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Derecho, Jurisprudencia, Información

Que Son Los Derechos Y Obligaciones?

Que Son Los Derechos Y Obligaciones
¿Qué son los derechos? – Los derechos son las disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades provistas por el Estado. Los derechos de los ciudadanos están asentados en la constitución de cada país y, por lo tanto, pueden variar.

¿Qué son derechos y obligaciones para niños?

Los derechos de los niños son todas las disposiciones legales creadas para proteger, cuidar y establecer garantías para los menores de edad, así como definir responsabilidades a los tutores, a los Estados y a la sociedad en general. Las obligaciones de los niños son una serie de responsabilidades que deben cumplir para establecer las bases de una sana convivencia con sus pares, con su familia y su comunidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1989 La Declaración Universal de Responsabilidades Humanas, proclamada en 1998 con el auspicio de la UNESCO en conmemoración de los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Derechos de los niños y niñas Obligaciones de los niños y niñas
Definición Son compromisos adquiridos por los Estados para garantizar la protección de los niños y niñas en múltiples ámbitos: identidad, salud, educación, amparo legal, etc. Son las responsabilidades que adquiere todo niño y niña con sus pares, familia y comunidad.
Instrumentos legales

Convención sobre los Derechos del Niño. La constitución de cada país. Leyes generales para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Convenios y tratados internacionales.

Convención sobre los Derechos del Niño. Declaración Universal de Responsabilidades Humanas. La constitución de cada país. Convenios y tratados internacionales.

Ejemplos

Derecho a la vida Derecho a la identidad. Ser cuidado por los padres. Derecho a ser protegido por la ley. Contacto con padres en caso de separación. Libre tránsito Libertad de expresión y opinión Libertad de pensamiento y religión Derecho de asociación Protección de la vida privada Protección del estado Protección a refugiados Cuidados especiales Derecho a la salud Derecho a la seguridad social Nivel de vida adecuado Derecho a la educación Expresión cultural Protección ante la explotación Asistencia legal

Promover el respeto a los demás. Ayudar a otros niños desfavorecidos. Fomentar la cultura de la paz. Cuidar del medio ambiente. Respetar la opinión de los demás. Respeto a la religión y creencia ajenas. Proteger la integridad de otros niños. Cumplir con los deberes académicos.

¿Cuál es el concepto de obligaciones?

1.- Concepto de obligación. Es decir, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad.

¿Qué son los derechos de los humanos?

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS – ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Son universales, por ser derechos inalienables de todos los seres humanos.

(Universales, porque son aplicables a todas las personas sin distinción alguna. No importa la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva pues estos derechos son de y para todas y todos.

Se centran en el valor igual de todos los seres humanos. Son indivisibles e interdependientes.

(Indivisibles e interdependientes. Es decir, los derechos humanos están relacionados entre sí de tal forma que para ejercer plenamente determinado derecho será necesaria la intervención de otro u otros. Por ejemplo, para ejercer el derecho a la educación es necesario acceder también al derecho a la salud y al derecho a la alimentación.

No pueden ser suspendidos o retirados. Imponen obligaciones, particularmente a los Estados y los agentes de los Estados. Han sido reconocidos por la comunidad internacional. Están protegidos por la Constitución y las leyes. Protegen a las personas y a los grupos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada «Tres Generaciones» es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del orden jurídico normativo de cada país. PRIMERA GENERACIÓN. Se refiere a los derechos civiles y políticos. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran:

Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. Toda persona tiene derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desea. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

SEGUNDA GENERACIÓN. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. De ahí, el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva, y son:

Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

TERCERA GENERACIÓN. Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Entre otros, destacan los relacionados con:

La autodeterminación. La independencia económica y política. La identidad nacional y cultural. La paz. La coexistencia pacífica. El entendimiento y confianza. La cooperación internacional y regional. La justicia internacional. El uso de los avances de las ciencias y la tecnología. La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. El medio ambiente. El patrimonio común de la humanidad. El desarrollo que permita una vida digna.

¿HAY ALGUNA JERARQUÍA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS? No. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia. La Declaración Universal de Derechos Humanos, deja claro que todos los derechos humanos, ya sean económicos, políticos, civiles, culturales o sociales, tienen igual validez e importancia. ¿LAS PERSONAS TIENEN OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS ADEMÁS DE LOS ESTADOS? SÍ. También las personas pueden ser sujetas de obligaciones en materia de derechos humanos, las organizaciones internacionales y otros agentes no pertenecientes al Estado. Las personas en lo individual, tienen responsabilidades generales para con la comunidad y deben respetar los derechos humanos de los demás. Información obtenida de la página web de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

¿Qué son las obligaciones en niños?

Se encuentra usted aquí – Inicio » Derechos y Deberes de Niñas, Niños y Adolescentes ​ Todas las Niñas, Niños y Adolescentes cuentan con derechos desde su nacimiento, en México, estos son establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Tabasco.

Respeto a personas responsables de nuestro cuidado. Respeto a quienes nos rodean. Respeto a otras niñas, niños y adolescentes. Cumplir con los deberes escolares. Ayudar en el hogar. Cuidar el medio ambiente. Cuidar nuestro cuerpo. Respeto de los derechos.

¿Cuál es el concepto de derecho?

El Derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente.

¿Cuáles son los tipos de obligaciones?

Las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones de dar consisten en la entrega de un bien; las de hacer, en la efecución de un hecho; y las de no hacer, en una abstención. Las dos primeras son llamadas positivas, pues consisten en una acción.

¿Cómo nace una obligación?

Disposiciones generales – Artículo 1.088. Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Artículo 1.089. Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

  • Artículo 1.090.
  • Las obligaciones derivadas de la Ley no se presumen.
  • Sólo son exigibles las expresamente determinadas en este Código o en Leyes especiales, y se regirán por los preceptos de la Ley que las hubiere establecido; y, en lo que ésta no hubiere previsto, por las disposiciones del presente Libro.

Artículo 1.091. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. Artículo 1.092. Las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal.

¿Cuáles son los derechos personales ejemplos?

Los derechos personales, en cambio, no se ejercen sobre una cosa, sino respecto de una determinada persona, como los contratos: la compraventa, el arrendamiento, el préstamo de dinero o el Contrato de trabajo. Todos los contratos son fuentes de derechos personales y de obligaciones.

¿Qué es la obligacion de hacer en derecho?

Tipo de obligaciones (dar, hacer y no hacer) que son objeto del proceso de reorganización empresarial

  • Por: Carlos Mario Montiel Fuentes
  • I. Introducción
  • Lo que ha motivado la elaboración del presente escrito es la reciente discusión que se ha venido planteando en distintos escenarios académicos y judiciales, respecto de qué tipo o qué clase de obligaciones son sujeto del proceso de reorganización empresarial.

Es decir, si cualquier clase de obligaciones pueden ser objeto del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto y acreencias. Tratándose de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Es común encontrar en este tipo de procesos que las obligaciones sean de dar y que las mismas se deban extinguir a través del pago.

No es tan común que existan obligaciones de hacer, sin embargo, con la crisis que ha venido acaeciendo en el sector de la construcción y/o de las constructoras, se ha vuelto recurrente encontrarlas en las discusiones jurídicas que se dan en el marco de los procesos de insolvencia mencionados. En cuanto a las obligaciones de no hacer, por su naturaleza y definición nos atrevemos a anticiparnos en cuanto a que estas no es posible que sean objeto o que hagan parte de un proceso de reorganización, donde se deban incluir dentro de la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto y acreencias, dado que el no hacer, no es posible que genere como tal un cumplimiento positivo, sino desde una faceta negativa; no llevar a cabo un comportamiento.

Aunque lo que sí podría ser objeto del trámite en cuestión sería la consecuencia que conlleve el incumplimiento de la obligación de no hacer, siempre y cuando no se trate de las exclusiones que la legislación misma establece. Por lo anterior, este acercamiento a determinar qué tipo de obligaciones pueden hacer parte del proceso de reorganización, en principio se referirá única y exclusivamente a las obligaciones de dar y a las de hacer, dadas, como se dijo, las más recientes discusiones que se han presentado en torno a ello.

Resulta importante debatir sobre este tema en particular, dado que las dudas al respecto se han presentado de hecho en el ámbito judicial, donde el desconocimiento en la materia, por parte de los operadores jurídicos y los operadores judiciales, podrían llevar a establecer una afectación directa de derechos fundamentales de quienes intervienen en estos procesos, pero además podrías poner en riesgo a una de las garantías institucionales más importante de nuestro estado social de derecho, como lo es la empresa.

Máxime cuando actualmente los procesos concursales son de única instancia, toda vez que así lo dispuso el Legislador y a la fecha la norma no ha sido reformada, ni derogada. Tal vez en otra entrega podremos ahondar un poco respecto de la inconveniencia y/o implicaciones de que un superior jerárquico no tenga la posibilidad de revisar decisiones de tanta transcendencia respecto del bien jurídico tutelado y la garantía institucional mencionada.

Dicho esto, pasamos a realizar una breve explicación de lo que consideramos debe suceder en el proceso de reorganización, teniendo en cuenta los principios básicos de interpretación jurídica según la jurisprudencia constitucional, así como algunas reglas sobre la materia y pronunciamientos recientes en relación con el tema materia de estudio.

Claramente, lo anterior será a la luz de la legislación vigente y no de la normatividad que anteriormente tuvo aplicación en materia concursal, por obvias razones. Por último, nos referiremos a un caso en el que oscilaron varios pronunciamientos que en últimas llevó a que se despejara la incertidumbre respecto del tema que pretendemos abordar.

Las obligaciones de dar, las de hacer y no hacer

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1605 de nuestro Código Civil, la obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si se trata de una especie o cuerpo cierto, conlleva también la de conservarla hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor.

La obligación de dar consiste en transferir el derecho de dominio de la cosa, sin embargo merece un estudio en particular esta definición toda vez que en el derecho colombiano, el contrato mediante el cual surge la obligación de dar no transfiere la propiedad o el derecho de dominio de un bien, sino que debe acudirse a uno de los modos de adquirir la propiedad.

En el palmario ejemplo clásico para explicar este tipo de obligaciones, tenemos que el contrato de compraventa por sí solo no transfiere la propiedad, sino que obligatoriamente debe existir el modo de adquirir el dominio, que en este caso, sería la tradición.

No obstante, la finalidad en todo caso es la de transferir el dominio de la cosa. Ahora bien, desde la teoría más pura del derecho de obligaciones se ha distinguido entre los conceptos de dar y entregar, toda vez que el primero conlleva la de transferir el dominio de un bien, mientras que el segundo supone la entrega material del bien, poniéndolo en manos del acreedor.

En la mayoría de los casos, la obligación de dar lleva implícita la de entregar el bien como consecuencia de la transferencia del dominio, por supuesto, pues de lo contrario no se cumpliría la finalidad del contrato como fuente de obligación. Por su parte, las obligaciones de hacer son aquellas que someten al deudor a la ejecución de un hecho positivo, es decir, de una prestación cualquiera, diferente desde luego de una transferencia del dominio.

  • Estas obligaciones se refieren entonces a la ejecución de un hecho positivo cualquiera: suscribir un documento o una escritura pública, prestar un servicio, hacer una construcción, realizar un transporte, etc.
  • Para el asunto que trataremos de abordar, es necesario hacer referencia al contrato como fuente de obligaciones, donde unos originan obligaciones de dar, y otros, por su naturaleza, obligaciones de hacer.

El contrato de compraventa, por ejemplo nos trae la obligación de dar (de transferir el dominio), es decir, que en el derecho colombiano tendremos que acudir necesariamente al modo de adquirir el dominio que será la tradición. En el contrato de promesa de compraventa, surge una obligación de hacer, que será la de suscribir una escritura pública, tal y como se ha precitado.

Las obligaciones objeto del proceso de reorganización empresarial

Una vez iniciado el proceso de reorganización empresarial en Colombia, uno de los efectos que surge es el que consiste en la prohibición de pagar cualquier obligación causada con anterioridad al inicio de dicho proceso, es decir, a la fecha de expedición del auto de iniciación del proceso por parte del Juez del Concurso, según lo confirma el artículo 18 de la Ley 1116 de 2006.

Como consecuencia de lo anterior, en el auto que da apertura al proceso, se imparten órdenes provenientes del Juez del Concurso, entre ellas: (i) se designa un auxiliar de justicia denominado promotor, (ii) se ordena actualizar el inventario de activos y pasivos del deudor con corte al día anterior al de la fecha de inicio del proceso, y partiendo de esta información (iii) se deberán elaborar por el auxiliar de la justicia los proyectos de calificación y graduación de créditos y el de determinación de derechos de voto y acreencias.

En el primer proyecto, el de calificación y graduación de créditos, se incluye en favor de quién existen obligaciones, a cuánto ascienden estas obligaciones, y a qué clase de acreedor pertenece en lo que prelación de créditos se refiere. En el segundo proyecto, se determina la participación política de los acreedores, como consecuencia de las obligaciones que han sido calificadas en su favor.

Al momento de elaborar el proyecto de calificación y graduación de créditos el auxiliar de justicia o quien cumpla las funciones de promotor debe incluir las obligaciones en favor de los acreedores, su monto y como lo dijimos, la clase de prelación de créditos a la que corresponde. Es aquí donde comienza la sana discusión sobre si en estos proyectos deben incluirse solo obligaciones de dar, o también las de hacer o las de no hacer.

Y en caso de que las de hacer y las de no hacer hagan parte de estos documentos, cuál es la manera de hacerlo. En criterio nuestro, tanto las obligaciones de dar como las obligaciones de hacer son objeto del proceso de reorganización empresarial, y por tanto deben incluirse en los proyectos mencionados.

  • Como en estos proyectos solo es posible incluir sumas de dinero debidas, habrá que determinar en dinero unas y otras, para estos efectos.
  • En el caso de las obligaciones de dar se cuantificarán en dinero y este será el valor que deberá incluirse, y en el caso de las obligaciones de hacer, se hará lo propio.

Como se tratan de obligaciones de hacer surge la duda de si es posible cuantificarlas o no, pues claro, si se contrató al deudor para hacer un cuadro y se pagó una suma de dinero por su realización, este será entonces el valor que deberá incluirse, sin perjuicio de que la forma en que podrá cumplirse la obligación es de la forma natural en que fue adquirida o la suma de dinero que ha sido incluida en el correspondiente proyecto de calificación y graduación de créditos.

Así mismo sucede si lo que se firmó fue un contrato de promesa de compraventa de inmueble, en donde se pagó total o parcialmente el precio. Lo pagado será objeto del proceso de reorganización, sin perjuicio, de que se cumpla la obligación adquirida o pagándose el valor en dinero de acuerdo a las condiciones establecidas en el acuerdo para la clase a la que corresponda.

El artículo 24 de la Ley 1116 de 2006 dispone que en el proyecto de calificación y graduación de créditos se detallarán claramente las obligaciones y los acreedores de las mismas, atendiendo además al orden de prelación legal. Esta norme de ninguna manera se refiere a obligaciones de un tipo u otro, a obligaciones de dar, hacer o de no hacer, como tampoco se refiere a ninguna otra clasificación de obligaciones establecida en el Código Civil.

  1. En primer lugar, nos basamos en que se debe atender al que la Jurisprudencia Constitucional ha considerado como un principio general de interpretación jurídica, «según el cual donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete».
  2. En el caso materia de estudio, no existe norma aplicable donde el Legislador, en su libertad de configuración legislativa, haya distinguido entre los tipos de obligaciones que son objeto del proceso de reorganización o no, razón por la cual no existe jurídicamente viable deducir que unas obligaciones hacen parte del concurso, pero otras no.

El interprete al hacerlo estaría incurriendo en una irregularidad, pues no le es dado hacerlo en atención al principio de interpretación jurídica comentado. Una argumentación que implique distinguir entre los diferentes tipos o clases de obligaciones no resulta ajustada a derecho bajo este principio por cuanto estaría contrariando normas legales expresas, cuyo mandato general de calificación no establece una diferenciación.

Por otro lado, bajo los conceptos de unidad, totalidad y existencia, que configuran el principio de universalidad, todos los acreedores existentes al inicio del proceso deben concurrir a reclamar sus obligaciones en el único escenario establecido para ello, es decir, el proceso de insolvencia, salvo las excepciones creadas por la Ley, por la Constitución o por vía jurisprudencial (constitucional).

En el caso materia de estudio no conocemos ninguna excepción creada por ninguna de etas vías que establezca que las obligaciones de hacer no son objeto de atención en el trámite de insolvencia.

Antecedente en la Superintendencia de Sociedades

En un caso reciente que tuvo como Juez del Concurso a la Superintendencia de Sociedades se presentó la disyuntiva de si las obligaciones emanadas de contratos de promesa de compraventa de inmuebles debían hacer parte del proceso de insolvencia o no, aunque previo a esto, y de manera sorpresiva, debió determinarse si se trataba de obligaciones de dar o de hacer.

Los promitentes compradores de inmuebles realizaron varias solicitudes para que sus obligaciones no fueran objeto del proceso de reorganización y que se ordenara al deudor suscribir las correspondientes escrituras públicas, toda vez que consideraban que por tratarse de obligaciones de hacer, no podían ser calificadas en el proceso de reorganización empresarial o incluidas en el proyecto de calificación y graduación de créditos.

El Juez del Concurso, que para este caso en particular se trataba de un Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia Ad-hoc, resolvió negando las solicitudes mencionadas. Como consecuencia de lo anterior, algunos de estos acreedores interpusieron una acción de tutela con el fin de insistir en sus peticiones y ante la inexistencia de la segunda instancia, necesaria hoy por hoy por demás en los procesos de insolvencia en Colombia.

  1. El principal argumento presentado por los tutelantes era que la Superintendencia de Sociedades no podía determinar derechos de voto a los compradores de oficina y locales y comerciales, y tampoco a los promitentes compradores que ya hubieren terminado de cancelar el valor de los inmuebles adquiridos y que únicamente se encontraban pendientes de cumplir con las obligaciones de hacer respecto de las escrituras pública.
  2. Una vez el Juez de Tutela puso en conocimiento de la acción al Juez del Concurso, Superintendencia de Sociedades, este, entre otras cosas, manifestó que:
  3. «El hecho que la obligación que adeuda la concursada, respecto de los acreedores objetantes son de dar, lo anterior teniendo en cuenta que el deber del deudor es transferir la propiedad de los bienes prometidos, sin embargo en este caso nos encontramos frente a la obligación de entregar bienes inmuebles, cuya tradición no se efectúa por la simple entrega del bien inmueble, es necesario la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.

Si bien por la naturaleza de los bienes objeto de la operación para su tradición requieren de un formalismo, se debe recordar que generalmente toda prestación tiene un carácter patrimonial, en consecuencia un subrogado pecuniario. En ese sentido la obligación de dar no puede ser excluida del proceso de reorganización.

De excluirse estas obligaciones, podríamos estar permitiendo que se vulneren los privilegios otorgados a ciertos créditos y las clases de créditos establecidas en el Código Civil, dejando que les paguen primero a los promitentes compradores, frente a otros cientos de acreedores que pueden tener igual o mejor derecho.» Respecto de lo cual es necesario mencionar la palmaria confusión del Juez del Concurso en esta referencia, entre obligaciones de dar y de hacer, así como entre los conceptos de dar y entregar, que de antaño se encuentran solventados en la teoría de las obligaciones, pero que además el modo de adquirir el dominio es un formalismo.

No obstante el exuberante error en conceptos, decide mantener dentro del proceso de reorganización las obligaciones de hacer en favor de los promitentes compradores de inmuebles, y pone de presente, según dice, que de excluirse se vulnerarían privilegios otorgados a otros créditos de conformidad con lo establecido en la prelación legal.

Frente a esto, La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para decidir la impugnación de la acción de tutela sostuvo que: «En la teoría general del derecho de quiebras se distingue, para los efectos de la debida conformación de la masa concursal, entre los créditos pecuniarios y los no pecuniarios.

Dentro de esta última categoría caen, no hay duda, las prestaciones de hacer, que, como luce pacífico, según reiteradísima jurisprudencia de la Sala de Casación, de los tribunales superiores, la doctrina de los expositores nacionales, y el propio tenor de la ley, son prototípicas del contrato de promesa de compraventa, en cuanto la obligación principal del promitente vendedor radica en celebrar el negocio prometido en los términos y condiciones convenidos, suscribiendo, si se trata de inmuebles, la escritura pública respectiva.

Siendo evidente, entonces, que las acreencias con fuente en las promesas de venta, pueden y deben ser incluidas dentro del patrimonio concursado, no sólo por su naturaleza crediticia u obligacional y por el hecho de que toda prestación, para ser tal, debe ser susceptible de avaluarse económicamente, sino, también, porque la norma positiva (arts.24 y 25 L.1116 de 2006) no las excluye, ningún desafuero cabe achacarle a la superintendencia atacada cuando avaló el proyecto que en ese sentido allegó el promotor.» De lo dicho por la Corte, se elimina cualquier vestigio de duda sobre los dos temas de interés de este escrito.

En primer lugar, tal y como lo ha definido la doctrina, las obligaciones derivadas de una promesa de compraventa de inmuebles, sí y solo sí, corresponden a las de hacer, conforme conllevan como obligación principal la de celebrar el negocio prometido, que para el caso materia de estudio, se trataría de suscribir la escritura pública correspondiente.

  1. En segundo lugar, que las acreencias cuya fuente son una promesa de compraventa deben ser incluidas dentro de la calificación y graduación de créditos ya que es susceptible de ser avaluada económicamente, y además, porque en línea con lo dicho por nosotros, la norma no las excluye.
  2. En consecuencia, las obligaciones de hacer consistentes en suscribir una escritura pública derivada de la promesa de compraventa de un inmueble, es propiamente de las obligaciones que harán parte del proceso de reorganización empresarial y por tanto deben ser incluidas dentro de los proyectos de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto y acreencias.

Lo anterior conlleva entonces que cualquier acreedor que tenga a su favor una obligación de hacer debe concurrir al trámite recuperatorio para que sea tenida en cuenta y hacerse partícipe del mismo, y recibir el tratamiento de cualquier otro acreedor, dado que no existe ninguna razón para ser excluido, ni para tener un tratamiento distinto, refiriéndonos a la concurrencia del proceso por supuesto, pues otra será la suerte que deberá correrse a la hora del cumplimiento del acuerdo donde claramente, a nuestro criterio deberán tenerse en cuenta los conceptos más básicos del principio de igualdad en sus distintas connotaciones; formal y material, o por lo menos hacer uso del criterio de equidad.

  1. Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Comercial y Magíster en Derecho Comercial de la misma Universidad.
  2. Autor del Libro «La Teoría de Los Principios y Los Principios del Derecho Concursal».
  3. Se desempeñó como abogado de la Jefatura de Procesos Concursales de Bancolombia S.A.; Abogado consultor y litigante de la firma Rodríguez Espitia Abogados.

Es Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal – Capítulo Colombiano -. Se desempeñó como Secretario del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal – Capítulo Colombiano – para el periodo 2015 – 2016. Miembro de International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals -Insol International-.

  • Docente Investigador del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia y autor de varios artículos de investigación en Derecho Comercial y Concursal, algunos de los cuales se encuentran publicados en la Revist@ E-Mercatoria de la Universidad Externado de Colombia.
  • Miembro de la Línea de Investigación de Derecho de la Empresa, Crisis Empresarial y Costumbre Mercantil.

Actualmente se desempeña como abogado consultor y litigante en asuntos de insolvencia empresarial, asuntos societarios y de derecho comercial en general, en la firma Montiel Fuentes & Asociados. E-mail: Manual de Obligaciones. Teoría del Acto Jurídico y Otras Fuentes.

Editorial Derecho y Ley Ltda. Bogotá.1979.P.339 TAMAYO, Lombana. Alberto. Op. Cit.P.317 Corte Constitucional. Sentencia C-317 del 3 de mayo de 2012. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. Superintendencia de Sociedades. Oficio No.400-138121 del 3 de diciembre de 2019. Radicación 2019-01-434660.P.8 Corte Suprema de Justicia.

Sala Civil. Fallo de tutela del 5 de marzo de 2020. Radicación.11001-22-03-000-2019-02536-01. Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona. : Tipo de obligaciones (dar, hacer y no hacer) que son objeto del proceso de reorganización empresarial

¿Qué son los derechos humanos en pocas palabras?

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales.

Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios: La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos.

Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.

La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

  • En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás.
  • La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas.

Principio de Interdependencia: Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de Indivisibilidad: Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuere su naturaleza.

Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Principio de interdependencia e indivisibilidad: Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes.

El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.

¿Qué son los derechos humanos y un ejemplo?

Derechos económicos, sociales y culturales – El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor en 1976 y, a finales de octubre de 2016, ya contaba con 164 Estados parte. Entre los derechos humanos que este Pacto busca promover y proteger se encuentran:

el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables; el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad cultural y el progreso científico.

¿Qué obligaciones tiene un niño en casa?

Entre 4 y 6 años – A esta edad los niños ya tienen más altura y fuerza, y ya son más conscientes de todo lo que les rodea, logrando ser, además, más autónomos. Ejemplos de posibles tareas:

  • Elegir su propia ropa y vestirse solos.
  • Dar de comer y beber a las mascotas.
  • Poner y recoger la mesa, siempre con supervisión.
  • Ayudar a fregar los platos, siempre con supervisión.
  • Peinarse y asearse solo, dejando claro qué puede y qué no usar.
  • Quitar el polvo de su habitación.
  • Guardar sus juguetes.

¿Qué es el derecho 3 definiciones?

Derecho: Conjunto de normas jurídicas que regulen la conducta externa del hombre. Normas: Regla de conducta que otorga derecho e impone deberes. Sociedad: Conjunto de personas establecidas o asentadas en un determinado territorio. Constitución: Ley suprema de un pais que regula la vida jurídica de sus habitantes.

¿Qué es el objetivo del derecho?

Volver al inicio << Derecho notarial | Derecho objetivo | Derecho parlamentario >> Volver a: «D» Derecho objetivo TA: Deber ciudadano de respetar la ley y los derechos humanos TE: Derecho subjetivo NA: Derecho objetivo es el conjunto de normas que forman nuestro ordenamiento jurídico. También es aquel conjunto de reglas de conducta que en una sociedad determinada van a gobernar las relaciones de los individuos entre ellos. Reglas de conducta que se impondrán mediante el constreñimiento social. Buscar en Google | Buscar en Biblioteca | Buscar en Jurisprudencia

¿Cuáles son las 4 características del derecho?

Características del derecho – El derecho presenta las siguientes características: normativo, bilateral, coercible, con una pretensión de inviolabilidad, se manifiesta como un sistema y posee una proyección de justicia.

¿Qué son los deberes que son las obligaciones que son las responsabilidades son lo mismo o existen diferencias?

Capítulo 1 – El capítulo 1 formula las definiciones de deberes y responsabilidades que serán usadas en esta declaración. En su artículo 1 se define el «deber» como una obligación ética o moral, y «responsabilidad» como una obligación que tiene fuerza legal de acuerdo con el derecho internacional actual.

  1. Por su parte, «la comunidad mundial» refiere a los estados y sus autoridades, las organizaciones intergubernamentales y las no gubernamentales, las corporaciones públicas y las privadas, incluyendo las transnacionales, otras entidades civiles, pueblos, comunidades y las personas en forma colectiva.
  2. A continuación en el artículo 2 se explicita cómo los miembros de la comunidad mundial son los titulares de responsabilidades y deberes colectivos e individuales para promover el respeto universal, la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El parágrafo 7 de dicho artículo establece la relación entre derechos, deberes y responsabilidades: Como titulares de los derechos humanos y libertades fundamentales, todas las personas, pueblos y comunidades, en ejercicio de sus derechos y libertades, tienen la obligación y la responsabilidad de respetar los de los demás y la obligación de tratar de promover y observar tales derechos y libertades,