitos al aborto. Sin embargo, tratándose el aborto de un «homicidio contra el nasciturus», la sanción impuesta a quien lo practica no es tan severa como la pena impuesta a quien comete homicidio en contra de un nacido.

La proporcionalidad de la pena deber ser una conditio sine qua non para hablar de justicia penal. A cada delito debe corresponder una pena proporcional a ese delito. Siendo el aborto la supresión de la vida a un ser inocente e indefenso, las penas deberían ser similares a las establecidos para el homicidio, o más aún, para el asesinato; sin embargo es la misma ley la que establece diferencias entre dar muerte a un ser que aún no nace y a un ser que ya ha nacido.

¿Dónde queda el principio constitucional de igualdad ante la ley? Nuestra Constitución impone la protección del derecho a la vida, desde la concepción, es decir, reconoce que hay vida desde la fecundación del óvulo con el espermatozoide, y de allí el presente mandato Constitucional.

  • Nuestro Código Penal incrimina las conductas que atentan contra este derecho, es decir, de alguna manera tiende a controlar la conducta de los asociados, buscando la armonía y la paz social.
  • El Derecho Penal, por lo general, protege los bienes jurídicos mediante la imposición de penas a quienes atenten o lesionen dichos bienes; se puede decir que el Derecho Penal es, al igual que la Constitución, garantista de derechos.

Se reconoce que la vida inicia desde el momento de la concepción y por tanto se reconoce, también, que el aborto es un delito que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal y en la mayoría de códigos penales de los diferentes países. Y, sin embargo, en el supuesto no consentido, de que la concepción no se produzca en el momento de la fecundación del óvulo y que no sea posible determinar, con exactitud, en qué momento se produce (como lo consideran algunos autores), siempre debemos aplicar el principio indubio pro homine, esto es, en caso de duda se debe aplicar en el sentido más favorable al hombre.

Es decir, la interpretación de la ley, cuando sea posible interpretarla, debe garantizar el derecho a la vida del nasciturus y por tanto no permitir el aborto. El respeto a la vida humana es una condición sine qua non para que las sociedades puedan funcionar dignamente. Al decir de Elio Sgreccia, el respeto de la vida es, «el primer imperativo ético del hombre para consigo mismo y para con los demás».

Keith Moore y T.V.N. Persaud, indican que la vida o el desarrollo humano comienza en la fertilización, cuando el gameto masculino se une al gameto femenino para formar una única célula llamada cigoto. Esta célula, con 46 cromosomas (23 masculinos y 23 femeninos), marca el inicio de cada uno de nosotros como seres únicos.

Este nuevo ser humano es capaz de dirigir su propio crecimiento y desarrollo, debido a que inmediatamente produce proteínas y enzimas humanas. Es un nuevo individuo que tiene el conjunto de cromosomas que pertenecen a cada célula del cuerpo humano y que, pese a proceder a medias del padre y de la madre, es diferente a todas las células de cualquiera de los dos.

Vemos que la vida no es algo que se da por sí mismo, no existe por sí sola. Ésta comienza en el estado embrionario en donde aparece un nuevo ser, único, irrepetible, autónomo, con un código genético propio, aunque todavía dependiente. Pues la vida no pasa por diferentes etapas donde vale más o menos, según la utilidad social del individuo.

La vida humana vale por esa dignidad intrínseca de la persona. Los derechos humanos son propios del hombre. Cada individuo nace con ellos, están allí desde que hay vida humana y por los tanto todos y todas tenemos la obligación de respetarlos. Como podemos evidenciar de lo anotado anteriormente, la protección del derecho a la vida es uno de los objetivos principales de los cuales se deben ocupar el sistema internacional de derechos humanos.

La vida de cada ser humano debe ser respetada desde la concepción, ya que aquí comienza ésta. La protección de la vida del no nacido y del nacido debe ser un elemento clave de este sistema.3. La vida como derecho fundamental de las personas El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales absolutas, el primer derecho, el más natural, por lo tanto una de las formas de garantizar este derecho es la debida penalización para quienes intenten, siquiera, violentarlo.

  • Del derecho a la vida depende la posibilidad de gozar y ejercer los restantes derechos.
  • El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.
  • De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido.
  • En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo» El derecho a la vida es un bien natural, que todos intuyen por instinto, es un derecho innato.

El derecho a la vida constituye el soporte físico de los demás derechos fundamentales, ya que si este derecho es violentado, desaparece el titular del mismo. Por lo tanto es deber del Estado proteger la vida humana frente a cualquier agresión de los individuos y sancionar severamente a todas las personas que atenten contra este derecho.

El derecho a la vida, es el derecho a la propia existencia, física y biológica, de las personas naturales, es un derecho individual del que somos titulares todos los seres humanos, derecho que está reconocido por los principales instrumentos de derechos humanos y por el Estado, por lo tanto, le compete a éste deberes muy importantes para conseguir que el ejercicio efectivo de ese derecho no sea conculcado.

Georg Hermes, manifiesta: » Al Estado, a través de sus instituciones, corresponde exclusivamente deberes de respeto y de tutela, que presentan los rasgos de un deber negativo y positivo, respectivamente». En cuanto al deber negativo, el más importante que tiene el Estado, es el de respetar el derecho a la vida como valor objetivo de todos los individuos, sin discriminación alguna.

Por lo tanto el Estado jamás ordenará actos de violencia, maltrato, tortura, genocidios, asesinatos, o cualquier otro acto que atente contra los derechos de las personas En lo que se refiere al deber positivo, en la observación general N° 6, Artículo 6, adoptada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, numeral 5., se hace referencia al deber de los Estados Partes, en cuanto al derecho a la vida, cuando dice: «Además, el Comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con mucha frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva.

La expresión «el derecho a la vida es inherente a la persona humana» no puede entenderse de manera restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas positivas. A este respecto, el Comité considera que sería oportuno que los Estados Partes tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las epidemias» Al hablar del deber positivo del Estado, estamos frente al deber de la protección del derecho a la vida.

Para ello utiliza los diferentes medios jurídicos, como: leyes, órganos de administración de justicia o de protección de derechos. Pues, todas las sociedades civilizadas protegen la vida al amparo del Derecho. Por lo tanto, es también deber del Estado castigar a los culpables que atentan contra los derechos fundamentales e imponerles las penas establecidas en el ordenamiento jurídico, como una de las medidas más eficaces para lograr la protección de los bienes jurídicos.

«La preocupación más intensa en los últimos decenios se ha dirigido a establecer todos los mecanismos jurídicos y políticos posibles para garantizar el respeto a esos derechos humanos y ha llevado a constitucionalizarlos, a convertirlos en preceptos del máximo rango normativo – aunque no siempre -, esto es, en derecho positivo».

  1. Como hemos dicho, el derecho a la vida es un derecho supremo, uno de los derechos humanos más importantes, reconocido positivamente por los ordenamientos jurídicos, por las constituciones de la mayoría de países y por los tratados y convenios internacionales.
  2. El derecho a la vida es un derecho subjetivo, que corresponde a la persona misma y que por tanto merece una absoluta protección; y dentro del término persona, se encuentra también el nasciturus.

«Resulta absurdo negar carácter de persona a un ser humano, e igualmente absurdo negar carácter de ser humano al que inicia, una vez concebido, el proceso de gestación, que culmina en el parto y que prosigue después de él hasta alcanzar las distintas etapas en que se suele dividir la vida humana».

El derecho a la vida existe desde que hay vida misma y mientras ésta dura, en este transcurso podemos exigir que se respete ese derecho y que se dé las garantías necesarias para impedir que cualquier acción u omisión vulnere o viole este derecho. Si consideramos el derecho a la vida desde una perspectiva biológica objetiva, tenemos que este derecho no incluye otros derechos fundamentales como la libertad, el honor, la dignidad, la integridad física, la salud, la alimentación, la educación, etc., derechos que condicionan la calidad de vida; pero que son sumamente importantes para vivir una vida digna, por lo tanto este «vivir» requiere de bienes, especialmente de carácter económico, » se desprenden del derecho sustancial a la vida una serie de derechos y garantías que van desde la salud hasta el medio ambiente» Como lo había indicado en líneas anteriores, el derecho a la vida, incluye su preservación, desde el inicio de la vida hasta su terminación.

El tratadista Carlos María Romero Casabona, al respecto, manifiesta: «De ahí también que sea del máximo interés determinar a partir de qué momento podemos afirmar su existencia y a partir de cuál tal vida ha cesado, para conocer así al mismo tiempo hasta dónde ha de extenderse su respeto y su protección como derecho y, en su caso, como bien jurídico».

  • Todo ser humano tiene derecho a la vida y a la integridad física, desde su concepción, por lo tanto se exige a todo ser humano el respeto y protección de la vida, ya que ésta constituye un derecho fundamental irrevocable, inviolable, sin excepción alguna.
  • Por eso, se señala que el período en que los derechos son patrimonio de la persona o del ser humano abarcan desde el primer momento de su existencia hasta al último.

El contenido de ese derecho comprende la vida física en su totalidad; de ahí el apelativo de la «integridad», porque ésta pertenece por igual al derecho fundamental» La vida es un derecho fundamental, consagrado en las Cartas Magnas de los diferentes países, y en todas las legislaciones a nivel mundial, se trata de un derecho que precede a los restantes derechos, ya que es la condición de posibilidad de los demás, debido a que si desaparece el titular del derecho a la vida, desaparece cualquier otro derecho posible.

Como decíamos, el derecho a la vida es inviolable, lo que significa que no se acepta excepción alguna; la inviolabilidad se relaciona con la ley que ampara jurídicamente este derecho y lo protege frente a cualquier agresión de las personas o de la sociedad, es decir se tutela este derecho tanto en el área privada como en la pública, a fin de cubrir la dimensión personal referida.

Por tanto debe respetarse dicha inviolabilidad, pues el derecho a la vida está reconocido como un principio indiscutible, de lo contrario no podríamos hablar de un estado de derecho. «No reconocer el valor del carácter universal de la vida humana equivaldría a negar la superioridad de la persona frente a los demás seres, que configuran su entorno».

El derecho a la vida abarca a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, religión, posición política o económica o cualquier otra condición social. El derecho a la vida es universal y es el origen de todos los demás valores humanos. Los demás derechos derivan del derecho a la vida que es el fundamental y está ligado directamente con la dignidad de las personas, ya que la dignidad es base de todo derecho, en especial del derecho a la vida.

Podemos acotar que teóricamente se ha conseguido que se respete ese derecho a la vida ya que, como decíamos anteriormente, este derecho se encuentra consagrado en la gran mayoría de leyes de todos los países del mundo, sin embargo, lamentablemente, en la práctica no se cumple, porque igualmente, existen un sinnúmero de actos (acciones u omisiones) tendientes a vulnerar este derecho o a privar de la vida a los seres humanos.

Entre uno de estos actos tenemos la legalización del aborto y la pena de muerte. Se insiste, entonces, que es deber del Estado o de los Estados proteger la vida humana frente a agresiones de los particulares, y no sólo protegerla, sino no lesionarla por sí mismo, es decir tiene un deber positivo de protección y un deber negativo de abstención; y es justamente la Constitución quien debe impedir que el Estado legalice o permita el atentado contra la vida, y, vemos que en la mayoría de países se cumple con este principio ya que han abolido la pena de muerte, constitucionalizándose, así, el derecho más fundamental de todos los reconocidos por la Constitución, y la base de cualquier otro derecho.

Pues, entonces, como decíamos, en caso de que se realicen actos tendientes a vulnerar el derecho a la vida, el Estado, a través de sus leyes, debe prever sanciones penales para los responsables de dichos actos.

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Así, las garantías del derecho a la vida consagrado en la Constitución se desarrollan en el Código Penal que establece las sanciones para todo atentado contra la vida en los delitos de homicidio, asesinato y aborto.El tratadista Luis María Díez-Picazo manifiesta: » el derecho a la vida se traduce en la imposición de ciertos deberes al Estado, entendido en su sentido amplio de conjunto de los poderes públicos: el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el deber de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de los particulares » 4. El derecho a la vida en los tratados internacionales

Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a un término que los individuos han ido construyendo a lo largo de la historia a fin de consagrar o codificar los derechos que les son inherentes para poder reclamarlos en caso de ser transgredidos. Los derechos humanos son condiciones que tiene todo ser humano sin discriminación alguna y que son necesarias a fin de que éste pueda desarrollarse en todos los campos del vivir en igualdad de condiciones.

  1. Estos derechos pueden ser exigidos por todos y todas desde el momento mismo de la concepción, y la posibilidad de exigibilidad se da porque están incluidos en las diferentes leyes, Constituciones e instrumentos internacionales, con el fin primordial del bien común.
  2. Los derechos humanos se agrupan, especialmente, en torno al derecho a la vida.

«Sin lugar a dudas el Derecho a la Vida ocupa un lugar especial en la nómina de los derechos fundamentales de la persona. Aunque la doctrina afirma que todos los Derechos Humanos tienen igual valor, a la hora de examinar casos concretos de violaciones de este derecho, los órganos internacionales competentes no dudan en destacar el carácter especial del Derecho a la Vida» Los tratados internacionales protectores de los derechos humanos se han preocupado del efectivo disfrute del derecho a la vida por parte de todos y todas, y por esta razón es compromiso de los Estados evitar y castigar los delitos que atenten contra este derecho.

  1. Los Estados tienen la obligación de proteger el derecho a la vida adoptando medidas positivas para eliminar la malnutrición, las epidemias, la pena de muerte.
  2. La expresión derechos humanos, como tal, tiene su inicio en los llamados «derechos del hombre», expresión que se consagró en Francia a raíz de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Constituyente francesa del 20 al 26 de agosto de 1789, cuyo Art.1, reza: «Los hombres han nacido, y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos».

Se ha considerado a los derechos humanos como inherentes, innatos, es decir que nacen con la persona, que forman parte de ella. «Resulta así que, aun siendo derechos naturales e imprescriptibles, los derechos de la Revolución francesa no son, ni pretenden presentarse como, derechos absolutos, sino que son derechos susceptibles de limitación, por más que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se cuide mucho de reducir esas limitaciones al mínimo indispensable para garantizar la coexistencia pacífica y armónica de los derechos de unos y otros miembros de la sociedad y establezca como garantía básica de extraordinaria relevancia la reserva de ley» La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada mediante resolución 217ª (III), por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de l948, de la cual el Ecuador es parte, tiene como una de sus finalidades el de proteger la conquista humana más grande alcanzada por el hombre, que no es otra sino el derecho a la vida, la justicia, la paz, reconocimiento de la dignidad intrínseca, derechos iguales e inalienables, considerando siempre que el menosprecio a los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que dichas conquistas sean protegidas por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no sea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Es obligación de todos los Estados respetar las normas establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los diferentes Tratados Internacionales, ya que éstos «inauguran la era moderna y anuncian una nueva visión del hombre y de la sociedad – o, para ser más exactos, conducen a la madurez del nuevo concepto del hombre y de la sociedad que venía fermentado desde el Renacimiento -.

La Asamblea General, proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deban esforzarse, a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto en los pueblos de los estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

La Declaración contiene un sinnúmero de derechos relativos a la libertad, como la prohibición de la esclavitud, de torturas, tratos inhumanos, detenciones arbitrarias; así como también derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, conciencia y religión; libertad de reunión y asociación pacífica, entro otros.

Lo que significa que los Estados no pueden intervenir en cuanto a estas formas de derecho a la libertad. Por otro lado, los Estados tienen el deber de otorgar una protección legal a todos los individuos, en forma igualitaria y sin discriminación de ninguna clase, teniendo siempre presente el principio de la presunción de inocencia y asegurándole las garantías para su defensa.

Igualmente, esta Declaración indica que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, a formar una familia en forma libre; derecho a la propiedad, derecho al sufragio, a la seguridad social, al trabajo con igualdad de remuneración, al descanso, a la educación, a formar parte de la vida cultural y, además, los deberes que tiene la persona con respecto a la comunidad.

«La Declaración es indudablemente la expresión de conciencia jurídica de la humanidad, representada en la ONU y, como tal, fuente de un «derecho superior», un higher law, cuyos principios no pueden desconocer sus miembros». El artículo 3 del tratado internacional en referencia, garantiza y obliga a los Estados partes a respetar la vida de los hombres.

  • El mencionado artículo, establece: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».
  • Los derechos humanos son necesarios para tener una vida digna, dignidad que es inherente al ser humano y que nacen de una acción humana, en pos de una visión moral, pero para lograr esa visión moral es necesario la protección de esos derechos mediante la institucionalización de los derechos fundamentales.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fija un conjunto de condiciones para una vida digna. El francés René Cassin, al hacer alusión a la Declaración, manifestó que ésta descansaba en cuatro pilares fundamentales, a saber: derechos de las personas (derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad); derechos del individuos en su relación con la sociedad (derecho a la intimidad, a la propiedad, a la libertad religiosa); derechos políticos (derecho a elegir y ser elegidos); y, derechos económicos y sociales (derecho al trabajo, al descanso, a asistencia médica, a la educación).

De la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge el principio de «protección especial», que conjuntamente con el de «no discriminación» son la base del instrumento. Otras novedades de la Declaración es el principio del interés superior y la incorporación en su texto de un doble derecho civil: nombre y nacionalidad» Los derechos humanos son derechos que poseen todos los individuos, por el simple hecho de ser humanos, son inherentes a la naturaleza humana, por lo tanto prescinden de cualquier reconocimiento positivo, son derechos de la más alta jerarquía, que se los concede en forma igualitaria y autónoma, y se ejercen en relación con la sociedad, bajo la forma del Estado; se trata de un derecho natural, porque pertenece a la propia naturaleza humana.

El reconocimiento de estos derechos debe ser teórico y práctico a fin de que sea posible la convivencia humana, además, dicho reconocimiento es imprescindible para asegurar la estabilidad de un país. El reconocimiento de estos derechos se traduce en el respeto a la dignidad humana y por lo tanto se oponen a cualquier forma de instrumentalización del ser humano.

  • Reconoce al ser humano una dignidad inalienable que no puede reducirlo a objeto o instrumento para la consecución de otros fines.
  • A ese respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene una afirmación ontológica que reconoce a todo hombre como verdadero sujeto de derechos fundamentales inherentes, cuando en una de sus normas se refiere al hombre como un ser dotado de razón y conciencia, un ser libre e igual en dignidad y derechos, todos estos valores dicen relación con la dignidad intrínseca de todo ser humano.

A decir de Charles Taylor, «La mención del fundamento o base de los derechos humanos no puede nunca desligarse de la dignidad intrínseca e inalienable y de la libertad de la persona humana. Esto significa que todo sistema de derecho positivo que reconoce y garantiza los derechos humanos reposa finalmente en un fundamento ético, en creencias morales profundas acerca de la persona humana y de la dignidad y libertad que le son inherentes» El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos guarda conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales que buscan el ideal del ser humano y el respeto a sus libertades civiles y políticas, reconociendo la dignidad inherente a todo ser humano.

El derecho a la vida, como derecho fundamental, está protegido en este Pacto, únicamente permite la pena capital, en aquellos países que no la han abolido, cuando se trate de casos extremos, sin embargo se da la oportunidad al culpable de pedir amnistía, indulto o conmutación de la pena, protegiendo, una vez más, de este modo, el derecho a la vida.

Así mismo, por ningún motivo permite imponer pena de muerte al menor de dieciocho años, protegiendo así la vida de un ser vulnerable, con pocas posibilidades de defenderse por sí mismo. Pero debemos resaltar el texto referente a que no se aplicará pena de muerte a la mujer en «estado de gravidez», indiscutiblemente lo que se está defendiendo en este caso es el derecho a la vida del nasciturus, si muere la madre, seguramente morirá el hijo que lleva en su vientre, haciéndole pagar a este ser inocente, una culpa que no tiene; si la mujer no se encontrara en este estado no estaría excluida, por lo tanto no es, en este caso particular, la vida de la mujer lo que se está protegiendo, sino la vida de ese ser inocente e indefenso que no puede ni debe pagar las consecuencias de los actos cometidos por su madre.

  1. Ponemos alto relieve a la expresión que, «el derecho a la vida es inherente a la persona humana».
  2. Esto precisamente conlleva a concluir que este instrumento internacional se halla acorde a la mayoría de los tratados internacionales y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al igual que nuestra Constitución en su artículo 45 protege a la vida desde la concepción.

El Art.4.1, del Pacto de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969, manifiesta: «toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente»,

  • El texto legal que acabamos de transcribir utiliza el término «toda persona» y, recordemos que para efectos de la Convención, persona es todo ser humano.
  • Por tanto, los nasciturus se encuentran debidamente protegidos por el alcance de esta norma que obliga a todos los Estados partes.
  • El cumplimiento del Art.4 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el Derecho a la Vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción».

En el caso de que un Estado parte, en el texto constitucional, no garantice el derecho a la vida del no nacido, debe aplicar el principio pro ser humano, mismo que prevalece sobre cualquier otra norma jurídica. Y, el preámbulo de la Convención de Derechos del Niño, dice: » el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento».

Este interés primordial del Derecho Internacional por la protección de los derechos humanos nos confirma que este asunto no compete exclusivamente a cada uno de los Estados, sino que a nivel mundial estos derechos se encuentran amparados por los tratados, convenios, documentos, instrumentos internacionales que garantizan su protección y que establecen los procedimientos necesarios para castigar a aquellos que vulneren dichos derechos.

Además, la mayoría de las Constituciones de los Estados hacen referencia a los derechos humanos, derechos que abarcan, entre otros, el goce de las libertades y garantías individuales del ser humano. «Cerca de la mitad de los estados del mundo son signatarios de los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y el resto (incluido, en destacadísimo lugar, Estados Unidos) los han firmado pero no ratificado, o bien manifiestan de otro modo su aceptación y compromiso hacia estas normas»,

Los procedimientos para tomar decisiones pueden abarcar temas nacionales o también temas internacionales, pero la ejecución implica que se tomen decisiones internacionales obligatorias y que se adopten fuertes medidas de vigilancia mundial, para asegurar que cada nación cumpla con las normas internacionales.

Suele realizarse foros internacionales para coordinar las políticas que adoptará cada nación. Hemos realizado un breve análisis de algunos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, mismos que tienen una pretensión en común como lo es el reconocimiento, respeto y protección de los derechos inherentes a todo ser humano.

Los derechos humanos se encuentran presentes en las Cartas Magnas de los diferentes países, siendo éstos una pieza fundamental de la democracia. «Sin embargo, la valoración del reconocimiento práctico del sentido, que tienen hoy los derechos humanos, no permite soslayar el desfase existente entre su teoría y su práctica en la realidad, lo cual denota que queda un largo camino todavía por recorrer para llegar a cubrir el abismo que separa una de otra».

Es tarea de todos y todas, lograr que se cumpla este anhelo. Por todo lo expuesto, podemos concluir manifestando que todo atentando contra la vida y todo acto de privación de la vida constituyen actos no permitidos por la mayoría de Constituciones de los Estados, cuyas normativas protegen la vida en todas sus formas y en todos sus momentos, sin excepción alguna.

Frente a la jerarquía que tiene el derecho a la vida como valor supremo, los restantes derechos como son el derecho al honor, a la buena imagen, a la libre sexualidad, entre otros, se ubican en una jerarquía subalterna, lo que significa que no puede sacrificarse el valor supremo de la vida para proteger, en base de su negación, derechos secundarios.

Se ha confirmado que la vida comienza en el momento de la concepción, y por tanto el ser que está por nacer debe ser protegido en igualdad de condiciones que el nacido, pues la Constitución garantiza la igualdad ante la ley de todos y todas. Referencias bibliográficas: ANDORNO, R.

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¿Qué es el derecho a la vida de los niños?

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia.

¿Cuál es el deber del derecho a vivir en familia?

Vivir en familia es uno de tus derechos más importantes y todo niño, niña y adolescente lo tiene que hacer, salvo excepciones, con sus padres. Tu familia es el lugar en el que tu te sientes seguro, reconocido, querido y a veces reprendido. En ella están las personas que más te quieren, te ayudan

¿Qué es la identidad y 5 ejemplos?

Los factores que se llevan a cabo por elección – Se refiere a las creencias, los gustos, estudios, tus acciones y costumbres, etc. Por ejemplo, una persona puede definirse a sí misma como católica, con pasión por la biología o la química, vegetariana y amante de los animales. Todos estos elementos forman parte de su identidad.

¿Qué límites y alcances tiene el derecho a la vida?

La protección de la vida alcanza incluso hasta quienes no han adquirido la condición de persona humana. Aunque constitucionalmente el derecho a la vida tiene un gran peso, este no es de carácter absoluto y debe ser confrontado con los demás valores, principios y derechos de la Constitución.

¿Cómo se aplica en la vida diaria el valor de la libertad?

Libertad como valor – Que Obligaciones Me Impone El Derecho A La Vida La libertad forma parte de los valores humanos más importantes a proteger y asegurar. La libertad como valor implica la facultad que tienen las personas para decidir cómo actuar, qué hacer, qué decir o callar, incluso, para hacer el bien o el mal a partir del libre albedrío.

Por ello, desde el punto de vista filosófico, la libertad también se relaciona con los principios éticos y morales, ya que es inherente al ser humano y forma parte de otros tipos de valores. En este sentido, la libertad conlleva a respetar a los demás y a actuar de manera responsable. La libertad es un valor humano que debe ser protegido y garantizado para todas las personas por igual en cualquier lugar y, que a su vez, precisa de ser regulada para evitar limitar la libertad de otros.

La libertad nos permite actuar según nuestros principios, necesidades y forma de ser. Sin embargo, todos los seres humanos estamos sujetos a acatar diversas normas que han sido impuestas a fin de respetar la dignidad, privacidad y decisiones de otros, así como la sana convivencia.

¿Cuándo se viola el derecho a la integridad personal?

Amenazar a una persona con torturarla o privarla de su libertad. Negar información sobre el paradero de una persona desaparecida a sus familiares. Infringir lesiones físicas en el cuerpo de una persona. El estado de abandono o la miseria, etc.