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Que Son Obligaciones Civiles?

Biblioteca – artículos electrónicos Capítulo I.- De las Obligaciones.1.- Concepto de obligación. Ya desde el antiguo derecho romano se habían acuñado definiciones célebres acerca de la obligación civil, como por ejemplo la clásica definición contenida en las Institutas de Justiniano en donde se dice que «obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria».

  • Es decir, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad.
  • O la diversa definición del jurisconsulto Paulo que la concibe como «obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum (aut dservitutem nostram) faciat, sed ut alium nobis obstringat at danum aliquid, vel faciendum, vel prestandum».

Es decir, la esencia de la obligación no consiste en convertir algo en cosa o servidumbre nuestra; sino en compeler a otro para darnos, hacernos o prestarnos algo.». Ahora bien, las anteriores definiciones y muchas otras elaboradas en épocas posteriores tienen el defecto de que sólo hacen énfasis en uno o dos de los tres elementos esenciales del concepto obligación, por ejemplo, diremos que la primera definición citada caracteriza a la obligación civil por el vínculo jurídico que enlaza a los sujetos de la misma; en tanto que Paulo se concentra únicamente en el objeto de la obligación, o sea, en la conducta que asumirá el sujeto deudor, para definir a la obligación.

En ese tenor de ideas el maestro Borja Soriano, en su obra titulada «Teoría General de las Obligaciones» después de citar varias definiciones logradas por diversos doctrinarios, termina concluyendo que para lograr una definición cabal sobre la obligación, no debemos fijar nuestra atención de manera especial sobre alguno de los elementos que constituyen la naturaleza de la obligación, a saber: los sujetos, el objeto y la relación jurídica, sino que tenemos que comprenderlos a todos en una la definición, ya que cada uno de ellos forma parte de su esencia.

Por tanto, una definición completa de la obligación sería aquella que dentro de su comprensión lógica contenga los tres elementos necesarios de ésta. En congruencia con lo anteriormente expuesto, podemos definir a la obligación civil como la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer.2.- Elementos de las obligaciones.

  1. Como apuntamos en el parágrafo anterior, tres son los elementos constitutivos de la obligación civil, los sujetos, el objeto y la relación jurídica.
  2. A).- Los sujetos de la relación jurídica obligación son el acreedor y el deudor.
  3. El acreedor es el sujeto activo de la obligación que es titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito.

El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. b).- El objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar, y que puede consistir en un dar, hacer o un no hacer. c).- La relación jurídica, según el maestro Bejarano Sánchez, es «un vínculo reconocido y disciplinado por el Derecho objetivo, y por lo que se refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal, es un vínculo creado por el Derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento».

En efecto, el vínculo jurídico que caracteriza a la obligación no es otra cosa que la coercibilidad o posibilidad de utilizar la fuerza para vencer la actitud contumaz del obligado que distingue al derecho de los otros sistemas normativos que rigen la conducta humana, verbigracia, la moral o los convencionalismos sociales.

3.- Diferencias entre derechos personales y derechos reales. Señala el tratadista Borja Soriano que respecto a las teorías que pretenden explicar la diferencia existente entre los derechos reales y personales se encuentra la teoría clásica, la cual concibe al derecho real como una relación entre persona y cosa, en tanto que el derecho personal es una relación entre persona y persona.

La diferencia que existe entre el derecho real y el personal, según los exponente de esta teoría, consiste en que en aquél la proximidad que existe entre el sujeto titular del derecho y la cosa permite su explotación económica con exclusión de los demás individuos que le rodean; en tanto que en el derecho personal la relación entre el sujeto activo y el pasivo es directa e inmediata, es decir, que lo más importante es la relación personal y de manera secundaria el objeto de la obligación.

Derecho real es la facultad o poder de aprovechar autónoma o directamente una cosa. Mientras que el derecho personal consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, en no hacer nada o en dar alguna cosa.4.- Obligaciones propter rem.

La doctrina reconoce la existencia de ciertas obligaciones o cargas que están de tal manera vinculadas a la existencia de una cosa que su transmisión de ésta implica la de aquélla, es decir, que el origen de la obligación se encuentra en la cosa misma, nace del hecho de su detentación. También se les conoce con el nombre de ambulatorias, ya que la obligación pasa de un sujeto pasivo a otro por el simple hecho de la detentación material de la cosa.

Según Borja Soriano, las características de las obligaciones reales o propter rem son las siguientes: a) No ligan al deudor en cuanto a su persona o identidad personal, sino que está determinado por el hecho de ser propietario o poseedor de una cosa.

  1. c) El obligado responde de su deuda con la cosa, no con todo su patrimonio y, si renuncia a ella, se desembaraza de su deuda.
  2. En síntesis, podemos decir que las obligaciones reales son cargas o gravámenes impuestos por la ley a los poseedores o propietarios, por el simple hecho de la detentación de la cosa, y cuyo cumplimiento puede evitarse mediante el abandono de la cosa de la cual dimana el gravamen, respondiéndose de la deuda en todo caso con la cosa.

5.- Obligaciones naturales. En este último apartado nos ocuparemos de las llamadas obligaciones naturales, de la cuales podemos decir que consisten «en la necesidad jurídica de prestar una conducta a favor de un acreedor, quien puede obtener y conservar lo que el deudor le pague, pero puede exigirlo legítimamente por medio de la fuerza pública».

En otras palabras, lo que caracteriza o distingue a este tipo de obligaciones es el hecho una vez cumplida voluntariamente la obligación por el deudor, el derecho autoriza al acreedor a retenerlo válidamente, sin que pueda repetirse contra éste. La doctrina considera a este tipo de obligaciones como obligaciones civiles imperfectas equiparándolas a veces a los deberes morales, toda vez que carecen de acción procesal que permita lograr su cumplimiento forzoso.

Sin embargo, pese a la diversidad de opiniones que existen sobre el tema, creemos que no se trata de simples deberes morales, sino de verdaderas obligaciones jurídicas, ya que por la circunstancia de que el Derecho reconozca la validez del pago y autorice al deudor para retenerlo, impidiendo la repetición contra éste, resulta inconcuso que tal reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico le quita a dichas relaciones el carácter meramente moral que pudieran tener, para convertirlas en fenómeno netamente jurídico.

Conviene precisar, en último lugar, que estas obligaciones no se encuentran reglamentadas en nuestra legislación civil, por no existir un articulado que las agrupe reconociéndolas por su nombre, sino que al respecto sólo existen disposiciones aisladas de las que se desprende su existencia, verbigracia el artículo 1752 del Código Civil, que a la letra dice: «El que ha pagado una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir.»; asimismo, nos permitimos transcribir el diverso numeral 2124 del citado ordenamiento, que dispones que: «Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado en cantinas, no dan derecho para exigir su precio.»; y por último, el precepto 2595, que textualmente manda lo siguiente: «El que pierde en un juego o apuesta que no estén prohibidos, queda obligado civilmente, con tal que la pérdida no exceda de la vigésima parte de su fortuna.

Prescribe en treinta días el derecho de exigir la deuda del juego a que este artículo se refiere». : Biblioteca – artículos electrónicos

¿Qué son las obligaciones civiles ejemplos?

Ejemplos de obligaciones civiles –

  1. Pagar los perjuicios en caso de ocasionar daño en cosa ajena.
  2. Un contrato de depósito.
  3. Una orden de restricción.
  4. Las obligaciones que nacen a partir del matrimonio.
  5. Cumplir con lo estipulado en un contrato.
  6. Pagar los derechos de autor en los casos que corresponda.
  7. La prohibición de fumar en determinados sitios.
  8. Las obligaciones de un padre para con sus hijos.
  9. Las que nacen a partir del divorcio.
  10. La prohibición de estacionar en determinado lugar.

¿Qué es una obligación civil y natural?

INTRODUCCIÓN. El proceso monitorio es una figura jurídica nueva en Colombia pero no nueva en otras legislaciones. Esta data del siglo XIII en la Italia, su régimen se desarrolló en gran parte de Europa y en algunos países de América latina. En España nace al mundo jurídico con la vigencia de la ley 1 del año 2000 la cual contempla el proceso monitorio como la solución a todas aquellas contingencias derivadas de relaciones contractuales entre los ciudadanos, especialmente los comerciantes y pequeños empresarios.

Posteriormente, en Uruguay debido a la necesidad de revestir jurídicamente el sin número de negocios jurídicos informales, se crea el código general del proceso uruguayo introduciendo el proceso monitorio para garantizar a los acreedores el pago efectivo de sus deudas vencidas sin soporte documental, así de manera prudente y cautelosa se introduce en el ordenamiento jurídico Colombiano con la ley 1564 de 2012 el proceso monitorio y su procedimiento que consiste en una demanda tendiente a requerir al deudor para que pague la obligación vencida y exigible.

Pero primero de la ejecución se crea un título ejecutivo mediante la sentencia del proceso. En su defecto tiene la finalidad de constituir un título ejecutivo. El proceso monitorio puro es el cual tiene lugar cuando el demandante no tiene en su poder ningún documento que le permita respaldar la solicitud, sin perjuicio de la procedencia del requerimiento judicial, pues basta la sola afirmación del acreedor la cual se debe surtir en atención a los principios de lealtad procesal y buena fe.

  • Es preciso anotar que tanto el monitorio Colombiano como el español exigen los mismos requisitos, estos son : 1) Que la obligación sea de naturaleza contractual 2) Que esta sea determinada, es decir, que esté sujeta a un plazo o condición y 3) que sea exigible.
  • La diferencia radica en que la ley colombiana no exige que la demanda deba estar acompañada de las pruebas documentales constitutivas de la obligación contractual, basta con la afirmación de su existencia por parte del acreedor.

A diferencia del sistema procesal español que si exige la presentación del documento o de los elementos constitutivos de la deuda. Esto fue implementado pensando en los pequeños comerciantes que no consignan en documentos las relaciones contractuales que tienen con los clientes del día a día.

  1. Además esta figura es concebida para evitar esos extensos y formalistas procesos declarativos.
  2. De otra parte contempla grandes ventajas económicas como lo son la disminución de los gastos de litigación debido a que la demanda no requiere de intervención de abogado y estará disponible en formatos predeterminados.

Ahora bien el Código general del proceso contempla escasos artículos (419 al 421 ley 1564 de 2012) a través de los cuales pretende reglamentar todo lo relacionado con el proceso monitorio. Es por esta razón que se encuentran aspectos negativos y vacíos legales en cuanto a su reglamentación.

Por ejemplo la delimitación de la cuantía, la brevedad del término de traslado y la prohibición de medidas cautelares son algunos temas que deberán ser complementados por la doctrina para subsanar aquellos defectos de los que adolece el proceso monitorio colombiano. JUSTIFICACIÓN. El foco de esta investigación sea la pertinencia y trascendencia de las nuevas figuras jurídicas contempladas por la ley 1564 del 2012, especialmente lo relacionado al proceso monitorio y su repercusión en el congestionado aparato judicial, así como el impacto que puede generar en los ciudadanos de a pie y pequeños empresarios colombianos, que según las promesas del código general del proceso basada en la doctrina, y en la realidad de la sociedad es que este proceso puede llegar a congestionar mucho en el caso en que no se tomen medidas administrativas necesarias para la aplicación del proceso monitorio con la celeridad que se exige por el pueblo colombiano.

En ese entendido el trabajo desarrollado por quienes estos renglones escriben, va más allá de definir o conceptualizar el proceso monitorio, al abordar la conveniencia y relevancia social de la aplicación de esta figura jurídica en los sujetos mencionados anteriormente, pues poner en marcha el proceso monitorio constituye descongestión de despachos judiciales, celeridad, economía procesal y mayor acceso a la administración de justicia.

  1. Son estos los puntos cardinales que entrarán a engrosar el tema medular de esta investigación.
  2. De manera que está participación no está dirigida a profundizar la definición y trayectoria histórica del proceso monitorio, pues ya el brillante profesor Carlos Alberto Colmenares ha desarrollado este tema con lúcida erudición y severidad científica.
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La participación entonces se ciñe a ilustrar una posible solución a la problemática que le genera la prescripción de una obligación al acreedor, ofreciendo una segunda oportunidad procesal para hacer efectivo su derecho de crédito frente a un renuente deudor.

  1. Tal aseveración compromete al escritor entregar insumos jurídicos para considerar la posibilidad de utilizar el proceso monitorio frente a la prescripción de un título ejecutivo convertido en una obligación natural.
  2. Se infiere entonces, que al materializar la respuesta de la anterior pesquisa, estaremos aportando elementos académicos importantes al naciente proceso monitorio, que a su vez contribuyen inexorablemente al crecimiento académico y científico de las instituciones jurídicas Colombianas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El objeto del proceso monitorio no es otro que de los contratos onerosos escritos y verbales especialmente la compraventa de bienes muebles para consumo y el contrato de mutuo, donde se persigue el pago de una obligación en dinero vencida, cumpliendo con los requisitos del artículo 419 del Codigo General del Proceso, a través de éste se busca la constitución de un título ejecutivo sin la necesidad de agotar el trámite de un declarativo, el cual en muchas ocasiones degenera en un conjunto de formalidades lentas y dispendiosas que congestionan el aparato judicial, este aspecto resulta de gran importancia para los operadores jurídicos, pues en teoría se espera que el proceso monitorio proteja el crédito de los cuidadanos, de manera pronta y eficaz.

El proceso monitorio luego de entrado en vigencia, se espera sea el más popular de los procesos que se encuentre en Colombia, su origen ha sido el resultado de la fuerte influencia de los negocios jurídicos en la economía Colombiana, lo que suscita una especial atención normativa que permita a todos los ciudadanos, la posibilidad de obtener un título ejecutivo mediante una sentencia judicial para al fin obtener el pago de una obligación.

Puesto que la costumbre y la cultura enmarcada en una sociedad donde los negocios son el fundamento necesario para mantener la economía, Los colombianos tiene una marcada predilección por el consumismo, esto quiere decir que los productos sirven de sustento necesario para la sobrevivencia de las personas, por medio de relaciones económicas que necesariamente crean relaciones jurídicas, conocidas como negocios jurídicos, puesto que se tiene en cuenta una relación económica donde el flujo de dinero se ve reflejado, y por otra parte, para este caso en concreto, el tipo de contrato como objeto un bien mueble fungible como lo es el dinero, dejando utilidad a las partes.

«La vida jurídica implica un constante interactuar con otros sujetos, con los cuales se realizan en forma permanente una serie de negocios que en muchas ocasiones necesitan ser interpretados para descubrir la voluntad final de los agentes y de esta manera conservar la paz social.» ( Esteban Grisales, 2011 ) El profesor Joan Picó i Junoy en su ponencia: El proceso monitorio Una visión española y europea pensando en Colombia hace alusión a: «El Proceso monitorio en España es el tipo de juicio civil más utilizado ante los tribunales y el más eficaz como lo acreditan las estadísticas».

Expresando que el incremento del proceso monitorio iniciados frente a un juez para crear un título ejecutivo va aumentando no solo en España sino también en Europa, lo que sirve de indicio para determinar que en Colombia ocurrirá lo mismo. Lo anterior generará un problema, porque si bien es cierto, y para nadie es un secreto que en Colombia se presenta una congestión judicial el proceso monitorio, eventualmente podría agilizar el trámite de las controversias que pueden ser tramitadas a través de este.

En este sentido Picó: El plazo de diez días del art.421 para que el requerido de pago proceda a pagar o se oponga al requerimiento es extremadamente breve, () ()No podemos ser tan ingenuos de pensar que reduciendo los plazos procesales se va a acelerar la acción de la Justicia. Todos sabemos que los plazos que se incumplen sin efecto procesal alguno son siempre los dirigidos al juez o a su personal auxiliar, y nunca dirigidos a las partes y sus abogados, que están plenamente sujetos al principio de preclusión.

El ordenamiento jurídico Colombiano reconoce dentro de la clasificación de los contratos los de carácter gratuito, estos no son objeto de problema y aplicabilidad en el proceso monitorio, pero por el contrario otros tipos de contratos donde refleja la onerosidad del mismo, siendo este requisito indispensable para iniciar el proceso monitorio, es decir que por excelencia los contratos de compraventa de bienes muebles, y los de mutuo serán los más utilizados en el marco de ir a solucionarlo judicialmente frente al proceso monitorio para la creación de un título ejecutivo que sirva como sustento para el pago de la obligación, esto se ve reflejado en la sociedad colombiana basada en esas relaciones comerciales, siendo así las más comunes y utilizadas a diario.

( Ospina Fernandez, 2008 ) El proceso monitorio, no es un invento del Código General del proceso, es una réplica de otros sistemas procesales, principalmente el europeo, donde ha funcionado este mecanismo con la finalidad de hacer un llamado, por medio de una demanda al deudor para poder hacer exigible una deuda generada a través de un contrato donde no se tiene un título ejecutivo, cabe la aclaración de los tipos de proceso monitorio, puede ser limitado o ilimitado, puro o documental.

( Picó i Junoy, 2012 ), En Colombia el proceso monitorio como aparece reglado en el código General del Proceso, siendo este puro y limitado, pero se encuentran los otros tipo de procesos monitorios que de igual manera conservan su finalidad y esta es obtener un título ejecutivo para poder de esta manera cancelar la obligación contratada, como el proceso monitorio español que es documental, exige un documento que sirva de sustento para crear mediante una sentencia judicial dicho título, lo cual se aplica a Colombia como una sugerencia frente a la oportunidad de aportarlo cuando este se tenga.

Tanto el proceso monitorio Colombiano como el Español conservan los mismos requisitos, la única diferencia radica es que el primero es puro, es decir, que no requiere de ningún documento para iniciar el proceso monitorio, mientras que en el segundo si es necesario. Ahora bien, el proceso monitorio español ha tenido dificultades puesto que se encuentra en desuso, por falta de garantías como al derecho de contradicción, empezó con una promesa de mayor aplicabilidad por crear un título ejecutivo, y con el paso del tiempo terminó hasta el punto que no se utiliza por falta de garantías como ya se mencionó el derecho de la contradicción y la congestión judicial.

( Picó i Junoy, 2012 ) Los artículos 419 y 420 del Código General del Proceso, que hace poco entrataron en vigencia, se observa que cuentan aun con vacíos legislativos frente a temas que ha dejado por fuera estos articulados, lo cual requiere de la ayuda de otras fuentes del derecho para resolverlos, como por la doctrina, y por otro lado la jurisprudencia, pero la realidad es que en la práctica los juzgados civiles municipales dictan sentencia de primera instancia basándose en las mencionadas fuentes, siempre y cuando estos funcionaros sean estudiosos, o sino fallaran conforme a su experiencia, para poder resolver las falencias y vacíos normativos que se mencionaran con posterioridad.

Por otra parte, no es permitido exponer los argumentos de la Corte Suprema de Justicia Colombiana en un recurso de Extraordinario de Casación, porque se habla de un proceso de única instancia, eliminando la jurisprudencia de las altas cortes, ocasionando de esta manera el uso del mecanismo de la acción de tutela por sentencias judiciales alegando vías de hecho, hoy denominadas causales genéricas de procedibilidad.

El artículo 419 Del código General del Proceso dice: «Procedencia. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.».

  1. Siendo esté relativamente corto y sin algunos factores necesarios no reglamentados.
  2. Las recomendaciones de la doctrina, donde se aplica el proceso monitorio en otros países dicen: «pueden mejorarse algunas previsiones normativas y deben resolverse algunas omisiones al objeto de evitar futuros problemas de aplicación de la ley.

( Picó i Junoy, 2012 ) La regulación que se propone es extremadamente breve, con solo tres artículos», ( Picó i Junoy, 2012 ), adicionalmente hace referencia a que: «En Europa existen 24 artículos, Francia 21, Alemania 16 y España 9», es claro la evidencia frente a la falta de reglamentación del proceso Monitorio Colombiano dejando temas al aire.

Algunos de estos pueden se relaciona con la dificultad de la posibilidad de la conciliación como requisito de procedibilidad, la posibilidad de presentar medidas cautelares, la negación del deudor frente a la notificación personal, la existencia de varios procesos monitorios frente a una obligación que supere la cuantía exigida, el pago de costas procesales.

De la lectura del citado artículo, no se identifica que se entiende por exigible, se pueden presentar pluralidad de interpretaciones, por ejemplo si se analiza bajo la óptica del derecho comercial, para que sea exigible es necesario que cumpla con los requisitos de los artículos 619 y 620 del Código de Comercio y sus principios rectores como el de incorporación, autonomía, literalidad, legitimación, negociabilidad y presunción de autenticidad, y en términos generales la obligación tiene ser actualmente exigible, es decir, que la fecha de vencimiento del título valor, para este caso se encuentre en su límite, y adicionalmente no se puede encontrar dentro de un término posterior a su prescripción dependiendo del título valor, ya que la misma, debe ser alegada dentro del proceso ejecutivo, no permitiendo la exigibilidad del mismo, convirtiendo el título valor que a la vez es un título ejecutivo en una obligación natural.

Ahora bien no hay mecanismos para obligar al deudor al pago de la obligación natural, pero tampoco quiere decir que el deudor no deba pagar la obligación, puesto que lo puede hacer voluntaria, o no alegando la prescripción en el proceso ejecutivo. Por otra parte es bastante confuso determinar en qué momento hay exigibilidad y en que no a sabiendas de que no se tiene un título ejecutivo y cuando se podrá iniciar el proceso monitorio para crear un título ejecutivo, pues la normatividad que rige el mismo no hace alusión sobre el tema.

El doctrinante Carlos Alberto Colmenares Uribe, frente al temas de los requisitos del proceso monitorio dice: «Siendo la obligación únicamente en dinero, determinada y exigible, significa que la suma de dinero deber ser cierta y concreta y que la relación contractual de la cual emana la obligación no esté sujeta a plazo ni a condición; es decir, ante la existencia de plazo o condición, la obligación se torna exigible cuando el termino para su cumplimiento ya venció o cuando la condición ya se cumplió (Colmenares Uribe, 2012).

De esta manera la palabra exigible dentro del artículo 419 del Código General del Proceso no es clara y en ningún momento se habla sobre la prescripción de una obligación que ya está vencida, en ese orden de ideas ¿será posible iniciar el proceso monitorio de una obligación contractual determinada en dinero de hace 15 años y que a la fecha sea de mínima cuantía? De esta manera, el proceso monitorio tiene como finalidad la cancelación del crédito, pero para esto, mediante un juez civil municipal competente se pretende crear un título ejecutivo donde no lo hay, forma esta de hacer exigible la obligación, esto quiere decir que el proceso monitorio permite su iniciación a base de una obligación natural donde bien se puede tener o no un documento de prueba tal y como hace alusión el artículo 419 del Código General del Proceso.

Una obligación contenida en un título valor, que también es un título ejecutivo, tiene como prescripción tres años para el caso de las letras de cambio, ya que no todos los títulos conservan la misma prescripción, y en el caso de los títulos ejecutivos la prescripción es de cinco años.

Por lo tanto y en vista de que el proceso monitorio no lo prohíbe en su reglamentación, cabe la duda frente a la posibilidad de presentar este tipo de proceso, cuando un título valor ya se ha vencido y este se ha convertido en una obligación natural El articulo 419 y siguientes brillan por su falta de reglamentación, omitiendo algunas situaciones como la anterior frente a la posibilidad de presentar el llamado proceso monitorio, como bien se refleja, la legislación no prohíbe presentar mediante un proceso monitorio, una obligación que por el trascurrir del tiempo se ha convertido en una obligación natural, más aun cuando la doctrina hace énfasis en la importancia de este nuevo proceso, para que de esta manera no se pierdan los créditos, y así poder constituir con herramientas legales la posibilidad de obtener el pago de esa obligación, por lo tanto surge la siguiente: METODOLOGIA La metodología aplicada en este trabajo investigativo es la observación, desde el planteamiento de casos específicos frente al proceso monitorio, de igual manera se trata de un proyecto cualitativo.

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RESULTADOS 4.1 Obligación natural El código Civil, hablando de la clasificación de las obligaciones que son extremadamente importante para la relación deudor y acreedor, frente al objeto que hace que conecte esa relación, y dependiendo del tipo de obligación que se contrate, se tiene en cuenta al momento y la forma de hacer exigible la prestación, el artículo 1527 del código Civil dice: «las obligaciones son civiles o meramente naturales.

  • Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.
  • Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas.
  • Tales son: () ()2ª) las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
  • Es decir que una vez una obligación civil no obtuvo su forma de extinguirla, y por el transcurrir del tiempo esta se ha convertido en una obligación natural, conforme a la dificultad de las obligaciones naturales en su coercitividad, es decir, que el pago de una obligación natural depende de la voluntad del deudor de hacer esta exigible.

Alegando de esta manera no tener algún documento de sustento para que esta se haga coercitiva o por otra parte y en otra situación, que el documento por el trascurrir del tiempo ya prescribió: «La coercibilidad es elemento esencial de toda norma jurídica.

En materia de obligaciones, la coercibilidad se traduce en la ejecución coactiva de ellas. Excepcionalmente, ciertas obligaciones están desprovistas de esta especie de sanción, aunque la ley les reconoce poder suficiente para engendrar otras consecuencias jurídicas. Surge de aquí la clasificación de las obligaciones en civiles y naturales enunciada en el artículo 1527 del Código Civil.» ( Ospina Fernandez, 2008 ), Pero por otra parte la misma ley en el artículo 1529 del Código Civil, da la posibilidad frente a una obligación de carácter natural, exista una caución, o en palabras del código, para que esta sea avalada por una garantía y de esta manera exigir su prestación, es decir, que las obligaciones naturales si se pueden hacer exigibles, tal vez no de la misma manera en que se pueden exigir las prestaciones de las civiles, pero si existen mecanismos para que se termine la relación contractual, extinguiendo está conforme a lo pactado entre los sujetos se termine con la prestación, lo que lleva a concluir que una obligación natural se puede cancelar o pagar para terminar de esta manera la obligación entre acreedor y deudor.

Ahora bien, la finalidad de celebrar un contrato sin hacer énfasis en que tipo de condiciones este se establezca, es terminar la obligación con el pago por ejemplo en una obligación frente a un contrato de mutuo, ya que sino y de otra manera no tendría ninguna finalidad realizar un contrato o crear una relación entre acreedor y deudor con una prestación definida, si esta última no se hace exigible por medios legales.

  • Se encuentran dos posturas en relación con el numeral segundo del artículo 1527 del Código Civil, esta es: «ALESSANDRI y SOMARRIV A sostienen que para que la obligación sea natural se requiere que la prescripción de la obligación civil haya sido declarada.
  • SOMARRIV A se funda en que antes la prescripción no produce efecto alguno, y ALESSANDRI agrega que de no ser necesaria la declaración la prescripción, El incumplimiento de la obligación natural viene a confundirse con la renuncia tac1ta de la prescripción de que trata el artículo 2514 del Código Civil Nosotros no pensamos así basta que el acreedor no haya ejercido su derecho durante el termino fijado por la ley para que la obligación civil se transforme en natural: desde tal momento el acreedor ya no puede exigir el cumplimiento; que es la primera nota característica de la obligación natural, y si el deudor paga voluntariamente, no puede repetir lo pagado, con lo cual se completa el concepto de esta última.» ( Ospina Fernandez, 2008 ) Lo anterior quiere decir que el derecho es muy amplio, y frente a la aplicación de un caso en concreto en relación a una sola norma se pueden ver diferentes posturas que al momento de ser aplicadas por el juez puede tener incidencia sobre la una o sobre la otra.4.2 Proceso.

Es el conjunto de actos necesarios para la declaración o ejecución del derecho; ordenamiento jurídico, «El vocablo proceso proviene del latín processus que, etimológicamente, significa marcar, avanzar, desarrollar, llevar a cabo. En su aceptación corriente puede concebirse como la serie o conjunto de actos que están orientados a lograr un fin determinado» ( Azula Camacho, 2008 ), de lo anterior y de manera muy breve se puede manifestar que el proceso Monitorio efectivamente si es un proceso, pues contiene unos procedimientos establecidos en la normatividad procesal, y contiene un fin frente a un derecho subjetivo como el de crédito.

Explicando que el proceso monitorio no es tan complejo como puede tornar un proceso como tal, sino más bien es un llamado al deudor de conformidad a la reseña historia que menciona el autor, sobre el llamado que se hacía en roma para reconocer un título ejecutivo,De igual manera la Doctrina se ha referido al tema: «La simplicidad del proceso monitorio se materializa en el hecho de no tener que presentar demanda, sino una mera petición monitorio (art.841 LEC), en la que tan sólo se exige identificar la persona y domicilio del acreedor y del deudor, y precisar el origen y la cuantía de la deuda, acompañándose, como es obvio, el documento que justifica la reclamación judicial» ( Picó i Junoy, 2012 ).

Por otra parte han mencionado que: «Consideramos que el monitorio no es un proceso sino un procedimiento. Lo correcto técnicamente es denominarlo procedimiento monitorio, dado que se establecen reglas procedimentales que abrirán infinitos procesos a través de ese cauce procedimental.

La denominación proceso constituye un error doctrinal muy frecuente en esta materia» ( Colmenares Uribe, 2012 ). Lo anterior que refleja la amplia discusión sobre el tema. Cabe mencionar, sin importar si el legislador incurrió no solo en ese error de denominarlo proceso, sino también en otros como ya se ha mencionado con anterioridad, se ha convertido en un problema de semántica frente a si es un procedimiento o un proceso, la discusión no se debe centrar en ese punto, solo para dar a entender la poca o mucha complejidad que tiene el monitorio.

Ahora bien, siendo este un problema de denominación semántica frente al proceso monitorio, nos referiremos a este de esa manera puesto que el legislador en su potestad así lo denomino, y de igual manera para no entrar en discusión no formales sino más bien sustanciales.

Ya que la importancia para el ciudadano es de poder crear un título ejecutivo y de manera posterior cobrar su crédito, es por lo anterior que la discusión entre proceso o procedimiento si bien es válida puede en algunos momentos carecer de importancia sustancial.4.3 Monitorio La palabra monitorio significa: «1.

Que sirve para avisar o amonestar, 2.Persona que avisa o amonesta y 3. Monición, amonestación o advertencia que el Papa, los obispos prelados dirigían a los fieles en general para averiguación de ciertos hechos que en la misma se expresaban, o para señalarles normas de conducta, principalmente en relación con circunstancias de actualidad.» ( Española, 2015 ) Por lo tanto, y para esta situación, monitorio se entiende como el llamado que le hace el acreedor a un deudor para que esté último le rinda cuentas, sobre una obligación en dinero.

  1. Otro significado dado por la doctrina seria: «Monitorio no tiene en castellano otro sentido que en italiano, es advertencia, apercibimiento o requerimiento que se dirige a una persona (en este caso el deudor, para que pague).
  2. Colmenares Uribe, 2012 ), esto quiere decir, en teoría que es para prevenir el no pago de una obligación requiriendo al deudor para que cancele la obligación contratada.4.4 Proceso monitorio La ley 1564 de 2012 conocida como el Código General del Proceso, trajo con su implementación varias novedades que incorpora esta ley al ordenamiento jurídico procesal, pero que no son objeto de esta investigación, y una de ellas en la creación de un proceso monitorio que se encuentra reglado en los artículos 419 al 421 de la mencionada ley, ubicando este dentro de los procesos declarativos especiales sin importar que autores en diferentes ocasiones han debatido sobre este tema, en si es un proceso como lo denota el Código General del Proceso o por otra parte es un proceso ejecutivo, cabe mencionar y dependiendo del actuar de la parte demandada puede variar el trámite del proceso como lo indica el artículo 421, pero en principio y buscando el legislador una rapidez y economía procesal que ha sido tan criticada por los litigantes y los ciudadanos de a pie.

Conforme al análisis y la variedad presentada en otros países en relación al proceso monitorio, este puede determinarse apoyado en la doctrina basada en el Doctrinante Calamandrei en diferentes tipos de procesos monitorios, que tiene relación directa con los requisitos exigidos para presentar ante la administración de justicia el mencionado proceso, » El proceso monitorio tratado por la doctrina siempre ha tomado como referente el estudio serio y profundo del jurista Piero Calamandrei, quien destaco que el proceso monitorio europeo era puro o documental» ( Colmenares Uribe, 2012 ) En ese orden de ideas el puro no requiere de ningún documento para iniciar el trámite ante un juez, como sucede en el caso del artículo 419 del Código General del Proceso Colombiano, en vista que no hay necesidad de presentar un documento para mover el aparato judicial, aunque si bien una vez presentado se deberá tener en cuenta para determinar por medio de una sentencia judicial la obligación en dinero de mínima cuantía para constituir un título ejecutivo y posteriormente ejecutar a la contraparte para el respectivo pago del crédito, en este sentido ( Colmenares Uribe, 2012 )) afirma que: «El proceso monitorio puro presenta según este autor dos características fundamentales: 1.

Que la orden condicionada de pago se libra por el juez a base de la sola afirmación, unilateral y no probada, del acreedor.2 que la simple oposición no motivada del deudor hace caer en la nada la orden de pago, de manera que el juicio en contradictorio, que puede eventualmente desarrollarse en mérito de tal oposición, no se dirige a decidir si la orden de pago debe ser revocada o mantenida, sino a decidir ex novo sobre la originaria acción de condena, como si la orden de pago no hubiera sido nunca emitida.» Y por otra parte el documental requiere de una prueba contenida en algún papel para iniciar dicho trámite, cabe mencionar que en Colombia no está contemplada esta figura de proceso monitorio, «el proceso monitorio documental es aquel en el que, al contrario, del proceso monitorio puro, el mandato de pago presupone que los hechos constitutivos del crédito están probados mediante documentos» ( Colmenares Uribe, 2012 ) «Vale la pena mencionar también que la Doctrina moderna suele clasificar el proceso monitorio en limitado e ilimitado atendiendo a la cuantía» ( Colmenares Uribe, 2012 ), Es importante mencionar otra clasificación y es en relación a si tiene cuantía o no, si este requisito esta exigido por el legislador es limitado, y si no lo esta es ilimitado frente a su cuantía, en ese orden de ideas en Colombia se encontrara un proceso monitorio puro y limitado.

Es pertinente mencionar que el artículo 419 del Código General del Proceso, que es el articulado que permite la aplicación del proceso monitorio, no solo lo define, sino que también establece los requisitos y clasificación la cual ya se mencionó, Procedencia.

Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.», lo anterior parece bastante claro y la doctrina se ha referido a cada una en su debido momento.4.5 Exigibilidad en el proceso monitorio El artículo 419 del Código General del Proceso no se detiene a definir qué se entiende por exigibilidad para ser aplicado al momento de iniciar y tramitar este proceso, por lo tanto en su ausencia se buscan otros criterios como la doctrina en este caso: «las obligaciones deben ser exigibles, no deben estar sujetas a condición, ni plazo, ni a término, ni otras limitaciones.

En lo relacionado con la vía ejecutiva argumentamos que el término «exigible» significa el lapso que hacia pendiente la exigibilidad ha concluido. Por exigibilidad se entiende que la obligación puede pedirse, cobrarse y, procesalmente, demandarse. No debe hacerse equivalente el término de exigibilidad a plazo cumplido, debe recordarse que en el estudio de las obligaciones se conoce que la exigibilidad depende de dos hechos: el plazo y la condición.

Son aplicables a este procedimiento los criterios que señalamos acerca de cuándo debe considerarse una obligación exigible.» ( Colmenares Uribe, 2012 ) Lo anterior quiere de decir que esta obligación en dinero no debe estar sujeta a ninguna condición o plazo, que en otras palabras significa que el proceso monitorio es válido siempre y cuando las obligaciones sean puras y simples, pero como se evidencia no se hace alusión al tiempo que se requiere para iniciar este proceso, como a la vez en ningún momento se menciona si este ha prescripto o no.

Es claro desde la Doctrina que el proceso monitorio por excelencia trata de que por medio de un procedimiento se cree un título ejecutivo de una obligación natural, tanto así que esta misma es pura y simple. Vuele a reiterar diciendo, Colmenares Uribe, 2012, pag.1166, que: «8.3 Obligaciones determinadas Siendo la obligacion unicamente en dinero, determinada y exigible, significa que la suma de dinero deber ser cierta y concreta y que la relacion contratctual de la cual emana la obligacion no este sujeta a plazo ni a condicion; es decir, ante la existencia de plazo o condicion, la obligacion se torna exigible cuando el termino para su cumplimiento ya vencio o cuando la condicion ya se cumplio» Lo anterior haciendo referencia a un doctrinante de carácter Nacional, pero basandose en que el proceso monitorio fue incorporado a la normatividad en el Código General del Proceso, por operar en otros sistemas juridicos como España, Italia y Alemania, ha mencionado que: «d) Vencida.

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Esto es, el plazo de tiempo para su cumplimiento debe haber trasncurrido. La doctrina judicial permite la reclamación dineraria derivada del vencimiento anticipado de contartos de prestamos incumplidos, por entender que la deuda ostenta la condicion de «liquidez» -si la concreta cifra debida resulta de simples operaciones aritemeticas- y «vencida» ya que la voluntad de las aprtes asi lo han pactado.

La inclusión en el contrato de una clausula de vencimiento anticipado, válida al amparo del principio de la autonomía de voluntad, hace que en el supuesto de falta de pago dinerario contemplado en el contarto, la deuda se convierta en vencida, por lo que se podra reclamar judicialmente las cuotas pendientes de pago (con sus intereses).

e) Y exigible, por lo que cualquier causa legal de extinción de las obligaciones (debidamente alegada) impide toda eficacia al proceso monitorio.» ( Picó i Junoy, 2012 ) Ahora bien, cabe mencioanar que entre España y Colombia se puede presentar seimilitudes en lo relacionado con los ordenamientos juridicos, y mas aun si Colombia copia alguno de estas de España, o de cualquiero otro Estado, pero la forma de aplicarse puede llegar a ser totalmente diferentes y esto tiene su razon de ser, puesto que las sociedades son diferentes en costumbres y lenguajes, lo que ocasiona una pluralidad de interpretacion de los operadores juridicos como tambien se ve reflejado en su aplicación.

En el articulo 419 el Codigo General del Proceso, en ningun momento se menciona la palabra vencida, asi sea que esta se asocie con exigible, pero en ambos autores citados no hay congruecia frente de como se debe aplicar la exigibilidad del Proceso Monitorio en Colombia.

  1. CONCLUSIÓN.
  2. Se evidencia la falta de reglamentación y temas por fuera en el proceso monitorio reglado en el Código General del Proceso que se encuentra entre los artículos 419 y 421, ya que en ningún momento se hace mención al requisito de prodecibilidad mediante una conciliación, es decir, que no se expresa si este realmente es exigido en el caso que no se propongan medidas cautelares, por lo tanto este criterio quedara a consideración de los jueces, el cual puede variar por la pluralidad jurídica que se presenta, de igual manera se considera que no es sano que la figura del proceso monitorio se le exija el requisito de una conciliación pre-procesal.

De igual manera y una falencia de la norma es cuando el demandado no se notifica personalmente, pues esto le puede llegar a permitir esconderse para que de esta manera no se cree el título ejecutivo que lo obligue al pago de la deuda, como tampoco se hace referencia al pago de las costas procesales y agencias en derecho, se supone que se aplicara reconociéndolas, porque no hay norma que lo prohíba.

Es claro, que el proceso monitorio emana de las obligaciones naturales, pues para esto se incorporó en el ordenamiento jurídico, para aquellos casos donde no se tenga una prueba que sirva directamente presentar el proceso ejecutivo, tanto así, que el legislador opto por un proceso monitorio puro y limitado.

La manera de estudio relacionado con la posibilidad de que las pretensiones sean favorables cuando esta obligación natural se ha convertido por medio de la prescripción en cuanto el artículo 419 del Código General del Proceso no plantea dicha figura, sino solo lo trata desde el tema a que no puede estar condicionada o sujeta a un plazo, pues entonces es claro y en vista de que la normatividad no lo prohíbe la posibilidad de presentar el proceso monitorio de una obligación natural que esta se ha convertido por el trascurrir del tiempo, de igual manera cabe mencionar y como se dijo con anterioridad cada juez de la republica interpreta la norma de manera diferente, puesto no se establecen criterios fijos, y en caso de existir este se puede apartar, es decir, que el juzgador puede aceptar una pretensión de un proceso monitorio frente a una obligación natural que se ha convertido en está mediante la prescripción, como fácilmente otro juzgador lo puede negar. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons

¿Qué son los derechos civiles y 5 ejemplos?

Este bloque de derechos incluye el derecho a la vida; a no ser sometido o sometida a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, a esclavitud o servidumbre, ni a trabajo forzoso; el derecho a la libertad y seguridad personal; el derecho de las personas a circular libremente por su país y a salir de cualquier

¿Qué es un deber y una obligación?

Deberes y Obligaciones Acerca de los deberes y obligaciones, las carta magna ha establecido una clara diferenciación entre los dos conceptos, no obstante desde su promulgación han surgido diversos debates que han obligado a la Corte Constitucional a hacer precisiones al respecto: «Existe una relación de complementariedad entre los derechos y los deberes constitucionales.

  1. La persona humana, centro del ordenamiento constitucional, no sólo es titular de derechos fundamentales sino que también es sujeto de deberes u obligaciones, imprescindibles para la convivencia social.
  2. El reciente desarrollo de la teoría de los deberes constitucionales se explica por su escasa importancia bajo la concepción de las libertades públicas en el Estado liberal.

El énfasis de los derechos individuales en las primeras Cartas de derechos obedecía exclusivamente a la necesidad de rodear a la persona de garantías contra el ejercicio del poder político. Bajo esta concepción, los deberes eran considerados preceptos de naturaleza moral o valores cívicos, no exigibles jurídicamente, a excepción de aquellos desarrollados por la ley que adquirían la forma de obligaciones jurídicas.

Con la evolución del Estado liberal y su tránsito al Estado Social de derecho, el valor jurídico de los deberes ha variado de manera radical. Su incorporación en los textos constitucionales modernos, paralelamente a la idea de la Constitución como norma jurídica, son transformaciones políticas que otorgan una significación diferente a los deberes de la persona.

La concepción social del Estado de derecho, fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general (CP art.1), se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales, pero también en la sanción constitucional al incumplimiento de los deberes constitucionales.

El artículo 1 de la Constitución erige a la solidaridad en fundamento de la organización estatal. Los nacionales y extranjeros tienen el deber de acatar la Constitución y la ley, y son responsables por su infracción (CP arts.4 y 6). De esta forma, los deberes consagrados en la Carta Política han dejado de ser un desideratum del buen pater familias, para convertirse en imperativos que vinculan directamente a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica.

Los deberes enunciados en la Constitución cumplen la función de ser, principalmente, patrones de referencia para la formación de la voluntad legislativa y de ser fundamentos para la creación legal de obligaciones específicas que constituyen un desarrollo de la Constitución, normas que pueden llegar a justificar limitaciones razonables de los derechos constitucionales y referentes objetivos de la interpretación constitucional realizada por los jueces para resolver un caso concreto o específicamente para defender la supremacía e integridad de la Constitución, entre otras funciones.

  1. Como todas las demás disposiciones de la Carta, los deberes constitucionales han de ser interpretados en el contexto de un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad (artículo 1 C.P.) y en el cual tienen primacía los derechos inalienables de lapersona (artículo 5 C.P).
  2. Si bien los deberes constitucionales tienen fuerza normativa, su objeto, estructura y fundamentación son diferentes a los de las obligaciones exigibles a las personas en un caso concreto.

Las obligaciones a diferencia de los deberes –que necesitan un desarrollo legal que los haga vinculantes – pueden ser coercitivamente exigidas por las autoridades, es decir que los deberes que surgen de la Constitución Política sólo pueden ser exigidos a los particulares si media una norma legal que defina su alcance y significado de manera precisa que se expresa como una obligación.» 1

1. Sentencia C-034/05 de la Corte Constitucional. Enero de 2005.

TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA SECCIÓN ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

  • Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
  • Son deberes de la persona y del ciudadano: Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
  • Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.

  • Propender al logro y mantenimiento de la paz; Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia.
  • Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; Contribuír al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

: Deberes y Obligaciones

¿Qué dice el artículo 110 del Código Civil?

Aunque no ostenten la patria potestad, ambos progenitores están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos. art 110 cc El artículo 110 del Código Civil español hace referencia a la filiación y a la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos.

Tras la actualización publicada el 01/03/2023, con entrada en vigor el 02/03/2023, se modifica por la disposición final 1.3 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero. Anteriormente, decía lo siguiente: El padre y la madre, aunque no ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos.

Artículo 110 – Modificado con efectos desde el 02/03/2023

Código Civil

LIBRO I. DE LAS PERSONAS

Título V: De la paternidad y filiación

Capítulo I: De la filiación y sus efectos

Artículo 108 Artículo 109 Artículo 110 Artículo 111

¿Cuáles son los tipos de contratos civiles?

¿Qué son los contratos civiles? –

Se definen como un acuerdo entre dos o más partes en el cual se pactan obligaciones y/o derechos que se comprometen a cumplir.Su característica principal es que son convenios por voluntad propia, en los cuales se generan o transfieren derechos u obligaciones.Las obligaciones y los derechos del contrato se detallan en cláusulas, por lo que es importante que estas no contradigan la ley, porque, de ser así, no tendrán efecto.La manera de dejar manifiestos esos compromisos es a través de una firma, ya sea autógrafa o electrónica, pues en México,Cabe destacar que todos los tipos de contratos civiles son regulados por el Código Civil, la institución encargada de resolver conflictos por incumplimiento.

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¿Cómo se transmiten las obligaciones civiles?

La transmisión de las obligaciones se efectúa a través de 3 instituciones: la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación.