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Son Los Entes Que Pueden Ser Sujetos De Derechos Y Obligaciones?

Son Los Entes Que Pueden Ser Sujetos De Derechos Y Obligaciones
La persona, jurídicamente hablando, es el sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Para fines legales, el Código Civil distingue entre: (i) personas naturales (personas físicas o seres humanos) y (ii) personas jurídicas (que corresponde a una ficción legal).

¿Qué personas son sujetos de derecho?

De Wikipedia, la enciclopedia libre Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de derechos y obligaciones; esto es, aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrojándole derechos y obligaciones, Para el derecho, los únicos sujetos de derecho son las personas,

¿Qué sujeto se relaciona en la obligacion?

Biblioteca – artículos electrónicos Capítulo I.- De las Obligaciones.1.- Concepto de obligación. Ya desde el antiguo derecho romano se habían acuñado definiciones célebres acerca de la obligación civil, como por ejemplo la clásica definición contenida en las Institutas de Justiniano en donde se dice que «obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iuria».

Es decir, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme a las leyes de nuestra ciudad. O la diversa definición del jurisconsulto Paulo que la concibe como «obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquid corpus nostrum (aut dservitutem nostram) faciat, sed ut alium nobis obstringat at danum aliquid, vel faciendum, vel prestandum».

Es decir, la esencia de la obligación no consiste en convertir algo en cosa o servidumbre nuestra; sino en compeler a otro para darnos, hacernos o prestarnos algo.». Ahora bien, las anteriores definiciones y muchas otras elaboradas en épocas posteriores tienen el defecto de que sólo hacen énfasis en uno o dos de los tres elementos esenciales del concepto obligación, por ejemplo, diremos que la primera definición citada caracteriza a la obligación civil por el vínculo jurídico que enlaza a los sujetos de la misma; en tanto que Paulo se concentra únicamente en el objeto de la obligación, o sea, en la conducta que asumirá el sujeto deudor, para definir a la obligación.

En ese tenor de ideas el maestro Borja Soriano, en su obra titulada «Teoría General de las Obligaciones» después de citar varias definiciones logradas por diversos doctrinarios, termina concluyendo que para lograr una definición cabal sobre la obligación, no debemos fijar nuestra atención de manera especial sobre alguno de los elementos que constituyen la naturaleza de la obligación, a saber: los sujetos, el objeto y la relación jurídica, sino que tenemos que comprenderlos a todos en una la definición, ya que cada uno de ellos forma parte de su esencia.

Por tanto, una definición completa de la obligación sería aquella que dentro de su comprensión lógica contenga los tres elementos necesarios de ésta. En congruencia con lo anteriormente expuesto, podemos definir a la obligación civil como la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer.2.- Elementos de las obligaciones.

Como apuntamos en el parágrafo anterior, tres son los elementos constitutivos de la obligación civil, los sujetos, el objeto y la relación jurídica. a).- Los sujetos de la relación jurídica obligación son el acreedor y el deudor. El acreedor es el sujeto activo de la obligación que es titular de un derecho subjetivo, comúnmente llamado derecho personal o derecho de crédito.

El deudor es el sujeto pasivo de dicha relación que tiene a su cargo un deber jurídico denominado deuda. b).- El objeto es la conducta que el deudor queda constreñido a realizar, y que puede consistir en un dar, hacer o un no hacer. c).- La relación jurídica, según el maestro Bejarano Sánchez, es «un vínculo reconocido y disciplinado por el Derecho objetivo, y por lo que se refiere a la relación jurídica de la obligación o derecho personal, es un vínculo creado por el Derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento».

En efecto, el vínculo jurídico que caracteriza a la obligación no es otra cosa que la coercibilidad o posibilidad de utilizar la fuerza para vencer la actitud contumaz del obligado que distingue al derecho de los otros sistemas normativos que rigen la conducta humana, verbigracia, la moral o los convencionalismos sociales.

3.- Diferencias entre derechos personales y derechos reales. Señala el tratadista Borja Soriano que respecto a las teorías que pretenden explicar la diferencia existente entre los derechos reales y personales se encuentra la teoría clásica, la cual concibe al derecho real como una relación entre persona y cosa, en tanto que el derecho personal es una relación entre persona y persona.

La diferencia que existe entre el derecho real y el personal, según los exponente de esta teoría, consiste en que en aquél la proximidad que existe entre el sujeto titular del derecho y la cosa permite su explotación económica con exclusión de los demás individuos que le rodean; en tanto que en el derecho personal la relación entre el sujeto activo y el pasivo es directa e inmediata, es decir, que lo más importante es la relación personal y de manera secundaria el objeto de la obligación.

Derecho real es la facultad o poder de aprovechar autónoma o directamente una cosa. Mientras que el derecho personal consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, en no hacer nada o en dar alguna cosa.4.- Obligaciones propter rem.

La doctrina reconoce la existencia de ciertas obligaciones o cargas que están de tal manera vinculadas a la existencia de una cosa que su transmisión de ésta implica la de aquélla, es decir, que el origen de la obligación se encuentra en la cosa misma, nace del hecho de su detentación. También se les conoce con el nombre de ambulatorias, ya que la obligación pasa de un sujeto pasivo a otro por el simple hecho de la detentación material de la cosa.

Según Borja Soriano, las características de las obligaciones reales o propter rem son las siguientes: a) No ligan al deudor en cuanto a su persona o identidad personal, sino que está determinado por el hecho de ser propietario o poseedor de una cosa.

  1. c) El obligado responde de su deuda con la cosa, no con todo su patrimonio y, si renuncia a ella, se desembaraza de su deuda.
  2. En síntesis, podemos decir que las obligaciones reales son cargas o gravámenes impuestos por la ley a los poseedores o propietarios, por el simple hecho de la detentación de la cosa, y cuyo cumplimiento puede evitarse mediante el abandono de la cosa de la cual dimana el gravamen, respondiéndose de la deuda en todo caso con la cosa.

5.- Obligaciones naturales. En este último apartado nos ocuparemos de las llamadas obligaciones naturales, de la cuales podemos decir que consisten «en la necesidad jurídica de prestar una conducta a favor de un acreedor, quien puede obtener y conservar lo que el deudor le pague, pero puede exigirlo legítimamente por medio de la fuerza pública».

En otras palabras, lo que caracteriza o distingue a este tipo de obligaciones es el hecho una vez cumplida voluntariamente la obligación por el deudor, el derecho autoriza al acreedor a retenerlo válidamente, sin que pueda repetirse contra éste. La doctrina considera a este tipo de obligaciones como obligaciones civiles imperfectas equiparándolas a veces a los deberes morales, toda vez que carecen de acción procesal que permita lograr su cumplimiento forzoso.

Sin embargo, pese a la diversidad de opiniones que existen sobre el tema, creemos que no se trata de simples deberes morales, sino de verdaderas obligaciones jurídicas, ya que por la circunstancia de que el Derecho reconozca la validez del pago y autorice al deudor para retenerlo, impidiendo la repetición contra éste, resulta inconcuso que tal reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico le quita a dichas relaciones el carácter meramente moral que pudieran tener, para convertirlas en fenómeno netamente jurídico.

Conviene precisar, en último lugar, que estas obligaciones no se encuentran reglamentadas en nuestra legislación civil, por no existir un articulado que las agrupe reconociéndolas por su nombre, sino que al respecto sólo existen disposiciones aisladas de las que se desprende su existencia, verbigracia el artículo 1752 del Código Civil, que a la letra dice: «El que ha pagado una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir.»; asimismo, nos permitimos transcribir el diverso numeral 2124 del citado ordenamiento, que dispones que: «Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado en cantinas, no dan derecho para exigir su precio.»; y por último, el precepto 2595, que textualmente manda lo siguiente: «El que pierde en un juego o apuesta que no estén prohibidos, queda obligado civilmente, con tal que la pérdida no exceda de la vigésima parte de su fortuna.

Prescribe en treinta días el derecho de exigir la deuda del juego a que este artículo se refiere». : Biblioteca – artículos electrónicos

¿Qué nombre se le brinda al sujeto que tiene derechos y obligaciones además que formar parte de una estructura más amplia por ejemplo la sociedad?

Persona : Todo ser susceptible de tener derechos y obligaciones. En el lenguaje jurídico, se dice que quien es capaz de tener derechos tiene personalidad. La personalidad es la aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones.

¿Qué quiere decir el artículo 33 del Código Civil?

TITULO I De las personas jurídicas Art.30. Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones. Art.31. Las personas son de una existencia ideal o de una existencia visible. Pueden adquirir los derechos, o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la forma que él determina.

  • Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos dados, les conceden o niegan las leyes. Art.32.
  • Todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas. Art.33.
  • Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

Tienen carácter público: 1. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.2. Las entidades autárquicas.3. La Iglesia Católica. Tienen carácter privado: 1. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.2.

Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. (Artículo sustituido por art.1 de la Ley N 17.711 B.O.26/4/1968. Vigencia: a partir del 1 de julio de 1968.) Art.34.

Son también personas jurídicas los Estados extranjeros, cada una de sus Provincias o Municipios, los establecimientos, corporaciones, o asociaciones existentes en países extranjeros, y que existieren en ellos con iguales condiciones que los del artículo anterior.

Art.35. Las personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir los derechos que este código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido. Art.36. Se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre que no excedan los límites de su ministerio.

En lo que excedieren, sólo producirán efecto respecto de los mandatarios. Art.37. Si los poderes de los mandatarios no hubiesen sido expresamente designados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autoricen, la validez de los actos será regida por las reglas del mandato.

Art.38. Será derecho implícito de las asociaciones con carácter de personas jurídicas, admitir nuevos miembros en lugar de los que hubieran fallecido, o dejado de serlo, con tal que no excedan el número determinado en sus estatutos. Art.39. Las corporaciones, asociaciones, etcétera, serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros.

Los bienes que pertenezcan a la asociación, no pertenecen a ninguno de sus miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomunado con ella.

  • Art.40. Los derechos respectivos de los miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica, son reglados por el contrato, por el objeto de la asociación, o por las disposiciones de sus estatutos. Art.41.
  • Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de las propiedades ajenas, herencias o legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales.

Art.42. Las personas jurídicas pueden ser demandadas por acciones civiles, y puede hacerse ejecución en sus bienes. Art.43. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren, en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

Responden también por los daños que causen sus dependientes o las cosas, en las condiciones establecidas en el Título: «De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos». (Artículo sustituido por art.1 de la Ley N 17.711 B.O.26/4/1968. Vigencia: a partir del 1 de julio de 1968.) Art.44.

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras tienen su domicilio en el lugar en que se hallaren, o donde funcionen sus direcciones o administraciones principales, no siendo el caso de competencia especial. CAPITULO I Del principio de la existencia de las personas jurídicas Art.45.

  • Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etcétera., con el carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el Gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte religiosa.
  • Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegitimidad o arbitrariedad.

(Párrafo incorporado por art.1 de la Ley N 17.711 B.O.26/4/1968. Vigencia: a partir del 1 de julio de 1968.) En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad.

  • En este caso los órganos de Gobierno de la fundación podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior.
  • Párrafo incorporado por art.1 de la Ley N 17.711 B.O.26/4/1968.
  • Vigencia: a partir del 1 de julio de 1968.) Art.46.
  • Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas como simples asociaciones civiles o religiosas, según el fin de su instituto.

Son sujetos de derecho, siempre que la constitución y designación de autoridades se acredite por escritura pública o instrumentos privados de autenticidad certificada por escribano público. De lo contrario, todos los miembros fundadores de la asociación y sus administradores asumen responsabilidad solidaria por los actos de ésta.

Supletoriamente regirán a las asociaciones a que este artículo se refiere las normas de la sociedad civil. (Artículo sustituido por art.1 de la Ley N 17.711 B.O.26/4/1968. Vigencia: a partir del 1 de julio de 1968.) Art.47. En los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuese posterior a su fundación, quedará legitimada su existencia como persona jurídica, con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación.

CAPITULO II Del fin de la existencia de las personas jurídicas Art.48. Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar: 1 Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad competente; 2 Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos; 3 Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.

  1. La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la entidad dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45.
  2. El juez podrá disponer la suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida.
  3. Artículo sustituido por art.1 de la Ley N 17.711 B.O.26/4/1968.
  4. Vigencia: a partir del 1 de julio de 1968.) Art.49.

No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de su institución. Corresponde al Gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar disuelta la corporación, o determinar el modo cómo debe hacerse su renovación.

¿Qué es el sujeto y objeto de derecho?

1. Noción de sujeto de derecho – La norma jurídica expresa una relación entre dos sujetos que se denominan sujetos de derecho. Uno de los sujetos es el titular del derecho; sobre el otro, recae el deber. Al primero se le llama sujeto derecho-habiente o creditor; al segundo.

  1. Sujeto obligado o debitar.
  2. El sujeto de derecho como elemento de la norma no es un ente real sino un concepto cuyas notas le son atribuidas por el orden jurídico.
  3. Dada la bilateralidad del derecho, no se da sujeto derecho habiente sin sujeto obligado y viceversa.
  4. Ambos términos son correlativos.
  5. En algunos casos, el sujeto creditor lo es también de deberes hacia el otro sujeto o este último puede ser titular de facultades hacia el primero.

Esta circunstancia no aminora, sino que acentúa el citado carácter de término de una relación.

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La norma jurídica, por regla general, determina sus sujetos. En algunos casos la individualización del sujeto corresponde a una operación lógica posterior. Se trata entonces de sujetos determinables. De lo expuesto se desprende que la existencia de la relación jurídica exige siempre los términos que ella misma enlaza y que no es posible que se den «derechos sin sujetos».

El derecho puede trasmitirse de una persona a otra, pero siempre es necesario que sean sujetos. Tampoco cabe pensar -en el orden jurídico- en un solo sujeto como titular de derechos que no pueda ejercitar hacia otros u otros y ni en otro que sea simplemente el obligado por deberes sin que exista el titular del derecho en cuyo caso se tratara de deberes morales.

Las consideraciones anteriores justificarán el empleo de la denominación «sujetos de derecho» en vez de «sujeto de derecho». El correlato objetivo del concepto sujeto de derecho es la persona considerada desde el punto de vista jurídico. Para decirlo con otro giro: lo que en el orden del pensamiento constituye el objeto formal, sujeto de derecho, tiene como objeto material a la persona en cuanto es vista por aquél.

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Es sujeto individual el hombre considerado como persona. Son sujetos colectivos determinadas agrupaciones de personas a las que el derecho atribuye ese carácter. Los sujetos colectivos, en cuanto a sus fines, son de derecho público y de derecho privado: Entre los primeros unos corresponden al Derecho Público Externo como el Estado y los.

¿Cuáles son los tipos de obligaciones en derecho civil?

Obligaciones positivas y negativas: concepto. Obligaciones de dar; obligaciones de hacer; obligaciones de no hacer. – Obligaciones transitorias y duraderas.

¿Quién tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos?

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.

  • Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.
  • Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
  • Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

  1. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos.
  2. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.
  3. Los derechos humanos son inalienables.
  4. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales.

Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios: La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos.

Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».

  1. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones.
  2. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.
  3. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.
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La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas.

  • Principio de Interdependencia: Consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.
  • Principio de Indivisibilidad: Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuere su naturaleza.

Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Principio de interdependencia e indivisibilidad: Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes.

  • El avance de uno facilita el avance de los demás.
  • De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.
  • Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.

El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.

¿Cómo se clasifican los sujetos del derecho internacional?

_ – El Derecho internacional es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Esto significa algo tan obvio como que este ordenamiento regula las relaciones jurídicas entre los diversos sujetos que actúan en dicha comunidad. Ahora bien, en cuanto intentamos identificar dichos sujetos emergen las peculiaridades del Derecho internacional, especialmente si lo comparamos con el Derecho interno o nacional de cada Estado.

Desde un punto de vista metodológico, la comparación entre ambos tipos de ordenamiento jurídico, el interno o nacional por un lado, y el internacional por otro, resulta útil para comprender la naturaleza singular del Derecho internacional, una singularidad que no siempre se percibe en un primer contacto con esta disciplina.

Si nos centramos en los sujetos internacionales, es decir, en quienes tienen la capacidad o aptitud de actuar jurídicamente, hacer valer sus derechos y responder en caso de incumplir sus obligaciones, vemos que en Derecho interno los sujetos son, en esencia, los poderes públicos y las personas privadas o particulares, ya sean estas personas físicas o personas jurídicas.

El poder público tiene sus prerrogativas y su aparato burocrático, coercitivo y de prestación de servicios, a través del cual actúa en el ordenamiento jurídico interno, imponiendo sus normas y decisiones. Las personas privadas, muy especialmente las personas físicas o ciudadanos, necesitan de una esfera de derechos fundamentales que les permita actuar libremente, y que suponga un límite a la influencia del poder público en sus vidas.

También necesitan unos mecanismos jurídicos de reacción y protección frente al poder público cuando este se extralimita en sus atribuciones e invade indebidamente el ámbito privado y personal del ciudadano. Este esquema simplificado, familiar para los constitucionalistas y, en realidad, para todos los juristas, no se reproduce tal cual en el ordenamiento jurídico internacional.

  • En efecto, los sujetos del Derecho internacional son, sobre todo, dos: los Estados y las organizaciones internacionales.
  • A ellos podemos añadir la persona física (o individuo, en la terminología más usada por los internacionalistas), que sin embargo es sujeto del ordenamiento internacional en un sentido más limitado que los Estados y las organizaciones internacionales.

Dejamos ahora de lado casos especiales de subjetividad, como la de los movimientos de liberación nacional, los beligerantes, los pueblos, la Santa Sede o la Orden de Malta, dado que estamos atendiendo a los sujetos predominantes en el sistema jurídico internacional.

Nuestro propósito es mostrar ciertas singularidades de este sistema jurídico, pero no estudiando los casos especiales y llamativos, sino fijándonos en las formas más habituales de la subjetividad internacional. Y tampoco nos ocuparemos de entidades que, sin ser sujetos del Derecho internacional, sí son actores de las relaciones internacionales, como las empresas transnacionales o las ONG de proyección internacional.

Sujeto internacional es quien puede hacer valer sus derechos y responder de sus incumplimientos ante instancias o a través de mecanismos internacionales, y estas condiciones se cumplen de la forma más plena y efectiva en el caso de los Estados y las organizaciones internacionales.

La relación entre Estados y organizaciones internacionales es peculiar, debido a que los Estados son los sujetos originarios del Derecho internacional, mientras las organizaciones son sujetos derivados. Esto significa que, mientras los Estados pueden surgir por sí mismos en la comunidad internacional, las organizaciones internacionales han de ser creadas por otros sujetos, precisamente los Estados, que además de crearlas pueden extinguirlas.

Los Estados ejercen competencias generales, las organizaciones internacionales ejercen competencias específicas, es decir, ejercen únicamente las competencias que les han sido atribuidas por sus creadores en el tratado constitutivo de cada organización.

Por estas razones, además de sujetos derivados, las organizaciones son siempre sujetos ligados o vinculados a los Estados que las crean y les atribuyen competencias (aumentándolas, reduciéndolas o extinguiéndolas, según los casos). Esta condición de sujetos ligados es compatible con la autonomía jurídica de la organización respecto de sus Estados miembros.

Se puede pensar que la relación entre Estados y organizaciones internacionales es similar a la que mantienen las personas físicas y las personas jurídicas en los Derechos internos, y ciertamente las analogías existen, porque las personas jurídicas tampoco brotan solas: han de ser creadas deliberadamente por las personas físicas.

Sin embargo, los Estados tienen una característica de la que carecen las personas físicas: los Estados son soberanos. La soberanía es un concepto jurídico y político que caracteriza el poder del Estado como summa potestas, como poder supremo para decidir sobre sus asuntos internos, y como independencia en los asuntos externos respecto al resto de sujetos (otros Estados y las organizaciones internacionales).

Ello implica que el Estado, en tanto que soberano, no reconoce normas que le obligan, o instancias a las que esté subordinado (por ejemplo un tribunal internacional), si no ha prestado previamente su consentimiento en obligarse o en quedar subordinado.

  • Las formas de prestar dicho consentimiento son muy variadas, y cabe discutir si, en determinados casos, un Estado ha consentido o no en obligarse por medio de una norma internacional, pero alguna forma de consentimiento debe estar presente.
  • Además, los Estados tienen el poder de auto-atribuirse competencias para regular distintas materias.

Por ejemplo, con el inicio de la navegación aérea diversos Estados comenzaron a regular el tráfico aéreo desde y sobre su respectivo territorio. Nadie tuvo que atribuirles previamente esa competencia, o autorizarlo anticipadamente, porque los Estados ejercían un poder propio, un poder originario.

  1. Las organizaciones internacionales, limitadas a ejercer las competencias que les han sido atribuidas en su tratado constitutivo, no podrían auto-atribuirse esa ni ninguna otra competencia.
  2. Si pudieran hacerlo, habrían adquirido uno de los rasgos característicos de la soberanía.
  3. La presencia de una pluralidad de Estados soberanos que son sujetos del Derecho internacional distingue claramente a este ordenamiento jurídico de los Derechos internos.

En estos, el ciudadano no es soberano. El ciudadano se encuentra con varios niveles e instancias del poder público que actúan sobre él, y crean normas que le vinculan, sin que el ciudadano haya prestado su consentimiento previo y específico a cada norma.

En realidad, el ciudadano en el Derecho interno es un sujeto de derechos y deberes, pero no es un sujeto soberano que pueda decidir por cuáles normas queda vinculado, o elegir ante qué instancias está subordinado. El poder público está por encima de él, y le impone numerosas normas y obligaciones desde esa posición superior.

Afortunadamente, en los Estados democráticos y de Derecho, existe un ámbito de derechos fundamentales que actúa como límite ante el poder público, para que el ciudadano no quede inerme ante la formidable máquina de poder que es el poder público estatal.

En Derecho interno se suele denominar como soberano al «pueblo», o en ocasiones a la «nación», conceptos también políticos o filosóficos que tienen un perfil jurídico menos preciso que las nociones de ciudadano o de Estado. Si alguna entidad del Derecho interno merece la calificación de soberana, esta es de nuevo el Estado, si bien esta soberanía está sujeta a límites y ya no es la soluta potestas del monarca soberano de tiempos preconstitucionales.

En el Estado de Derecho, el poder estatal está sometido al Derecho. Eso sí, el Estado está sometido al Derecho que él mismo crea a través de los mecanismos constitucionales, pues la gran mayoría de las normas internas son de creación estatal. Ese mismo Estado es también soberano en la esfera externa en el sentido, antes explicado, que la soberanía tiene en el Derecho internacional.

  • En el Derecho interno el Estado es un sujeto único.
  • En la comunidad internacional existen múltiples Estados (hay 193 Estados miembros de la ONU, por tomar una referencia accesible y conocida).
  • Cada Estado es igualmente soberano, porque la soberanía es un concepto jurídico y formal, compatible con las enormes diferencias de poder e influencia entre Estados.

O lo que es lo mismo, hay Estados más poderosos que otros, pero no más soberanos que otros. Ello permite calificar al principio de igualdad soberana, recogido en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas, como principio estructural del Derecho internacional contemporáneo.

Estrechamente ligado al concepto de igualdad soberana, está el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, recogido en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1970). La prohibición de intervenir de forma directa o indirecta, mediante el empleo de la fuerza u otras formas de injerencia, en los asuntos de otros Estados, se basa en la soberanía de cada Estado, que conlleva el derecho inalienable de elegir su propio sistema político, económico y social.

Hoy en día la soberanía estatal ya no se concibe en términos absolutos, en el sentido de que el Estado pueda ejercerla sin límites. Se ha ido abriendo paso gradualmente una concepción funcional, según la cual la soberanía se concreta jurídicamente en una serie de competencias, derechos y deberes que el Estado debe ejercitar y observar para cumplir con sus funciones esenciales, las propias del poder público, y especialmente la protección y tutela de los derechos humanos más básicos, que no pueden ser objeto de violaciones graves, masivas y sistemáticas.

  1. Si un Estado no cumple con esta función esencial, por incapacidad o falta de voluntad, su soberanía cede, y la comunidad internacional puede lícitamente intervenir.
  2. La reciente emergencia de la denominada responsabilidad de proteger es una manifestación especialmente radical de esta idea, y permite incluso la intervención armada en un Estado, siempre que se den los requisitos que eviten que dicha intervención sea unilateral, o se haga sin el suficiente respaldo de la comunidad internacional actuando a través de cauces institucionalizados (la ONU y otras organizaciones internacionales relevantes en el caso concreto).

En todo caso, en Derecho internacional el Estado es soberano, y el resto de los sujetos no lo es. Esto, sin embargo, no debe llevar a entender la relación entre Estados y organizaciones internacionales en términos jerárquicos o de subordinación. La relación entre ambos sujetos puede explicarse en términos verticales, pero teniendo en cuenta que no siempre estará en la posición superior el mismo sujeto.

  • Así, en el momento constitutivo de la organización internacional, los Estados están en la posición superior de atribuir, modificar o eliminar las competencias que puede ejercer dicha organización.
  • Por otro lado, es parte de la realidad internacional cotidiana que, una vez constituidas las organizaciones, algunos de sus órganos adopten decisiones, o creen normas, que resultan de obligado cumplimiento para los Estados miembros.

Ejemplos bien conocidos son las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU cuando desempeña su función de mantener y restablecer la paz y la seguridad internacionales, o las normas adoptadas por las Instituciones de la Unión Europea (UE) que tienen el poder legislativo en dicha organización.

Es preciso completar esta perspectiva vertical de la relación entre Estados y organizaciones internacionales con otra más horizontal, que contemple estos asuntos en términos no jerárquicos, sino competenciales. Los Estados cooperan entre sí para el logro de ciertos fines que no pueden alcanzar actuando por sí solos.

En ocasiones deciden institucionalizar esa cooperación creando organizaciones internacionales. Ello conlleva la atribución, y a veces cesión, de competencias a las organizaciones, lo cual resulta a menudo en la puesta en común de varias competencias estatales para crear una competencia internacional de mayor alcance.

  • Estados y organizaciones internacionales, cuando actúan en su ámbito competencial respectivo, son la última instancia de decisión, y a veces la única instancia, en el caso de que ejerzan una competencia en exclusiva, como es el caso de la UE en materia arancelaria.
  • Esta visión competencial y horizontal de la relación entre Estados y organizaciones permite percibir mejor la realidad de la comunidad internacional.

Esta no se configura como una realidad vertical, jerárquica y centralizada, sino horizontal, competencial y descentralizada, en línea con ese principio estructural de su ordenamiento jurídico que es la igualdad soberana de todos los Estados. En ella, los Estados coexisten, a menudo cooperan, y en ocasiones institucionalizan esa cooperación creando organizaciones internacionales.

Es posible representarse esto imaginando que los Estados forman una tupida red en la que a veces la cooperación se intensifica, condensándose en unos nódulos que son las organizaciones internacionales. La imagen, una de tantas posibles, puede resultar didáctica, aunque tiene una utilidad práctica limitada, porque en realidad hay más organizaciones internacionales que Estados, por lo que tendríamos una red con más nódulos que hilos.

¿Y el individuo, la persona física? Decíamos antes que tenía una subjetividad limitada, pero ¿limitada a qué? Partimos de que es sujeto quien puede hacer valer o reclamar sus derechos (subjetividad activa), y quien puede ser considerado responsable por el incumplimiento de obligaciones (subjetividad pasiva), ante instancias internacionales.

Pues bien, el individuo solo puede actuar como sujeto en el ámbito limitado y circunscrito de ciertas organizaciones internacionales regionales, como el Consejo de Europa, la UE o la Organización de Estados Americanos. En el ámbito Consejo de Europa, por ejemplo, una persona física puede demandar a un Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si, tras agotar los recursos de Derecho interno, considera que dicho Estado ha violado uno de los derechos que reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Desde una perspectiva pasiva, el individuo puede ser declarado responsable penal de la comisión de crímenes internacionales ante un tribunal como la Corte Penal Internacional (que a su vez es una organización internacional). Esta subjetividad, limitada y fragmentada (el lado pasivo no es el reverso del lado activo de la subjetividad internacional del individuo), no permite hablar de una subjetividad de alcance general.

  1. Conectando esta idea con otra, vemos asimismo que la comunidad internacional no tiene ciudadanía propia ni ciudadanos, como sí los tiene el Estado.
  2. Ser «ciudadano del mundo» es una noción filosófica y, a veces, una actitud política, pero no un estatuto jurídico.
  3. Estatutos como la ciudadanía de la UE están vinculados a la nacionalidad de los Estados miembros, y no pueden ostentarse independientemente.

La apatridia es considerada como una anomalía que es preciso corregir. El Derecho internacional acoge, y regula mínimamente, el vínculo nacional del individuo con el Estado, pero no contempla un vínculo directo, no estatal y cosmopolita con la comunidad internacional.

El individuo, ciertamente, es destinatario de normas internacionales, especialmente debido al desarrollo, reciente en términos históricos, del Derecho internacional de los derechos humanos. Pero ser destinatario de normas no le convierte en un sujeto internacional equiparable a los Estados y a las organizaciones internacionales.

Estados, organizaciones internacionales e individuos forman un triángulo de sujetos en constante interacción dinámica, que va transformando gradualmente la comunidad internacional y el ordenamiento jurídico que la regula.

¿Cuáles son los sujetos de derecho internacional privado?

Los Sujetos del Derecho internacional son los Estados, las Organizaciones Internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo (persona física) como sujeto pasivo del derecho internacional.

¿Qué quiere decir el artículo 35 del Código Civil?

Son personas jurídicas: 1.º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.2.º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados.

  1. Art 35 cc El artículo 35 del Código Civil español hace referencia a las personas jurídicas y al nacimiento de su personalidad.
  2. En concreto, establece que las personas jurídicas son las corporaciones de interés público, las asociaciones de interés público y las de interés particular, y las fundaciones de interés público.

Según este artículo, en las corporaciones, las asociaciones o las fundaciones que sean de interés público la personalidad nace desde el momento de su constitución.

Código Civil

LIBRO I. DE LAS PERSONAS

Título II: Del nacimiento y la extinción de la personalidad civil

Capítulo II : De las personas jurídicas

Artículo 35 Artículo 36 Artículo 37 Artículo 38 Artículo 39

¿Qué relación hay entre derecho y obligación?

Artículos Derechos humanos y deberes Virgilio Ruiz Rodríguez * * Profesor-Investigador de la Universidad Iberoamericana, México, [email protected] Fecha de recepción: 27/03/2010 Fecha de aceptación: 25/11/2010 Resumen La razón por la que se estudia este tema es la insistencia generalizada con la que se habla de derechos y no de deberes; ésta es una de las razones por las que vivimos la situación actual.

  1. Se olvida que el derecho en sí mismo contiene el deber correspondiente: el derecho de un sujeto despierta siempre en otro la obligación de no impedir su ejercicio.
  2. A contrario sensu, con esto se pone de manifiesto que el deber mismo es garantía para el ejercicio de los derechos al no impedir su ejercicio.

Así no puede pretenderse el orden justo, ni pensar construirlo sobre los derechos, rechazando los deberes. De la polémica sobre la correlación o no entre derecho y deber, opto por aquellos que la aceptan: pues al ejercicio del derecho de uno corresponde el cumplimiento del deber de otro.

Esta correlación se da incluso en el ámbito intrapersonal; y por supuesto en el ámbito social y político: los mismos derechos obligan a respetar y tolerar otras ideas; la sociedad democrática basa su ordenamiento legal en los derechos y deberes de los individuos. Tanta es la fuerza de la vinculación, que su necesidad ha trascendido a nivel regional, teniendo un ejemplo de ello en la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948.

Palabras clave: derechos, deberes, correlación, vinculación. Abstract The reason to study this topic is the widespread insistence to talk about rights but no duties; this is one of the reasons we face our current situation. We tend to forget that rights contain within themselves their corresponding duties.

  • A subject’s right compels others not to hinder its exercise.
  • Contrario sensu, this clearly shows that duty in itself warrantees that rights be exercised, indeed by not hindering their own exercise.
  • Thus, we may not strive to attain fair order, nor may we ground it upon rights alone, neglecting duties.

Regarding the existing controversy on whether there is a correlation between rights and duties, I side with those who claim such correlation exists: by exercising one’s rights we also fulfll someone else’s duties. This correlation can be found even within interpersonal relations and certainly within the social and political spheres.

It is the same rights that bind us to respect and tolerate ideologies different from our own; democracy bases its legal order upon the rights and duties of individuals. So strongly are these two concepts bound, that the need for such a link transcends regions; a clear example can be found in the the Inter-American Declaration of the Rights and Duties of the Man of 1948.

Key words: rights, duties, correlation, entailment. Introducción Uno de los temas que ha hecho correr mucha tinta, es el de los derechos humanos. No así el que ahora ocupa nuestra atención en este trabajo: emparejar a los derechos humanos el tema de los deberes.

  1. Sabemos que la palabra ‘derecho’, es objeto de diversos signifcados e interpretaciones: así tenemos que puede significar un determinado orden normativo vigente; mientras que por otra parte, puede designar algo diferente: una prerrogativa o facultad de la que estaría dotada una o más personas.
  2. Así, en la expresión «según el derecho mexicano», la palabra ‘derecho’ hace referencia a un ordenamiento jurídico determinado, que es el mexicano; en cambio, si digo «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus opiniones», aquí, la palabra ‘derecho’, hace referencia a la facultad de externar lo que piensa, que posee el titular del derecho a la libertad de expresión.
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Aquí ya hablamos de lo que se conoce como derechos humanos. Debido a esa diversidad de significados del término derecho, —Quintana Roldán y Sabido Peniche opinan— que múltiples y de contenidos muy diversos han sido los estudios y reflexiones filosófcas sobre el ser y la esencia, las causas, los valores y los fines de los derechos humanos.

Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los temas más complejos del análisis del derecho mismo, porque tiene como centro de especulación al propio hombre que es el creador del derecho, del sentido de su vida y de su existencia; del sentido de su papel en el mundo y de su propia trascendencia.1 Y, más se complica el asunto si enfrentamos la polémica permanente sobre algo, de lo cual muchas veces ni siquiera queremos hablar: la reciprocidad y vinculación entre derechos humanos y deberes, si existe o no, ya que por lo general nos inclinamos de manera preferente por los derechos y no por los deberes: más nos gusta exigir que cumplir.

La preferencia señalada y debido, a que no se ha hecho hincapié, y no se ha insistido en el tema de los deberes, pienso que todo eso ha contribuido de alguna forma para que la situación (en sentido amplio), que vivimos sea la que es y no otra. En el desarrollo de esta investigación, —desde diversas instancias— estudiaremos este asunto, a través de las posturas a favor o en contra del mismo.

Planteamiento del problema Antes de entrar en materia, es conveniente tomar en cuenta, algo muy conocido por los juristas, que es la distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo, porque pienso que es el punto de partida de la investigación que quiero realizar. El primero designa la cosa o conducta que se debe a otro; mientras que el segundo indica la facultad del titular del derecho respecto de lo justo objetivo (cosa o conducta) que se le debe.

Un derecho subjetivo —observa Squella Narducci— no es otra cosa que una facultad o pretensión justificada que es atribuida a un sujeto de derecho, o a toda una clase de sujetos, frente a otro u otros sujetos a quienes se impone un deber u obligación correlativa.

  1. En otros términos, poseer un derecho subjetivo significa estar en posición de exigir de otros un determinado comportamiento o alguna cosa, que pasa a ser, si se quiere, el contenido del derecho subjetivo de que se trate.2 En palabras llanas, W.D.
  2. Ross, indica que un derecho de un ser frente a otro es un derecho a tratar a ese otro o a ser tratado por él de cierta manera, y esto implica claramente el deber del otro de comportarse de cierta manera.3 En la misma línea se pronuncia Hermida del Llano al afirmar que el derecho de un sujeto despierta siempre en otro la obligación de no impedir su ejercicio.

Y es que las expresiones referidas a la tenencia de un derecho se sitúan necesariamente dentro de un lenguaje normativo, debido a que la ausencia de normas por sí sola no atribuye un derecho sino cuando va acompañada de un deber para otros de abstenerse de interferir en las acciones dentro del ámbito no regulado, es decir, cuando va acompañada de una presencia de normas.4 Al respecto Hans Kelsen escribe, que el derecho provoca el surgimiento de una norma que autoriza a su titular, por medio de una acción, a entablar un procedimiento judicial cuando sus intereses se han visto violados por incumplimiento de una obligación; 5 es decir, contra aquel sujeto que violó sus intereses jurídicamente protegidos.

  • Derechos protegidos-deberes exigidos Norberto Bobbio ha dicho que a él no le interesa tanto saber cuál es el fundamento de los derechos humanos, ni tampoco su origen.
  • Para él lo más valioso es la garantía y protección de los mismos.6 Kelsen, en cierta manera estaría de acuerdo con él, pues, de nada sirve atribuir a los individuos determinados derechos, si aquella atribución no se encuentra debidamente protegida: «mientras un derecho subjetivo no ha sido garantizado por el orden jurídico no es todavía tal derecho subjetivo.

Llega a serlo sólo en virtud de la garantía creada por el orden jurídico».7 Por ello, Hermida del Llano insiste en que el reconocimiento de un derecho subjetivo es irrelevante, si no funcionan las instituciones que garanticen el respeto y cumplimiento de éste.8 Para R.

Alexy los derechos fundamentales estarán caracterizados por la protección procesal de los mismos, pues como se dice y se acepta en un buen círculo de juristas, —y Alberto López Basaguren lo corrobora— los derechos valen lo que vale su garantía, y la única garantía que ha demostrado históricamente la más plena eficacia es, por encima de todas, la garantía judicial de los derechos.9 La respuesta que da Hermida del Llano a la pregunta ¿de qué modo se protegen los derechos fundamentales? es muy atinada, por cierto, y se sale de todo esquema ordinario: «parece que una fórmula segura son ‘los deberes’ que obligan a otros a no impedir o a respetar el ejercicio de los derechos, ya que en caso de incumplimiento, el legislador pone a disposición del titular del derecho diversas técnicas reclamatorias que le permitirán disfrutar del ejercicio del derecho que ha sido violado».10 Incluso desde el utilitarismo, J.

Stuart Mill, opina que un derecho es una reclamación válida de protección que se hace a la sociedad: «concibo entonces que tener un derecho es tener algo cuya posesión la sociedad debe ayudarme a defender».11 Por otra parte, hay que tener presente que, el derecho implanta deberes de justicia y los deberes de justicia son una parte del conjunto de los deberes morales, pero sin confundirse con ellos.

Con Kant, —como bien señala G. Peces-Barba— se llegó a una ética de los deberes y a su distinción respecto de los deberes jurídicos. Así la legislación que convierte una acción en obligatoria y que a su vez hace de esta obligación el motivo del obrar es ética. Cuando esto no es así, y el deber permite un motivo del obrar distinto de la obligación misma, estamos ante una obligación jurídica.

Así, las obligaciones derivadas de la legislación jurídica sólo pueden ser obligaciones externas, las derivadas de la legislación ética se generan por acciones internas.12 Dichos deberes, los deberes de justicia, pueden ser exigidos coactivamente; porque si sostenemos que los derechos humanos son mínimos de justicia debidos socialmente al prójimo, los deberes correspondientes tendrán que gozar de la misma naturaleza que los derechos.

  1. Zagrebelsky piensa que es imposible reducir el orden justo a los derechos, pues el postulado de la justicia pertenece a un ethos dominado por los deberes, no por los derechos individuales.
  2. No puede pretenderse la justicia y pensar en construirla sobre los derechos, rechazando los deberes.
  3. Con los derechos orientados a la justicia se ha intentado una operación de este género, pero se ha visto que se trata de una operación principalmente verbal.

Quienes sólo han pensado en la Constitución como ordenamiento de la justicia y no como ordenamiento de la libertad, no han invocado una Declaración de derechos, sino una Declaración de deberes constitucionales. La aspiración constitucional al orden justo hace que la dimensión del deber, de ser simple refejo o la otra cara de los derechos, pase a convertirse en un elemento autónomo propiamente constitucional.13 Polémica: reciprocidad o separación Que todo derecho implica un deber, suele ser la amenaza oculta del político que quiere advertir a los ciudadanos que si no actúan responsablemente ni se comportan como es debido serán privados de sus derechos.

Para algunos, —señala Knowles— la frase puede ser un discreto recordatorio de que aquellos que reclaman para sí el status moral de portadores de derechos también poseen el status de tenedores de responsabilidades.14 Por otra parte, también es verdad, que se habla de derechos humanos casi neurasténicamente, pero pocos quieren oír hablar de obligaciones.

Según Cruz Parcero, los conceptos de «derecho» y «deber», no son entendidos siempre como correlativos. La cuestión se puede complicar si usamos el concepto de derecho subjetivo con distintos sentidos y si se quiere ver un deber correlativo para cada uno de tales sentidos; porque para tres de los sentidos en que solemos decir que tenemos un derecho —privilegio, poder e inmunidad—, el término deber no aparece como correlativo.

  • Por lo mismo, decir que siempre que hay un derecho hay un deber tiene sentido sólo si nos referimos al derecho en sentido estricto o pretensión, es decir, si nos estamos refiriendo a una determinada relación (jurídica o moral).
  • Así, también, tendrá sentido decir que puede haber derechos sin deberes, si hacemos referencia a un derecho en sentido amplio que esté formado de privilegios, poderes o inmunidades.15 Al respecto, Kelsen se expresa de la siguiente manera: «No se concibe un derecho subjetivo sin la correspondiente obligación, pero sí puede existir un deber jurídico sin que exista correlativamente un derecho subjetivo (en el sentido estricto de la palabra)».16 Frente a la postura anterior, algo que de ninguna manera se puede negar es que «cuando el Derecho establece deberes, —sostiene Gómez Adanero— está imponiendo al sujeto la obligación de comportarse en la manera en que la norma determina, bien porque la norma establezca el deber de realizar determinada conducta, bien porque la norma prohíba la realización de algún comportamiento.

Es decir, las normas que establecen deberes exigen al sujeto la realización de conductas que pueden consistir en un hacer o en un no hacer algo, en realizar o no, determinada conducta».17 En este sentido, según Luis Ernesto Arévalo, los derechos humanos desde el aspecto objetivo, son normas de derecho público constitucional, es decir, de la más alta jerarquía jurídica que protegen ciertos bienes jurídicos fundamentales que se consideran inherentes a la personalidad humana y cuya identifcación y precisión son producto histórico del desarrollo de la conciencia humana y la organización social.

Son normas jurídicas constitucionales, tanto por su jerarquía como por la materia, es decir, por la clase de relaciones sociales que regulan.18 Desde el aspecto subjetivo, en cambio, —señala el mismo autor— los derechos humanos son las facultades que esta clase de normas otorgan a los titulares para que exijan de los obligados el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Los bienes jurídicos protegidos por esa clase de normas son la vida, la libertad, la igualdad y la fraternidad, verdaderamente humanas, la propiedad y la seguridad.19 Respecto a lo anterior, —don Efraín González Morfín escribe— la fuerza ordenadora del derecho se manifiesta, de manera especial, en la correlación o mutua implicación que se da entre el derecho y el deber.

  • Esta reciprocidad se da entre personas físicas o jurídicas diferentes y también en la persona misma titular del derecho.
  • Al derecho del facultado corresponde el deber del obligado y viceversa.
  • En la relación jurídica efcaz al ejercicio del derecho de uno corresponde el cumplimiento del deber de otro.
  • Este es el tipo de reciprocidad más conocido.

Pero existe, además, una congruencia profunda entre derecho y deber en la persona misma que tiene el derecho; por ejemplo, al derecho de vivir corresponde la obligación de cuidar y desarrollar la vida. Si no se acepta este tipo de correlación en la misma persona, se cae en superfcialidad, incongruencia y demagogia.

  1. La recta formación de la conciencia natural y cristiana respecto de los derechos humanos insiste en la correlación completa entre derecho y deber.20 Origen de los deberes En este punto, las opiniones también se dividen.
  2. Así, por ejemplo, si en un primer momento, G.
  3. Peces-Barba señala que «el concepto de deber aparece en la historia en el ámbito ético–religioso; como otros muchos conceptos jurídicos su origen es inseparable de la dimensión religiosa como era en los primeros tiempos todo el Derecho».21 Al mismo tiempo señala que hay que tener en cuenta que el concepto de deber ha sido decisivo junto con la identifcación del derecho con la ley, para la formación del derecho moderno.22 A nivel personal me inclino por el origen natural de los deberes, —en razón de la naturaleza sociable del hombre, como lo postula Aristóteles— no obstante que en comparación con los derechos, su descubrimiento exige mayor esfuerzo.

Por ello estoy de acuerdo con Delos cuando escribe: el hombre entra en el Estado como sujeto de derechos y deberes. Es una cualidad que tiene por naturaleza, y lejos de perderse en la ciudad, por el contrario es ahí donde esta cualidad se manifiesta con todo su valor.23 Es decir, en su interior siente, en mayor o menor grado, la necesidad de cumplir con unos deberes oriundos de su propia naturaleza, al margen de las costumbres y de las leyes en contrario.

Así, por ejemplo, cualesquiera que sean las leyes civiles en vigor o las costumbres en contrario, toda persona mentalmente sana y moralmente honesta siente dentro de sí el deber de conservar la propia vida y de respetar la de los demás. Tampoco necesita ninguna cultura para saber que tiene que criar y educar a los propios hijos, cultivar la gratitud, el respeto a los demás, la veracidad y tantas otras cosas.

Otro argumento a favor del origen natural de los deberes, se puede deducir de su relación con la libertad. El deber no se explica ni tiene razón de ser en sí mismo; «el deber por el deber mismo», hace de él un absoluto incondicionado que lo desplaza de su quicio fundante dejándolo sin explicación y por supuesto sin justifcación.

Justifcación que el deber la encontrará en el principio de fdelidad a sí mismo, que el sujeto se debe, y a la propia dignidad, que pueden bastar —según Morón Alcain— para aquellos que han tomado clara y fuerte conciencia de esos valores para fundar el deber; que no quiere decir otra cosa que fundar el deber en el hombre, como categoría ontológico-existencial, que permite y orienta la realización de la persona y, por lo mismo, también de la sociedad.24 Realización que no podría llevarse a cabo sin libertad; por lo cual, libertad y deber son correlativos, se implican mutuamente: sin la libertad el deber es sólo constreñimiento y necesariedad; sin el deber la libertad es expansión desordenada e irracional que contradice el propio ser del hombre.

De este modo, —de acuerdo con Morón Alcain— surgiendo y obrando desde el propio ser persona, juntos explican y justifcan a la conducta humana y lo llevan a su plena realización individual y social.25 Por su parte, Zagrebelsky señala que los derechos orientados a la libertad, es decir, a la voluntad, son una exigencia permanente, porque permanente es la voluntad, que están llamados a proteger.

  1. En las sociedades volcadas hacia el progreso, los derechos son una exigencia estructural y su difusión y potenciación constituyen factores de aceleración.
  2. El tiempo de estos derechos no tiene fin.
  3. En cambio, los derechos entendidos como pretensión de reparación de la injusticia tienen sólo un valor transitorio, por cuanto persiguen la vigencia del orden justo y pierden significado una vez alcanzado el resultado.

En una situación de justicia realizada, si se debe algo a alguien no es porque éste tenga un derecho, en el sentido de una pretensión de su voluntad, sino porque eso viene impuesto como deber por el orden del ser. Y al contrario de los derechos, son los deberes de todos hacia los demás los que están destinados a asentarse de una manera estable, como situación empírica permanente.

En otras palabras, en las sociedades justas, la categoría dominante es la de los deberes, no la de los derechos.26 Bobbio piensa que en la historia del hombre lo que figuró primero en su existencia fueron los deberes y no los derechos: la afirmación de los derechos del hombre, representa un vuelco radical en la historia secular de la moral, una verdadera y propia revolución copernicana, es decir, una inversión desde el punto de vista de la observación.

Al comienzo existió un código de deberes, no de derechos, puede decirse que derecho y deber son como la cara y cruz de una moneda. Saber cuál es cuál, depende del ángulo de donde se mire la moneda; por mucho tiempo se le vio del lado de los deberes y no de los derechos, porque la observación partía desde el grupo y no desde el individuo.

El gran viraje se produce en Occidente por medio de la concepción cristiana de la vida, y con ella la doctrina del derecho natural o de los derechos naturales; que a su vez rompe la tradición de la doctrina política de ver la relación entre gobernantes y gobernados, más ex parte principis (desde el príncipe), que ex parte civium (desde el ciudadano).27 Por lo tanto, primero viene el individuo y luego el Estado: el valor principal de la sociedad —afirma Carbonell— son las personas no el gobierno.

La relación entre el individuo y el Estado se invierte, y como consecuencia de ella también cambia la primacía de los deberes sobre los derechos. Si primero viene la persona, entonces también vendrán primero sus derechos, que deben ser anteriores e incondicionales respecto a sus deberes.28 En esta inversión de la relación entre individuo y Estado —puntualiza Bobbio— se invierte también la relación tradicional entre derecho y deber.

Respecto de los individuos los derechos pasan a primar sobre los deberes; respecto del Estado pasan a primar los deberes sobre los derechos.29 Deberes y vida política No sólo en el ámbito interpersonal cobran importancia los deberes, sino también en el político-social. Para la teoría liberal, los derechos fundamentales son derechos de libertad que el individuo tiene frente al Estado.

Es decir, el individuo tiene asegurada una esfera propia, a la manera de una barrera infranqueable, en la que el Estado —que según la historia es la mayor amenaza para los derechos— no puede entrar. La democracia, (una forma de gobierno, si no la mejor, la menos mala de todas), por su parte, tendrá que ser una forma de vida entretejida tanto por los derechos humanos como por el cumplimiento de deberes y responsabilidades tanto del hombre común (ciudadano) como del Estado.

Pérez Luño abriga la convicción de que la democracia sólo se reafrmará en la medida, en que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes constitucionales.30 Como resultado de esta actitud tendremos una vida social en libertad, aunque limitada, y en igualdad, aunque parcial, pues total o absoluta, simplemente es impensable; sería un «ideal absurdo» como le llama Isaiah Berlin.31 Al respecto, J.

Hervada opina, que donde hay libertad no hay fuerza, sino, en su caso obligación, que es algo propio del ser racional. La libertad y la obligación suponen el dominio de la persona sobre su ser; sólo el que domina su ser es capaz de decidir entre el sí y el no, y sólo el que domina su ser es capaz de estar obligado, pues la obligación supone la capacidad de decisión.

Y obligado para los demás.32 Si bien es verdad —indica Lipovetsky— que las sociedades modernas se edificaron sobre el fundamento de los derechos soberanos del individuo también lo es que, al mismo tiempo, magnifcaron la obediencia incondicional al deber, la transparencia de la virtud, el imperativo de adherirnos a fnes que superaban el círculo de los intereses individuales.33 En otro lugar confrma lo escrito aquí: «Lo que va a fundar la organización social y política, son los derechos inalienables de los individuos.

Por lo que el individuo se convierte en el referente mayor de la cultura democrática, cuyos deberes no desaparecen, derivan de los derechos fundamentales, y se convierten en sus correlatos; emanan de ellos en tanto obligaciones de respetarlos».34 Esos derechos fundamentales obligan tanto a tolerar y respetar otras ideas, otras costumbres y otras libertades, como a castigar y reprimir las violaciones de los mismos.

Obligan, en suma, —según Victoria Camps— a luchar por la transformación de las conciencias ajenas a ellos.35 Lo novedoso de una sociedad democrática —señala Larry Siedentop— es que renuncia a todo tipo de privilegio, basando su ordenamiento legal en los derechos y deberes de los individuos, en lugar de en las pretensiones de las castas, corporaciones o familias.36 J.

Rawls traducirá lo anterior diciendo: «Para nosotros el primer sujeto de la justicia es la estructura básica de la sociedad, y más exactamente, el modo en que las mejores instituciones sociales distribuyen los derechos fundamentales y los deberes».37 Digamos entonces que la vida en sociedad, desde el punto de vista del derecho constitucional actual, no es sólo el conjunto de los derechos individuales y de los actos que constituyen su ejercicio, sino que es también un orden objetivo que corresponde a ideas objetivas de justicia que imponen deberes.

Es por eso que el Magisterio de la Iglesia en la voz de su representante, el papa Pablo VI, en 1976 afirmaba, que a cada derecho corresponden unos deberes, igual de numerosos e igual de importantes, y nos los afirmamos con el mismo vigor y la misma determinación, porque cualquier separación de los derechos y deberes correspondientes sería causa de desequilibrio y tendría repercusiones negativas para la vida social.

Por tal razón conviene recordar que la reciprocidad entre derechos y deberes es esencial: los segundos derivan de los primeros, y viceversa.38 Derechos y deberes en los sistemas interamericano e internacional La necesidad de vincular derechos y deberes ha tomado tal fuerza, que la conciencia sobre la misma ha trascendido de lo personal, a lo social; y ahora veremos cómo también en el ámbito regional e internacional se ha dado esta toma de conciencia.

Esa toma de conciencia de la imperiosa necesidad de relacionar derechos y deberes, se materializó en el ámbito estatal-regional, pues, en 1948 tiene lugar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá Colombia, en cuyo Preámbulo se encuentra definido el perfil de la Declaración: Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.

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El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.

Los deberes del orden jurídico presuponen otros de orden moral, que los apoyan conceptualmente y los fundamentan. Cincuenta años después de esta Declaración y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 85ª sesión plenaria, el 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la » Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las Instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos «, lo que hasta entonces —la relación derecho-deber— sólo abarcaba el ámbito regional, adquiere ahora, categoría internacional; lo que sólo se mantenía y obligaba a nivel de individuos, ahora se hace extensivo a los grupos e instituciones.

Una vez que fue aprobada la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos., se invita a los gobiernos, a los organismos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifquen sus esfuerzos por difundir la Declaración, promover el respeto universal hacia ella y su comprensión.».39 Puedo decir incluso, que esta tendencia a nivel mundial a vivir vinculados derechos y deberes, se afanza desde otro punto de vista: el del Magisterio de la Iglesia, debido a que los mensajes y documentos en los que trasmite y expone sus verdades y principios fundamentales, —independiente de cualquier diferencia: por credo, raza, cultura, sexo, religión, etcétera— tienen como destinatarios a todos los hombres de buena voluntad, no solamente los católicos.

En 1963, el Pontífice Juan XXIII, en la encíclica Pacem in terris, manifesta la fuerza que debe unirlos y la relación que debe darse entre los derechos y los deberes: «Los derechos naturales están unidos en el hombre que los posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los confiere o los impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible».40 «Por ello, para poner algún ejemplo, al derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla; al derecho a un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro; al derecho de buscar libremente la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud».41 Termina diciendo el Pontífice: Es asimismo consecuencia de lo dicho que, en la sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo.

Porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural, que lo confere e impone el correlativo deber. Por tanto, quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construyen.42 Postura personal Apoyado en Massini Correas, sostengo que tanto el sentido común como el análisis racional de los derechos patentizan claramente que no es posible pensar en uno de ellos sin suponer un necesario deber jurídico de otro u otros sujetos jurídicos: que éste o estos sujetos deudores sean a veces difícilmente determinables no argumenta absolutamente nada en contra de esta afrmación.

  • Sin esta correlatividad, los intereses que buscan protección pueden pasarse sin ellos, ya que no habrá otra persona cuya responsabilidad pueda quedar obligada.43 Por otro lado, somos conscientes que todo hombre es plenamente hombre, cualquiera que sean sus condiciones de existencia.
  • Por ello, el derecho primigenio, originario del hombre como tal, de ser hombre, de ser persona, está fundamentado sobre aquello que lo eleva por encima de su existencia natural, física o relativa, sobre lo que en él hay de espiritual y racional.

Es por esto que el humanismo —señala Bernard Bourgeois— es en el nivel del derecho, el principio que determina el contenido de éste, como aquello que reconcilia a todos los hombres en el reconocimiento a cada uno de una existencia exteriormente libre.44 Esa existencia fincada en su ser, se desenvuelve, en la mayoría de los casos, ejercitando su libertad en torno a ciertas exigencias que requieren ser atendidas y satisfechas, bajo el rostro de derechos.

Pero al hablar de libertad, vivida por el hombre en un buen número de derechos, no debemos olvidar la también correlativa obligación de responder frente al bien de los demás, que también son seres humanos, y lo tendremos que hacer con el cumplimiento de los deberes que brotan de los mismos derechos que exigimos para nosotros como seres humanos individuales.

Al expresarnos de esta manera, no estamos marcando máximos de comportamiento ni exigencias de caridad y amor al prójimo, sino solamente, mínimos de justicia que nos pide la convivencia social. Por ello, estoy de acuerdo con Fagothey, al afirmar que el derecho está limitado por el deber.

Puedo ejercer mi derecho hasta el punto en que mi deber para con los demás lo invalida. Los derechos y los deberes son correlativos y complementarios. El que tengan que ser así, se sigue de la inviolabilidad moral del derecho. Si tengo un derecho, todos los demás tienen la obligación de respetarlo; en esta forma, el término de derecho se convierte en sujeto de un deber.

En la misma proporción, si tengo un deber, alguien otro tiene un derecho a la cosa que debo hacer u omitir. Más aún, si tengo un deber, tengo también el derecho de cumplirlo y de hacer todas las cosas necesarias para cumplirlo; de otra manera, no podría ser un verdadero deber.45 Alasdair MacIntyre ha dicho que de cualquier modo, positivo o negativo, que se invoquen los derechos humanos, se sobreentiende que atañen por igual a cualquier individuo, cualquiera que sea su sexo, raza, religión y poco o mucho talento, y que proveen de fundamento a multitud de opciones morales concretas; 46 las que, sin embargo, por muy personales que sean, trascenderán a la convivencia civil, a la que sólo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la dignidad humana, —sostiene Juan XXIII— si se funda en la verdad.

Esto ocurrirá, cuando cada cual reconozca, no sólo los derechos que le son propios, sino también los deberes que tiene para con los demás; porque todo ciudadano siendo racional por naturaleza, resulta, por lo mismo, responsable de sus acciones».47 Hemos escrito, que por no insistir en los deberes, de la misma forma como lo hacemos sobre los derechos, es una de las razones por las cuales tenemos un México y un mundo como el que ahora vivimos.

Por lo cual, sin caer en mediocridades ni en conformismos, termino señalando un mínimo de justicia: si debo tratar al otro como quiero que me traten, no debo hacer al otro lo que no quiero que me hagan. Notas 1 Carlos F. Quintana Roldán y Norma D. Sabido Peniche, los derechos humanos,

  1. México, Porrúa, 2006, p.27.2 Agustín Squella Narducci, «Democracia y derecho», en Ernesto Garzón y Francisco Laporta comps., El derecho y la justicia,
  2. Madrid, Trotta, 2000, p.517.3 W.
  3. David Ross, Lo correcto y lo bueno,
  4. Salamanca, Sígueme, 1994, p.64.4 Hermida del Llano, «La filosofía del derecho y los derechos humanos», en Víctor Rojas y Juan Arriola, coords., La filosofía del derecho hoy,

México, Porrúa, 2010, p.110.5 Hans Kelsen, Teoría general de las normas, México, Trillas, 1994, pp.142-143.6 Norberto Bobbio, El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Gedisa, 2000, p.128.7 H. Kelsen, Teoría general del Derecho y del Estado,

  • México, UNAM, 1995, p.93.8 H.
  • Del Llano, Los derechos fundamentales en la Unión Europea,
  • Barcelona, Anthropos, 2005, p.13.9 Alberto López Basaguren, «Comunidad Europea, integración de ordenamientos y pluralidad de jurisdicciones en la protección de los derechos fundamentales», en Javier Corcuera, Coord., La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea,

Madrid, Dykinson, 2002, p.121.10 H. del Llano, «Filosofía del derecho y derechos humanos», en op. cit,,p.114.11 John Stuart Mill, El utilitarismo, Buenos Aires, Americalee, 1945, p.85.12 Gregorio Peces-Barba, «Los deberes fundamentales», en DOXA, núm.4, 1987, p.330.13 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil.

  • Ley, derechos, justicia,
  • Madrid, Trotta, 1999, p.95.14 Dudley Knowles, Introducción a la filosofía política,
  • México, Océano, 2009, p.130.15 Juan Antonio Cruz Parcero, El lenguaje de los derechos,
  • Madrid, Trotta, 2007, pp.37-38.16 H.
  • Elsen, Teoría general del Derecho, p.99.17 Mercedes Gómez Adanero et al,, «Derecho subjetivo y deber jurídico», en Teoría del derecho,

Madrid, UNED, 2005, p.227.18 Luis Ernesto Arévalo, El concepto jurídico y la génesis de los derechos humanos, México, Universidad Iberoamericana Puebla y Ciudad de México, 2001, pp.57-58.19 Ibid,, p.57.20 Efraín González Morfín, «Doctrina social cristiana y derechos humanos.

Derecho y obligación de la Iglesia de tratar los derechos humanos» en Jurídica, núm.19, 1988-1989, p.346.21 G. Peces-Barba, op. cit,, p.329.22 Ibid,, p.333.23 J.T. Delos et al,, «Los fines del derecho: bien común, seguridad justicia», en Los fines del derecho, México, UNAM, 1975, p.51.24 Eduardo Morón Alcain, Filosofía del deber moral y jurídico,

Buenos Aires. Abeledo-Perrot, 1992, pp.37-39.25 Ibid,, p.40.26 G. Zagrebelsky, op. cit,, p.86.27 N. Bobbio, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003, pp.512-515.28 Miguel Carbonell, Una historia de los derechos fundamentales, México, Porrúa, UNAM / cndh, 2005, p.6.29 N.

  1. Bobbio, op,cit., p.516.30 Antonio Pérez Luño, Los derechos fundamentales,
  2. Madrid, Tecnos, 1998, p.172.31 Isaiah Berlin, Conceptos y categorías,
  3. México, FCE, 2004, p.160.32 Javier Hervada, Introducción crítica al Derecho Natural,
  4. Pamplona, ENUSA, 1981, p.67.33 Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber,

Barcelona, Anagrama, 1998, p.24.34 Ibid,, p.23.35 Victoria Camps, El malestar en la vida pública, Barcelona, Grijalvo, 1996, p.73.36 Larry Sidentop, la democracia en Europa, Madrid, Siglo XXI, 2001, p.62.37 John Rawls, A theory of justice, Harvard, The Belknap Press / University Press Cambridge, 2003, p.6.38 Pablo VI, «Mensaje para la X Jornada de los medios de comunicación social, 11 de abril de 1976», en sobre los derechos humanos,

  • Madrid, Abadía de Solesmes, Salvat, 1999, p.113.39 ONU, Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos.
  • Diciembre, 1998), Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/40/pr/pr38.pdf 24/03/10 40 Mariano Aguilar et al,, comentarios a la Pacem in terris, pgrf.n.28, Madrid, BAC, 1963, p.12.41 Ibid,, pgrf.n.29.42 Ibid,, pgrf.n.30.43 Carlos Massini Correas, Filosofía del derecho,I.

El derecho, los derechos y el derecho natural, Buenos Aires, Lexis Nexis / Abeledo-Perrot, 2005, p.103.44 Bernard Bourgeois, Filosofía y los derechos del hombre, Colombia, Siglo del Hombre, 2003, p.20.45 Austin Fagothey, Ética. Teoría y aplicación, México, Interamericana, 1981, p.187.46 Alasdair MacIntyre, Tras la virtud,

¿Por qué los animales no pueden ser sujetos de derecho?

Así, pues, concluye que los animales no pueden ser sujetos de derecho en la medida en que no reconocen ni diferencian el bien del mal, por tanto, es imposible reclamarles a estos la capacidad de ser agentes morales, lo cual genera que no quepan dentro de la estructura del derecho.

¿Cómo se llama el sujeto activo?

Los sujetos en la comisión de delitos; activo y pasivo – Considerando las palabras de Juan Manuel Ramírez Delgado, el delito comprende una conducta de acción u omisión dolosa o imprudencial. Cualquier persona puede ser sujeto activo, que es la persona física que comete el delito; se le llama también delincuente, agente o criminal.

  1. Esta última noción se maneja más desde el punto de vista de la criminología.
  2. Mientras que el sujeto pasivo es el individuo que resiente el golpe de la acción delictuosa y se le causa un daño en su persona, en sus bienes o en su derecho, y es más estudiado por la victimología.1 En todo delito, cualquiera que este sea, la exteriorización de la conducta puede llevarse a cabo con intención o sin ella, queriendo causar el daño producido o bien faltando a los deberes de cuidado, previsión y esmero con el que debemos actuar en nuestra vida diaria, sólo que por negligencia se producen los mismos resultados dañinos que si se hubiesen producido por una conducta intencional o dolosa.

Como resultado tenemos un sujeto activo, que es el que exterioriza su conducta, ya sea con intención o sin ella, y que produce o tiene como resultado los daños que se ocasionan frente al titular de esos daños provocados, al que se le denomina el sujeto pasivo, quien resiente la acción delictuosa o se le agravan sus derechos o su patrimonio.

¿Por qué los seres humanos son sujetos de derechos?

La tesis ontologista – Los sujetos tienen derechos porque los tienen, como parte o atributo intrínseco de su ser, su naturaleza o su constitución y completamente al margen de que las normas morales o jurídicas se los reconozcan o no. A esta tesis la vamos a denominar tesis ontologista.

Conforme a la tesis ontologista, los derechos, o ciertos derechos, son parte constitutiva del ser humano, que nace con ellos y los posee y es de ellos titular al margen o con independencia de cualquier voluntad humana o cualquier designio normativo. Los derechos, entonces, pertenecen al ser de cualquier persona y son elemento constitutivo y definitorio de ella, igual que a cada persona le pertenece su corazón o le pertenecen sus pulmones y puesto que, dada la estructura física del ser humano, no hay propiamente tal sin corazón o sin pulmones.

Lo que sucede es que la comparación anterior vale solo en lo que vale, relativamente, pues es obvio que, para la tesis ontologista de los derechos, estos no se tienen por cada uno como cada uno tiene su corazón o sus pulmones, pues los derechos no son materia empírica, sino atributo inmaterial, espiritual.

  • No se me ocurre nadie, de entre los ontologistas, que haya dicho que cada ser humano tiene derechos como parte de su constitución material, sino como atributo espiritual, ideal.
  • En consecuencia, asumir la tesis ontologista presupone aceptar una ontología no puramente materialista, en ningún sentido.
  • Ni siquiera serían los derechos productos del intelecto, obras de una creatividad o ideación humana con una base material o empírica, de aquello que Popper llamaba el mundo-3 o Gustavo Bueno denominaba tercer género de materialidad.

De esa manera existe, por ejemplo, don Quijote de la Mancha, que es un ser solo en cuanto que comúnmente pensado con ciertos atributos. No, la comparación no vale porque, para la concepción ontologista, los derechos no existen en tanto que pensados y, por consiguiente, productos de la materia, de una forma u otra, sino que más bien tienen una existencia del tipo de la que posee el ser humano según la antropología filosófica de base religiosa que ha impregnado nuestra cultura.

  1. Pues, en efecto, del ser humano se ha venido afirmando, entre nosotros, que tiene una naturaleza doble, la física y la espiritual, y esta última recibe el nombre de alma.
  2. El alma y el cuerpo de cada uno forman su ser completo.
  3. El cuerpo es mortal y el alma pervive a la muerte física, y por eso, según nuestras tradiciones religiosas, cada uno vive más allá de lo que viva su cuerpo, y por eso la eterna salvación o condena lo será del alma, a menos mientras el cuerpo de cada cual no resucite al final de los tiempos para reunirse con su alma.

Así es nuestro sustrato cultural y en esas seguimos, también cuando muchos hacen teoría de los derechos o, en especial, teoría de los llamados derechos humanos. Me atrevo a plantear la hipótesis de que, en buena medida, el lenguaje actual de los derechos reemplaza al viejo lenguaje sobre el alma, manteniendo de modo más o menos inconsciente los viejos esquemas metafísicos, la antropología filosófica dualista.

Y por eso, también, la tan actual atribución de derechos a los animales, con presupuestos mucho más ontologistas que normativistas (pues se trata de reconocer a los animales los derechos que tienen, no de atribuirles derechos desde las normas jurídicas o morales), viene a equivaler más bien o antes que nada a la pretensión de que los animales tienen alma.

Las viejas religiones, y hasta el muy antiguo animismo, renacen en nuestro tiempo con el lenguaje de la modernidad, que es, entre otras cosas, el lenguaje de los derechos. Evidentemente, en nuestro pensamiento jurídico la mejor representación de la tesis ontologista de los derechos está representada por el,

El iusnaturalismo estipula que existen derechos de cada ser humano que son naturales por cuanto que pertenecen a la naturaleza común de los humanos. Nacemos con derechos, igual que nacemos con corazón o con pulmones, aun cuando los derechos sean supraempíricos y el corazón o los pulmones sean parte empírica o material de nuestro ser.

Y nacemos con derechos naturales o bien porque así lo dispuso Dios al crear al ser humano (iusnaturalismo teológico) o porque sí, porque así son las cosas (iusnaturalismo racionalista). Del mismo modo que cada cual tiene corazón o pulmones y esa es una realidad incontestable e independiente, a la postre, de los resultados del debate teológico sobre la existencia de Dios, ya que quienes niegan que Dios exista no podrán negar que cada uno de nosotros tiene sus pulmones, los derechos existen sea cual sea la explicación última de por qué existimos las personas o de por qué somos precisamente así como somos.

La tesis ontologista fuerza normalmente también a una división en la naturaleza de los derechos, a distinguir entre los derechos que se tienen porque se tienen y que normalmente serán derechos de todos y cada uno, pues son derechos «naturales» o cosa por el estilo, y los derechos de los que se es titular porque la norma respectiva los atribuye, constituye esa titularidad.

Si una norma de un Estado dice que los peatones tienen derecho a cruzar la calle cuando está verde la luz del semáforo para ellos, y que no tienen ese derecho, sino la obligación de no cruzar, cuando el semáforo para ellos no está verde, ese será un derecho no «natural», sino perfectamente contingente y dependiente del arbitrio legislativo.

Por tanto, la concepción ontologista de los derechos lleva con necesidad a diferenciar entre derechos necesarios y derechos contingentes, siendo los segundos el producto de una pura atribución normativa, y siendo los primeros los que se tienen porque se tienen, porque así son las cosas y la «natualeza» o la estructura óntica de los seres no puede cambiarse por ningún designio humano.

Me atrevo a decir, aunque con bastante convicción, que la filosofía jurídica y política de nuestro tiempo tiene un nivel de profundidad bastante menor que hace uno o varios siglos, al menos al hablar de derechos, Y ello porque, así como en los orígenes de la filosofía política y jurídica moderna, si no antes, los derechos (o los derechos más básicos, esos que se llamarían enseguida derechos humanos) se afirmaban y de inmediato se fundamentaban, en nuestros días se afirman sin fundamentación o queriendo hacer pasar por evidente un fundamento ontológico o metafísico que carece por completo de tal evidencia.

¿Cómo se clasifican las personas jurídicas?

CMF Educa – Persona jurídica Entidades públicas y privadas que se constituyen legalmente ante el Estado, con ciertos derechos y obligaciones. Las personas jurídicas de derecho público representan a la autoridad en sus funciones administrativas (municipalidades, ministerios, etc).

¿Qué es el sujeto de derecho y dignidad humana?

En la actualidad nadie duda que todos los seres humanos somos personas y que todos tenemos los mismos valores. Sin embargo, no todas las personas poseen los mismos derechos ni obligaciones, entonces, un sujeto de derecho es una persona a quien se le puede atribuir un derecho o una obligación.

¿Cómo saber si es una persona natural o jurídica?

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  • La persona natural, es la persona que de manera directa responde, a título personal, por sus obligaciones a título personal.
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Las personas naturales adquieren la calidad de comerciantes si ejercen una actividad mercantil, pero las personas jurídicas tienen personería jurídica.Las personas naturales responden con su propio nombre, tiene que identificarse con cédula ante la Dian, mientas que las personas jurídicas responden bajo un nombre que se crea, deben tener un certificado de existencia y de representación legal. Llegaste al límite de contenidos del mes Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya! Si ya eres suscriptor del impreso * COP $900 / mes durante los dos primeros meses Sabemos que te gusta estar siempre informado. Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

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