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Derecho, Jurisprudencia, Información

Que Son Las Obligaciones Humanas?

Los derechos son las libertades y garantías de los ciudadanos. Estos derechos, generalmente, deben ser asegurados por el Estado. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que no existen derechos sin responsabilidades, y viceversa.

Derechos Obligaciones
Definición Son disposiciones que permiten que los ciudadanos tengan participación ciudadana, por medio de principios, derechos, libertades y garantías asegurados. Son las responsabilidades que tienen los ciudadanos con el Estado.
Tipos
  • Derechos humanos.
  • Derechos ciudadanos.
  • Deberes fundamentales.
  • Deberes ciudadanos.
Instrumentos legales
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • La constitución de cada país.
  • Orden jurídico.
  • La constitución de cada país.
Ejemplos
  1. Derecho a la vida.
  2. Derecho a la libertad de expresión.
  3. Derecho a la libre asociación.
  4. Derecho a la educación.
  5. Derecho a la salud.
  6. Derecho al voto.
  7. Derecho a la libre circulación.
  8. Derecho al trabajo.
  9. Derecho a la vivienda.
  10. Derecho a la propiedad privada.
  1. Defender la constitución y las leyes.
  2. Defender el territorio.
  3. Prestar servicio civil.
  4. Pagar impuestos.
  5. Trabajar
  6. Voto electoral.
  7. Proteger el patrimonio.
  8. Promover la paz.
  9. Participación activa en la comunidad.
  10. Cursar la educación básica.

¿Qué son las obligaciones humanas ejemplos?

Ejemplos de deberes – Algunos ejemplos de deberes son los siguientes:

  1. Cumplir con las obligaciones tributarias, o sea, pagar impuestos.
  2. Votar en las elecciones y referendos de importancia (en algunos países es un deber legal, en otros constituye más bien un deber de tipo moral ).
  3. Respetar las leyes de tránsito al conducir.
  4. Respetar los derechos fundamentales de los demás ciudadanos sin distinción alguna.
  5. Servir como jurado en un procedimiento legal si el Estado así lo solicita.
  6. Decir la verdad siempre que prestemos juramento.
  7. Realizar el servicio militar obligatorio (en los países en que existe).
  8. Desempeñar de manera ética y responsable la profesión escogida.
  9. Respetar las libertades ajenas y la propiedad ajena.
  10. Responder por los propios hijos o descendientes ante el Estado y ante los demás.
  11. Honrar lo acordado en un contrato verbal o escrito.
  12. Respetar el secreto profesional o confesional a menos que la vida de alguien corra peligro.
  13. Defender la patria en caso de conflicto bélico.
  14. Colaborar con el esclarecimiento de un crimen.
  15. Proteger al inocente y denunciar al culpable.
  16. Ceder el paso a los peatones al conducir.
  17. Pagar las deudas contraídas legalmente.
  18. Cumplir con la palabra empeñada.
  19. Declarar información fiscal fidedigna.
  20. Rebelarse contra un gobierno injusto y restablecer el imperio de la ley.

¿Cuáles son las obligaciones de los derechos humanos?

Respetar, abstenerse de interferir en el disfrute del derecho. Proteger, impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho. Realizar, adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho de los derechos económicos, sociales y culturales.

¿Qué obligaciones tienen las personas?

Contribuir a los gastos públicos, en la forma prescrita por la ley; Obedecer las leyes; Guardar el debido respeto a las autoridades; y. Prestar servicio militar y social, de acuerdo con la ley.

¿Qué son los deberes y obligaciones?

Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen las libertades y garantías de los individuos. Los deberes son las obligaciones que las personas deben cumplir en el ejercicio de sus derechos. Los derechos y los deberes procuran la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos.

Derechos Deberes
Definición Disposiciones y mecanismos legales para proteger las libertades individuales y promover las garantías de los ciudadanos de un país. Compromisos adquiridos por los ciudadanos.
Órganos de los cuales dependen

La Organización de Naciones Unidas. El Estado.

El Estado, a través de sus instituciones legales.
Instrumentos legales

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La constitución y sus leyes derivadas. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre.

La constitución y sus leyes derivadas. Declaración americana de los derechos y deberes del hombre.

Tipos

Derechos humanos. Derechos ciudadanos.

Morales. Jurídicos. Sociales y cívicos.

Ejemplos

Derecho a la vida. Derecho a la identidad. Derecho al libre tránsito. Derecho a la salud gratuita. Derecho al trabajo.

Convivir respetando los derechos ajenos. Deber de participación electoral. Prestar defensa civil o militar en caso de necesidad. Trabajar para obtener los recursos necesarios.

¿Cuáles son las obligaciones sociales?

Obligación o responsabilidad social Es muy satisfactorio que en nuestro país se hable cada vez con mayor frecuencia de Responsabilidad Social Empresarial. Ojalá no se trate de una moda o de una frase de esas que se repiten porque todo el mundo lo hace y corresponda a un sentimiento arraigado en lo más profundo de las organizaciones.

  • Sería también deseable que todos entendamos lo mismo, ya que con frecuencia se confunden las Obligaciones Sociales con la Responsabilidad Social.
  • Las Obligaciones Sociales son aquellas acciones que las empresas deben realizar porque constituyen una imposición de tipo legal o porque obedecen a una obligación moral.

Las primeras incluyen el bienestar de los trabajadores, su remuneración justa, un entorno de trabajo adecuado, bienestar social y familiar y naturalmente el pago oportuno y adecuado de contribuciones e impuestos. Al segundo grupo pertenece todo lo concerniente al trato responsable del ambiente y a las relaciones adecuadas con la comunidad.

  • La Responsabilidad Social, por el contrario, es todo lo que va más allá de las obligaciones.
  • Es aquello que la empresa emprende por iniciativa propia, porque se siente comprometida con la sociedad, con el país, con el entorno y con las generaciones futuras; porque entiende que lograr una sociedad mejor es tarea de todos y no únicamente de los Estados o del sector público.

Si se concibe la responsabilidad social en esta dimensión, necesariamente está relacionada con el medio ambiente, con los niños actuales y los que están por venir y con la educación y la salud que van a tener estos ciudadanos del mañana. Es el deber que tenemos los actuales pobladores del planeta de garantizar que la vida continuará siendo posible y grata en el futuro.

  1. Sin agua y sin aire la vida no es posible, como es imposible la salud, si agua y aire son de mala calidad.
  2. Por eso, en la medida en que las condiciones medioambientales se deterioran, el bienestar de los pobladores del planeta se vuelve más difícil y comienza incluso a ponerse en peligro la supervivencia de algunas especies, lo que podría llegar a suceder también con los seres humanos.

Una empresa que proclama estar haciendo un gran esfuerzo para producir el «menor» impacto ambiental posible, apenas se está acercando a cumplir con su obligación mínima, que es devolver un bien en las mismas condiciones en que se ha recibido. Se podría decir que esta visión es exagerada y que haría imposible el progreso, ya que lograr cero impacto puede ser una quimera inalcanzable.

Sin embargo, hay muchos ejemplos, incluso en nuestro medio, que estimulan a seguir buscando caminos para lograrlo. Además, las empresas tienen también la posibilidad de emprender acciones que produzcan mejorías para compensar el impacto negativo, de manera que el efecto final para el equilibrio medioambiental sea nulo.

Una vez alcanzado ese nivel ya se podrá decir que las acciones que se emprendan de allí en adelante sí son de Responsabilidad Social, puesto que luego de ejecutadas el ambiente será no solo igual, sino mejor que antes. Ejemplos de este tipo de acciones son la recuperación de fuentes de agua, la siembra de árboles o el fomento de la biodiversidad.

Sería injusto afirmar que esta responsabilidad con el futuro es solo de las empresas y del sector industrial. Todos los 6.000 millones de habitantes de este planeta también tenemos esta obligación social pues en nuestra vida diaria ocasionamos un daño a los recursos naturales, tanto a nivel urbano como rural, que tiene dimensiones catastróficas.

Por eso es imperativo emprender campañas educativas masivas para lograr que individuos y comunidades entiendan su obligación y la magnitud del problema para que se comprometan de manera inmediata con esta tarea. Cuando el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, la tala implacable de los bosques y la contaminación del aire y del agua están ya en límites muy peligrosos, la obligación radica en impedir que el deterioro continúe y la responsabilidad en lograr que las condiciones actuales mejoren, para que podamos entregar a las generaciones futuras un planeta que por lo menos se acerque al que nosotros recibimos.

¿Qué pasa si no cumplimos con nuestras obligaciones?

Al incumplir con nuestros deberes, alteramos la convivencia de nuestra comunidad. Cuando esto pasa, generalmente se aplican las normas correctivas. Observa algunos ejemplos. Cuando incumplimos las normas o los deberes de la casa, nuestros padres nos llamarán la atención por nuestros errores.

¿Cuáles son los 4 principios fundamentales de los derechos humanos?

Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

¿Qué obligaciones y responsabilidades tenemos como ciudadanos?

PREGUNTA DE FOCO: ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y no ciudadanos de Estados Unidos – Información del Departamento de Seguridad Nacional (dominio público):

Derechos de Ciudadanía Responsabilidades de la Ciudadanía
  • Libertad para expresarse.
  • Libertad para adorar como desees.
  • Derecho a un juicio rápido y justo por jurado.
  • Derecho al voto en las elecciones para los funcionarios públicos.
  • Derecho a postularse para cargos electos.
  • Libertad para perseguir «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad».
  • Apoyar y defender la Constitución.
  • Mantente informado de los problemas que afectan a tu comunidad.
  • Participar en el proceso democrático.
  • Respetar y obedecer las leyes federales, estatales y locales.
  • Respetar los derechos, opiniones y creencias de los demás.
  • Participa en tu comunidad local.
  • Pagar los ingresos y otros impuestos honestamente, a tiempo, a las autoridades federales, estatales y locales.
  • Servir en jurado cuando se le solicite.
  • Defiende al país si surge la necesidad.

La Carta de Derechos (las primeras 10 enmiendas de la Constitución) establece los derechos (protecciones bajo la ley) de los estadounidenses. Pero esos derechos vienen con responsabilidades (obligaciones que se espera que cumplan los ciudadanos), como pagar impuestos, formar parte de un jurado cuando se le convoque, defender al país y participar en el proceso democrático.

El ejercicio de los derechos propios y el cumplimiento de las propias responsabilidades son las características de la ciudadanía activa y comprometida en este país. Los no ciudadanos también tienen derechos y responsabilidades como miembros de la sociedad estadounidense, pero sus situaciones se complican por reglas legales y presiones políticas.

¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos y de los no ciudadanos? Los módulos de esta norma exploran esa pregunta delineando derechos y responsabilidades específicos, examinando el internamiento de japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial y considerando si Fred Korematsu u otras personas que lucharon por los derechos civiles y las libertades civiles deberían tener un día nacional de reconocimiento.

¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los ciudadanos?

DERECHO PROCESAL DEBERES Y DERECHOS PROCESALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO * Mabel Londoño Jaramillo ** Resumen El proceso jurisdiccional desde el Estado social de derecho adquiere una nueva perspectiva, toda vez que debe orientarse hacia la consecución de los fines que traza la Constitución, de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

  1. Ello implica un cambio en los paradigmas que están en los imaginarios de los operadores del foro, tanto el juez, como las partes y sus apoderados.
  2. Si se espera del juez una decisión que permee el tejido social al requerírsele no sólo solucionar los conflictos jurídicos, sino, al mismo tiempo, vigilar el respeto de los derechos fundamentales, en un mismo sistema de procesamiento, a su vez, se espera de las partes y sus apoderados, el cumplimento de los deberes y las obligaciones, entre ellos, el de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, y la apropiación de una conducta ética y moral que responda a las directrices demarcadas por los principios de buena fe y lealtad procesal.

Palabras clave Juez, partes, deber, derecho, conducta, moralidad. Abstract The jurisdictional process from the social State of Law acquires a new perspective for it has to orientate itself towards obtaining the goals set by the Constitution in order to ensure the pacific coexistence and the validity of a just order.

  • That implies a change in the paradigms that are in the imaginaries of the forum operators: the judge as well as the parties and their attorneys.
  • If the judge is expected to bring forth a decision that would permeate the social texture by demanding upon him not only to solve the juridical conflicts but also to watch over the respect towards the fundamental rights, it is also expected from the parties and their attorneys to comply with the duties and obligations, such as collaborating with the correct performance of the justice administration and adopting an ethical and moral behavior that would correspond to the directories that are marked by their principles of good faith and procedural loyalty.

Key words Judge, parties, law, behaviors, morality INTRODUCCIÓN En Colombia la renovación constitucional que se operó en 1991 fue de gran magnitud, porque, además de introducir cambios orgánicos en la Rama Jurisdiccional, consagró una serie de valores, principios, derechos y acciones, que obligaron a la dogmática procesal nacional a repensar sus instituciones.

Estos parámetros filosófico-políticos reclamaron una nueva hermenéutica, en comparación con las concepciones que la Carta Constitucional de 1886 señalaba acerca del Estado y de la administración de justicia, toda vez que la entrante estructura normativa condujo a la superación del positivismo formalista, poniendo de presente una nueva orientación deontológica, que ubica al hombre en un lugar privilegiado en aras de su dignificación, y al juez le otorga un papel protagónico en el andamiaje estatal, como garante de los derechos fundamentales y comprometido con la justicia, la verdad y la paz.

Así nace en Colombia el Estado social de derecho, en el cual las necesidades básicas insatisfechas, tanto económicas como sociales, reclaman una intervención activa del Estado, al señalar los mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan la realización material de esos derechos.

Esta nueva forma de Estado tiene clarísimos fines y deberes frente a la comunidad; por ello requiere de un poder ejecutivo que dirija políticamente de manera decidida, oportuna y legal las actividades sociales y económicas; de un Congreso que adopte las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo 1, y especialmente, de un poder jurisdiccional que brinde garantía y seguridad a todas las personas de que la administración de justicia se imparte en forma eficiente, efectiva y eficaz.

La administración de justicia, en un Estado social que se autoproclama garantista y constitucional, debe ser fortalecida, tener la mejor logística y capacitación de su personal 2, para entregar unos resultados que permeen el tejido social. Administrar justicia en esta forma de Estado requiere solucionar los conflictos jurídicos o pretensiones particulares, efectivamente, vigilando al mismo tiempo el respeto por los derechos fundamentales (dentro de los cuales se encuentra el debido proceso, art.29 C.P.) y las garantías protegidas constitucionalmente, y asegurando condiciones aptas para la existencia digna de la población, sin las cuales acabarían siendo desconocidos los principios de dignidad humana y de solidaridad.

Pero este garantismo también implica para los asociados responsabilidades y deberes, esto es, una acción de reciprocidad 3, como, por ejemplo, el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia 4, Esta colaboración consiste en la correcta disposición, el buen actuar y la apropiación de una conducta ética y moral – en observancia de los principios de buena fe y lealtad procesal- que se espera de todo aquel que se acerca a la administración de justicia a resolver una controversia jurídica.1.

SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO La Constitución Política de 1991 declara en su artículo primero, como una de las grandes transformaciones de nuestra organización política que la pone a tono con las tendencias del derecho constitucional contemporáneo, que ‘Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general’.

La idea de Estado social de derecho se remonta al año de 1850 cuando Lorenz Von Stein, apuntalado en Hegel, fundamenta el concepto que en la década de los veinte acuña Herman Heller y se constitucionaliza por primera vez en la Constitución del Estado alemán, llamada Constitución de Weimar 5, Esta Carta propone numerosos compromisos materiales denominados en su momento derechos sociales destinados a mejorar las condiciones de vida del pueblo.

El Estado social de derecho ‘Históricamente se propone como un intento de adaptación del Estado tradicional a las condiciones sociales generadas por la civilización industrial y postindustrial. La política social sectorizada se transforma en política social generalizada.

  1. Estado y sociedad se plantean no como sistemas autónomos y autorregulados sino como sistemas interrelacionados, creándose lo que los norteamericanos llaman ‘complejo público-privado’, en el cual muchas de las funciones estatales se llevan a cabo por entidades privadas’ 6,
  2. Nuestra Corte Constitucional 7 ha afirmado que el Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección.

Por ello, se exige a las autoridades esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. Plantea Beatriz Quintero que el fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad 8,

En este sentido, se comprende la abundancia de derechos consagrados por nuestra Carta Constitucional en protección del grupo social en el Título II ‘De los derechos, las garantías y los deberes’, en donde se observa la complementación de los derechos fundamentales, con los de contenido económico, social y cultural (Capítulo II, artículos 42 al 77) y con los derechos colectivos y del ambiente (Capítulo III, artículos 78 al 82).

En síntesis, el cometido de la cláusula social, como guía de la acción estatal, es que todos los ciudadanos puedan gozar en condiciones de igualdad de una libertad efectiva, es decir, erige como meta la reducción de la desigualdad social 9, La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica es descrita esquemáticamente desde el punto de vista cuantitativo, bajo el tema del Estado bienestar, y cualitativo, bajo el tema de Estado constitucional democrático 10,

Aunque la complementariedad entre ambos conceptos es evidente, cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Explica la Corte Constitucional 11 que el Estado bienestar surgió a principios del siglo XX en Europa como respuesta a las demandas sociales que reclamaban la transformación del reducido Estado liberal, en un complejo aparato político-administrativo jalonador de toda la dinámica social.

Desde este punto de vista, el Estado social de derecho puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad.

A su vez, el Estado constitucional democrático 12 fue la respuesta jurídico-política a la actividad intervencionista del Estado, fundamentada en nuevos valores y derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y manifestada institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y, sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política 13,

Esta forma de Estado ‘social y constitucional’, que se funda en la dignidad del hombre y en la prevalencia del interés general, cuyo compromiso es la sociedad, que erige como núcleo a la persona humana, pero no en su concepción individual, sino como miembro activo de una sociedad plural ha producido en el Derecho no sólo una transformación cuantitativa debida al aumento de la creación jurídica, sino también un cambio cualitativo, debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el Derecho, cuyo concepto clave resume la Corte Constitucional en los siguientes términos: ‘pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos’ 14,

Estas características tienen una relevancia especial en el campo del Derecho constitucional, toda vez que la norma constitucional adquiere fuerza normativa, y debido a la generalidad de sus textos 15 y a la consagración que allí se hace de las directrices básicas de la organización política, reclama una nueva hermenéutica; lo que evidencia la enorme importancia que cobra el juez de instancia, ya que actúa no solo como juez de legalidad sino como juez de constitucionalidad en todos los procesos jurisdiccionales, y en este nuevo rol debe aplicar correctamente la ley y los principios constitucionales, estableciendo un diálogo permanente entre los valores, los fines y las garantías de la Carta Política con los hechos concretos que juzga 16,

Observa Beatriz Quintero que ‘el concepto de Estado de derecho encuentra igualmente relevancia en la política procesal como pauta de preeminencia jurídica y de justicia en las instituciones y de seguridad jurídica mediante el principio de legalidad: toda actuación del Estado debe ir precedida de una ley que le dé fundamento y cualquier intromisión del poder estatal en la órbita privada debe ser ejercida dentro de la competencia definida por la Constitución y la ley.

Pero, además, en esa pauta que le corresponde al Estado de derecho, como búsqueda que no se queda en la ley sino que avanza siempre hacia la justicia, es en donde se ofrecen fuentes insospechadas para la creación del derecho como realismo jurídico, como esa que logren y deban hacer los jueces en su tarea interpretativa e integradora’ 17,

El aumento de la complejidad fáctica y jurídica en el Estado contemporáneo ha traído como consecuencia un agotamiento de la capacidad reguladora de la ley (pérdida de su tradicional posición predominante 18 ), y consecuencialmente, la adquisición de una importancia excepcional de los principios y las decisiones jurisdiccionales, antes considerados como secundarios dentro del sistema normativo.

Esta redistribución se explica por dos razones: por razones formales, ya que al no ser factible para el Derecho la previsión de todas las soluciones posibles a través de los textos legales, necesita de criterios finalistas (principios) y de instrumentos de solución concreta (sentencias) para obtener una mejor comunicación con la sociedad; por razones sustanciales, toda vez que el nuevo papel del juez en el Estado social de derecho es la consecuencia directa de la enérgica pretensión de validez y efectividad de los contenidos materiales de la Constitución, claramente señalada en el artículo 228, que reza: ‘La administración de justicia es función pública.

Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.

  • Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo’,
  • En esta dinámica, la filosofía del Estado social es adversa al laissez faire, laissez passer, debido a que instituye el proceso como un proceso público, en razón del fin público que el mismo persigue, cual es la justa solución de los conflictos para alcanzar la paz social.

A su vez, traza claros poderes directivos al juez en el ejercicio de su función pública, al concebirlo como protagonista del proceso y no como un simple convidado de piedra o un juez espectador1 19, En el Estado constitucional se hace necesario el fortalecimiento del poder jurisdiccional, dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa del orden institucional.

En estas condiciones, la idea de control jurisdiccional aparece como la clave funcional para evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del Derecho a la realidad social, como quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración ‘la realidad viviente de los litigios’ 20,

El control ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo, resulta siendo la fórmula para la mejor relación seguridad jurídicajusticia: ‘ (.) el juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general.

El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas- con la ley y con los hechos, hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de Derecho’ 21,

Consecuente con lo expuesto, Beatriz Quintero enseña: ‘Desde la concepción de una república pluralista, que está ya irradiando normativamente flexibilidad, la idea de Estado de derecho significa un é nfasis adicional en la exigencia de ductilidad jurídica precisamente porque solo de este modo puede buscarse la justicia.

La seguridad jurídica exige rigidez pero la justicia reclama ductilidad. Y es esa tensionante encrucijada la que ostenta el régimen jurídico moderno como revolución copernicana del concepto de Derecho que está exigiendo uno y otro valor: seguridad jurídica para la decisión justa’ 22, Como lo anotaba en renglones anteriores, nuestra Constitución recoge ampliamente los postulados normativos del Estado social de derecho.

El artículo 1° constitucional, ampliado y respaldado a través de todo el texto legal, vislumbra tres postulados 23 : a) El Estado es definido a través de sus caracteres esenciales. Entre estos caracteres y el Estado la relación es ontológica: El Estado colombiano es tal, en tanto sus elementos esenciales están presentes; no se trata de cualidades, capacidades o dotes del Estado, sino de su propia naturaleza, de su propio ser.

B) Los caracteres esenciales del Estado tienen que ver no solo con la organización entre poderes y la producción y aplicación del Derecho, sino también y de manera especial, con el compromiso por la defensa de contenidos jurídicos materiales. c) El sentido y alcance del artículo primero no puede ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación reducida al análisis de su texto.

Cada una de las palabras del artículo posee una enorme carga semántica, la cual, a través de la historia del constitucionalismo occidental, se ha ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen coherente y razonable.

Una interpretación que se aparte del contexto nacional e internacional en el cual han tenido formación los conceptos del artículo primero puede dar lugar a soluciones amañadas y contradictorias. No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva estatal, se deben desentrañar las implicaciones de los deberes constitucionales para las partes en el proceso jurisdiccional.2. SOBRE LOS DEBERES PROCESALES Como lo que me ocupa en esta instancia es el análisis de los deberes procesales en el Estado social de derecho, se precisa un ahondamiento en el artículo 95 constitucional, que estructura un catálogo de deberes correlativos a los derechos y a las libertades que se consagran y garantizan 24,

Esta fórmula política parte de la premisa de un hombre solidario y no del hombre ególatra, promotor exclusivo de su bienestar. Ahora bien, tampoco se trata de un catálogo de deberes que legitime a la autoridad pública, para que a cualquier título suprima el ejercicio de los derechos. Del fundamento axiológico de la Carta, evidente en su parte dogmática y claramente identificado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que no se puede imponer al ciudadano un deber en nombre de conceptos abstractos o de entelequias políticas.

Sólo la defensa y la protección de los derechos fundamentales, propios y ajenos, puede legitimar la imposición de deberes u obligaciones a cargo del particular, pues el Estado social de derecho busca la eficacia de los derechos fundamentales, no sólo a través de la acción estatal, sino a partir de la solidaridad social 25,

Esta es, en esencia, la fundamentación del catálogo de deberes del artículo 95, que dispone: ‘La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2) Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3) Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales; 4) Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6) Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8) Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, y, 9) Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad’.

La Corte Constitucional 26 ha expresado que los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal. Es por esto que las restricciones a la libertad general sólo pueden estar motivadas por fundadas razones que determine el legislador.

En este sentido, los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al legislador para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el constituyente 27, Me interesa particularizar en el numeral 7° del artículo 95, que constitucionaliza como deber de la persona y del ciudadano el de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia.

En la sentencia C-1512 de 2000 28, la Corte Constitucional con miras a establecer una diferencia entre los conceptos de deber, obligación y carga procesal, cita un análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. En dicha providencia, se determina que son deberes procesales aquellos imperativos estatuidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al juez (artículo 37 C.

de P.C.), otras a las partes y sus apoderados, y aun a los terceros (artículo 71 C. de P.C.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (artículo 39, 72 y 73 C. de P.C., Decreto 196 de 1971 y Ley 1123 de 2007).

  1. Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público y orden público, y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, en términos del artículo 6° del Código 29,
  2. Según lo expone Beatriz Quintero 30, el deber coincide con la posición de aquel a quien la norma impone una conducta a la cual vincula, en caso de inobservancia, una sanción.

En el mismo sentido, Hernando Devis Echandía 31, reconoce que también surgen del proceso verdaderos deberes procesales, a cargo de las partes y de sus apoderados los cuales implican un comportamiento exigible durante todo el desenvolvimiento del proceso, cuyo cumplimiento puede hacerse efectivo mediante coacción (multas y arresto) o por la fuerza (intervención de la policía para conducir a una persona ante el juez o para allanar una casa y entrar a ella) y cuyo incumplimiento puede acarrear la condena a indemnizar perjuicios a las otras partes.

El Código de procedimiento civil, en su artículo 71, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 27, impone a las partes y sus apoderados, unos determinados deberes, algunos de los cuales pueden considerarse verdaderas cargas 32, según se verá más adelante, que deberán asumir en la defensa de sus derechos ante la jurisdicción.

Veamos: • Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, y obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales 33 (num.1° y 2°). Es evidente que el legislador ha impuesto a las partes y a sus apoderados el deber de observar una conducta que excluya la mala fe y la temeridad, circunstancias éstas que el artículo 74, ibídem, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 30, presume cuando se asumen las siguientes conductas 34 : 1) La manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a é ste; 2) La alegación consciente de hechos contrarios a la realidad 35 ; 3) La utilización del proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a éste o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 4) La obstrucción de la práctica de pruebas 36, y 5) La utilización de cualquier otro medio para entorpecer reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

Consecuente con su deseo de evitar el acaecimiento de las anteriores conductas, el legislador, a su vez, impuso al juez el deber de prevenir, remediar y sancionar por los medios consagrados en el Código de procedimiento civil, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, la lealtad, la probidad y la buena fe que deben observarse en el proceso, al igual que toda tentativa de fraude procesal (art.37 num.3°).

Para ejemplificar lo expresado, el artículo 38, ibídem, en su numeral 2°, contempla dentro de los poderes de ordenación e instrucción del juez, la posibilidad de rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.

Adicionalmente, se consagra como una de las causales del recurso extraordinario de revisión (art.380 num.6°), la existencia de colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, siempre que se hayan causado perjuicios al recurrente. En este punto se hace necesario establecer un paréntesis para dar una breve explicación de los poderes jurisdiccionales, entendidos como los elementos de que dispone el juez en el proceso para el cumplimiento de su función jurisdiccional, y primordialmente, para la emisión de la sentencia que decide con criterios de justicia el conflicto sometido por las partes.

Los expositores de Derecho romanocanónico de la Edad Media 37 erigieron como postulados ínsitos en el poder jurisdiccional, los siguientes: gnotio (poder del juez de formar su convicción con el material de conocimiento que le suministraban las partes o que él mismo, mediante las llamadas diligencias para mejor proveer incorporaba al proceso); vocatio (poder de compeler al justiciable para que compareciera ante el juez, entendido también como poder de llamamiento); coercitio (poder de castigar con sanciones a quienes incumplían sus mandatos o le faltaban al respeto); iudicium (poder de sentenciar declarando el derecho que correspondía), y executio o imperium (poder del juez de hacer cumplir la sentencia).

  1. La doctrina moderna estudia los poderes de la jurisdicción como los que ésta tiene a su servicio para el cumplimiento de sus fines, y en este sentido son enlistados por Clemente A.
  2. Díaz 38, como el poder de decisión, el poder de ejecución, el poder de coerción y el poder de instrumentación.
  3. A grandes rasgos, suministro una explicación: el de decisión consiste en el poder de sentenciar (art.302 y ss C.

de P. C); el de ejecución, representa el poder que tiene el juez de producir actos coactivos tendientes a la realización práctica del interés tutelado en la sentencia o providencia 39 (art.334 y ss C. de P.C.); el de instrumentación (art.115 y ss del C.

de P.C.), conocido también como de documentación, implica el poder de dar categoría de instrumento auténtico a las actuaciones procesales en que interviene el juez y en la potestad material de conservar y custodiar el conjunto de esos instrumentos en su despacho 40, El poder de coerción, que es el que está siendo objeto de desarrollo en el presente artículo, consiste en la potestad disciplinaria que tiene el juez, de imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen o perjudiquen el proceso en su desenvolvimiento, incumplan las ó rdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

En este sentido, el juez por autorización expresa del legislador, puede imponer multas, sancionar con pena de arresto, ordenar la devolución de escritos irrespetuosos y expulsar de las audiencias y las diligencias a quienes perturben su curso (temática que será desarrollada a continuación).

A estos poderes, le sumo el de instrucción o investigación, que autoriza al juez para que decrete las pruebas de oficio que considere útiles, tendientes a la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes 41 (art.179 y 180 C. de P.C.). • Otro deber, señalado por el artículo 71, ibídem, es el de abstenerse de usar expresiones injuriosas en los escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia.

El respeto al órgano judicial impone la necesidad, frente a elementales exigencias de orden, que toda actuación se cumpla dentro de un marco de respeto y compostura, de allí que la trasgresión a este deber sea sancionada por el juez en uso de sus poderes disciplinarios (artículo 39 C.

De P.C.). Así, podrá sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas 42 (num.2°); ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros 43 (num.3°), y expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso (num.4°).

Ha de aclararse que el juez para ordenar el arresto debe garantizar al sancionado el debido proceso y, en este sentido, el legislador ha previsto que para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, con prueba testimonial o con copia del escrito respectivo, exigiendo la expedición de una resolución motivada que deberá notificarse personalmente, y frente a la cual procede el recurso de reposición.

Continuando con el listado de deberes consagrados para las partes y sus apoderados en el artículo 71, encontramos: • Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones personales, en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior (num.4°).

Esta situación tipifica más que un deber, una carga procesal, toda vez que la parte con su inactividad o la de su apoderado, perjudica sus propios reclamos, debido a que no podrá enterarse de los sucesos procesales oportunamente para ejercitar su derecho de defensa o contradicción.

  • Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y las diligencias (num.5°).
  • Frente a este deber, quiero aclarar que las sanciones son variadas dependiendo de la audiencia o de la diligencia de que se trate, v.
  • Gr., en el caso de la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio, contemplada en el artículo 101 del Código de procedimiento civil, tanto a la parte como al apoderado citados que no concurran, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos legales mensuales, salvo que se haya justificado la inasistencia debidamente.

Lo anterior, sin perjuicio de considerar la inconducta como un indicio grave en contra de las pretensiones del demandante o de las excepciones de mérito o fondo del demandado, según sea el caso. Se observa que de la inconducta procesal se originan diferentes consecuencias: una es la sanción disciplinaria consistente en la multa que puede imponer el juez, y otra, es la derivación en la sentencia del respectivo indicio por conducta omisiva y que puede incidir en la causa fáctica pretensional.

• Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo mensual (num.7°). • Para los apoderados se regulan deberes dirigidos a salvaguardar la lealtad procesal que deben tener con sus representados, a saber: comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de parte, careo, reconocimiento de documentos, inspección judicial o exhibición, y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder (num.8°).

Esta consagración de deberes requiere, para asegurar su efectividad, la determinación paralela de las respectivas consecuencias derivadas de su incumplimiento; así, el artículo 72 del Código de procedimiento civil, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 28, contempla la responsabilidad patrimonial de las partes y de los terceros intervinientes, por sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, cuando causan perjuicios a la otra parte o a terceros intervinientes, y obra prueba de tal actuación.

  1. Esta sanción es impuesta por el juez, sin perjuicio de la condena en costas 44,
  2. En el mismo sentido, el artículo 73, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 29, establece la responsabilidad patrimonial de los apoderados que actúen con temeridad o mala fe, ordenando la imposición de la condena de que trata el artículo 72 y la de pagar las costas del proceso, incidente, trámite especial que lo sustituya, o recurso.

Aclara la norma que dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe, posibilitando la imposición a cada uno, de multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales. Copia de lo pertinente se remitirá a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura respectivo, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional 45,

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 22 de la ley 446 de 1998, establece la posibilidad que tiene el juez de imponer al abogado multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, en los siguientes eventos: 1) Cuando utilice el proceso, recurso, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste, para fines ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 2) Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas, y 3) Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal del proceso.

• Finalmente, se establece como deber de las partes y sus apoderados el de prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra (num.6°, art.71). Se observa en esta norma que el deseo del legislador es imputar al sujeto una responsabilidad que trascienda al conflicto jurídico planteado, y no una responsabilidad meramente procesal o patrimonial, pues a tal actuar se le atribuye el poder de desvirtuar los elementos axiológicos de la pretensión o de la excepción de mérito, al derivarse el respectivo indicio conductual 46,

  • Y en este sentido, es consecuente el artículo 249 del Código de procedimiento civil, al disponer: ‘El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes’.
  • Pero al igual que el legislador consagró deberes para los justiciables, dispuso deberes a cargo del juez, en aras de la eficacia de la administración de justicia.

Esto último juega un papel central para viabilizar la efectividad de los derechos fundamentales consagrados por nuestro Estado social de derecho, que a su vez impone a sus servidores el ineludible compromiso de servirle a él y a la comunidad 47, El artículo 37 del Código de procedimiento civil, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 13, contempla los deberes del juez.

A continuación se enuncian los principales: Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran (num.1°); hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que el Código le otorga (num.2°); prevenir, remediar y sancionar por los medios consagrados en el Código, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal (num.3°); emplear los poderes concedidos por el legislador en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente, para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias (num.4°); guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta (num.5°); dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas (num.6°), y decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal (num.8°).

Para facilitarle el cumplimiento de los deberes, el estatuto procesal dotó al juez de los poderes de ordenación e instrucción y disciplinarios; y, a su vez, el legislador definió responsabilidades correlativas al incumplimiento de los deberes impuestos, o del inadecuado uso de los poderes, que podrán ser de naturaleza penal, disciplinaria, civil o patrimonial 48, según la clase de la falta cometida.

El artículo 38 del Código de procedimiento civil consagra los poderes de ordenación e instrucción, aunque se aclara que es preferible la utilización del primer término, por considerar que la instrucción es otro poder independiente que nada tiene que ver con la regulación que se trae. Veamos: Son poderes de ordenación del juez: 1.

Resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza; 2. Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta (lo que se hace necesario para contrarrestar las conductas temerarios o de mala fe de las partes o sus apoderados), y 3.

Los demás que el código consagre. A su vez, el artículo 39, ibídem, contempló los poderes disciplinarios del juez, más propiamente entendidos como poderes de coerción. Como algunos de ellos ya fueron referenciados anteriormente, hago sólo alusión a los que están pendientes: 1. Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

Estas multas se impondrán mediante resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular; deberá ser notificada personalmente y contra ella procederá el recurso de reposición. Una vez ejecutoriada, si el valor que en ella se indica no es consignado por el sancionado dentro de los diez días siguientes, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día, sin exceder de veinte días (num.1°).2.

Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados, para rendir declaración o atender cualquiera otra citación que el juez les haga (num.5°). Esta disposición es importante, por ejemplo, para hacer efectiva la comparecencia de testigos, o incluso de las partes, ante el juez para la práctica de las respectivas diligencias probatorias.

CONCLUSIONES La nueva dialéctica del proceso jurisdiccional necesariamente repercute en la forma de ver y practicar el derecho; urgen medidas tendientes al restablecimiento de la acción comunicativa de los sujetos procesales, juez, partes y apoderados, pues no se concibe que permanezcan acantonados en sus respectivos roles, en defensa de sus propios intereses, olvidando lo que finalmente los ha unido en el foro y que es lo verdaderamente importante: la solución justa del conflicto jurídico.

  • El eficiente desenvolvimiento del debido proceso implica la acción conjunta de todos los sujetos vinculados.
  • De un lado se requiere de jueces técnicos, que dominen el sistema de fuentes que permea la solución del caso concreto que les ha sido sometido, jueces comprometidos con el servicio público de administrar justicia; de otro lado, se requiere la presencia de partes que estén dispuestas a aceptar con gallardía y decoro la decisión que tome el juez, no obstante que no represente la victoria de sus reclamaciones; y finalmente, apoderados judiciales que respeten las reglas de la deontología profesional, toda vez que la función del abogado en el proceso supone una nueva dinámica del ejercicio del derecho, ya no basada en actividades guiadas al convencimiento del juez a toda costa, para ver materializados los intereses de sus clientes, sino en un fortalecimiento del principio de moralidad procesal, que desarrolla la lealtad, la buena fe y la conducta debida.

Bajo este esquema, el aforismo no será que gane el mejor, sino que gane quien verdaderamente tenga la razón y el Derecho de su lado. El opulente discurso que se maneja acerca del respeto de los derechos y garantías constitucionales, de los nuevos roles del juez en el Estado social de derecho y de la reivindicación del principio de moralidad en aras de un sano debate procesal, hay que materializarlo, hacerlo una realidad palpitante, y es hacia esa vía que tenemos que dirigir no solamente nuestro interés discursivo, sino pragmático; de lo contrario, las concesiones del sistema jurídico-político se quedarían en buenas intenciones y estaríamos condenados a asistir al derrumbe de un modelo constitucional que apenas comienza a hacer mella e nuestros imaginarios.

  1. Bibliografía referenciada 1.
  2. CARNELUTTI, Francesco.
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  4. Traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín.
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  1. ARTÍCULOS: 9.
  2. QUINTERO DE PRIETO, Beatriz.
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  4. En: Revista Temas Procesales, No.21, octubre de 1997.
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Los indicios conductuales en el proceso civil. En: Revista Opinión Jurídica, Vol.5, No.10. Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín, 2006.p.153-154. SENTENCIAS: 12. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-095 de enero 31 de 2001, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández; Sentencia C-1512 de noviembre 8 de 2000, Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis; Sentencia T-554 de agosto 2 de 1999, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-327 de agosto 12 de 1993, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-446 de julio 8 de 1992, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz; Sentencia T-426 de junio 24 de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, y Sentencia T-406 de junio 5 de 1992, Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón.13.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil: Sentencia de mayo 24 de 1980, Magistrado Ponente Germán Giraldo Zuluaga. Recibido: abril 9 de 2007 Aprobado: mayo 22 de 2007 * El presente artículo es un producto de la investigación terminada en el segundo semestre del 2006, titulada’ Valoración de la conducta omisiva, oclusiva y mendaz en un debido proceso civil y penal’, realizada por el Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín; en la cual participó la autora como coinvestigadora.

** Abogada y Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Doctoranda en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, Docente investigadora de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y Docente de la Facultad de Derecho.

Integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. [email protected],1 Ver Preámbulo y artículo 2° de la Constitución Política.2 Una de las instituciones que desarrolla la garantía de legalidad del juez, que a su vez hace parte del debido proceso (art.29 C.P.), es la del juez técnico, a través de la cual se reclama que el mejor de los juristas sea precisamente el juez, por ser quien tiene a cargo la justa solución de los conflictos que le han sometido las partes.

En la actualidad esta garantía es de trascendental importancia para los justiciables, debido a que el juez está en la obligación de conocer todo el sistema de fuentes que dirigen su actuar, máxime cuando no sólo debe preocuparse por la solución justa del caso concreto, sino también porque en la ruta hacia la construcción de la sentencia, no violente derechos fundamentales y actúe en consonancia con el debido proceso.

  1. Un juez en un Estado social de derecho tiene necesariamente que ser un juez técnico, de otra forma la administración de justicia es una burla.3 Corte Constitucional, Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992.M.P.
  2. Eduardo Cifuentes Muñoz.
  3. Frente al tema de la reciprocidad de los derechos y obligaciones constitucionales la Corte ha sostenido: ‘En la base de los deberes sociales se encuentra el principio de reciprocidad (C.N., art.95).

La Constitución reconoce a la persona y al ciudadano derechos y libertades, pero, al mismo tiempo, le impone obligaciones. Los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensadas por éste a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad capaces de gozar de una existencia digna (C.N., preámbulo, arts.1°, 95, 58 y 333).

En una sociedad pobre, la justicia distributiva no puede ser solamente cometido del Estado, sino actitud y práxis de todos, mayormente de los mejor dotados. La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge con fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo, mediante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones’.4 Artículo 95 de la Constitución Política.5 Cfr.

RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando. Principios constitucionales del derecho procesal colombiano; investigación en torno a la Constitución Política de 1991, 1ª. ed. Medellín: Señal Editora, 1999.p.66.6 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo, 2ª.

  • Ed. Madrid: Editorial Alianza, 1987.
  • Citado por RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando.
  • Principios constitucionales del derecho procesal colombiano. Op.
  • Cit.p.66.7 Corte Constitucional, Sentencia T-426 de junio 24 de 1992.M.P.
  • Eduardo Cifuentes Muñoz.8 Cfr.
  • QUINTERO DE PRIETO, Beatriz.
  • El debido proceso.
  • En: Revista Temas Procesales, No.21, octubre de 1997.

Medellín: Editorial Dike.p.18. Frente al asunto, continúa explicando: ‘La cláusula ‘SOCIAL’ añadida al Estado, no afecta a su estructura sino a sus fines, es decir, el Estado asume nuevas tareas, como por ejemplo salud, educación, vivienda, orden público, seguridad, que no sustituyen sino que complementan las antiguas.

  • Se pretende proteger a los sectores sociales menos favorecidos a través de una determinada forma de actuar de los poderes públicos.
  • En veces, sin embargo, significa precisamente la exigencia de un cambio de actitud que corresponda a la nueva dirección reclamada’.9 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de julio 8 de 1992.M.P.

Fabio Morón Díaz. ‘En líneas generales, el precepto señalado presupone la conformación de unas nuevas dimensiones ideológicas y orgánico-institucionales del Estado que le permiten administrar servicios, coordinar procesos, regular bienes y adelantar la intervención necesaria en el campo económico y social con el propósito de asegurar la realización de los valores fundamentales de la vida social (.) Esta calificación del Estado conduce no solo a la transformación funcional y estructural de é ste como se ha advertido, sino además, a la mayor relevancia jurídica del principio de la igualdad de las personas, al establecimiento de especiales reglas jurídicas de rango constitucional que regulen en dicho nivel normativo los distintos procesos económicos de la sociedad teniendo en cuenta los protagonistas de los mismos, y el especial reconocimiento y garantía, incluso judicial, de determinados derechos y libertades de contenido económico, social y cultural’.10 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de junio 5 de 1992.M.P.

  • Ciro Angarita Barón.11 Ibíd.
  • Tomado de H.L.
  • Wilensky, 1975.12 Ibíd.
  • Tomado de ARAGÓN REYES, Manuel.
  • Constitución y democracia.
  • Madrid: Editorial Tecnos, 1989.13 Ibíd.
  • Frente al tema de los derechos fundamentales, expresa: ‘Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental.

Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido si no se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos.

En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de interpretación’.14 Ibíd.15 ZAGREBELSKY, Gustavo.

El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 4a. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2002.p.109, 110, 111 y 118. El autor Italiano, reconoce la existencia de un derecho reglado y un derecho principial. Entiende que con la palabra ‘norma’ se alude a que algo deba ser o producirse; en particular, a que un hombre deba comportarse de determinada manera.

De cara al significado de la separación de la ley y de la justicia, dentro de una noción genérica de norma de este tipo es importante diferenciar lo que podría denominarse ‘regla’ de lo que podría, por el contrario, denominarse ‘principio’. Si el Derecho actual está compuesto de reglas y principios, cabe observar que las normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios.

Las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en determinadas situaciones específicas previstas por las reglas mismas; los principios, directamente, no nos dicen nada a este respecto, pero nos proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas pero que a priori aparecen indeterminadas.

  1. Los principios generan actitudes favorables o contrarias, de adhesión y apoyo o de disenso y repulsa hacia todo lo que puede estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto.
  2. Puesto que carecen de ‘supuesto de hecho’, a los principios, a diferencia de lo que sucede con las reglas, sólo se les puede dar algún significado operativo haciéndoles ‘reaccionar’ ante algún caso concreto, en razón de ello, su significado no puede determinarse en abstracto, sino sólo en casos concretos, y sólo en los casos concretos se puede entender su alcance.16 Ibíd.

Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992. En la providencia en cita, frente al tema de los principios constitucionales la Corte sostuvo: ‘(.) son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental.

  1. Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto.
  2. No obstante el hecho de poseer valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos.
  3. En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa.

En síntesis, un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución, pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión judicial, para iluminar el caso concreto’.17 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz.

  • El derecho procesal en la Constitución de 1991.
  • En: Revista Temas Procesales, No.16, mayo de 1993.
  • Medellín: Editorial Dike.p.80.18 Ver Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.19 Con ello no se quiere significar que la figura del juez protagonista del proceso sea exclusiva del Estado social de derecho.20 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz; PRIETO, Eugenio.

Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2000.p.83.21 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.22 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz; PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Op. cit., p.83. ‘Solo las reglas pueden ser observadas y aplicadas mediante el silogismo judicial.

Cuando contradicen los principios ante el influjo de su fuerza irradiante porque la realidad suscita la reacción, es preciso que se tome posición ante un caso concreto de conformidad con ellos. Así y solo así, como se puntualizó, penetran los principios en la actividad jurisdiccional común. Es la manera como el cambio estructural del derecho comporta consecuencias para los jueces comunes.

Sin sacrificar la exigencia de certeza y de previsibilidad de las decisiones judiciales se mira también más a la realidad del caso concreto buscando la decisión justa’.23 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.24 Lo anterior es conocido por la Corte Constitucional como principio de reciprocidad.

Ver Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre el tema también puede consultarse la Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994, que reconoce la existencia de una relación de complementariedad entre los derechos y los deberes constitucionales: ‘La persona humana, centro del ordenamiento constitucional, no sólo es titular de derechos fundamentales sino que también es sujeto de deberes u obligaciones, imprescindibles para la convivencia social (.) La concepción social del Estado de derecho, fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general (C.N., art.1°), se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales, pero también en la sanción constitucional al incumplimiento de los deberes constitucionales.

El artículo 1° de la Constitución erige la solidaridad en fundamento de la organización estatal. Los nacionales y extranjeros tienen el deber de acatar la Constitución y la ley, y son responsables por su infracción (C.N., arts.4° y 6°). De esta forma, los deberes consagrados en la Carta Política han dejado de ser un desideratum del buen pater familias, para convertirse en imperativos que vinculan directamente a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica’.25 Artículo 1° Constitución Política: ‘Colombia es un Estado Social de Derecho.

  1. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general’.26 Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994.M.P.
  2. Eduardo Cifuentes Muñoz.27 Artículo 4° Constitución Política: ‘La Constitución es norma de normas.
  3. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades’. Artículo 6° Constitución Política: ‘Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones’.28 Corte Constitucional, Sentencia C-1512 de noviembre 8 de 2000.M.P. Alvaro Tafur Galvis. Ver también Sentencia C-095 de enero 31 de 2001.M.P. José Gregorio Hernández.29 Artículo 6° Código de procedimiento civil.

Modificado ley 794 de 2003, art.2o: ‘Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas’.30 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz; PRIETO, Eugenio. Teoría general del proceso. Op. cit., p.459.31 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho procesal, Tomo I, Teoría general del proceso, 9ª ed. Bogotá: Editorial ABC, 1983.p.401.32 La carga procesal supone un proceder potestativo del sujeto a quien para su propio interés le ha sido impuesta, impidiendo constreñirlo para que se allane a cumplirla, y es por ello que se ha entendido como un imperativo del propio interés.

Ver al respecto, sentencia C-1512 de 2000.33 Corte Constitucional, Sentencia T-327 de agosto 12 de 1993.M.P. Antonio Barrera Carbonell. La Corte al analizar los principios que se vulneran con la actuación temeraria, indica que ‘la temeridad se ha entendido como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso.

Como es fácil deducirlo, la temeridad vulnera los principios de buena fe, la economía y la eficiencia procesales, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación judicial e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal’.34 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 24 de 1980.M.P.

Germán Giraldo Zuluaga. En dicha providencia esta magistratura dispuso que la lista de los casos de temeridad o mala fe enunciados por el artículo 74 del C. de P.C., no es taxativa, y que por lo tanto, no se excluye la existencia de otros en donde se evidencia tal actuar.

‘El catálogo copiado es el de los episodios en que legalmente se presumen esas circunstancias, pero ello no quiere decir que no hayan otros eventos en que se actúe de esta manera perniciosa’.35 La conducta mendaz o mentirosa tiene una doble sanción en nuestro Código de procedimiento civil, toda vez que puede ser objeto de un proceso disciplinario que se despache en la misma causa, tendiente a contrarrestar el fraude procesal en desarrollo del principio de moralidad, pero, igualmente, puede deducirse de dicha conducta procesal el respectivo indicio y valorarse en la sentencia en conjunto con las demás pruebas.

Frente al tema puede consultarse el artículo de mi autoría ‘Los indicios conductuales en el proceso civil’. En: Revista Opinión Jurídica, Vol.5, No.10. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2006.p.153-154.36 La conducta oclusiva se sanciona disciplinariamente por vulnerar normas de contenido ético o moral establecidas por el legislador, pero a su vez puede traer como consecuencia la falta de colaboración de las partes en el proceso, y con ello afectar la obtención de unos elementos probatorios necesarios para finalmente alcanzar la justa composición del conflicto, lo que obliga al juez a deducir el respectivo indicio conductual.

  • El tema fue objeto de estudio en el artículo de mi autoría ‘Los indicios conductuales en el proceso civil’. Op. cit.
  • P 151 a 153.37 Cfr.
  • DÍAZ, Clemente A.
  • Instituciones de Derecho procesal, Tomo II.
  • Jurisdicción y competencia.
  • Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1972.p.49-50.38 Ibíd.p.52-59.39 Carnelutti explica de forma muy pintoresca el poder de ejecución, en los siguientes términos: ‘El juez tiene en su mano la balanza y la espada; si la balanza no basta para persuadir, la espada sirve para constreñir.

Por eso, cuando el ladrón ha sido condenado, debe ir a prisión, de grado o por fuerza; cuando al deudor le exige el juez que pague la letra de cambio, si no paga se le quitan tantos bienes cuantos sean necesarios para traducirlos en el dinero necesario para el pago (.)’.

  1. CARNELUTTI, Francesco.
  2. Cómo se hace un proceso.
  3. Traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín.
  4. Bogotá: Editorial Temis, 2002.p.53.40 DÍAZ, Clemente A.
  5. Instituciones de Derecho procesal. Op.
  6. Cit.p.57.41 Frente al tema puede consultarse el capítulo de mi autoría ‘Las pruebas de oficio en el proceso civil en Colombia’.

Controversia Procesal. Publicación del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Medellín: 2006.p.127-149.42 Con referencia al tema puede consultarse la Sentencia C-218 de mayo 16 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, a través de la cual se declaró la exequibilidad condicionada del numeral 2° del artículo 39 del Código de procedimiento civil.43 Corte Constitucional, Sentencia T-554 de agosto 2 de 1999.M.P.

  • Antonio Barrera Carbonell.
  • Estima la Sala que los escritos irrespetuosos son aquellos que resultan descomedidos e injuriosos para los funcionarios, las partes o los terceros, de manera ostensible e incuestionable y que superan el rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, aun en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en el desarrollo de la actividad judicial.

‘Es posible igualmente que a través de un escrito se pueda defender con vehemencia y ardentía una posición, pero sin llegar al extremo del irrespeto’.44 La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 24 de 1980, con ponencia del Magistrado Germán Giraldo Zuluaga, frente a la responsabilidad sancionada por el artículo 72 del C.

De P.C., sostuvo: ‘(.) entre la responsabilidad general establecida en el artículo 2341 del C. Civil para quien, por su culpa, ha causado daño a otro y la especial consagrada en el artículo 72 del C. de P. Civil para quien causa perjuicio con actuaciones temerarias o de mala fe, existe una clara diferencia: cualquier culpa, una culpa cualquiera, grave, leve o levísima, es suficiente para fundar responsabilidad a cargo de su autor, según el artículo 2341; por el contrario, para fundarla a cargo del litigante, según el artículo 72 precitado, se exige que el acto procesal culposo, implique temeridad o mala fe, de lo que se concluye que las culpas leve y levísima no son fuente de responsabilidad en este último caso’.45 El Congreso de la República expidió el 22 de enero de 2007, la Ley 1123 mediante la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado, y se regulan, entre otras, las siguientes faltas: faltas contra la dignidad de la profesión (art.30); faltas contra el decoro profesional (art.31); faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas (art.32); faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado (art.33); faltas de lealtad con el cliente (art.34); faltas a la honradez del abogado (art.35); faltas a la lealtad y honradez con los colegas (art.36); faltas a la debida diligencia profesional (art.37), y faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos alternativos de solución de conflictos (art.38).46 LODOÑO JARAMILLO, Mabel.

Los indicios conductuales en el proceso civil. Op. cit.p.151 a 153.47 Artículo 2° Constitución Política: ‘(.) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’.48 Con referencia a la responsabilidad patrimonial del juez puede consultarse el Capítulo VI de la Ley 270 de 1996, ‘Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia’, que subrogó el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil.

¿Qué relación existe entre los derechos y las obligaciones?

Artículos Derechos humanos y deberes Virgilio Ruiz Rodríguez * * Profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana, México, [email protected] Fecha de recepción: 27/03/2010 Fecha de aceptación: 25/11/2010 Resumen La razón por la que se estudia este tema es la insistencia generalizada con la que se habla de derechos y no de deberes; ésta es una de las razones por las que vivimos la situación actual.

  • Se olvida que el derecho en sí mismo contiene el deber correspondiente: el derecho de un sujeto despierta siempre en otro la obligación de no impedir su ejercicio.
  • A contrario sensu, con esto se pone de manifiesto que el deber mismo es garantía para el ejercicio de los derechos al no impedir su ejercicio.

Así no puede pretenderse el orden justo, ni pensar construirlo sobre los derechos, rechazando los deberes. De la polémica sobre la correlación o no entre derecho y deber, opto por aquellos que la aceptan: pues al ejercicio del derecho de uno corresponde el cumplimiento del deber de otro.

  1. Esta correlación se da incluso en el ámbito intrapersonal; y por supuesto en el ámbito social y político: los mismos derechos obligan a respetar y tolerar otras ideas; la sociedad democrática basa su ordenamiento legal en los derechos y deberes de los individuos.
  2. Tanta es la fuerza de la vinculación, que su necesidad ha trascendido a nivel regional, teniendo un ejemplo de ello en la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948.

Palabras clave: derechos, deberes, correlación, vinculación. Abstract The reason to study this topic is the widespread insistence to talk about rights but no duties; this is one of the reasons we face our current situation. We tend to forget that rights contain within themselves their corresponding duties.

  • A subject’s right compels others not to hinder its exercise.
  • Contrario sensu, this clearly shows that duty in itself warrantees that rights be exercised, indeed by not hindering their own exercise.
  • Thus, we may not strive to attain fair order, nor may we ground it upon rights alone, neglecting duties.

Regarding the existing controversy on whether there is a correlation between rights and duties, I side with those who claim such correlation exists: by exercising one’s rights we also fulfll someone else’s duties. This correlation can be found even within interpersonal relations and certainly within the social and political spheres.

It is the same rights that bind us to respect and tolerate ideologies different from our own; democracy bases its legal order upon the rights and duties of individuals. So strongly are these two concepts bound, that the need for such a link transcends regions; a clear example can be found in the the Inter-American Declaration of the Rights and Duties of the Man of 1948.

Key words: rights, duties, correlation, entailment. Introducción Uno de los temas que ha hecho correr mucha tinta, es el de los derechos humanos. No así el que ahora ocupa nuestra atención en este trabajo: emparejar a los derechos humanos el tema de los deberes.

Sabemos que la palabra ‘derecho’, es objeto de diversos signifcados e interpretaciones: así tenemos que puede significar un determinado orden normativo vigente; mientras que por otra parte, puede designar algo diferente: una prerrogativa o facultad de la que estaría dotada una o más personas. Así, en la expresión «según el derecho mexicano», la palabra ‘derecho’ hace referencia a un ordenamiento jurídico determinado, que es el mexicano; en cambio, si digo «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus opiniones», aquí, la palabra ‘derecho’, hace referencia a la facultad de externar lo que piensa, que posee el titular del derecho a la libertad de expresión.

Aquí ya hablamos de lo que se conoce como derechos humanos. Debido a esa diversidad de significados del término derecho, —Quintana Roldán y Sabido Peniche opinan— que múltiples y de contenidos muy diversos han sido los estudios y reflexiones filosófcas sobre el ser y la esencia, las causas, los valores y los fines de los derechos humanos.

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los temas más complejos del análisis del derecho mismo, porque tiene como centro de especulación al propio hombre que es el creador del derecho, del sentido de su vida y de su existencia; del sentido de su papel en el mundo y de su propia trascendencia.1 Y, más se complica el asunto si enfrentamos la polémica permanente sobre algo, de lo cual muchas veces ni siquiera queremos hablar: la reciprocidad y vinculación entre derechos humanos y deberes, si existe o no, ya que por lo general nos inclinamos de manera preferente por los derechos y no por los deberes: más nos gusta exigir que cumplir.

La preferencia señalada y debido, a que no se ha hecho hincapié, y no se ha insistido en el tema de los deberes, pienso que todo eso ha contribuido de alguna forma para que la situación (en sentido amplio), que vivimos sea la que es y no otra. En el desarrollo de esta investigación, —desde diversas instancias— estudiaremos este asunto, a través de las posturas a favor o en contra del mismo.

  • Planteamiento del problema Antes de entrar en materia, es conveniente tomar en cuenta, algo muy conocido por los juristas, que es la distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo, porque pienso que es el punto de partida de la investigación que quiero realizar.
  • El primero designa la cosa o conducta que se debe a otro; mientras que el segundo indica la facultad del titular del derecho respecto de lo justo objetivo (cosa o conducta) que se le debe.

Un derecho subjetivo —observa Squella Narducci— no es otra cosa que una facultad o pretensión justificada que es atribuida a un sujeto de derecho, o a toda una clase de sujetos, frente a otro u otros sujetos a quienes se impone un deber u obligación correlativa.

  • En otros términos, poseer un derecho subjetivo significa estar en posición de exigir de otros un determinado comportamiento o alguna cosa, que pasa a ser, si se quiere, el contenido del derecho subjetivo de que se trate.2 En palabras llanas, W.D.
  • Ross, indica que un derecho de un ser frente a otro es un derecho a tratar a ese otro o a ser tratado por él de cierta manera, y esto implica claramente el deber del otro de comportarse de cierta manera.3 En la misma línea se pronuncia Hermida del Llano al afirmar que el derecho de un sujeto despierta siempre en otro la obligación de no impedir su ejercicio.

Y es que las expresiones referidas a la tenencia de un derecho se sitúan necesariamente dentro de un lenguaje normativo, debido a que la ausencia de normas por sí sola no atribuye un derecho sino cuando va acompañada de un deber para otros de abstenerse de interferir en las acciones dentro del ámbito no regulado, es decir, cuando va acompañada de una presencia de normas.4 Al respecto Hans Kelsen escribe, que el derecho provoca el surgimiento de una norma que autoriza a su titular, por medio de una acción, a entablar un procedimiento judicial cuando sus intereses se han visto violados por incumplimiento de una obligación; 5 es decir, contra aquel sujeto que violó sus intereses jurídicamente protegidos.

  • Derechos protegidos-deberes exigidos Norberto Bobbio ha dicho que a él no le interesa tanto saber cuál es el fundamento de los derechos humanos, ni tampoco su origen.
  • Para él lo más valioso es la garantía y protección de los mismos.6 Kelsen, en cierta manera estaría de acuerdo con él, pues, de nada sirve atribuir a los individuos determinados derechos, si aquella atribución no se encuentra debidamente protegida: «mientras un derecho subjetivo no ha sido garantizado por el orden jurídico no es todavía tal derecho subjetivo.

Llega a serlo sólo en virtud de la garantía creada por el orden jurídico».7 Por ello, Hermida del Llano insiste en que el reconocimiento de un derecho subjetivo es irrelevante, si no funcionan las instituciones que garanticen el respeto y cumplimiento de éste.8 Para R.

Alexy los derechos fundamentales estarán caracterizados por la protección procesal de los mismos, pues como se dice y se acepta en un buen círculo de juristas, —y Alberto López Basaguren lo corrobora— los derechos valen lo que vale su garantía, y la única garantía que ha demostrado históricamente la más plena eficacia es, por encima de todas, la garantía judicial de los derechos.9 La respuesta que da Hermida del Llano a la pregunta ¿de qué modo se protegen los derechos fundamentales? es muy atinada, por cierto, y se sale de todo esquema ordinario: «parece que una fórmula segura son ‘los deberes’ que obligan a otros a no impedir o a respetar el ejercicio de los derechos, ya que en caso de incumplimiento, el legislador pone a disposición del titular del derecho diversas técnicas reclamatorias que le permitirán disfrutar del ejercicio del derecho que ha sido violado».10 Incluso desde el utilitarismo, J.

Stuart Mill, opina que un derecho es una reclamación válida de protección que se hace a la sociedad: «concibo entonces que tener un derecho es tener algo cuya posesión la sociedad debe ayudarme a defender».11 Por otra parte, hay que tener presente que, el derecho implanta deberes de justicia y los deberes de justicia son una parte del conjunto de los deberes morales, pero sin confundirse con ellos.

Con Kant, —como bien señala G. Peces-Barba— se llegó a una ética de los deberes y a su distinción respecto de los deberes jurídicos. Así la legislación que convierte una acción en obligatoria y que a su vez hace de esta obligación el motivo del obrar es ética. Cuando esto no es así, y el deber permite un motivo del obrar distinto de la obligación misma, estamos ante una obligación jurídica.

Así, las obligaciones derivadas de la legislación jurídica sólo pueden ser obligaciones externas, las derivadas de la legislación ética se generan por acciones internas.12 Dichos deberes, los deberes de justicia, pueden ser exigidos coactivamente; porque si sostenemos que los derechos humanos son mínimos de justicia debidos socialmente al prójimo, los deberes correspondientes tendrán que gozar de la misma naturaleza que los derechos.

  • Zagrebelsky piensa que es imposible reducir el orden justo a los derechos, pues el postulado de la justicia pertenece a un ethos dominado por los deberes, no por los derechos individuales.
  • No puede pretenderse la justicia y pensar en construirla sobre los derechos, rechazando los deberes.
  • Con los derechos orientados a la justicia se ha intentado una operación de este género, pero se ha visto que se trata de una operación principalmente verbal.

Quienes sólo han pensado en la Constitución como ordenamiento de la justicia y no como ordenamiento de la libertad, no han invocado una Declaración de derechos, sino una Declaración de deberes constitucionales. La aspiración constitucional al orden justo hace que la dimensión del deber, de ser simple refejo o la otra cara de los derechos, pase a convertirse en un elemento autónomo propiamente constitucional.13 Polémica: reciprocidad o separación Que todo derecho implica un deber, suele ser la amenaza oculta del político que quiere advertir a los ciudadanos que si no actúan responsablemente ni se comportan como es debido serán privados de sus derechos.

Para algunos, —señala Knowles— la frase puede ser un discreto recordatorio de que aquellos que reclaman para sí el status moral de portadores de derechos también poseen el status de tenedores de responsabilidades.14 Por otra parte, también es verdad, que se habla de derechos humanos casi neurasténicamente, pero pocos quieren oír hablar de obligaciones.

Según Cruz Parcero, los conceptos de «derecho» y «deber», no son entendidos siempre como correlativos. La cuestión se puede complicar si usamos el concepto de derecho subjetivo con distintos sentidos y si se quiere ver un deber correlativo para cada uno de tales sentidos; porque para tres de los sentidos en que solemos decir que tenemos un derecho —privilegio, poder e inmunidad—, el término deber no aparece como correlativo.

Por lo mismo, decir que siempre que hay un derecho hay un deber tiene sentido sólo si nos referimos al derecho en sentido estricto o pretensión, es decir, si nos estamos refiriendo a una determinada relación (jurídica o moral). Así, también, tendrá sentido decir que puede haber derechos sin deberes, si hacemos referencia a un derecho en sentido amplio que esté formado de privilegios, poderes o inmunidades.15 Al respecto, Kelsen se expresa de la siguiente manera: «No se concibe un derecho subjetivo sin la correspondiente obligación, pero sí puede existir un deber jurídico sin que exista correlativamente un derecho subjetivo (en el sentido estricto de la palabra)».16 Frente a la postura anterior, algo que de ninguna manera se puede negar es que «cuando el Derecho establece deberes, —sostiene Gómez Adanero— está imponiendo al sujeto la obligación de comportarse en la manera en que la norma determina, bien porque la norma establezca el deber de realizar determinada conducta, bien porque la norma prohíba la realización de algún comportamiento.

Es decir, las normas que establecen deberes exigen al sujeto la realización de conductas que pueden consistir en un hacer o en un no hacer algo, en realizar o no, determinada conducta».17 En este sentido, según Luis Ernesto Arévalo, los derechos humanos desde el aspecto objetivo, son normas de derecho público constitucional, es decir, de la más alta jerarquía jurídica que protegen ciertos bienes jurídicos fundamentales que se consideran inherentes a la personalidad humana y cuya identifcación y precisión son producto histórico del desarrollo de la conciencia humana y la organización social.

Son normas jurídicas constitucionales, tanto por su jerarquía como por la materia, es decir, por la clase de relaciones sociales que regulan.18 Desde el aspecto subjetivo, en cambio, —señala el mismo autor— los derechos humanos son las facultades que esta clase de normas otorgan a los titulares para que exijan de los obligados el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Los bienes jurídicos protegidos por esa clase de normas son la vida, la libertad, la igualdad y la fraternidad, verdaderamente humanas, la propiedad y la seguridad.19 Respecto a lo anterior, —don Efraín González Morfín escribe— la fuerza ordenadora del derecho se manifiesta, de manera especial, en la correlación o mutua implicación que se da entre el derecho y el deber.

  • Esta reciprocidad se da entre personas físicas o jurídicas diferentes y también en la persona misma titular del derecho.
  • Al derecho del facultado corresponde el deber del obligado y viceversa.
  • En la relación jurídica efcaz al ejercicio del derecho de uno corresponde el cumplimiento del deber de otro.
  • Este es el tipo de reciprocidad más conocido.

Pero existe, además, una congruencia profunda entre derecho y deber en la persona misma que tiene el derecho; por ejemplo, al derecho de vivir corresponde la obligación de cuidar y desarrollar la vida. Si no se acepta este tipo de correlación en la misma persona, se cae en superfcialidad, incongruencia y demagogia.

  • La recta formación de la conciencia natural y cristiana respecto de los derechos humanos insiste en la correlación completa entre derecho y deber.20 Origen de los deberes En este punto, las opiniones también se dividen.
  • Así, por ejemplo, si en un primer momento, G.
  • Peces-Barba señala que «el concepto de deber aparece en la historia en el ámbito ético–religioso; como otros muchos conceptos jurídicos su origen es inseparable de la dimensión religiosa como era en los primeros tiempos todo el Derecho».21 Al mismo tiempo señala que hay que tener en cuenta que el concepto de deber ha sido decisivo junto con la identifcación del derecho con la ley, para la formación del derecho moderno.22 A nivel personal me inclino por el origen natural de los deberes, —en razón de la naturaleza sociable del hombre, como lo postula Aristóteles— no obstante que en comparación con los derechos, su descubrimiento exige mayor esfuerzo.

Por ello estoy de acuerdo con Delos cuando escribe: el hombre entra en el Estado como sujeto de derechos y deberes. Es una cualidad que tiene por naturaleza, y lejos de perderse en la ciudad, por el contrario es ahí donde esta cualidad se manifiesta con todo su valor.23 Es decir, en su interior siente, en mayor o menor grado, la necesidad de cumplir con unos deberes oriundos de su propia naturaleza, al margen de las costumbres y de las leyes en contrario.

  1. Así, por ejemplo, cualesquiera que sean las leyes civiles en vigor o las costumbres en contrario, toda persona mentalmente sana y moralmente honesta siente dentro de sí el deber de conservar la propia vida y de respetar la de los demás.
  2. Tampoco necesita ninguna cultura para saber que tiene que criar y educar a los propios hijos, cultivar la gratitud, el respeto a los demás, la veracidad y tantas otras cosas.

Otro argumento a favor del origen natural de los deberes, se puede deducir de su relación con la libertad. El deber no se explica ni tiene razón de ser en sí mismo; «el deber por el deber mismo», hace de él un absoluto incondicionado que lo desplaza de su quicio fundante dejándolo sin explicación y por supuesto sin justifcación.

Justifcación que el deber la encontrará en el principio de fdelidad a sí mismo, que el sujeto se debe, y a la propia dignidad, que pueden bastar —según Morón Alcain— para aquellos que han tomado clara y fuerte conciencia de esos valores para fundar el deber; que no quiere decir otra cosa que fundar el deber en el hombre, como categoría ontológico-existencial, que permite y orienta la realización de la persona y, por lo mismo, también de la sociedad.24 Realización que no podría llevarse a cabo sin libertad; por lo cual, libertad y deber son correlativos, se implican mutuamente: sin la libertad el deber es sólo constreñimiento y necesariedad; sin el deber la libertad es expansión desordenada e irracional que contradice el propio ser del hombre.

De este modo, —de acuerdo con Morón Alcain— surgiendo y obrando desde el propio ser persona, juntos explican y justifcan a la conducta humana y lo llevan a su plena realización individual y social.25 Por su parte, Zagrebelsky señala que los derechos orientados a la libertad, es decir, a la voluntad, son una exigencia permanente, porque permanente es la voluntad, que están llamados a proteger.

En las sociedades volcadas hacia el progreso, los derechos son una exigencia estructural y su difusión y potenciación constituyen factores de aceleración. El tiempo de estos derechos no tiene fin. En cambio, los derechos entendidos como pretensión de reparación de la injusticia tienen sólo un valor transitorio, por cuanto persiguen la vigencia del orden justo y pierden significado una vez alcanzado el resultado.

En una situación de justicia realizada, si se debe algo a alguien no es porque éste tenga un derecho, en el sentido de una pretensión de su voluntad, sino porque eso viene impuesto como deber por el orden del ser. Y al contrario de los derechos, son los deberes de todos hacia los demás los que están destinados a asentarse de una manera estable, como situación empírica permanente.

En otras palabras, en las sociedades justas, la categoría dominante es la de los deberes, no la de los derechos.26 Bobbio piensa que en la historia del hombre lo que figuró primero en su existencia fueron los deberes y no los derechos: la afirmación de los derechos del hombre, representa un vuelco radical en la historia secular de la moral, una verdadera y propia revolución copernicana, es decir, una inversión desde el punto de vista de la observación.

Al comienzo existió un código de deberes, no de derechos, puede decirse que derecho y deber son como la cara y cruz de una moneda. Saber cuál es cuál, depende del ángulo de donde se mire la moneda; por mucho tiempo se le vio del lado de los deberes y no de los derechos, porque la observación partía desde el grupo y no desde el individuo.

El gran viraje se produce en Occidente por medio de la concepción cristiana de la vida, y con ella la doctrina del derecho natural o de los derechos naturales; que a su vez rompe la tradición de la doctrina política de ver la relación entre gobernantes y gobernados, más ex parte principis (desde el príncipe), que ex parte civium (desde el ciudadano).27 Por lo tanto, primero viene el individuo y luego el Estado: el valor principal de la sociedad —afirma Carbonell— son las personas no el gobierno.

La relación entre el individuo y el Estado se invierte, y como consecuencia de ella también cambia la primacía de los deberes sobre los derechos. Si primero viene la persona, entonces también vendrán primero sus derechos, que deben ser anteriores e incondicionales respecto a sus deberes.28 En esta inversión de la relación entre individuo y Estado —puntualiza Bobbio— se invierte también la relación tradicional entre derecho y deber.

Respecto de los individuos los derechos pasan a primar sobre los deberes; respecto del Estado pasan a primar los deberes sobre los derechos.29 Deberes y vida política No sólo en el ámbito interpersonal cobran importancia los deberes, sino también en el político-social. Para la teoría liberal, los derechos fundamentales son derechos de libertad que el individuo tiene frente al Estado.

Es decir, el individuo tiene asegurada una esfera propia, a la manera de una barrera infranqueable, en la que el Estado —que según la historia es la mayor amenaza para los derechos— no puede entrar. La democracia, (una forma de gobierno, si no la mejor, la menos mala de todas), por su parte, tendrá que ser una forma de vida entretejida tanto por los derechos humanos como por el cumplimiento de deberes y responsabilidades tanto del hombre común (ciudadano) como del Estado.

Pérez Luño abriga la convicción de que la democracia sólo se reafrmará en la medida, en que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes constitucionales.30 Como resultado de esta actitud tendremos una vida social en libertad, aunque limitada, y en igualdad, aunque parcial, pues total o absoluta, simplemente es impensable; sería un «ideal absurdo» como le llama Isaiah Berlin.31 Al respecto, J.

Hervada opina, que donde hay libertad no hay fuerza, sino, en su caso obligación, que es algo propio del ser racional. La libertad y la obligación suponen el dominio de la persona sobre su ser; sólo el que domina su ser es capaz de decidir entre el sí y el no, y sólo el que domina su ser es capaz de estar obligado, pues la obligación supone la capacidad de decisión.

Y obligado para los demás.32 Si bien es verdad —indica Lipovetsky— que las sociedades modernas se edificaron sobre el fundamento de los derechos soberanos del individuo también lo es que, al mismo tiempo, magnifcaron la obediencia incondicional al deber, la transparencia de la virtud, el imperativo de adherirnos a fnes que superaban el círculo de los intereses individuales.33 En otro lugar confrma lo escrito aquí: «Lo que va a fundar la organización social y política, son los derechos inalienables de los individuos.

Por lo que el individuo se convierte en el referente mayor de la cultura democrática, cuyos deberes no desaparecen, derivan de los derechos fundamentales, y se convierten en sus correlatos; emanan de ellos en tanto obligaciones de respetarlos».34 Esos derechos fundamentales obligan tanto a tolerar y respetar otras ideas, otras costumbres y otras libertades, como a castigar y reprimir las violaciones de los mismos.

Obligan, en suma, —según Victoria Camps— a luchar por la transformación de las conciencias ajenas a ellos.35 Lo novedoso de una sociedad democrática —señala Larry Siedentop— es que renuncia a todo tipo de privilegio, basando su ordenamiento legal en los derechos y deberes de los individuos, en lugar de en las pretensiones de las castas, corporaciones o familias.36 J.

Rawls traducirá lo anterior diciendo: «Para nosotros el primer sujeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad, y más exactamente, el modo en que las mejores instituciones sociales distribuyen los derechos fundamentales y los deberes».37 Digamos entonces que la vida en sociedad, desde el punto de vista del derecho constitucional actual, no es sólo el conjunto de los derechos individuales y de los actos que constituyen su ejercicio, sino que es también un orden objetivo que corresponde a ideas objetivas de justicia que imponen deberes.

Es por eso que el Magisterio de la Iglesia en la voz de su representante, el papa Pablo VI, en 1976 afirmaba, que a cada derecho corresponden unos deberes, igual de numerosos e igual de importantes, y nos los afirmamos con el mismo vigor y la misma determinación, porque cualquier separación de los derechos y deberes correspondientes sería causa de desequilibrio y tendría repercusiones negativas para la vida social.

Por tal razón conviene recordar que la reciprocidad entre derechos y deberes es esencial: los segundos derivan de los primeros, y viceversa.38 Derechos y deberes en los sistemas interamericano e internacional La necesidad de vincular derechos y deberes ha tomado tal fuerza, que la conciencia sobre la misma ha trascendido de lo personal, a lo social; y ahora veremos cómo también en el ámbito regional e internacional se ha dado esta toma de conciencia.

Esa toma de conciencia de la imperiosa necesidad de relacionar derechos y deberes, se materializó en el ámbito estatal-regional, pues, en 1948 tiene lugar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá Colombia, en cuyo Preámbulo se encuentra definido el perfil de la Declaración: Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.

El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.

  • Los deberes del orden jurídico presuponen otros de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan.
  • Cincuenta años después de esta Declaración y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 85ª sesión plenaria, el 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la » Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las Instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos «, lo que hasta entonces —la relación derecho-deber— sólo abarcaba el ámbito regional, adquiere ahora, categoría internacional; lo que sólo se mantenía y obligaba a nivel de individuos, ahora se hace extensivo a los grupos e instituciones.

Una vez que fue aprobada la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos., se invita a los gobiernos, a los organismos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifquen sus esfuerzos por difundir la Declaración, promover el respeto universal hacia ella y su comprensión.».39 Puedo decir incluso, que esta tendencia a nivel mundial a vivir vinculados derechos y deberes, se afanza desde otro punto de vista: el del Magisterio de la Iglesia, debido a que los mensajes y documentos en los que trasmite y expone sus verdades y principios fundamentales, —independiente de cualquier diferencia: por credo, raza, cultura, sexo, religión, etcétera— tienen como destinatarios a todos los hombres de buena voluntad, no solamente los católicos.

En 1963, el Pontífice Juan XXIII, en la encíclica Pacem in terris, manifesta la fuerza que debe unirlos y la relación que debe darse entre los derechos y los deberes: «Los derechos naturales están unidos en el hombre que los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los confiere o los impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible».40 «Por ello, para poner algún ejemplo, al derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla; al derecho a un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro; al derecho de buscar libremente la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud».41 Termina diciendo el Pontífice: Es asimismo consecuencia de lo dicho que, en la sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo.

Porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural, que lo confere e impone el correlativo deber. Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen.42 Postura personal Apoyado en Massini Correas, sostengo que tanto el sentido común como el análisis racional de los derechos patentizan claramente que no es posible pensar en uno de ellos sin suponer un necesario deber jurídico de otro u otros sujetos jurídicos: que éste o estos sujetos deudores sean a veces difícilmente determinables no argumenta absolutamente nada en contra de esta afrmación.

Sin esta correlatividad, los intereses que buscan protección pueden pasarse sin ellos, ya que no habrá otra persona cuya responsabilidad pueda quedar obligada.43 Por otro lado, somos conscientes que todo hombre es plenamente hombre, cualquiera que sean sus condiciones de existencia. Por ello, el derecho primigenio, originario del hombre como tal, de ser hombre, de ser persona, está fundamentado sobre aquello que lo eleva por encima de su existencia natural, física o relativa, sobre lo que en él hay de espiritual y racional.

Es por esto que el humanismo —señala Bernard Bourgeois— es en el nivel del derecho, el principio que determina el contenido de éste, como aquello que reconcilia a todos los hombres en el reconocimiento a cada uno de una existencia exteriormente libre.44 Esa existencia fincada en su ser, se desenvuelve, en la mayoría de los casos, ejercitando su libertad en torno a ciertas exigencias que requieren ser atendidas y satisfechas, bajo el rostro de derechos.

Pero al hablar de libertad, vivida por el hombre en un buen número de derechos, no debemos olvidar la también correlativa obligación de responder frente al bien de los demás, que también son seres humanos, y lo tendremos que hacer con el cumplimiento de los deberes que brotan de los mismos derechos que exigimos para nosotros como seres humanos individuales.

Al expresarnos de esta manera, no estamos marcando máximos de comportamiento ni exigencias de caridad y amor al prójimo, sino solamente, mínimos de justicia que nos pide la convivencia social. Por ello, estoy de acuerdo con Fagothey, al afirmar que el derecho está limitado por el deber.

  • Puedo ejercer mi derecho hasta el punto en que mi deber para con los demás lo invalida.
  • Los derechos y los deberes son correlativos y complementarios.
  • El que tengan que ser así, se sigue de la inviolabilidad moral del derecho.
  • Si tengo un derecho, todos los demás tienen la obligación de respetarlo; en esta forma, el término de derecho se convierte en sujeto de un deber.

En la misma proporción, si tengo un deber, alguien otro tiene un derecho a la cosa que debo hacer u omitir. Más aún, si tengo un deber, tengo también el derecho de cumplirlo y de hacer todas las cosas necesarias para cumplirlo; de otra manera, no podría ser un verdadero deber.45 Alasdair MacIntyre ha dicho que de cualquier modo, positivo o negativo, que se invoquen los derechos humanos, se sobreentiende que atañen por igual a cualquier individuo, cualquiera que sea su sexo, raza, religión y poco o mucho talento, y que proveen de fundamento a multitud de opciones morales concretas; 46 las que, sin embargo, por muy personales que sean, trascenderán a la convivencia civil, a la que sólo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la dignidad humana, —sostiene Juan XXIII— si se funda en la verdad.

Esto ocurrirá, cuando cada cual reconozca, no sólo los derechos que le son propios, sino también los deberes que tiene para con los demás; porque todo ciudadano siendo racional por naturaleza, resulta, por lo mismo, responsable de sus acciones».47 Hemos escrito, que por no insistir en los deberes, de la misma forma como lo hacemos sobre los derechos, es una de las razones por las cuales tenemos un México y un mundo como el que ahora vivimos.

Por lo cual, sin caer en mediocridades ni en conformismos, termino señalando un mínimo de justicia: si debo tratar al otro como quiero que me traten, no debo hacer al otro lo que no quiero que me hagan. Notas 1 Carlos F. Quintana Roldán y Norma D. Sabido Peniche, los derechos humanos,

México, Porrúa, 2006, p.27.2 Agustín Squella Narducci, «Democracia y derecho», en Ernesto Garzón y Francisco Laporta comps., El derecho y la justicia, Madrid, Trotta, 2000, p.517.3 W. David Ross, Lo correcto y lo bueno, Salamanca, Sígueme, 1994, p.64.4 Hermida del Llano, «La filosofía del derecho y los derechos humanos», en Víctor Rojas y Juan Arriola, coords., La filosofía del derecho hoy,

México, Porrúa, 2010, p.110.5 Hans Kelsen, Teoría general de las normas, México, Trillas, 1994, pp.142-143.6 Norberto Bobbio, El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Gedisa, 2000, p.128.7 H. Kelsen, Teoría general del Derecho y del Estado,

México, UNAM, 1995, p.93.8 H. del Llano, Los derechos fundamentales en la Unión Europea, Barcelona, Anthropos, 2005, p.13.9 Alberto López Basaguren, «Comunidad Europea, integración de ordenamientos y pluralidad de jurisdicciones en la protección de los derechos fundamentales», en Javier Corcuera, Coord., La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea,

Madrid, Dykinson, 2002, p.121.10 H. del Llano, «Filosofía del derecho y derechos humanos», en op. cit,,p.114.11 John Stuart Mill, El utilitarismo, Buenos Aires, Americalee, 1945, p.85.12 Gregorio Peces-Barba, «Los deberes fundamentales», en DOXA, núm.4, 1987, p.330.13 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil.

ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1999, p.95.14 Dudley Knowles, Introducción a la filosofía política, México, Océano, 2009, p.130.15 Juan Antonio Cruz Parcero, El lenguaje de los derechos, Madrid, Trotta, 2007, pp.37-38.16 H. Kelsen, Teoría general del Derecho, p.99.17 Mercedes Gómez Adanero et al,, «Derecho subjetivo y deber jurídico», en Teoría del derecho,

Madrid, UNED, 2005, p.227.18 Luis Ernesto Arévalo, El concepto jurídico y la génesis de los derechos humanos, México, Universidad Iberoamericana Puebla y Ciudad de México, 2001, pp.57-58.19 Ibid,, p.57.20 Efraín González Morfín, «Doctrina social cristiana y derechos humanos.

Derecho y obligación de la Iglesia de tratar los derechos humanos» en Jurídica, núm.19, 1988-1989, p.346.21 G. Peces-Barba, op. cit,, p.329.22 Ibid,, p.333.23 J.T. Delos et al,, «Los fines del derecho: bien común, seguridad justicia», en Los fines del derecho, México, UNAM, 1975, p.51.24 Eduardo Morón Alcain, Filosofía del deber moral y jurídico,

Buenos Aires. Abeledo-Perrot, 1992, pp.37-39.25 Ibid,, p.40.26 G. Zagrebelsky, op. cit,, p.86.27 N. Bobbio, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003, pp.512-515.28 Miguel Carbonell, Una historia de los derechos fundamentales, México, Porrúa, UNAM / cndh, 2005, p.6.29 N.

Bobbio, op,cit., p.516.30 Antonio Pérez Luño, Los derechos fundamentales, Madrid, Tecnos, 1998, p.172.31 Isaiah Berlin, Conceptos y categorías, México, FCE, 2004, p.160.32 Javier Hervada, Introducción crítica al Derecho Natural, Pamplona, ENUSA, 1981, p.67.33 Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber,

Barcelona, Anagrama, 1998, p.24.34 Ibid,, p.23.35 Victoria Camps, El malestar en la vida pública, Barcelona, Grijalvo, 1996, p.73.36 Larry Sidentop, la democracia en Europa, Madrid, Siglo XXI, 2001, p.62.37 John Rawls, A theory of justice, Harvard, The Belknap Press / University Press Cambridge, 2003, p.6.38 Pablo VI, «Mensaje para la X Jornada de los medios de comunicación social, 11 de abril de 1976», en sobre los derechos humanos,

Madrid, Abadía de Solesmes, Salvat, 1999, p.113.39 ONU, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos. (diciembre, 1998), Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/40/pr/pr38.pdf 24/03/10 40 Mariano Aguilar et al,, comentarios a la Pacem in terris, pgrf.n.28, Madrid, BAC, 1963, p.12.41 Ibid,, pgrf.n.29.42 Ibid,, pgrf.n.30.43 Carlos Massini Correas, Filosofía del derecho,I.

El derecho, los derechos y el derecho natural, Buenos Aires, Lexis Nexis / Abeledo-Perrot, 2005, p.103.44 Bernard Bourgeois, Filosofía y los derechos del hombre, Colombia, Siglo del Hombre, 2003, p.20.45 Austin Fagothey, Ética. Teoría y aplicación, México, Interamericana, 1981, p.187.46 Alasdair MacIntyre, Tras la virtud,

¿Cuáles son los deberes fundamentales?

¿Cuáles son los derechos y deberes fundamentales? – Los derechos que recoge el Título I de la Constitución son los siguientes:

  1. Derecho a la vida, integridad física y moral : Prohibición de tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes, y abolición de la pena de muerte, salvo en leyes penales militares en tiempos de guerra.
  2. Libertad ideológica, religiosa y de culto : Sin limitaciones, excepto para el mantenimiento del orden público. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El Estado es aconfesional.
  3. Derecho a la libertad y seguridad personal : Protección contra la privación de libertad arbitraria. Detención preventiva limitada en tiempo, con notificación inmediata de derechos y razones de detención. Derecho a la asistencia legal y a un procedimiento de habeas corpus.
  4. Derecho al honor, intimidad personal y familiar, y a la propia imagen : Inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones y regulación del uso de la informática para proteger la intimidad, Secuestro de publicaciones y medios de información solo con resolución judicial.
  5. Derecho a la libre elección de residencia y circulación por el territorio nacional : Sin limitaciones políticas o ideológicas.
  6. Derecho de expresión : Libertad de expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones en cualquier medio. Libertad de producción artística y científica, de cátedra y de comunicar y recibir información veraz. Prohibición de censura previa.
  7. Derecho de reunión pacífica : Sin armas y sin necesidad de autorización previa, salvo en casos de alteración del orden público en lugares de tránsito público y manifestaciones.
  8. Derecho de asociación : Libertad de fundar sindicatos y asociarse. Prohibición de asociaciones secretas y paramilitares. Inscripción en un registro para publicidad. Disolución o suspensión solo por resolución judicial.
  9. Derecho de participación en los asuntos públicos : Derecho al sufragio universal y a elegir representantes en elecciones periódicas. Acceso igualitario a funciones y cargos públicos.
  10. Derecho a la tutela judicial efectiva : Derecho a la defensa, asistencia legal, información de la acusación, proceso público y garantías procesales. Presunción de inocencia. Prohibición de indefensión.
  11. Principio de legalidad penal : Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que no constituyan delito según la legislación vigente al momento de cometerse.
  12. Prohibición de Tribunales de Honor en la Administración Civil y Organizaciones Profesionales.
  13. Derecho a la educación : Libertad de enseñanza. Educación para el pleno desarrollo de la personalidad humana y respeto a los principios democráticos. Derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus hijos. Obligatoriedad y gratuidad de la Enseñanza General Básica.
  14. Derecho a la libre sindicación : Limitado en fuerzas armadas y cuerpos sometidos a disciplina militar. Regulación de su ejercicio para funcionarios públicos.
  15. Derecho de huelga : Garantía de mantenimiento de servicios esenciales durante una huelga. Regulación de su ejercicio para funcionarios públicos.
  16. Derecho a la propiedad privada : Garantía de inviolabilidad y función social. Limitaciones por interés general y justa indemnización en caso de expropiación.
  17. Derecho a la igualdad : Prohibición de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Igualdad ante la ley y protección contra la discriminación.
  18. Derecho a la no discriminación por razón de discapacidad : Garantía de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y adaptaciones necesarias para garantizar la plena participación en la sociedad.
  19. Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres : Promoción de la igualdad real y efectiva. Eliminación de cualquier forma de discriminación y fomento de medidas de acción positiva.
  20. Derechos de los trabajadores : Derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a condiciones de trabajo dignas, a la seguridad e higiene laboral, a la negociación colectiva, a la huelga y a la protección frente al despido injustificado.

Los deberes fundamentales son:

  1. Deber de respetar y cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico : Todos los ciudadanos tienen la obligación de acatar y respetar la Constitución y las leyes, así como el deber de cumplir con las normas y reglamentos establecidos.
  2. Deber de defender España : Los españoles tienen el deber de defender a España y, en caso necesario, prestar servicio militar obligatorio de acuerdo con la ley.
  3. Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos : Los ciudadanos tienen la obligación de contribuir con los impuestos y demás cargas públicas de acuerdo con su capacidad económica, para garantizar el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios públicos.
  4. Deber de trabajar : Los ciudadanos tienen el deber de trabajar y el derecho a obtener un empleo digno. Asimismo, se promoverán políticas activas de empleo para facilitar la inserción laboral.
  5. Deber de respetar los derechos y libertades de los demás : Todos los ciudadanos tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, así como los de los demás individuos.
  6. Deber de participar en la vida política y pública : Los ciudadanos tienen el deber de participar en la vida política, ejercer su derecho al voto y colaborar en la construcción de una sociedad democrática.
  7. Deber de preservar el medio ambiente : Todos tienen la obligación de proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales, en aras de un desarrollo sostenible.
  8. Deber de solidaridad : Los ciudadanos tienen la responsabilidad de ser solidarios con los demás, especialmente con las personas más necesitadas, contribuyendo al bienestar y al progreso de la sociedad en su conjunto.

¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los ciudadanos?

DERECHO PROCESAL DEBERES Y DERECHOS PROCESALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO * Mabel Londoño Jaramillo ** Resumen El proceso jurisdiccional desde el Estado social de derecho adquiere una nueva perspectiva, toda vez que debe orientarse hacia la consecución de los fines que traza la Constitución, de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Ello implica un cambio en los paradigmas que están en los imaginarios de los operadores del foro, tanto el juez, como las partes y sus apoderados. Si se espera del juez una decisión que permee el tejido social al requerírsele no sólo solucionar los conflictos jurídicos, sino, al mismo tiempo, vigilar el respeto de los derechos fundamentales, en un mismo sistema de procesamiento, a su vez, se espera de las partes y sus apoderados, el cumplimento de los deberes y las obligaciones, entre ellos, el de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, y la apropiación de una conducta ética y moral que responda a las directrices demarcadas por los principios de buena fe y lealtad procesal.

Palabras clave Juez, partes, deber, derecho, conducta, moralidad. Abstract The jurisdictional process from the social State of Law acquires a new perspective for it has to orientate itself towards obtaining the goals set by the Constitution in order to ensure the pacific coexistence and the validity of a just order.

That implies a change in the paradigms that are in the imaginaries of the forum operators: the judge as well as the parties and their attorneys. If the judge is expected to bring forth a decision that would permeate the social texture by demanding upon him not only to solve the juridical conflicts but also to watch over the respect towards the fundamental rights, it is also expected from the parties and their attorneys to comply with the duties and obligations, such as collaborating with the correct performance of the justice administration and adopting an ethical and moral behavior that would correspond to the directories that are marked by their principles of good faith and procedural loyalty.

Key words Judge, parties, law, behaviors, morality INTRODUCCIÓN En Colombia la renovación constitucional que se operó en 1991 fue de gran magnitud, porque, además de introducir cambios orgánicos en la Rama Jurisdiccional, consagró una serie de valores, principios, derechos y acciones, que obligaron a la dogmática procesal nacional a repensar sus instituciones.

Estos parámetros filosófico-políticos reclamaron una nueva hermenéutica, en comparación con las concepciones que la Carta Constitucional de 1886 señalaba acerca del Estado y de la administración de justicia, toda vez que la entrante estructura normativa condujo a la superación del positivismo formalista, poniendo de presente una nueva orientación deontológica, que ubica al hombre en un lugar privilegiado en aras de su dignificación, y al juez le otorga un papel protagónico en el andamiaje estatal, como garante de los derechos fundamentales y comprometido con la justicia, la verdad y la paz.

Así nace en Colombia el Estado social de derecho, en el cual las necesidades básicas insatisfechas, tanto económicas como sociales, reclaman una intervención activa del Estado, al señalar los mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan la realización material de esos derechos.

Esta nueva forma de Estado tiene clarísimos fines y deberes frente a la comunidad; por ello requiere de un poder ejecutivo que dirija políticamente de manera decidida, oportuna y legal las actividades sociales y económicas; de un Congreso que adopte las medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo 1, y especialmente, de un poder jurisdiccional que brinde garantía y seguridad a todas las personas de que la administración de justicia se imparte en forma eficiente, efectiva y eficaz.

La administración de justicia, en un Estado social que se autoproclama garantista y constitucional, debe ser fortalecida, tener la mejor logística y capacitación de su personal 2, para entregar unos resultados que permeen el tejido social. Administrar justicia en esta forma de Estado requiere solucionar los conflictos jurídicos o pretensiones particulares, efectivamente, vigilando al mismo tiempo el respeto por los derechos fundamentales (dentro de los cuales se encuentra el debido proceso, art.29 C.P.) y las garantías protegidas constitucionalmente, y asegurando condiciones aptas para la existencia digna de la población, sin las cuales acabarían siendo desconocidos los principios de dignidad humana y de solidaridad.

  1. Pero este garantismo también implica para los asociados responsabilidades y deberes, esto es, una acción de reciprocidad 3, como, por ejemplo, el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia 4,
  2. Esta colaboración consiste en la correcta disposición, el buen actuar y la apropiación de una conducta ética y moral – en observancia de los principios de buena fe y lealtad procesal- que se espera de todo aquel que se acerca a la administración de justicia a resolver una controversia jurídica.1.

SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO La Constitución Política de 1991 declara en su artículo primero, como una de las grandes transformaciones de nuestra organización política que la pone a tono con las tendencias del derecho constitucional contemporáneo, que ‘Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general’.

  1. La idea de Estado social de derecho se remonta al año de 1850 cuando Lorenz Von Stein, apuntalado en Hegel, fundamenta el concepto que en la década de los veinte acuña Herman Heller y se constitucionaliza por primera vez en la Constitución del Estado alemán, llamada Constitución de Weimar 5,
  2. Esta Carta propone numerosos compromisos materiales denominados en su momento derechos sociales destinados a mejorar las condiciones de vida del pueblo.

El Estado social de derecho ‘Históricamente se propone como un intento de adaptación del Estado tradicional a las condiciones sociales generadas por la civilización industrial y postindustrial. La política social sectorizada se transforma en política social generalizada.

  1. Estado y sociedad se plantean no como sistemas autónomos y autorregulados sino como sistemas interrelacionados, creándose lo que los norteamericanos llaman ‘complejo público-privado’, en el cual muchas de las funciones estatales se llevan a cabo por entidades privadas’ 6,
  2. Nuestra Corte Constitucional 7 ha afirmado que el Estado social de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección.

Por ello, se exige a las autoridades esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. Plantea Beatriz Quintero que el fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad 8,

En este sentido, se comprende la abundancia de derechos consagrados por nuestra Carta Constitucional en protección del grupo social en el Título II ‘De los derechos, las garantías y los deberes’, en donde se observa la complementación de los derechos fundamentales, con los de contenido económico, social y cultural (Capítulo II, artículos 42 al 77) y con los derechos colectivos y del ambiente (Capítulo III, artículos 78 al 82).

En síntesis, el cometido de la cláusula social, como guía de la acción estatal, es que todos los ciudadanos puedan gozar en condiciones de igualdad de una libertad efectiva, es decir, erige como meta la reducción de la desigualdad social 9, La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica es descrita esquemáticamente desde el punto de vista cuantitativo, bajo el tema del Estado bienestar, y cualitativo, bajo el tema de Estado constitucional democrático 10,

  1. Aunque la complementariedad entre ambos conceptos es evidente, cada uno de ellos hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto.
  2. Explica la Corte Constitucional 11 que el Estado bienestar surgió a principios del siglo XX en Europa como respuesta a las demandas sociales que reclamaban la transformación del reducido Estado liberal, en un complejo aparato político-administrativo jalonador de toda la dinámica social.

Desde este punto de vista, el Estado social de derecho puede ser definido como el Estado que garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad.

A su vez, el Estado constitucional democrático 12 fue la respuesta jurídico-política a la actividad intervencionista del Estado, fundamentada en nuevos valores y derechos consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y manifestada institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y, sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política 13,

Esta forma de Estado ‘social y constitucional’, que se funda en la dignidad del hombre y en la prevalencia del interés general, cuyo compromiso es la sociedad, que erige como núcleo a la persona humana, pero no en su concepción individual, sino como miembro activo de una sociedad plural ha producido en el Derecho no sólo una transformación cuantitativa debida al aumento de la creación jurídica, sino también un cambio cualitativo, debido al surgimiento de una nueva manera de interpretar el Derecho, cuyo concepto clave resume la Corte Constitucional en los siguientes términos: ‘pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos’ 14,

Estas características tienen una relevancia especial en el campo del Derecho constitucional, toda vez que la norma constitucional adquiere fuerza normativa, y debido a la generalidad de sus textos 15 y a la consagración que allí se hace de las directrices básicas de la organización política, reclama una nueva hermenéutica; lo que evidencia la enorme importancia que cobra el juez de instancia, ya que actúa no solo como juez de legalidad sino como juez de constitucionalidad en todos los procesos jurisdiccionales, y en este nuevo rol debe aplicar correctamente la ley y los principios constitucionales, estableciendo un diálogo permanente entre los valores, los fines y las garantías de la Carta Política con los hechos concretos que juzga 16,

Observa Beatriz Quintero que ‘el concepto de Estado de derecho encuentra igualmente relevancia en la política procesal como pauta de preeminencia jurídica y de justicia en las instituciones y de seguridad jurídica mediante el principio de legalidad: toda actuación del Estado debe ir precedida de una ley que le dé fundamento y cualquier intromisión del poder estatal en la órbita privada debe ser ejercida dentro de la competencia definida por la Constitución y la ley.

Pero, además, en esa pauta que le corresponde al Estado de derecho, como búsqueda que no se queda en la ley sino que avanza siempre hacia la justicia, es en donde se ofrecen fuentes insospechadas para la creación del derecho como realismo jurídico, como esa que logren y deban hacer los jueces en su tarea interpretativa e integradora’ 17,

El aumento de la complejidad fáctica y jurídica en el Estado contemporáneo ha traído como consecuencia un agotamiento de la capacidad reguladora de la ley (pérdida de su tradicional posición predominante 18 ), y consecuencialmente, la adquisición de una importancia excepcional de los principios y las decisiones jurisdiccionales, antes considerados como secundarios dentro del sistema normativo.

Esta redistribución se explica por dos razones: por razones formales, ya que al no ser factible para el Derecho la previsión de todas las soluciones posibles a través de los textos legales, necesita de criterios finalistas (principios) y de instrumentos de solución concreta (sentencias) para obtener una mejor comunicación con la sociedad; por razones sustanciales, toda vez que el nuevo papel del juez en el Estado social de derecho es la consecuencia directa de la enérgica pretensión de validez y efectividad de los contenidos materiales de la Constitución, claramente señalada en el artículo 228, que reza: ‘La administración de justicia es función pública.

Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.

Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo’, En esta dinámica, la filosofía del Estado social es adversa al laissez faire, laissez passer, debido a que instituye el proceso como un proceso público, en razón del fin público que el mismo persigue, cual es la justa solución de los conflictos para alcanzar la paz social.

A su vez, traza claros poderes directivos al juez en el ejercicio de su función pública, al concebirlo como protagonista del proceso y no como un simple convidado de piedra o un juez espectador1 19, En el Estado constitucional se hace necesario el fortalecimiento del poder jurisdiccional, dotado por excelencia de la capacidad de control y de defensa del orden institucional.

En estas condiciones, la idea de control jurisdiccional aparece como la clave funcional para evitar un desbordamiento de poder y para lograr una adaptación del Derecho a la realidad social, como quien tiene el compromiso de tomar cotidianamente en consideración ‘la realidad viviente de los litigios’ 20,

El control ejercido por jueces y tribunales en el Estado constitucional contemporáneo, resulta siendo la fórmula para la mejor relación seguridad jurídicajusticia: ‘ (.) el juez, en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés general.

El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas- con la ley y con los hechos, hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y la decisión judicial son ambas procesos de creación de Derecho’ 21,

Consecuente con lo expuesto, Beatriz Quintero enseña: ‘Desde la concepción de una república pluralista, que está ya irradiando normativamente flexibilidad, la idea de Estado de derecho significa un é nfasis adicional en la exigencia de ductilidad jurídica precisamente porque solo de este modo puede buscarse la justicia.

La seguridad jurídica exige rigidez pero la justicia reclama ductilidad. Y es esa tensionante encrucijada la que ostenta el régimen jurídico moderno como revolución copernicana del concepto de Derecho que está exigiendo uno y otro valor: seguridad jurídica para la decisión justa’ 22, Como lo anotaba en renglones anteriores, nuestra Constitución recoge ampliamente los postulados normativos del Estado social de derecho.

El artículo 1° constitucional, ampliado y respaldado a través de todo el texto legal, vislumbra tres postulados 23 : a) El Estado es definido a través de sus caracteres esenciales. Entre estos caracteres y el Estado la relación es ontológica: El Estado colombiano es tal, en tanto sus elementos esenciales están presentes; no se trata de cualidades, capacidades o dotes del Estado, sino de su propia naturaleza, de su propio ser.

B) Los caracteres esenciales del Estado tienen que ver no solo con la organización entre poderes y la producción y aplicación del Derecho, sino también y de manera especial, con el compromiso por la defensa de contenidos jurídicos materiales. c) El sentido y alcance del artículo primero no puede ser desentrañado plenamente a partir de una interpretación reducida al análisis de su texto.

Cada una de las palabras del artículo posee una enorme carga semántica, la cual, a través de la historia del constitucionalismo occidental, se ha ido decantando en una serie de nociones básicas que delimitan su alcance y lo hacen coherente y razonable.

  • Una interpretación que se aparte del contexto nacional e internacional en el cual han tenido formación los conceptos del artículo primero puede dar lugar a soluciones amañadas y contradictorias.
  • No es posible, entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva estatal, se deben desentrañar las implicaciones de los deberes constitucionales para las partes en el proceso jurisdiccional.2. SOBRE LOS DEBERES PROCESALES Como lo que me ocupa en esta instancia es el análisis de los deberes procesales en el Estado social de derecho, se precisa un ahondamiento en el artículo 95 constitucional, que estructura un catálogo de deberes correlativos a los derechos y a las libertades que se consagran y garantizan 24,

Esta fórmula política parte de la premisa de un hombre solidario y no del hombre ególatra, promotor exclusivo de su bienestar. Ahora bien, tampoco se trata de un catálogo de deberes que legitime a la autoridad pública, para que a cualquier título suprima el ejercicio de los derechos. Del fundamento axiológico de la Carta, evidente en su parte dogmática y claramente identificado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es claro que no se puede imponer al ciudadano un deber en nombre de conceptos abstractos o de entelequias políticas.

Sólo la defensa y la protección de los derechos fundamentales, propios y ajenos, puede legitimar la imposición de deberes u obligaciones a cargo del particular, pues el Estado social de derecho busca la eficacia de los derechos fundamentales, no sólo a través de la acción estatal, sino a partir de la solidaridad social 25,

Esta es, en esencia, la fundamentación del catálogo de deberes del artículo 95, que dispone: ‘La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2) Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3) Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales; 4) Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6) Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8) Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano, y, 9) Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad’.

  1. La Corte Constitucional 26 ha expresado que los deberes constitucionales son aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal.
  2. Es por esto que las restricciones a la libertad general sólo pueden estar motivadas por fundadas razones que determine el legislador.

En este sentido, los deberes consagrados en la Constitución comprenden una habilitación al legislador para desarrollar y concretar la sanción por el incumplimiento de los parámetros básicos de conducta social fijados por el constituyente 27, Me interesa particularizar en el numeral 7° del artículo 95, que constitucionaliza como deber de la persona y del ciudadano el de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia.

  1. En la sentencia C-1512 de 2000 28, la Corte Constitucional con miras a establecer una diferencia entre los conceptos de deber, obligación y carga procesal, cita un análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.
  2. En dicha providencia, se determina que son deberes procesales aquellos imperativos estatuidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al juez (artículo 37 C.

de P.C.), otras a las partes y sus apoderados, y aun a los terceros (artículo 71 C. de P.C.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido (artículo 39, 72 y 73 C. de P.C., Decreto 196 de 1971 y Ley 1123 de 2007).

  • Se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público y orden público, y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, en términos del artículo 6° del Código 29,
  • Según lo expone Beatriz Quintero 30, el deber coincide con la posición de aquel a quien la norma impone una conducta a la cual vincula, en caso de inobservancia, una sanción.

En el mismo sentido, Hernando Devis Echandía 31, reconoce que también surgen del proceso verdaderos deberes procesales, a cargo de las partes y de sus apoderados los cuales implican un comportamiento exigible durante todo el desenvolvimiento del proceso, cuyo cumplimiento puede hacerse efectivo mediante coacción (multas y arresto) o por la fuerza (intervención de la policía para conducir a una persona ante el juez o para allanar una casa y entrar a ella) y cuyo incumplimiento puede acarrear la condena a indemnizar perjuicios a las otras partes.

El Código de procedimiento civil, en su artículo 71, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 27, impone a las partes y sus apoderados, unos determinados deberes, algunos de los cuales pueden considerarse verdaderas cargas 32, según se verá más adelante, que deberán asumir en la defensa de sus derechos ante la jurisdicción.

Veamos: • Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, y obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en el ejercicio de sus derechos procesales 33 (num.1° y 2°). Es evidente que el legislador ha impuesto a las partes y a sus apoderados el deber de observar una conducta que excluya la mala fe y la temeridad, circunstancias éstas que el artículo 74, ibídem, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 30, presume cuando se asumen las siguientes conductas 34 : 1) La manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a é ste; 2) La alegación consciente de hechos contrarios a la realidad 35 ; 3) La utilización del proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a éste o recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 4) La obstrucción de la práctica de pruebas 36, y 5) La utilización de cualquier otro medio para entorpecer reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

Consecuente con su deseo de evitar el acaecimiento de las anteriores conductas, el legislador, a su vez, impuso al juez el deber de prevenir, remediar y sancionar por los medios consagrados en el Código de procedimiento civil, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, la lealtad, la probidad y la buena fe que deben observarse en el proceso, al igual que toda tentativa de fraude procesal (art.37 num.3°).

Para ejemplificar lo expresado, el artículo 38, ibídem, en su numeral 2°, contempla dentro de los poderes de ordenación e instrucción del juez, la posibilidad de rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.

Adicionalmente, se consagra como una de las causales del recurso extraordinario de revisión (art.380 num.6°), la existencia de colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, siempre que se hayan causado perjuicios al recurrente. En este punto se hace necesario establecer un paréntesis para dar una breve explicación de los poderes jurisdiccionales, entendidos como los elementos de que dispone el juez en el proceso para el cumplimiento de su función jurisdiccional, y primordialmente, para la emisión de la sentencia que decide con criterios de justicia el conflicto sometido por las partes.

Los expositores de Derecho romanocanónico de la Edad Media 37 erigieron como postulados ínsitos en el poder jurisdiccional, los siguientes: gnotio (poder del juez de formar su convicción con el material de conocimiento que le suministraban las partes o que él mismo, mediante las llamadas diligencias para mejor proveer incorporaba al proceso); vocatio (poder de compeler al justiciable para que compareciera ante el juez, entendido también como poder de llamamiento); coercitio (poder de castigar con sanciones a quienes incumplían sus mandatos o le faltaban al respeto); iudicium (poder de sentenciar declarando el derecho que correspondía), y executio o imperium (poder del juez de hacer cumplir la sentencia).

La doctrina moderna estudia los poderes de la jurisdicción como los que ésta tiene a su servicio para el cumplimiento de sus fines, y en este sentido son enlistados por Clemente A. Díaz 38, como el poder de decisión, el poder de ejecución, el poder de coerción y el poder de instrumentación. A grandes rasgos, suministro una explicación: el de decisión consiste en el poder de sentenciar (art.302 y ss C.

de P. C); el de ejecución, representa el poder que tiene el juez de producir actos coactivos tendientes a la realización práctica del interés tutelado en la sentencia o providencia 39 (art.334 y ss C. de P.C.); el de instrumentación (art.115 y ss del C.

de P.C.), conocido también como de documentación, implica el poder de dar categoría de instrumento auténtico a las actuaciones procesales en que interviene el juez y en la potestad material de conservar y custodiar el conjunto de esos instrumentos en su despacho 40, El poder de coerción, que es el que está siendo objeto de desarrollo en el presente artículo, consiste en la potestad disciplinaria que tiene el juez, de imponer sanciones a quienes con su conducta obstaculicen o perjudiquen el proceso en su desenvolvimiento, incumplan las ó rdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

En este sentido, el juez por autorización expresa del legislador, puede imponer multas, sancionar con pena de arresto, ordenar la devolución de escritos irrespetuosos y expulsar de las audiencias y las diligencias a quienes perturben su curso (temática que será desarrollada a continuación).

A estos poderes, le sumo el de instrucción o investigación, que autoriza al juez para que decrete las pruebas de oficio que considere útiles, tendientes a la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes 41 (art.179 y 180 C. de P.C.). • Otro deber, señalado por el artículo 71, ibídem, es el de abstenerse de usar expresiones injuriosas en los escritos y exposiciones orales, y guardar el debido respeto al juez, a los empleados de éste, a las partes y a los auxiliares de la justicia.

El respeto al órgano judicial impone la necesidad, frente a elementales exigencias de orden, que toda actuación se cumpla dentro de un marco de respeto y compostura, de allí que la trasgresión a este deber sea sancionada por el juez en uso de sus poderes disciplinarios (artículo 39 C.

De P.C.). Así, podrá sancionar con pena de arresto inconmutable hasta por cinco días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas 42 (num.2°); ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos para con los funcionarios, las partes o terceros 43 (num.3°), y expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso (num.4°).

Ha de aclararse que el juez para ordenar el arresto debe garantizar al sancionado el debido proceso y, en este sentido, el legislador ha previsto que para imponer esta pena será necesario acreditar la falta con certificación de un empleado de la oficina que haya presenciado el hecho, con prueba testimonial o con copia del escrito respectivo, exigiendo la expedición de una resolución motivada que deberá notificarse personalmente, y frente a la cual procede el recurso de reposición.

Continuando con el listado de deberes consagrados para las partes y sus apoderados en el artículo 71, encontramos: • Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio o del lugar denunciado para recibir notificaciones personales, en la demanda o en su contestación o en el escrito de excepciones en el proceso ejecutivo, so pena de que éstas se surtan válidamente en el anterior (num.4°).

Esta situación tipifica más que un deber, una carga procesal, toda vez que la parte con su inactividad o la de su apoderado, perjudica sus propios reclamos, debido a que no podrá enterarse de los sucesos procesales oportunamente para ejercitar su derecho de defensa o contradicción.

  • Concurrir al despacho cuando sean citados por el juez y acatar sus órdenes en las audiencias y las diligencias (num.5°).
  • Frente a este deber, quiero aclarar que las sanciones son variadas dependiendo de la audiencia o de la diligencia de que se trate, v.
  • Gr., en el caso de la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio, contemplada en el artículo 101 del Código de procedimiento civil, tanto a la parte como al apoderado citados que no concurran, o se retiren antes de su finalización, se les impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos legales mensuales, salvo que se haya justificado la inasistencia debidamente.

Lo anterior, sin perjuicio de considerar la inconducta como un indicio grave en contra de las pretensiones del demandante o de las excepciones de mérito o fondo del demandado, según sea el caso. Se observa que de la inconducta procesal se originan diferentes consecuencias: una es la sanción disciplinaria consistente en la multa que puede imponer el juez, y otra, es la derivación en la sentencia del respectivo indicio por conducta omisiva y que puede incidir en la causa fáctica pretensional.

  • Abstenerse de hacer anotaciones marginales o interlineadas, subrayados o dibujos de cualquier clase en el expediente, so pena de incurrir en multa de un salario mínimo mensual (num.7°).
  • Para los apoderados se regulan deberes dirigidos a salvaguardar la lealtad procesal que deben tener con sus representados, a saber: comunicar a su representado el día y la hora que el juez haya fijado para interrogatorio de parte, careo, reconocimiento de documentos, inspección judicial o exhibición, y darle a conocer de inmediato la renuncia del poder (num.8°).

Esta consagración de deberes requiere, para asegurar su efectividad, la determinación paralela de las respectivas consecuencias derivadas de su incumplimiento; así, el artículo 72 del Código de procedimiento civil, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 28, contempla la responsabilidad patrimonial de las partes y de los terceros intervinientes, por sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, cuando causan perjuicios a la otra parte o a terceros intervinientes, y obra prueba de tal actuación.

Esta sanción es impuesta por el juez, sin perjuicio de la condena en costas 44, En el mismo sentido, el artículo 73, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 29, establece la responsabilidad patrimonial de los apoderados que actúen con temeridad o mala fe, ordenando la imposición de la condena de que trata el artículo 72 y la de pagar las costas del proceso, incidente, trámite especial que lo sustituya, o recurso.

Aclara la norma que dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe, posibilitando la imposición a cada uno, de multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales. Copia de lo pertinente se remitirá a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura respectivo, con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional 45,

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 22 de la ley 446 de 1998, establece la posibilidad que tiene el juez de imponer al abogado multa hasta de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, en los siguientes eventos: 1) Cuando utilice el proceso, recurso, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste, para fines ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; 2) Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas, y 3) Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal del proceso.

• Finalmente, se establece como deber de las partes y sus apoderados el de prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra (num.6°, art.71). Se observa en esta norma que el deseo del legislador es imputar al sujeto una responsabilidad que trascienda al conflicto jurídico planteado, y no una responsabilidad meramente procesal o patrimonial, pues a tal actuar se le atribuye el poder de desvirtuar los elementos axiológicos de la pretensión o de la excepción de mérito, al derivarse el respectivo indicio conductual 46,

Y en este sentido, es consecuente el artículo 249 del Código de procedimiento civil, al disponer: ‘El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes’. Pero al igual que el legislador consagró deberes para los justiciables, dispuso deberes a cargo del juez, en aras de la eficacia de la administración de justicia.

Esto último juega un papel central para viabilizar la efectividad de los derechos fundamentales consagrados por nuestro Estado social de derecho, que a su vez impone a sus servidores el ineludible compromiso de servirle a él y a la comunidad 47, El artículo 37 del Código de procedimiento civil, modificado por el D.E.2282 de 1989, artículo 1°, numeral 13, contempla los deberes del juez.

A continuación se enuncian los principales: Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran (num.1°); hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que el Código le otorga (num.2°); prevenir, remediar y sancionar por los medios consagrados en el Código, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal (num.3°); emplear los poderes concedidos por el legislador en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente, para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias (num.4°); guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta (num.5°); dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas (num.6°), y decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, o aquélla sea oscura o incompleta, para lo cual aplicará las leyes que regulen situaciones o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, la costumbre y las reglas generales de derecho sustancial y procesal (num.8°).

Para facilitarle el cumplimiento de los deberes, el estatuto procesal dotó al juez de los poderes de ordenación e instrucción y disciplinarios; y, a su vez, el legislador definió responsabilidades correlativas al incumplimiento de los deberes impuestos, o del inadecuado uso de los poderes, que podrán ser de naturaleza penal, disciplinaria, civil o patrimonial 48, según la clase de la falta cometida.

  • El artículo 38 del Código de procedimiento civil consagra los poderes de ordenación e instrucción, aunque se aclara que es preferible la utilización del primer término, por considerar que la instrucción es otro poder independiente que nada tiene que ver con la regulación que se trae.
  • Veamos: Son poderes de ordenación del juez: 1.

Resolver los procesos en equidad, si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza; 2. Rechazar cualquiera solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta (lo que se hace necesario para contrarrestar las conductas temerarios o de mala fe de las partes o sus apoderados), y 3.

  • Los demás que el código consagre.
  • A su vez, el artículo 39, ibídem, contempló los poderes disciplinarios del juez, más propiamente entendidos como poderes de coerción.
  • Como algunos de ellos ya fueron referenciados anteriormente, hago sólo alusión a los que están pendientes: 1.
  • Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

Estas multas se impondrán mediante resolución motivada, previa solicitud de informe al empleado o particular; deberá ser notificada personalmente y contra ella procederá el recurso de reposición. Una vez ejecutoriada, si el valor que en ella se indica no es consignado por el sancionado dentro de los diez días siguientes, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día, sin exceder de veinte días (num.1°).2.

Sancionar con multas de dos a cinco salarios mínimos mensuales a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados, para rendir declaración o atender cualquiera otra citación que el juez les haga (num.5°). Esta disposición es importante, por ejemplo, para hacer efectiva la comparecencia de testigos, o incluso de las partes, ante el juez para la práctica de las respectivas diligencias probatorias.

CONCLUSIONES La nueva dialéctica del proceso jurisdiccional necesariamente repercute en la forma de ver y practicar el derecho; urgen medidas tendientes al restablecimiento de la acción comunicativa de los sujetos procesales, juez, partes y apoderados, pues no se concibe que permanezcan acantonados en sus respectivos roles, en defensa de sus propios intereses, olvidando lo que finalmente los ha unido en el foro y que es lo verdaderamente importante: la solución justa del conflicto jurídico.

  1. El eficiente desenvolvimiento del debido proceso implica la acción conjunta de todos los sujetos vinculados.
  2. De un lado se requiere de jueces técnicos, que dominen el sistema de fuentes que permea la solución del caso concreto que les ha sido sometido, jueces comprometidos con el servicio público de administrar justicia; de otro lado, se requiere la presencia de partes que estén dispuestas a aceptar con gallardía y decoro la decisión que tome el juez, no obstante que no represente la victoria de sus reclamaciones; y finalmente, apoderados judiciales que respeten las reglas de la deontología profesional, toda vez que la función del abogado en el proceso supone una nueva dinámica del ejercicio del derecho, ya no basada en actividades guiadas al convencimiento del juez a toda costa, para ver materializados los intereses de sus clientes, sino en un fortalecimiento del principio de moralidad procesal, que desarrolla la lealtad, la buena fe y la conducta debida.

Bajo este esquema, el aforismo no será que gane el mejor, sino que gane quien verdaderamente tenga la razón y el Derecho de su lado. El opulente discurso que se maneja acerca del respeto de los derechos y garantías constitucionales, de los nuevos roles del juez en el Estado social de derecho y de la reivindicación del principio de moralidad en aras de un sano debate procesal, hay que materializarlo, hacerlo una realidad palpitante, y es hacia esa vía que tenemos que dirigir no solamente nuestro interés discursivo, sino pragmático; de lo contrario, las concesiones del sistema jurídico-político se quedarían en buenas intenciones y estaríamos condenados a asistir al derrumbe de un modelo constitucional que apenas comienza a hacer mella e nuestros imaginarios.

Bibliografía referenciada 1. CARNELUTTI, Francesco. Cómo se hace un proceso. Traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín. Bogotá: Editorial Temis, 2002.2. GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo, 2ª. ed. Madrid: Editorial Alianza, 1987.3. DEVIS ECHANDÍA, Hernando.

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ARTÍCULOS: 9. QUINTERO DE PRIETO, Beatriz. El debido proceso. En: Revista Temas Procesales, No.21, octubre de 1997. Medellín: Editorial Dike.10. QUINTERO DE PRIETO, Beatriz. El derecho procesal en la Constitución de 1991. En: Revista Temas Procesales, No.16, mayo de 1993. Medellín: Editorial Dike.p.80.11. LONDONO JARAMILLO, Mabel.

Los indicios conductuales en el proceso civil. En: Revista Opinión Jurídica, Vol.5, No.10. Medellín: Sello editorial Universidad de Medellín, 2006.p.153-154. SENTENCIAS: 12. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-095 de enero 31 de 2001, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández; Sentencia C-1512 de noviembre 8 de 2000, Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis; Sentencia T-554 de agosto 2 de 1999, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-327 de agosto 12 de 1993, Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell; Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia T-446 de julio 8 de 1992, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz; Sentencia T-426 de junio 24 de 1992, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, y Sentencia T-406 de junio 5 de 1992, Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón.13.

  • CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil: Sentencia de mayo 24 de 1980, Magistrado Ponente Germán Giraldo Zuluaga.
  • Recibido: abril 9 de 2007 Aprobado: mayo 22 de 2007 * El presente artículo es un producto de la investigación terminada en el segundo semestre del 2006, titulada’ Valoración de la conducta omisiva, oclusiva y mendaz en un debido proceso civil y penal’, realizada por el Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín; en la cual participó la autora como coinvestigadora.

** Abogada y Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, Doctoranda en Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, Docente investigadora de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y Docente de la Facultad de Derecho.

Integrante del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. [email protected],1 Ver Preámbulo y artículo 2° de la Constitución Política.2 Una de las instituciones que desarrolla la garantía de legalidad del juez, que a su vez hace parte del debido proceso (art.29 C.P.), es la del juez técnico, a través de la cual se reclama que el mejor de los juristas sea precisamente el juez, por ser quien tiene a cargo la justa solución de los conflictos que le han sometido las partes.

En la actualidad esta garantía es de trascendental importancia para los justiciables, debido a que el juez está en la obligación de conocer todo el sistema de fuentes que dirigen su actuar, máxime cuando no sólo debe preocuparse por la solución justa del caso concreto, sino también porque en la ruta hacia la construcción de la sentencia, no violente derechos fundamentales y actúe en consonancia con el debido proceso.

  • Un juez en un Estado social de derecho tiene necesariamente que ser un juez técnico, de otra forma la administración de justicia es una burla.3 Corte Constitucional, Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992.M.P.
  • Eduardo Cifuentes Muñoz.
  • Frente al tema de la reciprocidad de los derechos y obligaciones constitucionales la Corte ha sostenido: ‘En la base de los deberes sociales se encuentra el principio de reciprocidad (C.N., art.95).

La Constitución reconoce a la persona y al ciudadano derechos y libertades, pero, al mismo tiempo, le impone obligaciones. Los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensadas por éste a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad capaces de gozar de una existencia digna (C.N., preámbulo, arts.1°, 95, 58 y 333).

En una sociedad pobre, la justicia distributiva no puede ser solamente cometido del Estado, sino actitud y práxis de todos, mayormente de los mejor dotados. La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge con fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo, mediante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones’.4 Artículo 95 de la Constitución Política.5 Cfr.

RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando. Principios constitucionales del derecho procesal colombiano; investigación en torno a la Constitución Política de 1991, 1ª. ed. Medellín: Señal Editora, 1999.p.66.6 GARCÍA PELAYO, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo, 2ª.

ed. Madrid: Editorial Alianza, 1987. Citado por RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando. Principios constitucionales del derecho procesal colombiano. Op. cit.p.66.7 Corte Constitucional, Sentencia T-426 de junio 24 de 1992.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.8 Cfr. QUINTERO DE PRIETO, Beatriz. El debido proceso. En: Revista Temas Procesales, No.21, octubre de 1997.

Medellín: Editorial Dike.p.18. Frente al asunto, continúa explicando: ‘La cláusula ‘SOCIAL’ añadida al Estado, no afecta a su estructura sino a sus fines, es decir, el Estado asume nuevas tareas, como por ejemplo salud, educación, vivienda, orden público, seguridad, que no sustituyen sino que complementan las antiguas.

  • Se pretende proteger a los sectores sociales menos favorecidos a través de una determinada forma de actuar de los poderes públicos.
  • En veces, sin embargo, significa precisamente la exigencia de un cambio de actitud que corresponda a la nueva dirección reclamada’.9 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de julio 8 de 1992.M.P.

Fabio Morón Díaz. ‘En líneas generales, el precepto señalado presupone la conformación de unas nuevas dimensiones ideológicas y orgánico-institucionales del Estado que le permiten administrar servicios, coordinar procesos, regular bienes y adelantar la intervención necesaria en el campo económico y social con el propósito de asegurar la realización de los valores fundamentales de la vida social (.) Esta calificación del Estado conduce no solo a la transformación funcional y estructural de é ste como se ha advertido, sino además, a la mayor relevancia jurídica del principio de la igualdad de las personas, al establecimiento de especiales reglas jurídicas de rango constitucional que regulen en dicho nivel normativo los distintos procesos económicos de la sociedad teniendo en cuenta los protagonistas de los mismos, y el especial reconocimiento y garantía, incluso judicial, de determinados derechos y libertades de contenido económico, social y cultural’.10 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de junio 5 de 1992.M.P.

Ciro Angarita Barón.11 Ibíd. Tomado de H.L. Wilensky, 1975.12 Ibíd. Tomado de ARAGÓN REYES, Manuel. Constitución y democracia. Madrid: Editorial Tecnos, 1989.13 Ibíd. Frente al tema de los derechos fundamentales, expresa: ‘Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental.

Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido si no se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos.

En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de interpretación’.14 Ibíd.15 ZAGREBELSKY, Gustavo.

El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 4a. ed. Madrid: Editorial Trotta, 2002.p.109, 110, 111 y 118. El autor Italiano, reconoce la existencia de un derecho reglado y un derecho principial. Entiende que con la palabra ‘norma’ se alude a que algo deba ser o producirse; en particular, a que un hombre deba comportarse de determinada manera.

  • De cara al significado de la separación de la ley y de la justicia, dentro de una noción genérica de norma de este tipo es importante diferenciar lo que podría denominarse ‘regla’ de lo que podría, por el contrario, denominarse ‘principio’.
  • Si el Derecho actual está compuesto de reglas y principios, cabe observar que las normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son prevalentemente principios.

Las reglas nos proporcionan el criterio de nuestras acciones, nos dicen cómo debemos, no debemos, podemos actuar en determinadas situaciones específicas previstas por las reglas mismas; los principios, directamente, no nos dicen nada a este respecto, pero nos proporcionan criterios para tomar posición ante situaciones concretas pero que a priori aparecen indeterminadas.

Los principios generan actitudes favorables o contrarias, de adhesión y apoyo o de disenso y repulsa hacia todo lo que puede estar implicado en su salvaguarda en cada caso concreto. Puesto que carecen de ‘supuesto de hecho’, a los principios, a diferencia de lo que sucede con las reglas, sólo se les puede dar algún significado operativo haciéndoles ‘reaccionar’ ante algún caso concreto, en razón de ello, su significado no puede determinarse en abstracto, sino sólo en casos concretos, y sólo en los casos concretos se puede entender su alcance.16 Ibíd.

Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992. En la providencia en cita, frente al tema de los principios constitucionales la Corte sostuvo: ‘(.) son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental.

  • Sin embargo, no siempre son suficientes por sí solos para determinar la solución necesaria en un caso concreto.
  • No obstante el hecho de poseer valor normativo, siguen teniendo un carácter general y por lo tanto una textura abierta, lo cual, en ocasiones, limita la eficacia directa de los mismos.
  • En estos casos se trata de un problema relativo a la eficacia más o menos directa de los principios y no a un asunto relacionado con su falta de fuerza normativa.

En síntesis, un principio constitucional jamás puede ser desconocido en beneficio de otra norma legal o constitucional o de otro principio no expresamente señalado en la Constitución, pero puede, en ciertos casos, necesitar de otras normas constitucionales para poder fundamentar la decisión judicial, para iluminar el caso concreto’.17 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz.

  • El derecho procesal en la Constitución de 1991.
  • En: Revista Temas Procesales, No.16, mayo de 1993.
  • Medellín: Editorial Dike.p.80.18 Ver Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.19 Con ello no se quiere significar que la figura del juez protagonista del proceso sea exclusiva del Estado social de derecho.20 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz; PRIETO, Eugenio.

Teoría General del Proceso. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2000.p.83.21 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.22 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz; PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Op. cit., p.83. ‘Solo las reglas pueden ser observadas y aplicadas mediante el silogismo judicial.

Cuando contradicen los principios ante el influjo de su fuerza irradiante porque la realidad suscita la reacción, es preciso que se tome posición ante un caso concreto de conformidad con ellos. Así y solo así, como se puntualizó, penetran los principios en la actividad jurisdiccional común. Es la manera como el cambio estructural del derecho comporta consecuencias para los jueces comunes.

Sin sacrificar la exigencia de certeza y de previsibilidad de las decisiones judiciales se mira también más a la realidad del caso concreto buscando la decisión justa’.23 Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 1992.24 Lo anterior es conocido por la Corte Constitucional como principio de reciprocidad.

  1. Ver Sentencia T-532 de septiembre 23 de 1992.M.P.
  2. Eduardo Cifuentes Muñoz.
  3. Sobre el tema también puede consultarse la Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994, que reconoce la existencia de una relación de complementariedad entre los derechos y los deberes constitucionales: ‘La persona humana, centro del ordenamiento constitucional, no sólo es titular de derechos fundamentales sino que también es sujeto de deberes u obligaciones, imprescindibles para la convivencia social (.) La concepción social del Estado de derecho, fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general (C.N., art.1°), se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales, pero también en la sanción constitucional al incumplimiento de los deberes constitucionales.

El artículo 1° de la Constitución erige la solidaridad en fundamento de la organización estatal. Los nacionales y extranjeros tienen el deber de acatar la Constitución y la ley, y son responsables por su infracción (C.N., arts.4° y 6°). De esta forma, los deberes consagrados en la Carta Política han dejado de ser un desideratum del buen pater familias, para convertirse en imperativos que vinculan directamente a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica’.25 Artículo 1° Constitución Política: ‘Colombia es un Estado Social de Derecho.

  1. Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general’.26 Sentencia T-125 de marzo 14 de 1994.M.P.
  2. Eduardo Cifuentes Muñoz.27 Artículo 4° Constitución Política: ‘La Constitución es norma de normas.
  3. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades’. Artículo 6° Constitución Política: ‘Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.

Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones’.28 Corte Constitucional, Sentencia C-1512 de noviembre 8 de 2000.M.P. Alvaro Tafur Galvis. Ver también Sentencia C-095 de enero 31 de 2001.M.P. José Gregorio Hernández.29 Artículo 6° Código de procedimiento civil.

Modificado ley 794 de 2003, art.2o: ‘Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas’.30 QUINTERO DE PRIETO, Beatriz; PRIETO, Eugenio. Teoría general del proceso. Op. cit., p.459.31 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho procesal, Tomo I, Teoría general del proceso, 9ª ed. Bogotá: Editorial ABC, 1983.p.401.32 La carga procesal supone un proceder potestativo del sujeto a quien para su propio interés le ha sido impuesta, impidiendo constreñirlo para que se allane a cumplirla, y es por ello que se ha entendido como un imperativo del propio interés.

Ver al respecto, sentencia C-1512 de 2000.33 Corte Constitucional, Sentencia T-327 de agosto 12 de 1993.M.P. Antonio Barrera Carbonell. La Corte al analizar los principios que se vulneran con la actuación temeraria, indica que ‘la temeridad se ha entendido como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso.

Como es fácil deducirlo, la temeridad vulnera los principios de buena fe, la economía y la eficiencia procesales, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación judicial e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal’.34 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de mayo 24 de 1980.M.P.

Germán Giraldo Zuluaga. En dicha providencia esta magistratura dispuso que la lista de los casos de temeridad o mala fe enunciados por el artículo 74 del C. de P.C., no es taxativa, y que por lo tanto, no se excluye la existencia de otros en donde se evidencia tal actuar.

‘El catálogo copiado es el de los episodios en que legalmente se presumen esas circunstancias, pero ello no quiere decir que no hayan otros eventos en que se actúe de esta manera perniciosa’.35 La conducta mendaz o mentirosa tiene una doble sanción en nuestro Código de procedimiento civil, toda vez que puede ser objeto de un proceso disciplinario que se despache en la misma causa, tendiente a contrarrestar el fraude procesal en desarrollo del principio de moralidad, pero, igualmente, puede deducirse de dicha conducta procesal el respectivo indicio y valorarse en la sentencia en conjunto con las demás pruebas.

Frente al tema puede consultarse el artículo de mi autoría ‘Los indicios conductuales en el proceso civil’. En: Revista Opinión Jurídica, Vol.5, No.10. Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín, 2006.p.153-154.36 La conducta oclusiva se sanciona disciplinariamente por vulnerar normas de contenido ético o moral establecidas por el legislador, pero a su vez puede traer como consecuencia la falta de colaboración de las partes en el proceso, y con ello afectar la obtención de unos elementos probatorios necesarios para finalmente alcanzar la justa composición del conflicto, lo que obliga al juez a deducir el respectivo indicio conductual.

El tema fue objeto de estudio en el artículo de mi autoría ‘Los indicios conductuales en el proceso civil’. Op. cit. p 151 a 153.37 Cfr. DÍAZ, Clemente A. Instituciones de Derecho procesal, Tomo II. Jurisdicción y competencia. Buenos Aires: Abeledo – Perrot, 1972.p.49-50.38 Ibíd.p.52-59.39 Carnelutti explica de forma muy pintoresca el poder de ejecución, en los siguientes términos: ‘El juez tiene en su mano la balanza y la espada; si la balanza no basta para persuadir, la espada sirve para constreñir.

Por eso, cuando el ladrón ha sido condenado, debe ir a prisión, de grado o por fuerza; cuando al deudor le exige el juez que pague la letra de cambio, si no paga se le quitan tantos bienes cuantos sean necesarios para traducirlos en el dinero necesario para el pago (.)’.

CARNELUTTI, Francesco. Cómo se hace un proceso. Traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín. Bogotá: Editorial Temis, 2002.p.53.40 DÍAZ, Clemente A. Instituciones de Derecho procesal. Op. cit.p.57.41 Frente al tema puede consultarse el capítulo de mi autoría ‘Las pruebas de oficio en el proceso civil en Colombia’.

Controversia Procesal. Publicación del Grupo de Investigaciones en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Medellín: 2006.p.127-149.42 Con referencia al tema puede consultarse la Sentencia C-218 de mayo 16 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, a través de la cual se declaró la exequibilidad condicionada del numeral 2° del artículo 39 del Código de procedimiento civil.43 Corte Constitucional, Sentencia T-554 de agosto 2 de 1999.M.P.

  • Antonio Barrera Carbonell.
  • Estima la Sala que los escritos irrespetuosos son aquellos que resultan descomedidos e injuriosos para los funcionarios, las partes o los terceros, de manera ostensible e incuestionable y que superan el rango normal del comportamiento que se debe asumir en el curso de un proceso judicial, aun en los eventos de que quienes los suscriben aprecien situaciones eventualmente irregulares o injustas, generadas en el desarrollo de la actividad judicial.

‘Es posible igualmente que a través de un escrito se pueda defender con vehemencia y ardentía una posición, pero sin llegar al extremo del irrespeto’.44 La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 24 de 1980, con ponencia del Magistrado Germán Giraldo Zuluaga, frente a la responsabilidad sancionada por el artículo 72 del C.

  • De P.C., sostuvo: ‘(.) entre la responsabilidad general establecida en el artículo 2341 del C.
  • Civil para quien, por su culpa, ha causado daño a otro y la especial consagrada en el artículo 72 del C. de P.
  • Civil para quien causa perjuicio con actuaciones temerarias o de mala fe, existe una clara diferencia: cualquier culpa, una culpa cualquiera, grave, leve o levísima, es suficiente para fundar responsabilidad a cargo de su autor, según el artículo 2341; por el contrario, para fundarla a cargo del litigante, según el artículo 72 precitado, se exige que el acto procesal culposo, implique temeridad o mala fe, de lo que se concluye que las culpas leve y levísima no son fuente de responsabilidad en este último caso’.45 El Congreso de la República expidió el 22 de enero de 2007, la Ley 1123 mediante la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado, y se regulan, entre otras, las siguientes faltas: faltas contra la dignidad de la profesión (art.30); faltas contra el decoro profesional (art.31); faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas (art.32); faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado (art.33); faltas de lealtad con el cliente (art.34); faltas a la honradez del abogado (art.35); faltas a la lealtad y honradez con los colegas (art.36); faltas a la debida diligencia profesional (art.37), y faltas contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos alternativos de solución de conflictos (art.38).46 LODOÑO JARAMILLO, Mabel.

Los indicios conductuales en el proceso civil. Op. cit.p.151 a 153.47 Artículo 2° Constitución Política: ‘(.) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’.48 Con referencia a la responsabilidad patrimonial del juez puede consultarse el Capítulo VI de la Ley 270 de 1996, ‘Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia’, que subrogó el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil.