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En Que Consiste El Regimen De Un Partido HegemNico?

De Wikipedia, la enciclopedia libre Propaganda de Rusia Unida, el partido hegemónico ruso. En política, se le conoce como partido hegemónico a aquellos partidos políticos que existen en diversos países y que tienen una influencia determinante sobre la política de un Estado, ya sea porque suelen ganar la mayoría de las elecciones, porque han monopolizado el poder (por ejemplo, reeligiéndose consecutivamente por muchos períodos) y/o porque obtienen la mayoría de puestos de elección popular incluyendo los del Parlamento y los puestos municipales,

​ No debe confundirse con el partido único, que se refiere a aquellos sistemas políticos en donde un solo partido es legal y es el único autorizado para presentarse a las elecciones. Normalmente un partido hegemónico es también un partido mayoritario y suele seguir siéndolo incluso después de que se termina o debilita su hegemonía, pero no todo partido mayoritario es hegemónico.

En muchos países existen fuerzas políticas dominantes, pero que alternan el poder con otros partidos o coaliciones.

¿Qué quiere decir la palabra hegemónica?

Supremacía que un Estado ejerce sobre otros.2.f. Supremacía de cualquier tipo.

¿Cuál es el partido único de México?

Partido único El poder político está monopolizado por un solo partido político; no se permite la existencia de ningún otro partido. El gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo, intolerante, represivo, así como por poseer un gran control coercitivo sobre la sociedad.

¿Qué es un estado unipartidista?

Como se señala al principio del artículo, un sistema unipartidista es en el que existe un único partido legal, pero también aquel en que pese a existir más partidos, uno ejerce un predominio casi absoluto sobre la vida del país, marginando al resto.

¿Qué es hegemonía en pocas palabras?

El propio concepto de hegemonía lo indica: se trata de una supremacía sobre otro u otros que existen como subordinados, dominados y /o rebeldes. Estas fuerzas subordinadas-rebeldes constituyen el bastión social, político y cultural para la construcción de una hegemonía alternativa.

¿Qué características tiene un país hegemónico?

30 marzo, 2017 • Artículos, Asuntos globales, Portada • Vistas: 125086 National Archives Daniel Morales Ruvalcaba Abril 2017 Hegemonía es un concepto que deriva del griego (hegemonía), que significa ser guía o llevar adelante. Éste ha sido utilizado en las Relaciones Internacionales para nombrar a un Estado que mantiene preeminencia sobre los demás, en particular, sobre los más fuertes.

  • De manera sucinta se puede enunciar aquí que los tres requisitos para considerar a un Estado como poder hegemónico son: 1) preponderancia de poder, 2) voluntad para utilizar dicho poder en fines específicos, y 3) liderazgo fundamentado en el consentimiento explícito de los demás.
  • A lo largo de la era moderna, solo tres Estados han alcanzado la hegemonía mundial: las Provincias Unidas de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos.

Dichas hegemonías, al igual que todos los fenómenos sociales, han tenido periodos de determinada duración (poco más de un siglo) que han sido denominados ciclos de las hegemonías, los cuales constan de cinco fases: emergencia, despliegue, apogeo, declive y extinción.

¿Cuál fue el primer partido que se creó en nuestro país?

El 22 de enero de 1909 se constituyó el Partido Democrático.

¿Quién fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana?

Nace Venustiano Carranza, líder de la Revolución Mexicana | Comisión Nacional de los Derechos Humanos – México.

¿Qué fue lo que hizo Álvaro Obregon durante su gobierno?

«Obregón consolidó las alianzas del Estado con las organizaciones populares, campesinas y obreras, e impulsó los ideales más avanzados y progresistas de la Constitución de 1917». Felipe Ávila Espinosa Titular de la Dirección Adjunta del Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Histórico de las Revoluciones de México (INEHRM) Alvaro Obregón nació el 19 de febrero de 1880 en Siquisiva, Navojoa, Sonora.

  1. Fue un militar y político que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924.
  2. El mismo año de su nacimiento quedó huérfano de padre.
  3. Sus estudios primarios los cursó en Huatabampo y en Álamos y, estando ya en la juventud, se dedicó al cultivo de la tierra y a su labor como profesor en la escuela primaria de Moroncárit.

Más tarde, en 1911, inició su carrera política presentándose en las elecciones municipales de Huatabampo, y es así como se convierte en presidente municipal, pero su ejercicio en el cargo se ve interrumpido por el derrocamiento y asesinato de Francisco I.

  1. Madero, en lo que se conoció como la Decena Trágica, perpetrada, entre otros personajes, por el General Victoriano Huerta.
  2. En 1913 Victoriano Huerta instauró una dictadura contrarrevolucionaria y Obregón, incorporándose a la lucha en el bando de los constitucionalistas, improvisó a un grupo armado con cerca de 800 indios yaquis que se convirtieron en la base de lo que posteriormente se conocería como Ejército del Noreste.

Venustiano Carranza, quien encabezaba desde Coahuila el movimiento Constitucionalista, decide conferir a Obregón el grado de teniente coronel. Álvaro Obregón enfrenta a las fuerzas federales en diversas plazas y tiene su triunfo más significativo al derrotar al General Pascual Orozco, considerado el mejor militar del Ejército Federal.

Así enfrenta a las fuerzas federales en diversas plazas y tiene su triunfo más significativo al derrotar al General Pascual Orozco, considerado el mejor militar del Ejército Federal. Años más tarde, en 1920, Álvaro Obregón lanza su candidatura presidencial con el apoyo de la mayoría de los jefes de la Revolución, pero en el transcurso de su candidatura, el día 20 de abril de 1920, firma un relevante manifiesto, el Plan de Agua Prieta, el cual reafirmaba la Constitución de 1917, exigía la instauración de un estado de ley y orden, la dimisión de Carranza y la creación de un gobierno provisional hasta que se celebraran elecciones.

Toda esta situación desembocó en la muerte de Carranza. En septiembre de 1920 se anunció que Obregón había ganado la presidencia, y el 30 de noviembre de 1920 tomó el juramento de su cargo. El país aún tenía poca infraestructura en pie, carecía de medios económicos y estaba en bancarrota.

Las primeras medidas que tomó al inicio de su gestión tienen como fin hacer efectiva una reforma agraria, expropiar bienes a los grandes propietarios, crear la Confederación Nacional Obrera Mexicana (CROM), desarrollar el asociacionismo dentro de la llamada clase obrera y beneficiar a las clases más pobres.

Durante su mandato se potenció la Escuela Rural, así como la Educación Pública en general y las relaciones internacionales, sobre todo con los EE. UU., destacando la celebración de los llamados Tratados de Bucareli. Asimismo, creó el Ministerio de Educación Pública para promover una cultura nacional, inició proyectos de embellecimiento, pintura mural y otras reformas educacionales, cuyo objetivo principal era enriquecer la vida del pueblo de México.

Obregón devolvió la moneda mexicana al estándar de oro e invitó a inversores y compañías extranjeras a invertir en las infraestructuras mexicanas, revitalizó la economía e incrementó la exportación de petróleo al extranjero. Después del mandato de Obregón, Plutarco Elías Calles fue elegido presidente en 1924.

Una vez que éste tomó el poder, Obregón volvió a la vida civil en Sonora, no obstante, continuó ejerciendo influencia militar y política en México, pero cuando luego se reforma la constitución que prohibía su reelección, vuelve a postularse para el cargo y es reelegido en 1928, sin embargo, antes de poder tomar posesión del cargo fue asesinado en un banquete que se celebraba en su honor el día 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla, al sur de la Ciudad de México.

Un dibujante se le acercó para mostrarle una caricatura suya, y mientras Obregón la observaba, le disparó a quemarropa. En 2018 el titular de la Dirección General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Ávila comentó que : «Álvaro Obregón fue el estratega militar más sobresaliente de la Revolución Mexicana.

Su figura destaca por haber iniciado la reconstrucción del país y consolidado el poder del Estado Nacional posrevolucionario () Buscó aplicar los contenidos avanzados, progresistas de la Constitución Mexicana en términos de la Reforma Agraria, en términos y de los derechos laborales.

¿Cómo funciona el sistema de partidos en México?

El sistema de partidos consiste del número, tamaño y tipo de partidos que compiten por obtener la preferencia de los ciudadanos y eventualmente el poder político, ya sea en el poder legislativo, en el ejecutivo o en ambos. También se refiere a las relaciones que los partidos tienen entre sí y con la sociedad.

¿Quién regula a los partidos políticos en México?

Las suscritas, Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Diputadas Federales de la LXII Legislatura, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, numeral 1, fracción I, de los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, reglamentaria de los artículos 9o y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Los partidos políticos son entidades de interés público, son el producto del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9o, párrafo primero; 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

De conformidad con la Constitución, sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

  • Los partidos deben garantizar la paridad entre los géneros, en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales.
  • La presente Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley General de Partidos Políticos, tiene por objeto reglamentar el régimen de partidos políticos nacionales y locales en cumplimiento de la fracción I del artículo transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.

De conformidad con la citada disposición, el Congreso de la Unión deberá expedir, a más tardar el 30 de abril de 2014, la Ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales, misma que establecerá al menos lo siguiente: a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales; b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria; c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así como la transparencia en el uso de los recursos; d) Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; f) El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente:

Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales; Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse, y

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener:

Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campaña electoral; Los linchamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de acceso por medios electrónicos; Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate; Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior; Los linchamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades- y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones de carácter general; La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones.

En cumplimiento de dicha disposición se elaboró la presente Iniciativa, partiendo de la constatación de que la citada Reforma Constitucional mandata la elaboración de una Ley General de Partidos Políticos que regule tanto a partidos políticos nacionales como a los de carácter local.

Asimismo, dicha propuesta de Leyes acorde con el nuevo régimen institucional electoral, y con las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral. El proyecto de Ley se compone de siete títulos, de conformidad con lo siguiente: Titulo Primero. Definiciones generales; Título Segundo. Constitución y registro de los partidos políticos; Título Tercero.

Democracia Interna de los partidos políticos; Título Cuarto. Del financiamiento de los partidos políticos; Título Quinto. Del sistema de fiscalización; Título Sexto. De la transparencia de los partidos políticos, y Título Séptimo. Del Régimen de Sanciones Administrativas.

En el Título Primero, Disposiciones Generales, se destaca que la Ley General de Partidos Políticos es de orden público y de observancia general en todo el país, y tiene por objeto regular el régimen de partidos políticos nacionales y locales, en tanto que son entidades de interés público y promueven la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyen a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Asimismo, en este apartado se establece la naturaleza jurídica de los partidos políticos, su definición, fines, objetivos, así como sus obligaciones y derechos. En el Titulo Segundo, Constitución y Reconocimiento de los Partidos Políticos, se establecen los requisitos para la constitución y registro de un partido político tanto nacional como local, las organizaciones de ciudadanos y no sólo las Agrupaciones Políticas Nacionales, podrán constituirse como partidos políticos nacionales.

Se prohíbe la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos políticos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos. Se especifica que serán cinco los consejeros electorales los integrantes de la Comisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) encargada de verificar la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos y del proceso de constitución, de la organización que pretenda su registro como partido político nacional.

A partir de la notificación, la organización interesada informará mensualmente al INE acerca del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal. Dentro de los actos tendentes a la obtención del registro, además de los elementos ya establecidos a certificar por parte de funcionarios del INE, se agrega que los afiliados asistan libremente a la asamblea, y que en la realización de ésta, no exista intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de las Agrupaciones Políticas Nacionales.

  1. El Título Tercero, Democracia Interna, incorpora un conjunto armónico de las disposiciones relativas a la democracia interna de los partidos políticos respetando el derecho de libre autodeterminación de los mismos.
  2. Se aglutinan los elementos inherentes a la democracia interna de los partidos políticos.

Se establece la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria. Se incorpora la obligatoriedad de contar con un órgano electoral a nivel nacional y uno para cada una de las entidades federativas, así como del Distrito Federal, con el objeto de contar con un sistema democrático al interior de los partidos políticos que permita de forma más justa el acceso de la ciudadanía y militancia a los cargos de elección popular, así como a la integración de los cuerpos directivos de los mismos partidos.

De igual manera, con el objeto de contar con procesos de selección que reflejen la mayor democracia y transparencia, se establecen disposiciones que reglamentan las cuestiones relacionadas con las precampañas y los actos inherentes a las mismas, buscando fortalecer en todo momento la equidad en las contiendas internas.

Teniendo en cuenta que en la actualidad la participación y representación política de las mujeres, en condiciones de igualdad, se han convertido en una meta ineludible de los sistemas democráticos, se establece que los partidos políticos buscarán la igualdad entre hombres y mujeres de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.

En relación con los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular, entendidos como el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los precandidatos acorde a la normatividad electoral, estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, se establecen plazos para la realización de dichos procesos, a fin de armonizar la temporalidad para su realización con las actividades que componen en el proceso electoral y las actividades que realiza la autoridad electoral, particularmente la dictaminación del no rebase de topes de gastos de precampaña.

De igual manera se establece la obligación para los partidos políticos de cumplir cabalmente con la obligación de destinar el presupuesto destinado a la formación de liderazgos femeniles y juveniles. El Título Cuarto, Del financiamiento de los partidos políticos, establece de conformidad con la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reglas para que los partidos políticos tengan acceso al financiamiento público, para actividades permanentes, para actividades tendientes a la obtención del voto y para actividades específicas.

  1. Asimismo, se especifican otras modalidades de financiamiento: por la militancia; por simpatizantes; autofinanciamiento; y por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
  2. Debiendo prevalecer el financiamiento público sobre los otros tipos de financiamiento.
  3. En el Título Quinto, Del sistema de fiscalización, de conformidad con el Decreto de Reforma constitucional en materia Político Electoral, se establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El nuevo esquema de fiscalización implica un cambio sustantivo y de gran calado, ya que corresponde al INE en los procesos electorales federales y locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Por lo que la estructura orgánica y los procedimientos de la instancia que realizará las tereas de fiscalización parte de la magnitud del universo de sujetos a fiscalizar, en virtud de que se deben fiscalizar a partidos y candidatos tanto en el ámbito federal como local.

Asimismo, es de resaltar que derivado que la citada Reforma constitucional incorpora nuevas causales de nulidad, los procedimientos y plazos para la fiscalización se rediseñan en concordancia con las nuevas causales de nulidad. Con el Decreto de reforma Constitucional desaparece la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, que contaba con autonomía de gestión dentro del Instituto Federal Electoral.

En consecuencia, y de conformidad con dicha Reforma, se crea la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, instancia encargada de la fiscalización de partidos políticos y candidatos tanto a nivel federal como local. De igual manera, y dado que la fiscalización es una tarea que compete al Consejo General del INE y no a una unidad autónoma, como en el esquema anterior, es necesario que el Consejo General cuente con una Comisión que supervise y dé seguimiento en esta materia, por lo que se crea la Comisión de Fiscalización.

La Comisión de Fiscalización se integrará por consejeros electorales, y tendrá a su cargo la vigilancia del manejo de los recursos de los partidos políticos, así como la supervisión de la recepción, revisión y dictamen sobre el origen y destino de sus recursos de partidos políticos y candidatos tanto fedérales como locales.

De igual manera, tendrá atribuciones para la tramitación y resolución de quejas relativas en materia de fiscalización. Se reducen los plazos para poder superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, ya que la autoridad que regula las instituciones bancarias (Comisión Bancaria y de Valores o Unidad de Inteligencia Financiera del SAT) demoran demasiado la entrega de la información solicitada, lo que resulta sustantivo para ejercer la atribución fiscalizadora.

De igual manera se incorpora facultad para la imposición de sanciones en caso de no entregar la información solicitada o que la misma sea entregada fuera del plazo requerido, más aún cuando existe la inmediatez para resolver sobre el presunto rebase al tope de gastos de campaña que trae consigo la nulidad de la elección respectiva.

Se establece una fiscalización en línea, para lo cual los partidos políticos deberán reportar en línea y en tiempo real, todas las operaciones financiera que realicen, asegurando la máxima publicidad de los registros y movimientos contables. Lo cual dará certeza y transparencia a los gastos erogados, tanto ordinarios, como de precampaña y de campaña.

La Dirección de Fiscalización propondrá al Consejo General para su aprobación, los sistemas y programas informáticos para implementar un registro en línea y en tiempo real sobre el manejo de los recursos públicos y privados que ejercen los partidos políticos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten.

Se propone la implementación de un sistema de armonización contable que uniforme los informes que presentan los partidos políticos sobre el ejercicio de financiamiento público y privado, con la plataforma informática necesaria, tal y como, a manera de analogía se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pero con las particularidades aplicables a la naturaleza de entidades de interés público de los partidos políticos en la república mexicana.

Se propone establecer la obligación de que los, partidos políticos formen y registren ante el INE un Catálogo de Proveedores, para que a su vez esta autoridad tenga conocimiento con quienes de ellos realizan operaciones comerciales de manera ordinaria o durante los procesos electorales. Se fortalece la fiscalización sobre el origen, uso y destino del financiamiento de los partidos políticos, no sólo a través de acciones dispositivas, sino también inquisitivas.

Se privilegien las transacciones bancarias por encima de los movimientos en efectivo, con la finalidad de transparentar el origen y aplicación de los recursos utilizados tanto en actividades ordinarias como en campaña. La fiscalización no sólo debe limitarse a la revisión de los informes que presentan los partidos políticos y que las cuentas coincidan con lo reportado; sino que deben reforzarse las acciones de contraste y cotejo de las operaciones reportadas, a través de evidencia de operaciones mediante la investigación con proveedores, instituciones bancarias y financieras, televisoras, radiodifusoras, etc.

Paralelo a la homologación de la contabilidad de los partidos políticos, se debe establecer un programa de capacitación y profesionalización de las áreas contables y administrativas de los partidos. En el Título Sexto, De la transparencia de los partidos políticos, se establece como objeto transparentar la actuación de los partidos políticos como entidades de interés público y por su condición de recibir financiamiento público.

Los partidos políticos son sujetos obligados de manera directa en materia de transparencia, por lo que deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. En función de lo anterior, se modifica el modelo actual de acceso a la información pública que involucra al órgano electoral nacional y a los partidos políticos.

De conformidad con el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, se amplía el catálogo de obligaciones en materia de transparencia de los partidos políticos a efecto de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información en los rubros que impliquen el ejercicio de recursos públicos.

Los partidos políticos estarán obligados a hacer pública la información de diversa índole, ampliando el cúmulo de conceptos que deben hacer del conocimiento de la ciudadanía, entre ellos se propone hacer pública la información referente a los ingresos que obtengan con motivo de diversos actos que la ley les permite para hacerse de recursos.

De igual manera, se hace pública la información relacionada con las erogaciones que el Instituto Nacional Electoral realice con motivo de las franquicias postales y telegráficas que otorgue de conformidad a la legislación vigente. La Ley General de Partidos Políticos que se propone establece las reglas generales a las que todos los partidos políticos deben sujetarse, comprende los derechos y obligaciones de los partidos políticos y de su militancia, el procedimiento para su constitución y para la obtención de su registro, hasta el procedimiento para su disolución; se incluyen las prerrogativas y modalidades de financiamiento, las cuestiones relativas a la democracia interna, las obligaciones en materia de transparencia, y un sistema de fiscalización de los partidos políticos.

La presente propuesta de Ley regula el régimen de partidos políticos en concordancia y apego a las disposiciones constitucionales en la materia, buscando la armonía y congruencia con la legislación complementaria. Finalmente, en el Libro Séptimo, se establece el régimen de sanciones administrativas que pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. ARTÍCULO ÚNICO.-Se expide la Ley General de Partidos Políticos, en los términos siguientes: Proyecto de Ley General de Partidos Políticos Titulo Primero DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.

La presente Ley es de observancia general en toda la República y regula la vida y funcionamiento de los Partidos Políticos Nacionales y Locales. Artículo 2. Los Partidos Políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su interior, autónomos en su organización política y constituidos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política y la presente Ley.

Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en la presente Ley. El Instituto Nacional Electoral vigilará que las actividades de los partidos políticos Nacionales y Locales, se desarrollen con apego a la ley.

Artículo 3. Los Partidos Políticos tienen como fin: I. Promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática; II. Contribuir a la integración de los órganos de representación política; III. Hacer posible, como organizaciones de ciudadanos, el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; IV.

Garantizar la p aridad entre los géneros, en candidaturas a cargos de elección popular. Artículo 4. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Artículo 5. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local para participar en las elecciones federales o locales deberán obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Electorales Locales, en los términos que las leyes establezcan.

Artículo 6. La denominación de «partido político nacional o local» se reserva, para todos los efectos de esta Ley, a las organizaciones políticas que obtengan y conserven su registro como tal. Artículo 7. Los partidos políticos nacionales y locales tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y esta Ley.

Artículo 8. Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente Ley y las que, conforme a la misma, establezcan sus estatutos.

  1. En los requisitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los partidos sólo podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia, capacidad civil y, en su caso, sentencia ejecutoriada en materia penal.
  2. Artículo 9.
  3. Son derechos de los partidos políticos nacionales y locales: a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en esta Ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales; b) Gozar de las garantías que esta Ley les otorga para realizar libremente sus actividades; c) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución ; d) Organizar procesos internos para elegir y postular candidatos en las elecciones federales, en los términos de esta Ley; e) Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos coaligados.

Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos de esta Ley; f) Participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución; g) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto Nacional Electoral y los correlativos Institutos Estatales Electorales, en los términos de la Constitución y esta Ley; h) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes muebles e inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines; i) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado Mexicano y de sus órganos de gobierno; j) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y locales; y k) Los demás que les otorgue esta Ley.

  • Artículo 10.
  • No podrán actuar como representantes de los partidos políticos nacionales ante los órganos del Instituto Nacional Electoral, o de los partidos políticos locales, quienes se encuentren en los siguientes supuestos: a) Ser juez, magistrado o ministro del Poder Judicial Federal; b) Ser juez o magistrado del Poder Judicial de una entidad federativa; c) Ser magistrado electoral o secretario de Tribunal Electoral; d) Ser miembro en servicio activo de cualquier fuerza armada o policiaca; e) Ser agente del ministerio público federal o local.

Artículo 11. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; c) Mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro; d) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales ya existentes; e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos; f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; g) Contar con domicilio social para sus órganos directivos; h) Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; i) Sostener, por lo menos, un centro de formación política; j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate; k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por esta Ley así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; I) Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido.

  1. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas.
  2. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente.
  3. M) Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio social; n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en esta Ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 9 de esta Ley; p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.

Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; s) Garantizar la equidad y la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular que mandaten la Constitución y las leyes aplicables; t) Cumplir con las obligaciones que esta Ley les establece en materia de transparencia y acceso a su información; y u) Las demás que establezca esta Ley.

Las modificaciones a que se refiere el inciso I) del párrafo anterior en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral. Artículo 12. El incumplimiento de las obligaciones señaladas por esta Ley se sancionará en los términos establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Artículo 13. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investigue las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

Titulo Segundo CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Artículo 13. Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades; y b) Contar con tres mil afiliados en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales, los cuales deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso; bajo ninguna circunstancia, el número total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 14.1. Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto Nacional Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial. A partir de la notificación, la organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal y realizará los siguientes actos previos tendentes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en el artículo anterior.

Además de los siguientes requisitos: a) Celebrar por lo menos en veinte entidades federativas o en doscientos distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará: I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del artículo 13 de la presente Ley; que asistieron libremente y conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; II.

Que con las personas mencionadas en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, su residencia y la clave de la credencial para votar, y III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político, salvo el caso de agrupaciones políticas nacionales.

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará: I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales; II. Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; III.

Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; IV. Que fueron aprobados su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y V. Que se formaron listas de afiliados con los demás militantes con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo de afiliados exigido por esta Ley.

Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.2. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.3.

En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto dejará de tener efecto la notificación formulada.4. Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus miembros en los términos del artículo anterior; b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, a que se refieren las fracciones II del inciso a) y V del inciso del artículo anterior, esta información deberá presentarse en archivos en medio digital; y c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional constitutiva.5.

El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido político nacional, integrará una Comisión de cinco consejeros electorales para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución señalados en esta Ley.

La Comisión formulará el proyecto de dictamen de registro.6. El Consejo General, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, verificará la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido, ya sea en su totalidad o a través del establecimiento de un método aleatorio, conforme al cual se verifique que cuando menos el 0.026 por ciento corresponda al padrón electoral actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad como máximo dentro del partido político de nueva creación.7.

El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.8. Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro.

En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal Electoral.9. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

En el caso de los partidos políticos locales, se atendrán a la normatividad que, para dichos efectos, establezca la legislación local correspondiente, siempre y cuando no transgreda los principios y normas generales de la presente Ley. Artículo 15. Al partido político que no obtenga por lo menos el tres por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece esta Ley.

La cancelación o pérdida del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece esta Ley, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.

El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

  • La pérdida de registro de un partido político nacional no implica necesariamente la pérdida del registro de dicho partido en el ámbito local, siempre y cuando se colmen los supuestos que las leyes relativas establezcan.
  • Artículo 16.
  • La Declaración de Principios invariablemente contendrá, por lo menos: a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule; c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática; y e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

Artículo 17. El Programa de Acción determinará las medidas para: a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios; b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales; c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; y d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

Artículo 18. Los estatutos establecerán: a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones.

Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos; c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos.

Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes: I. Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del partido; II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido., con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas; III.

Comités o equivalentes en las entidades federativas; y IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña a que se refiere esta Ley; d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos; e) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa de acción; f) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y g) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias.

Las instancias de resolución de conflictos internos nunca serán más de dos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. Artículo 19. Los partidos políticos podrán participar en los procesos electorales a través de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente: i. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales; ii.

Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; iii. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles, Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral.

  1. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma.
  2. Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; iv.

Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; v. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá coaligarse. Título Tercero DEMOCRACIA INTERNADE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Artículo 20.

Los partidos políticos deberán contar con un órgano electoral nacional, con un órgano electoral en cada entidad federativa así como en el Distrito Federal, autónomos en sus actuaciones, de decisión colegiada, democráticamente integrados, responsables de la preparación y desarrollo de los procesos internos para la elección de dirigentes y selección de candidatos a cargos de elección popular, según corresponda.

Artículo 21. Las normas internas de cada partido establecerán la denominación específica, facultades, atribuciones y límites en su actuación de los órganos referidos en el artículo anterior. Artículo 22. Los integrantes del órgano electoral nacional, estatales y del Distrito Federal de todos los partidos no podrán durar en su encargo más de cinco años y no podrán ser reelectos de manera inmediata.

  • Artículo 23.
  • Para la elección de los integrantes de los órganos electorales intrapartidistas se estará a lo siguiente: I.
  • Los estatutos deberán establecer las normas y procedimientos para la elección de los integrantes, así como las reglas para cubrir las ausencias temporales o definitivas de sus integrantes; II.

Los integrantes de todos los órganos electorales intrapartidistas serán electos a través de un proceso de participación directa de todos los militantes en términos de los que establezca la normatividad interna de cada partido; III.- Cualquier militante podrá participar en la elección de los integrantes de todos los órganos electorales intrapartidistas; IV.

Los servidores públicos con mando que en el ejercicio de sus funciones tengan a su disposición el manejo de recursos públicos no podrán ocupar cargos en órganos electorales intrapartidistas; y V. La integración de todos los órganos electorales intrapartidistas será en condiciones de igualdad de género.

Artículo 24. En los procesos de elección interna de dirigentes, integrantes de los diversos órganos intrapartidistas y candidatos a cargos de elección popular, deberá observarse lo siguiente: I. Será responsabilidad y facultad única y exclusiva del órgano electoral nacional, estatal o del Distrito Federal, según sea el caso, y acorde a las facultades de cada uno de ellos, de la preparación y desarrollo de los procesos internos para la elección de dirigentes, integrantes de los órganos intrapartidistas y selección de candidatos a cargos de elección popular; II.

Mediar convocatoria, la cual deberá contener, por lo menos: a) Cargos o candidaturas a elegir; b) Los requisitos a cumplir por los candidatos al cargo partidista o puesto de elección popular; c) Fechas de registro de candidaturas o precandidaturas; d) Periodo para subsanar omisiones o defectos en la documentación de registro; e) Método de selección de candidatos a dirigentes o precandidatos a cargos de elección popular; f) Fecha y lugar de la elección; g) En el caso de legisladores federales y locales, el principio de la equidad de género.

h) Las reglas de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular; i) Topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña y campaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto, y j) Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular; III.

  • Disponer de normas, criterios y mecanismos internos de selección de candidatos y dirigentes, garantizando la imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad, transparencia y certidumbre; IV.
  • Garantizar la igualdad en el derecho a elegir candidatos y dirigentes, así como la posibilidad de ser elegidos como tales mediante el voto de los militantes, pudiendo ser directo y libre; y V.

Brindar a los candidatos a dirigentes o precandidatos a cargos de elección popular, condiciones de equidad en la contienda, así como al control de la legalidad de los actos y resoluciones que se dicten en la elección interna. Artículo 25. Cuando el partido político acuerde una candidatura única en algún procedimiento interno de selección de dirigentes, integrantes y candidatos a cargos de elección popular, dicho candidato no realizará campaña o precampaña, ni podrá acceder a las prerrogativas que esta Ley o la Ley Electoral otorguen con motivo de la celebración de las mismas.

Artículo 26. Para efectos de precampañas, se entenderá por: Actos de precampaña: son todos aquéllos que tienen por objeto promover, publicitar o apoyar la aspiración de una persona para ser postulado candidato a un cargo de elección popular. Actividades publicitarias: son las que realizan los precandidatos por sí o por medio de otras personas, en cualquier medio que permita la divulgación de las ideas y que se efectúan a favor de un precandidato de manera repetida y sistemática en cualquier medio de comunicación ya sea electrónico o impreso, entendidos éstos como radio, televisión, panorámicos, prensa, folletos, pintas de barda u otros.

Actos anticipados de precampaña: son todos aquéllos que tienen por objeto promover, publicitar o apoyar la aspiración de una persona para ser postulado candidato a un cargo de elección popular, antes del inicio de las precampañas electorales de los Partidos Políticos.

Aspirante a candidato o precandidato: son los ciudadanos que deciden contender al interior de un determinado Partido Político, con el fin de alcanzar su postulación como candidato a un cargo de elección popular. Procesos de Selección Interna de Candidatos: son el conjunto de actos, hechos y actividades establecidas en la convocatoria emitida por los Partidos Políticos con el propósito de elegir o designar a sus candidatos a diversos cargos de elección popular.

Precampañas: son las actividades de carácter propagandístico que forman parte de los procesos de selección interna de candidatos, y que tienen por objeto influir en la decisión de aquellos que integran el universo de votantes que eligen o designan a los candidatos a cargos de elección popular en determinada circunscripción.

  1. Estos actos o actividades deberán realizarse dentro del periodo establecido por esta Ley y estarán sujetas a lo previsto en este mismo ordenamiento y en el Estatuto y demás normatividad interna de los Partidos.
  2. Artículo 27.
  3. Los Partidos Políticos deberán dar aviso por escrito al Consejo General de la temporalidad y de los métodos de selección de candidatos que emplearán en sus procesos internos.

Artículo 28. Los Partidos Políticos a través de sus instancias competentes, podrán avisar al Consejo General del inicio de la precampaña electoral de otro, así como de las actividades que puedan considerarse como supuestos actos anticipados de precampaña electoral que realice algún ciudadano, para sí o interpósita persona o Partido Político, ofreciendo las constancias o pruebas pertinentes para acreditar su dicho.

En ese supuesto, el Consejo General, por conducto del Consejero Presidente, comunicará al Partido Político señalado para que informe sobre su proceso interno de selección. Asimismo, el Consejo General iniciará el proceso sancionatorio correspondiente para, en su caso, sancionar a los ciudadanos, militantes, precandidatos y partidos políticos que se encuentren realizando actividades que puedan considerarse como actos anticipados de precampaña electoral.

Artículo 29. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos de selección de candidaturas, cada partido, conforme a sus Estatutos, publicará la convocatoria para la selección de sus candidatos en la que determinará el o los procedimientos aplicables para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate, de lo cual dará cuenta a la autoridad electoral.

Los aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, sólo podrán hacerlo los precandidatos en el procedimiento del método de elección directa abierta o cerrada en los plazos previstos por la normatividad y convocatoria del partido político de conformidad con las disposiciones legales.

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a esta Ley les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. En los procesos de consulta directa los partidos podrán proporcionar en condiciones de igualdad a los precandidatos debidamente registrados tiempo en radio y televisión de los espacios temporales que le correspondan.

  • Artículo 30.
  • Tendrán el carácter de precandidatos los ciudadanos registrados por un partido político en el proceso de selección de candidaturas determinado por las instancias correspondientes.
  • Tiene el carácter de candidato a dirigente, el militante que aspira ocupar un cargo dentro de los órganos de dirección del Partido que, habiéndose registrado en tiempo y forma previstos por la convocatoria respectiva obtenga por parte del órgano competente el dictamen favorable.

Los ciudadanos que soliciten participar en un proceso de selección de candidaturas quedarán sujetos a las normas de los partidos políticos y tendrán los derechos y obligaciones en ellos establecidos; serán sujetos de las responsabilidades y sanciones que en dichas normas de carácter general se establezcan y estarán impedidos para participar o ser postulados como candidatos independientes o por otros partidos políticos, salvo que medie convenio de coalición.

  1. Artículo 31.
  2. Los partidos políticos realizarán los procesos de selección interna durante los meses de noviembre y diciembre anteriores a la fecha de la elección.
  3. Artículo 32.
  4. Los informes de los gastos realizados por los precandidatos durante los procesos de selección interna deberán presentarse por los partidos políticos a más tardar quince días naturales después de concluidos sus procesos de selección.

Los precandidatos coadyuvarán con el partido para la presentación de dichos informes. De incumplir con dicha coadyuvancia se establecerán las sanciones en los estatutos correspondientes. Artículo 33. El Consejo General, a través del Consejero Presidente, una vez recibido el informe respecto de los avisos que presenten los Partidos Políticos sobre sus procesos de precampaña, les hará saber las restricciones a las que están sujetos los precandidatos a cargos de elección popular, a fin de que las hagan del conocimiento de sus precandidatos.

  1. Dichas prohibiciones se enuncian de manera ilustrativa más no limitativa: I.
  2. Recibir cualquiera de las aportaciones prohibidas por esta Ley; II.
  3. Realizar actos de precampaña electoral fuera de los plazos establecidos en la presente Ley; III.
  4. Utilizar para fines personales los recursos recabados al amparo de actos proselitistas de precampaña, salvo viáticos, alimentos y transportación u otros relacionados de manera directa; IV.

Hacer uso de la infraestructura pública, incluidos, entre otros, teléfonos y faxes para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de cualquier otro acto de precampaña; V. Rebasar el período para actos de precampaña autorizado y rebasar el tope máximo de gastos de precampaña establecido; VI.

Emplear o utilizar recursos, en dinero o en especie, por sí o a través de interpósita persona, cualquiera que sea su origen, antes de que inicie la precampaña; VII. Fijar su propaganda en contravención a lo establecido en la Ley; VIII. Utilizar en su propaganda símbolos, distintivos, emblemas o figuras con motivo religioso; y IX.

Utilizar expresiones verbales o escritos contrarios a la moral, que injurien a las autoridades, a los demás Partidos Políticos o precandidatos, o que tiendan a incitar a la violencia y al desorden público. Artículo 34. Los Partidos Políticos no podrán registrar como candidato, al precandidato que haya resultado ganador en la precampaña, en los siguientes casos: I.

Cuando el precandidato no se haya ajustado a los plazos señalados en la Ley, así como por haber incurrido en inobservancias o violaciones a las restricciones u obligaciones que regulan las actividades de precampañas establecidas. II. Cuando exceda el porcentaje de género que estipula la presente Ley, en estos casos, el Partido Político, deberá ajustar su lista de candidatos de manera que se someta a la presente ley.

Artículo 35. En caso de que el Consejo General resuelva la pérdida del derecho a registrarse como candidato al aspirante que haya resultado ganador en el respectivo proceso interno del Partido Político, por las infracciones en que hubiera incurrido, le notificará, por conducto del Consejero Presidente, al día siguiente en que se dicte la resolución al Partido Político y precandidato correspondiente.

  • Asimismo, le informará al Partido Político que dentro de los dos días siguientes a la notificación podrá sustituir la candidatura respectiva.
  • Artículo 36.
  • Durante los Procesos de Selección Interna de Candidatos, queda prohibido a los precandidatos y a los Partidos Políticos: I.
  • Recibir apoyos en dinero o en especie de servidores públicos; II.

Utilizar recursos e instalaciones públicas para promover su intención de obtener la candidatura al cargo de elección popular; III. Erogar más del 15% del monto total fijado como límite de los topes de gastos de campaña para la elección respectiva, autorizados para el proceso electoral ordinario inmediato anterior de que se trate; IV.

  • Fijar y distribuir propaganda al interior de oficinas, edificios y locales ocupados por los órganos de gobierno y los poderes públicos; V.
  • Contratar tiempos de radio y televisión para realizar propaganda; y VI.
  • Las demás que establece esta ley y las disposiciones aplicables.
  • Artículo 37.
  • No podrá ser registrado como candidato el precandidato ganador que, previa declaración o resolución de la instancia legalmente facultada para ello, haya incurrido en los siguientes supuestos: I.

Que se hayan cometido actos anticipados de precampaña; Haya presentado su informe de gastos de campaña o precampaña después del límite establecido por la autoridad administrativa electoral local. Artículo 38. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, esta Ley, las demás leyes aplicables y en su caso, a la normatividad interna de los partidos políticos.

  1. Artículo 39.
  2. Son asuntos internos de los partidos políticos: I.
  3. La aprobación de las normas estatutarias y reglamentarias para la afiliación de los ciudadanos, sin que puedan restringir los derechos humanos reconocidos por la Constitución; II.
  4. La elaboración y modificación de sus documentos básicos, respetando en todo caso, las normas constitucionales y dé la legislación aplicable; III.

La aplicación de las normas y procedimientos relativos a la elección de los integrantes de sus órganos de dirección, conforme a lo establecido en la presente Ley; IV. Los procesos deliberativos y las resoluciones que sus órganos dirigentes adopten respecto de convenios de coalición electoral con otros partidos; V.

  • La aplicación de las normas, procedimientos y requisitos para la elección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, conforme a lo establecido en la presente Ley y la Ley Electoral, y VI.
  • Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus militantes.

Artículo 40. El Estatuto establecerá la forma o modalidad de elección de candidaturas, dirigencias, así como la integración de los órganos del Partido, cumpliendo con los principios de democracia, representación, igualdad, certeza y legalidad. PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN ELECCIONES DEL PARTIDO POLÍTICO Artículo 41.

Los partidos políticos deberán cumplir de conformidad a la Constitución, a la Ley, y a lo contemplado en su estatutos y demás reglamentación, con las normas de afiliación y deberán observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos respetando en todo momento la igualdad, la no discriminación y el respeto a las cuotas de género entre sus militantes; Artículo 42.

Al integrar sus instancias orgánicas de gobierno, representación y resolución, y al postular candidatas y candidatos, los partidos políticos deberán garantizar la participación paritaria de ambos géneros. Artículo 43. Los Partidos Políticos deberán adecuar sus respectivas normas internas para posibilitar la plena vigencia y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género.

  • Artículo 44.
  • Los partidos políticos tienen la obligación de adoptar medidas especiales de carácter temporal para garantizar la participación y la igualdad de oportunidades y trato a mujeres y hombres; incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas en el interior del partido o en las instituciones de representación; e incorporar temas o problemas de política pública que son de particular interés para las mujeres.

Artículo 45. Cuando una mujer incluida como candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo por cualquier circunstancia antes de la realización de los comicios, será reemplazada por la candidata mujer que le siga en la lista respectiva.

Esta medida sólo se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres. Artículo 46. Los Partidos Políticos se asegurarán de realizar una correcta utilización del presupuesto etiquetado en materia de género y de liderazgos juveniles, a efecto de que las mujeres y jóvenes militantes puedan acceder a la capacitación necesaria y la igualdad de oportunidades para acceder a los cargos directivos dentro del Partido.

JUSTICIA INTRAPARTIDARÍA Artículo 47. Los partidos políticos deberán establecer medios y procedimientos de justicia para la resolución de conflicto que surjan al interior en el que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias. Artículo 48.

  1. Los partidos políticos deberán contar con órganos contemplados en sus estatutos encargados de dirimir las controversias relacionadas con los asuntos internos, los cuales deberán emitir sus resoluciones en tiempo y forma.
  2. Para que un militante pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal, deberá agotar previamente los medios partidistas de defensa o los mecanismos alternativos de solución de controversias que prevean las normas internas de los partidos políticos.

Artículo 49. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características: I. Cumplir con los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad y apego a la normatividad interna. II. Tener como máximo dos instancias de resolución de conflictos internos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera oportuna y expedita.

  • III. Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna. IV.
  • Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento, emitiendo sus resoluciones en justicia y legalidad; y e) Ser eficaces formal y materialmente para restituir a los militantes en el goce de los derechos político-electorales de ser el caso.

Artículo 50. Los partidos políticos deberán establecer al menos un órgano de decisión colegiada, responsable de la impartición de la justicia interna. Artículo 51. Los órganos encargados de la justicia interna deberán cumplir con las siguientes características: a) Estar establecidos, integrados e instalados con anterioridad a los hechos materia de la controversia o agravio; b) Estar integrados por un número impar de miembros y garantizar la independencia, imparcialidad y objetividad de los mismos, y c) Adoptar sus decisiones de manera colegiada aprobándolas por mayoría de votos o unanimidad.

  • Artículo 52.
  • Los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de controversias, buscando en todo momento que se privilegie la amigable composición.
  • Artículo 53.
  • La sujeción a los mecanismos alternativos de solución de controversias siempre será opcional para los militantes.
  • Podrán ejercerse en forma simultánea a las vías de justicia interna.

Artículo 54. Cada partido político establecerá los casos específicos en que sean procedentes los medios alternativos de solución de controversias, mismos que deberán contener al menos: Artículo 55. Los medios alternativos de solución de controversias al interior de los partidos políticos deberán prever, al menos, lo siguiente: I.

El sometimiento voluntario a los mismos por escrito. II.La forma de integración del órgano de resolución arbitral mismo que deberá ser integrado por un número impar de militantes, así como la duración del mismo. III. Los requisitos que deberán cumplir los militantes para ser propuestos e integrar al órgano de resolución arbitral.

IV. El derecho de los militantes de participar en la selección de los árbitros que integrarán el órgano de resolución arbitral.V. Los plazos para optar por el medio alternativo de solución de controversias. VI. Las formalidades esenciales del procedimiento, y VII.

Las formas de conclusión o terminación de los medios alternativos de solución de controversias así como sus efectos Título Cuarto DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Artículo 56.1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades: a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento; b) Financiamiento por la militancia; c) Financiamiento de simpatizantes; d) Autofinanciamiento; y e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.2.

No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y g) Las personas morales o las empresas mexicanas de carácter mercantil.3.

  1. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.
  2. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.4.
  3. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto Sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.5.

Los partidos políticos deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.

Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.6. La revisión de los informes que los, partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo de la Dirección ejecutiva de Fiscalización.

Artículo 57.1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las disposiciones siguientes: a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal; El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera:

– El treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión. – El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior; III.

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; y IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo.V.

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario. b) Para gastos de campaña: I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; II.

En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y III.

El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las prerrogativas. c) Por actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; II.

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El Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior; y III. Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.2.

Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguientes bases: a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo; y b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria; 3.

Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas por la parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.4. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: a) El financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las siguientes reglas: I.

El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; y II. Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados así como las aportaciones de sus organizaciones.

  1. B) Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido.
  2. La suma de las aportaciones realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro del límite establecido en el párrafo 5 de este artículo.

c) El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 77 Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas: I.

  • Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial Inmediata anterior; II.
  • De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se harán constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, registro federal de contribuyentes del aportante.

Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido; III. Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial; IV.Las aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la fracción anterior, y V.

Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación; d) El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza.

Para efectos de esta ley, el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos; y e) Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las siguientes reglas: I.

Deberán informar a la Dirección ejecutiva de Fiscalización de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido.

II. Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año.

  • III. En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones; y IV.
  • Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.5.

En todo caso, la suma que cada partido puede obtener anualmente de los recursos provenientes de las fuentes señaladas en los incisos a), b) y d), y los obtenidos mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública, no podrá ser mayor al diez por ciento anual del monto establecido como tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior.

Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 apartado B, inciso C y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se delega la atribución a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos coaliciones y candidatos respecto del origen, monto y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación. En el desempeño de sus facultades y atribuciones la Dirección Ejecutiva de Fiscalización no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver, en un plazo máximo de quince días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias les presente la Dirección de Fiscalización.

Cuando en el desempeño de sus atribuciones y ejercicio de sus facultades los órganos electorales de las entidades federativas responsables de la fiscalización ordinaria de los recursos de los partidos políticos, requieran superar la limitación establecida por los secretos bancario, fiscal o fiduciario, solicitarán la intervención de la Dirección a fin de que ésta actúe ante las autoridades en la materia, para todos los efectos legales.

  • Artículo 59 bis.
  • El director ejecutivo de la Dirección de Fiscalización será designado por el Consejo General, deberá reunir los mismos requisitos que la Ley de la materia establece ser director ejecutivo del Instituto, además de comprobar experiencia en tareas de fiscalización, con al menos cinco años de antigüedad.

Artículo 60. La Dirección Ejecutiva de Fiscalización tendrá las siguientes facultades: a) Presentar a la Comisión de Fiscalización del Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento de la materia, y los demás lineamientos, criterios y acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en esta Ley.

b) Proponer los sistemas informáticos para implementar un registro en línea sobre manejo de los recursos públicos y privados que ejercen los partidos políticos y candidatos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en esta Ley.

c) Elaborar y proponer los lineamientos homogéneos de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos y candidatos, la cual deberán ser públicos y de acceso por medios electrónicos; d) Elaborar y proponer los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán notificar a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados.

Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate; e) Elaborar y proponer los criterios o lineamientos para comprobar el contenido de los avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior ; f) Elaborar y proponer los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; g) Elaborar y proponer los lineamientos aplicables en el caso de que los partidos políticos opten por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral.

h) Elaborar y proponer los lineamientos aplicables en el caso de que los partidos políticos opten por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral i) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en esta Ley; j) Recibir los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos en el ámbito federal y local y sus candidatos, así los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta Ley.

k) Revisar los informes señalados en el inciso anterior; I) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos; m) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos en el ámbito federal, local y municipal.

n) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos y candidatos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; o) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos y candidatos.

Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable; p) Proporcionar a los partidos políticos y candidatos la orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización; q) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en la presente Ley.

r) Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten las agrupaciones políticas nacionales y las organizaciones de observadores electorales, de conformidad a lo que establezca el Reglamento que al efecto apruebe el Consejo General; s) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro, de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

t) Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, vigilancia de los recursos de los partidos políticos e investigaciones sobre el presunto rebase al tope de gastos de campaña; dichas quejas deberán ser presentadas ante la dirección.

u) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas a que se refiere el inciso anterior y proponer a la consideración de la Comisión de Fiscalización la imposición de las sanciones que procedan. Los quejosos podrán desistirse, en cuyo caso el procedimiento será sobreseído; v) Celebrar convenios de coordinación con las autoridades competentes en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos en las entidades federativas, con la aprobación del Consejo General; w) Prestar y recibir los apoyos establecidos en los convenios a que se refiere el inciso anterior; x) Ser conducto para que las autoridades locales a que se refiere el inciso u) superen las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los términos que señale el Reglamento; y) Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido.

Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley. z) Las demás que le confiera esta Ley o el Consejo General. Artículo 61. En el ejercicio de sus facultades, la Dirección Ejecutiva deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y en general de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente capítulo.

Los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la dirección sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.

  1. Artículo 62.
  2. Los partidos políticos tienen la facultad de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los términos que Consejo General del Instituto establezca.
  3. Artículo 63.
  4. Los partidos políticos tienen la potestad de realizar todos los pagos relativos a la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral en los términos que Consejo General del Instituto establezca.

Artículo 64. Los partidos políticos deberán implementar un registro en línea sobre manejo de los recursos públicos y privados que ejercen de conformidad con las especificaciones que apruebe el Consejo General del Instituto. Artículo 65. Los partidos políticos deberán homologar su contabilidad y registro de operaciones, mismos que deberán ser públicos y de acceso por medios electrónicos, de conformidad con los lineamientos que apruebe el Consejo General del Instituto.

  1. Artículo 66.
  2. Los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deberán notificar a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la información sobre los contratos que celebren durante las campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados.

Tales notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate. Artículo 67. Los partidos políticos y candidatos deberán presentar ante la Dirección Ejecutiva de Fiscalización los informes del origen, monto y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: I.

Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda; II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda. III. Si de la revisión que realice la Dirección se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes.

En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para la autoridad, y IV. Durante el año del proceso electoral federal a la presentación de los informes anteriores se incorporará la información relativa a los gastos de campaña que realicen los partidos políticos y candidatos; b) Informes anuales: I.

Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda; IV.

Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto; y V. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.

  • C) Informes de precampaña: I.
  • Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen, monto y destino de los ingresos, así como los gastos realizados. II.
  • Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 15 días siguientes al de la conclusión de la precampaña; y III.

Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda; d) Informes de campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; II.

  1. Los partidos políticos presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de mayo del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros cinco días de junio del mismo año; III.
  2. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los quince días siguientes al de la jornada electoral; y IV.

En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en esta Ley, así como el monto y destino de dichas erogaciones. Artículo 68. Para las campañas electorales, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización elaborará un catálogo de proveedores que los partidos políticos deberán utilizar para las campañas electorales con base en el procedimiento siguiente: I.- La Comisión de Fiscalización emitirá convocatoria abierta en tres diarios de circulación nacional, así como en el sitio de Internet del Instituto para el registro de los proveedores, el año anterior a la elección, teniendo como plazo para su registro el inicio del proceso electoral, solicitando los requisitos y documentación siguiente: a) Copia del acta constitutiva o de la última modificación notarial de la sociedad, si existe, y presentar original para cotejo de la copia; b) Domicilio fiscal con comprobante de domicilio; c) Copia de inscripción en el registro federal de contribuyentes y modificaciones, si existen; d) Factura original cancelada; e) Copia de la última declaración anual de impuestos; f) Estados financieros del último ejercicio fiscal; g) Curriculum Vitae: II.- Posteriormente la dirección elaborará el catálogo de proveedores de bienes y servicios para las campañas electorales el cual contendrá los rubros siguientes: a) Razón social; b) Representante legal; c) Giro comercial; d) Dirección y teléfonos; e) Lista de bienes o servicios y precios históricos; f) Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo; g) Plazos de entrega III.- Una vez elaborado el catálogo la Dirección Ejecutiva de Fiscalización lo hará llegar al Consejo General para que éste lo difunda entre los representantes partidos políticos, y se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior de conformidad con el registro de las candidaturas respectivas.

IV.- La Dirección Ejecutiva de Fiscalización podrá registrar proveedores a petición de los partidos políticos en cualquier momento del proceso electoral los cuales deberán cumplir los requisitos anteriormente especificados. Artículo 69. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas: a) La Dirección Ejecutiva de Fiscalización contará con sesenta días para revisar los informes anuales y de precampaña, y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña.

Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; b) Si durante la revisión de los informes la Dirección Ejecutiva de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; c) La Dirección Ejecutiva de Fiscalización está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane.

La Dirección Ejecutiva de Fiscalización informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado; d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Dirección dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión.

e) El dictamen deberá contener por lo menos: I. El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos; y III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin.

F) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y h) El Consejo General del Instituto deberá: I.

Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización y el informe respectivo; II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su publicación; y III.

  1. Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.
  2. I) Los Partidos Políticos aplicarán para su control financiero, los Principios Contables establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de sus recursos y la fiscalización por los órganos correspondientes.

j) Los partidos Políticos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. k) Los Partidos Políticos deberán establecer un sistema contable transparente y eficaz, que produzca información contable en tiempo real y que permita la publicación inmediata en su portal oficial, de todas las operaciones que modifiquen sus estados financieros; lo anterior para que la ciudadanía pueda consultar en forma simultanea la forma en que ejercen los recursos que se les asignan.

I) Los Partidos Políticos conforme a la Ley de contabilidad gubernamental determinarán la valuación de su patrimonio y su expresión en los estados financieros correspondientes, de conformidad a los principios de armonización contable establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. m) Para los efectos de esta ley se entiende como armonización contable a la revisión, reestructuración y compatibilidad de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

Artículo 70. En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior. En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo.

El personal de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización está obligado a guardar reserva sobre el curso de las revisiones y auditorías en las que tenga participación o sobre las que disponga de información. La Contraloría General del Instituto conocerá de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan conforme a esta ley. El consejero presidente, la Comisión de Fiscalización y el secretario ejecutivo recibirán del director ejecutivo de Fiscalización informes periódicos respecto del avance en las revisiones y auditorias que la misma realice.

Artículo 72.1. Son órganos competentes para la tramitación y resolución de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, y en su caso de las agrupaciones políticas nacionales: a) El Consejo General; b) La Comisión de Fiscalización; c) La Secretaría del Consejo General, y 2.

El órgano competente para tramitar, substanciar y formular el proyecto de resolución relativo a las quejas a que se refiere el párrafo anterior será la Dirección de Fiscalización, la que podrá solicitar la colaboración de la Secretaría Ejecutiva o, por su conducto, la de los órganos desconcentrados del Instituto.3.

Las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se realicen y podrán hacerse: a) De manera personal, directamente con el interesado en las oficinas de su representación ante el Consejo General o en su domicilio social; b) Por cédula que se dejará con cualquier persona que se encuentre en su domicilio, o bien, c) Por estrados.4.

A falta de disposición expresa en el presente capítulo, serán de aplicación supletoria, en lo conducente, las reglas de sustanciación y resolución del procedimiento sancionador previsto en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Título Sexto DE LA TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Artículo 73. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las reglas previstas en esta Ley y las que, en lo conducente, resulten aplicables conforme a la normatividad vigente en la materia.

  • Los partidos políticos, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el acceso de toda persona a la información en su posesión.
  • Artículo 74.
  • Las personas accederán a la información de los partidos a través de los mismos partidos políticos, mediante la presentación de solicitudes específicas y de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 75. Los partidos políticos se sujetarán a los formatos, procedimientos y plazos contenidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental para desahogar las solicitudes que las personas presenten sobre la información pública que detenten.

Artículo 76. Cuando la información solicitada se encuentre disponible en la página electrónica del Instituto, o en la del partido de que se trate, se le notificará al solicitante para que la obtenga en forma directa, salvo que el interesado la requiera en forma impresa o en medio digital. Artículo 77.

Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información especificada en el presente capítulo. Artículo 78. La información que los partidos políticos proporcionen al Instituto o que éste genere respecto a los mismos que sea considerada pública conforme a esta Ley estará a disposición de toda persona a través de la página electrónica del Instituto.

  • Artículo 79.
  • Se considera información pública de los partidos políticos: a) Sus documentos básicos; b) Las facultades de sus órganos de dirección; c) La normatividad, acuerdos y cualquier otro documento de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales; e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, y de los demás funcionarios partidistas; f) Las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto; g) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales; h) Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; i) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones; j) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña; el estado de situación patrimonial; el Inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno.

Todo lo anterior, una vez concluidos los procedimientos de fiscalización establecidos por esta Ley. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos, sin que ello tenga efectos en los mismos.

k) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado; I) Los nombres de sus representantes ante los órganos electorales; m) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro, que reciban apoyo económico permanente del partido político; n) El dictamen y resolución que el Consejo General del Instituto haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el Inciso j) de este párrafo; o) Los informes que presenten los partidos políticos al Instituto Nacional Electoral, así como las auditorías y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos, mismos que deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo; p) La información relacionada a los compromisos de campaña expuestos por los candidatos de sus partidos; q) Los tiempos asignados en radio y televisión por el Instituto a cada uno de los partidos políticos, frentes, coaliciones, fusiones; r) Las prerrogativas a que tengan derecho como son franquicias postales y telegráficas otorgadas a los representantes de los partidos políticos nacionales, a los comités nacionales de los partidos políticos nacionales, a los partidos políticos nacionales que sean otorgadas por el Instituto y con cargo a su presupuesto.

s) Los ingresos que obtengan en rifas y sorteos que celebren, de los provenientes por la organización de ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines, de las utilidades que obtengan provenientes de la enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, de los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie, del patrimonio que genere con motivo de la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, estatutos y en general para su propaganda y todos aquellos ingresos que generen con motivo de su actuación; t) El padrón de sus afiliados y militantes, en versión pública; u) El listado de los aportantes a las precampañas y campañas políticas federales.

v) Las demás que señale esta Ley, o las leyes aplicables. Artículo 80. Los partidos políticos están obligados a contar en su estructura con Oficinas de Información Pública a nivel nacional y en las entidades federativas, que tendrán las funciones siguientes: b) Recabar y difundir la información que no sea considerada reservada o confidencial en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable, además de propiciar que se actualice periódicamente; c) Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley de la materia; d) Dar respuesta a las solicitudes hechas por los particulares; e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos; f) Realizar los informes circunstanciados de los recursos de revisión que se presenten; h) Clasificar y conservar documentos, así como organizar sus archivos; i) Revisar y actualizar, periódicamente, la información contenida en sus portales de Internet; k) Las necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el partido y los particulares.

Artículo 81. En cada partido político se integrará un comité de información a nivel nacional y comités de información en las entidades federativas de conformidad con la ley de la materia, mismos que adoptarán sus decisiones por mayoría de votos y tendrán las funciones siguientes: a) Coordinar y supervisar las acciones del partido político tendentes a proporcionar la información prevista en esta Ley y la ley de la materia; b) Instituir los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; c) Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los órganos del partido político; d) Realizar, a través de la unidad de enlace de su competencia, las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste la información solicitada; e) Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para el partido político, en materia de clasificación y conservación de documentos, así como la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por las autoridades en la materia; f) Aprobar semestralmente los índices de Expedientes Reservados que se sometan a su consideración; h) Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el partido y los particulares.

Artículo 82. Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo, y la demás que esta Ley considere de la misma naturaleza, proporcionándola al Instituto con la periodicidad y en los formatos y medios electrónicos que aquél determine en acuerdos de carácter general.

Artículo 83. Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado.

De igual manera, se considerará información confidencial la relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Artículo 84. Se considerará reservada la Información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada. Será reservada la información atinente a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos así como La correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; y Artículo 85.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que dispone la presente Ley. Artículo 86. Los partidos políticos exigirán a sus candidatos la información necesaria que sea solicitada en los términos de las leyes de transparencia, tanto del ámbito nacional como del estatal.

Aquellos candidatos que no proporcionen la información necesaria, se harán acreedores a una sanción intrapartidaria y sancionados por el Instituto Nacional Electoral y/o los Instituto Estatales Electorales. En el caso de los candidatos independientes, deberán proporcionar la información que haya sido solicitada por conducto de la Oficina de Información Pública del Instituto Nacional Electoral.

  • Título Séptimo Del Régimen de Sanciones Administrativas Artículo 87.
  • El incumplimiento de las obligaciones señaladas por este Ley se sancionará en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
  • Las sanciones administrativas se aplicarán por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral con independencia de las responsabilidades civil o penal que, en su caso, pudieran exigirse a los partidos políticos, sus dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

Artículo 88. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral se investigue las actividades de otros partidos políticos cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.

Transitorios PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. TERCERO.- Los partidos políticos nacionales y locales contarán con un plazo de sesenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones a sus documentos básicos y estructuras internas, a fin de dar debido cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, debiendo notificar a la autoridad electoral para los efectos legales correspondientes.

CUARTO.- Los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que se hayan iniciado durante la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberán concluirse conforme a dicho ordenamiento. QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral tendrá un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a su estructura orgánica y aprobar la normatividad interna correspondiente, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley.

¿Cómo funcionan los partidos políticos en México?

El suscrito Senador Héctor Larios Córdova, las y los suscritos Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa por la que se expide la Ley General Partidos Políticos.

Lo anterior, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El pasado 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

Dentro de las disposiciones contenidas en esta Reforma Constitucional, se establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno federal y local a fin de regular a los partidos políticos, de conformidad con las bases previstas en la propia Carta Magna.

  • Lo anterior, en términos de la fracción XXIX-U del artículo 73 constitucional.
  • La relevancia de esta reforma radica, respecto a su vertiente electoral, en dar un verdadero reimpulso para el fortalecimiento de la democracia de nuestro país, partiendo de la premisa de que para que concluya la consolidación democrática es necesario contar con institutos políticos fuertes, transparentes y bien organizados.

No debemos olvidar que hace ya casi veinte años, cuando se dotó al Instituto Federal Electoral la calidad de órgano constitucional autónomo, en 1996, el objetivo principal de esa reforma fue extraer la función electoral del poder Ejecutivo, a fin de evitar que las estructuras gubernamentales mantuvieran el control de los sistemas de votación y de las autoridades encargadas de las elecciones.

  • Con esta medida se evitó caer nuevamente en la ya histórica «caída del sistema».
  • Sin embargo, en términos de democracia efectiva, podemos apreciar que los errores se mantienen, la incertidumbre después de cada proceso electoral impera y el abstencionismo ocupa, lamentablemente, el mayor porcentaje de la votación.

Ante este escenario, nos encontramos con diversos problemas de legitimidad y credibilidad que afectan sí a las instituciones electorales, pero más aún a los partidos políticos, pues a través de éstos es que es posible que los ciudadanos accedan al poder público.

El dictamen de Cámara de Origen del Decreto de Reforma Constitucional al que ya nos hemos referido, reconoce la importancia de los partidos políticos en la consolidación de la democracia al mencionar lo siguiente: En los procesos de transición, los partidos políticos son principalísimos actores de la vida democrática.

Su finalidad primordial es el establecimiento de procedimientos democráticos imparciales, pues más que competir por el poder están construyendo las bases del nuevo Estado. En cierta forma, dejan de ser singularidades en búsqueda de un beneficio político directo e inmediato, para transformarse en formadores del Estado democrático de derecho.

Por tal motivo, en la transición, su tarea es única y fundamental, muy diferente a la que se desarrolla dentro de las condiciones ordinarias de la competencia política en una democracia. Un compromiso histórico que atiende dicha reforma es el fortalecimiento de los esquemas de democracia participativa y los medios de representación política.

Lo anterior, partiendo del supuesto de que el medio más efectivo para tener acceso y ejercer el poder público es a través de los partidos políticos. Además, dichos entes tienen un compromiso con la sociedad al ser promotores del cambio democrático, la conciencia social y la participación ciudadana.

  • Por lo tanto, resulta incuestionable sentar bases para la constitución y organización de los partidos políticos, con el propósito de encaminar rumbo político que como Nación esperamos todos los mexicanos.
  • En este sentido, la Iniciativa que hoy sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía tiene por objeto, además de dar cumplimiento al citado mandato constitucional, establecer una legislación que regule de manera eficaz a los partidos políticos existentes en el país, ya sea nacionales o locales, en aspectos tales como su integración, registro, participación política, representación, acceso a la información pública, así como la fiscalización y el régimen de sanciones por incumplimiento a las disposiciones en materia electoral.

Incluso en la discusión de la citada reforma constitucional, los aspectos antes mencionados se consideraban como asuntos internos de los partidos políticos, por lo que no era posible realizar una fiscalización efectiva, aun cuando disponen de presupuesto público.

Adicionalmente, los mecanismos para definir a los candidatos a cargos de elección popular eran cuestionados tanto al interior del partido como al exterior, con el argumento, por ejemplo, de la permanencia de las mismas estructuras en órganos de gobierno, circunstancia que obstruye la generación de nuevos cuadros políticos y de representación.

Ante este escenario, resulta de vital importancia limitar el espacio discrecional de los partidos políticos, trasladando a la esfera de lo público aquellos aspectos que garanticen por un lado, el acceso efectivo de los ciudadanos al poder público, por medio del establecimiento de derechos mínimos y obligaciones a cargo de los militantes; así como un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.

Además, se deben establecer condiciones de permanencia y en su caso, de cancelación del registro de partidos políticos, pues también es cuestionable la existencia de partidos políticos sin la suficiente legitimación social, al observarse desde una matriz de costo-beneficio para el país. En congruencia con esto, no es tema menor el establecimiento de mecanismos de participación política, como las coaliciones y fusiones políticas, como paradigmas de fortalecimiento electoral de los partidos políticos.

Descripción de la Iniciativa. La presente iniciativa se integra por 6 libros, los cuales se distribuyen en 19 títulos, 11 capítulos, para un total de 87 artículos, cuyas disposiciones se describen a continuación: Disposiciones generales. En este libro se establece el objeto de esta ley, consistente en regular los derechos de los ciudadanos a formar partidos políticos y participar activamente en ellos; los requisitos para su constitución, registro y organización; las formas de participación política, así como el régimen de fiscalización y de sanciones.

De igual forma, se establecen las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, a saber, el Instituto Nacional Electoral, como autoridad administrativa, así como el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como autoridad jurisdiccional. Por otra, se incluyen los criterios de interpretación de la ley, así como la supletoriedad de lo no previsto en esta ley con el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La presente iniciativa reconoce la necesidad de dejar en claro que la interpretación sobre la resolución de conflictos al interior de los partidos políticos, deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de los institutos políticos como organización de ciudadanos, así como la libertad de decisión política, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que libremente se afiliaron a cada uno.

  • De los derechos de afiliación y asociación en los Partidos Políticos.
  • En este segundo Libro se reconocen los derechos de los ciudadanos para afiliarse y asociarse en partidos políticos, reconociendo que la libertad de asociación es un derecho humano reconocido en la Constitución Política y que corresponde al gobierno garantizar su ejercicio.

De esta manera, el presente proyecto contempla un catálogo de derechos político-electorales, entre los que se reconoce la igualdad de votar y ser votado, en las mismas condiciones y sin distinciones de género. Asimismo, se contemplan lineamientos para la afiliación a un partido político, destacándose la prohibición de una persona a afiliarse a dos o más partidos de manera simultánea.

Para efectos de lo anterior, se faculta al Instituto Nacional Electoral para publicar los padrones de afiliación de los partidos políticos y realizar las verificaciones correspondientes. Además, dentro de los derechos de los afiliados, se establecen derechos mínimos que deberán contener los estatutos de los partidos políticos, entre ellos, participar directa o indirectamente en asambleas, consejos o equivalentes en los que se aprueben o modifiquen documentos básicos, se nombren a dirigentes y candidatos de elección popular, o cuando se establezcan mecanismos de participación electoral; postularse como candidatos a cargos de elección popular o de dirección dentro del partido; pedir información pública relacionada con cualquier asunto del partido, solicitar la revocación de sus dirigentes conforme a las disposiciones aplicables, así como refrendar o renunciar a su condición de afiliado.

Por otra parte, se establece que los estatutos contendrán obligaciones mínimas para los afiliados al partido, entre las que destacan respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; contribuir a las finanzas del partido. Además, se prevé que el afiliado sea responsable solidario cuando, por una conducta dolosa imputable a él, se genere la imposición de una sanción económica al partido político.

  • Partidos políticos.
  • En este libro se define la naturaleza jurídica de los partidos políticos, como de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Asimismo, se realiza la distinción y alcances de los partidos políticos nacionales y locales. Se establecen requisitos que deberán observarse para la constitución y registro de Partidos Políticos, a saber, presentar una declaración de principios, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades: así como contar con un mínimo de afiliados.

  1. En el caso de los partidos nacionales será de tres mil afiliados en cada una de por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados en cada uno de por lo menos doscientos distritos electorales uninominales.
  2. En total, el número de militantes no podrá ser inferior al 0.26 de los electores.

Por otro lado, los partidos políticos locales, para obtener su registro, requerirán contar con representación en al menos dos terceras partes de los distritos locales, el número total de afiliados a dicha institución política deberá de ser, al menos, del uno por ciento de los electores de la entidad de que se trate.

  • También se contempla un listado de derechos y obligaciones de los partidos políticos.
  • Entre los primeros, participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como recibir financiamiento, tanto público como privado, para el ejercicio de sus actividades.
  • Dentro de las obligaciones, los partidos contarán con padrones actualizados de afiliados, mismos que deberán entregar al Instituto Nacional Electoral; garantizarán las normas de equidad y género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular; sostendrán, por lo menos, un centro de formación política; además, se abstendrán, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que calumnie a las instituciones, a los partidos o a las personas.

Por otra parte, se establecen disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información. Dentro de estas medidas, se contempla que los partidos deberán contar con un apartado específico dentro de sus sitios electrónicos con información actualizada sobre su normatividad interna; versiones públicas de su padrón de afiliados, informes de ingresos y gastos tanto ordinarios como de precampaña y campaña; los índices de sus expedientes clasificados como reservados, entre otros aspectos.

  • Ahora bien se establece que serán Documentos Básicos de los partidos políticos los siguientes: a) Declaración de principios; b) Programa de acción, y c) Estatutos, respecto de los cuales se deberán satisfacer los requisitos previstos en este libro.
  • Los partidos deberán informar al Instituto las modificaciones realizadas a sus documentos básicos, las cuales surtirán efectos hasta que aquél declare la procedencia constitucional y legal de las mismas.

La iniciativa contempla estructuras mínimas para los partidos políticos. En este caso, se establece una Asamblea General; comités nacionales o estatales; un órgano nacional o estatal, según sea el caso, responsables de: a) la administración del patrimonio del partido, de b) educación y capacitación cívica; c) impartición de justicia; d) defensa de derechos de los afiliados; e) preparación y desarrollo de los procesos internos para la elección de dirigentes y representantes populares.

  • Por otra parte, se establece un catálogo de los asuntos internos de los partidos políticos, de conformidad con lo previsto por el artículo 41, base I de la Constitución Política, entendidos como el conjunto de actos y procedimientos relativos a la organización y funcionamiento del propio partido.
  • Asimismo, se establecen reglas que los partidos deberán observar para la realización de los procedimientos internos de selección de candidatos a cargos de elección popular, así como de dirección dentro del partido.

Dichos procedimientos deberán realizarse de forma democrática y en el manejo de recursos se deberán apegar a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Por otra parte, los partidos políticos deberán establecer procedimientos de justicia intrapartidaria, en los que se incluirán mecanismos alternativos de solución de controversias, a fin de privilegiar la conciliación entre las partes evitando la intromisión de las autoridades administrativas o jurisdiccionales correspondientes, siempre que no se vulneren los derechos humanos previstos en la Constitución.

A cargo de los procedimientos de justicia intrapartidaria, se constituirá un órgano nacional, cuyas determinaciones se tomarán de manera colegiada. De esta manera, se busca fortalecer el ámbito interno de los partidos y a su vez, reducir las cargas de trabajo de las autoridades electorales. Por último, con el objeto de armonizar la obligación de los institutos políticos de registrar hasta el cincuenta por ciento de candidaturas de mujeres, y ante la necesidad de focalizar recursos para la capacitación, promoción y formación de aspirantes y candidatas a cargos de elección popular, la presente iniciativa propone ampliar del dos al tres por ciento el de las actividades específicas del financiamiento público ordinario que deberá destinarse por cada partido político.

Acceso a Radio y TV. El proyecto retoma las prerrogativas conferidas a los partidos políticos para acceder de manera permanente de los medios de comunicación social, conforme a lo previsto por el artículo 41 constitucional. Asimismo, establece que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión Financiamiento y fiscalización.

Respecto al financiamiento de los partidos políticos, la iniciativa contempla que prevalecerá el público sobre otros tipos de financiamiento, los cuales pueden ser aportados por la militancia; por simpatizantes; por autofinanciamiento, así el derivado de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

A cargo de la fiscalización de los medios de financiamiento de los partidos políticos estará la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, a la cual se confieren diversas facultades para el cumplimiento de su objeto.

En esa tesitura, también se obliga a los partidos políticos a presentarle informes trimestrales del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento durante las campañas electorales, así como informes anuales de los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio que se informa, además de informes de gastos en campañas y precampañas.

Adicionalmente, los partidos deberán llevar su contabilidad mediante sistemas electrónicos, cuya instrumentación se regirá a partir de criterios y normas homogéneas que emita la Unidad de Fiscalización, órgano técnico perteneciente a aquella Comisión.

Para tal efecto, se propone establecer diversas atribuciones para que la Comisión de Fiscalización lleve a cabo sus funciones sin limitaciones operativas, incluso se propone que pueda acceder a los secretos bancario, fiduciario o fiscal, por medio de la Unidad de Fiscalización, así como requerir todo la información que estime necesaria para cumplir sus objetivos, ya sea a partidos políticos, agrupaciones políticas, e incluso a organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político.

Pérdida de Registro y Liquidación. Se establecen además, supuestos para la cancelación del registro como partido político, entre ellos, cuando no alcance el 3% de la votación emitida en un proceso electoral, ya sea federal o local; dejar de contar con el mínimo de afiliados, o incluso, por recibir recursos, directa o indirectamente de la delincuencia organizada o de personas sancionadas por delitos contra la salud.

  1. En todo caso, corresponderá a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitir la declaratoria de cancelación de registro, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
  2. A efecto de garantizar la representación política, se propone que aquellos partidos políticos nacionales que hubieren permitido su registro, pero que en alguna entidad federativa hayan obtenido al menos el tres por cierto de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, podrá optar por el registro como partido político local.

Frentes, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Fusiones. Este libro prevé la creación de la figura de «Frentes», la cual consiste en alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.

  • Además, se prevé la creación de coaliciones políticas de índole netamente electoral, a efecto de postular los mismos candidatos en las elecciones federales o locales.
  • En esa tesitura, y atendiendo a lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el pasado mes de febrero, se distingue entre coaliciones totales, parciales y flexibles.

Por coalición total se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma.

Por coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Este proyecto también contempla la creación de candidaturas comunes entendidas cuando dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, registren al mismo candidato o fórmula de candidatos.

Para tal efecto, se dictan reglas y plazos para su registro. De igual forma se prevé la figura de «Fusión», en el supuesto de que dos o más partidos deseen unirse para crear un nuevo partido político. Dichas fusiones sólo podrá realizarse entre partidos nacionales o locales.

  1. En ningún caso entre partidos políticos nacionales y locales.
  2. Agrupaciones Políticas.
  3. El proyecto contempla un apartado especial para las Agrupaciones Políticas, que son «asociaciones ciudadanas que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada», las cuales no se consideran partidos políticos.

Sin embargo, pueden se establece que aquellas agrupaciones pueden promover candidatos a cargos de elección popular mediante acuerdos de celebración con partidos políticos o coaliciones. Al igual que los partidos políticos, dichas agrupaciones deberán cumplir con requisitos para su constitución y registro ante el Instituto Nacional Electoral, por lo que también les resultan aplicables las disposiciones en materia de pérdida del registro.

  • Régimen de sanciones.
  • Finalmente, el sexto y último libro del proyecto contempla un régimen de sanciones para los partidos políticos y las agrupaciones políticas por incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento.
  • Para tal efecto, el presente libro contiene un catálogo de las infracciones en que pueden incurrir dichos actores.

Es importante precisar que el proyecto que proponemos al Pleno de esta Honorable Asamblea cumple con las bases previstas en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional antes mencionado, en el cual además establecimos que se expediría antes del 30 de abril de 2014.

  1. Por tal circunstancia, estimamos que la discusión y aprobación de este proyecto debe ser prioritario.
  2. Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Artículo Único.

Se expide la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: Ley General de Partidos Políticos LIBRO PRIMERO Disposiciones generales Artículo 1 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Artículo 2 1. La presente Ley tiene por objeto regular: a) Los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, relacionados con los derechos de asociación y de reunión para tomar parte en los asuntos políticos del país, y de libre afiliación a partidos políticos; b) Las bases para la constitución de partidos políticos nacionales y locales; c) Las normas y requisitos para el registro legal, organización y vida interna, obligaciones y derechos de los partidos políticos, para el cumplimiento de sus fines, establecidos en la Base I del artículo 41 de la Constitución; d) Los requisititos para la formación de frentes, coaliciones, fusiones y candidaturas comunes entre los partidos políticos; e) Los derechos y obligaciones de los afiliados; f) El régimen normativo aplicable en caso de pérdida de registro y liquidación de los partidos políticos; y g) El régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas.

Artículo 3 1. La aplicación de las normas de esta Ley corresponde al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y demás autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia.2. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución, a falta de disposición expresa se aplicarán los principios generales del derecho.3.

La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de los partidos políticos como organización de ciudadanos, así como la libertad de decisión política, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que libremente se afiliaron a un partido político.4.

En todo lo no previsto por esta Ley se estará a lo previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículo 4 1. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: a) Afiliado o militante: El ciudadano que, en pleno goce y ejercicio de sus derechos político electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente a un partido político en los términos que para esos efectos disponga el partido en su normatividad interna; b) Asociaciones políticas: la referencia genérica a partidos políticos, agrupaciones políticas y organizaciones de ciudadanos; c) Ley Electoral: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; d) Consejo: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral; e) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; f) Instituto: El Instituto Nacional Electoral; g) Ley: Ley General de Partidos Políticos; h) Organizaciones de ciudadanos: Las que pretenden obtener el registro legal como partido ante el Instituto; i) Organismos Públicos Locales: Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones locales de cada entidad federativa; j) Simpatizante: Los ciudadanos que, sin estar afiliados, son reconocidos con tal calidad en la normatividad interna de los partidos; y k) Tribunal: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

LIBRO SEGUNDO De los derechos de afiliación y asociación en los Partidos Políticos TÍTULO PRIMERO De los derechos de los ciudadanos Artículo 5 1. El derecho ciudadano a la asociación política tiene por objeto propiciar el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.2.

Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes: a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; b) Formar e integrar una clase especial de asociación política, que recibe el nombre de partidos políticos; c) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; y d) Votar y ser votado, en igualdad de oportunidades y en condiciones de equidad entre hombres y mujeres, para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político.3.

El derecho ciudadano a ser votado, en su vertiente de obtener la postulación a un cargo de elección popular, comprende la participación del ciudadano en un proceso interno de un partido político, mas no el derecho a contender simultáneamente en diferentes partidos, salvo en el caso de las coaliciones a que se refiere esta ley.

TÍTULO SEGUNDO De afiliación a los partidos políticos Artículo 6 1. El derecho de afiliación faculta a su titular para registrarse a un determinado partido político, con la prerrogativa de pertenecer a éste, con todos los derechos inherentes a tal pertenencia, así como a conservar o ratificar su afiliación y, en su caso, renunciar a ésta.

La afiliación a un partido político y la permanencia en él, son decisiones ciudadanas de carácter libre, voluntaria y personal. Nadie puede ser obligado a registrarse o permanecer en un partido político.2. Los partidos políticos establecerán en su normatividad los requisitos y procedimientos para la afiliación de los ciudadanos.

Es derecho de cada partido político aceptar o no como afiliado a su organización a aquellos ciudadanos que así lo soliciten, de conformidad con sus principios, ideología y normas estatutarias y, en su caso, podrán establecer periodos de vigencia a la afiliación, así como el derecho de los afiliados a refrendarla y mantenerla, cuando su conducta partidista haya sido apegada los principios, ideología y normas estatutarias del partido político de que se trate.3.

  • En ningún caso se permitirá la doble afiliación de miembros a las asociaciones políticas.
  • Los ciudadanos se encontrarán impedidos a ser miembros simultáneamente de dos o más asociaciones políticas.
  • La afiliación a una asociación política implicará la renuncia automática a cualquier afiliación anterior.4.

A efecto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo anterior, la autoridad electoral administrativa dará publicidad a los padrones de afiliados a las asociaciones políticas e implementará mecanismos de verificación. TÍTULO TERCERO De los derechos y obligaciones de los afiliados Artículo 7 1.

Los estatutos de los partidos políticos establecerán los derechos de sus afiliados y deberán contener, al menos, los siguientes: a) Participar personalmente o por medio de delegados en asambleas, consejos, convenciones o equivalentes, en las que se adopten decisiones relacionadas con la aprobación de los documentos básicos del partido político y sus modificaciones, la elección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, la fusión, coalición, formación de frentes y disolución del partido político; b) Postularse dentro de los procesos internos de selección de candidatos cargos de representación popular, cumpliendo con las calidades que establezcan la ley y los estatutos de cada partido político; c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; d) Pedir y recibir información pública sobre cualquier asunto del partido político, independientemente de que tengan o no interés jurídico directo en el asunto respecto del cual solicitan la información; e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren obligados a presentar durante su gestión; f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; g) Solicitar la revocación de dirigentes del partido, por las causas y en los términos que dispongan los estatutos de cada partido político; h) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos y electorales; i) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como afiliado cuando sean violentados al interior del partido político; j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de afiliado; y k) En general, ejercer todos los derechos que reconoce la Constitución, sin que por ello puedan ser objeto de sanciones partidistas.

Artículo 8 1. Los partidos políticos establecerán principios democráticos que den satisfacción al derecho político-electoral fundamental de asociación y los demás derechos de los afiliados en su organización, estructura, documentos básicos y procedimientos internos.2.

Los órganos directivos de los partidos y sus autoridades procurarán, en sus decisiones, ya sea en el control oficioso o en el de vía de acción, la armonización entre el derecho político-electoral fundamental de asociación y los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos como agrupaciones ciudadanas y entidades colectivas de interés público, los cuales prevalecerán en los casos relacionados con los asuntos internos a que se refiere esta Ley y siempre que cumplan con las condiciones de necesidad, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Artículo 9 1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de sus afiliados y deberán contener, al menos, las siguientes: a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción; c) Contribuir a las finanzas del partido político en los términos previstos por las normas internas y cumplir con el pago de cuotas que el partido determine, dentro de los límites que establezca la Ley Electoral; d) Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas partidarias; e) Cumplir con las resoluciones internas que hayan sido dictadas por los órganos facultados para ello y con base en las normas partidarias; f) Participar en las asambleas, convenciones y demás reuniones a las que le corresponda asistir; g) Formarse y capacitarse a través de los programas de formación del partido político; y h) Ser obligados solidarios del partido al que pertenezcan, ya sea en su carácter de afiliados, precandidatos, candidatos o dirigentes, cuando por una conducta dolosa imputable a ellos generen la imposición de una sanción económica al partido político por las autoridades competentes.

  • En estos casos, el Instituto estará obligado a individualizar la sanción para cada uno de ellos, en términos de la Ley Electoral.
  • LIBRO TERCERO De los partidos políticos Título Primero Naturaleza Jurídica Artículo 10 1.
  • Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios.2.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, así como de las de las entidades federativas y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática entre los menores de 18 años.3. Los partidos políticos buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos.4. Los partidos políticos, para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en la presente norma y en la Ley Electoral, así como en las normatividad aplicable de cada entidad federativa.

Artículo 11 1. La denominación de «partido político nacional» se reserva, para todos los efectos de esta Ley, a los que obtengan y conserven su registro a nivel nacional, por lo que podrán postular candidatos en las elecciones federales y locales. La denominación de «partido político local» se reserva, para todos los efectos de esta Ley, a los que obtengan y conserven su registro en la entidad federativa que corresponda, por lo que podrán postular candidatos exclusivamente en las elecciones locales que se celebren en la entidad donde tengan su registro.

Artículo 12 1. Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente norma, la Ley Electoral, y las que establezcan sus estatutos. Título Segundo Constitución y Registro de Partidos Políticos Capítulo primero De la Constitución y Registro de los partidos políticos Artículo 13 1.

Las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido para participar en los procesos electorales federales y locales deberán obtener su registro ante el Instituto.2. Quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa a ellos.3.

Para que una organización de ciudadanos pueda ser registrada como partido, deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Presentar una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normarán sus actividades; tales documentos básicos deberán satisfacer los requisitos mínimos establecidos en el Título Sexto del Libro Segundo de la presente norma; b) Contar con un mínimo de afiliados según sea el caso: I.

Para el caso de partidos políticos nacionales deberán contar con tres mil afiliados en cada una de por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos afiliados, en cada uno de por lo menos doscientos distritos electorales uninominales; los afiliados deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso, y bajo ninguna circunstancia, el número total de afiliados en el país podrá ser inferior al 0.26 por ciento del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

II. Para el caso de partidos políticos locales deberán contar con representación en al menos dos terceras partes de los distritos locales; los afiliados deberán contar con credencial para votar con fotografía correspondiente a dicha entidad o distrito, según sea el caso, y bajo ninguna circunstancia, el número total de afiliados en cada entidad federativa podrá ser inferior al uno por ciento del padrón electoral que haya sido utilizado en la elección local ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud de que se trate.

Artículo 14

Para constituir un partido, la organización interesada notificará ese propósito al Instituto en el mes de enero del año siguiente al de la elección presidencial, de gobernador o Jefe de Gobierno según se trate. A partir de la notificación, la organización interesada deberá informar mensualmente al propio Instituto del origen y destino de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus actividades para la obtención del registro legal y realizará los siguientes actos previos tendentes a demostrar que se cumple con los requisitos señalados en esta Ley. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional: a) Celebrar, por lo menos en veinte entidades federativas, o en doscientos distritos electorales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará:

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I. El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a tres mil o trescientos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea nacional constitutiva; II.

Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar; y III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

b) Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará: I. Que asistieron los delegados propietarios o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales; II. Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; III.

  • Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea nacional, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; IV.
  • Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programa de acción y estatutos; y V.
  • Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en el país, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley.

Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.3. Para el caso de las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local: a) Celebrar, por lo menos en dos terceras partes de los distritos electorales locales, una asamblea en presencia de un funcionario del Instituto, quien certificará: I.

El número de afiliados que concurrieron y participaron en la asamblea distrital, que en ningún caso podrá ser menor al uno por ciento, de conformidad con lo dispuesto por esta norma; que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación; que asistieron libremente; que conocieron y aprobaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos; y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes a la asamblea estatal constitutiva; II.

Que con los ciudadanos mencionados en la fracción anterior, quedaron formadas las listas de afiliados, con el nombre, los apellidos, domicilio, clave y folio de la credencial para votar; y III. Que en la realización de la asamblea de que se trate no existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político.

B) Celebrar una asamblea estatal constitutiva ante designado por el Instituto, quien certificará: la presencia del funcionario designado por el Instituto, quien certificará: I. Que asistieron los delegados propietarios asambleas distritales; o suplentes, elegidos en las asambleas estatales o distritales II.

Que acreditaron, por medio de las actas correspondientes, que las asambleas se celebraron de conformidad con lo prescrito en el inciso a) de este artículo; III. Que se comprobó la identidad y residencia de los delegados a la asamblea estatal, por medio de su credencial para votar u otro documento fehaciente; IV.

Que los delegados aprobaron la declaración de principios, programas de acción y estatutos; y V. Que se presentaron las listas de afiliados con los demás ciudadanos con que cuenta la organización en la entidad federativa, con el objeto de satisfacer el requisito del porcentaje mínimo exigido por esta Ley.

Estas listas contendrán los datos requeridos en la fracción II del inciso anterior.4. El costo de las certificaciones requeridas será con cargo al presupuesto del Instituto. Los funcionarios autorizados para expedirlas están obligados a realizar las actuaciones correspondientes.5.

  • En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el plazo previsto en esta Ley, dejará de tener efecto la notificación formulada.
  • Artículo 15 1.
  • Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada, en el mes de enero del año anterior al de la elección, presentará ante el Instituto la solicitud de registro, acompañándola con los siguientes documentos: a) La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por sus afiliados, en los términos del artículo anterior; b) Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales, federales o locales según sea el caso, a que se refieren las fracciones II del inciso a) y V del inciso b) del artículo anterior.

Esta información deberá presentarse en archivos en medio digital; y c) Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos electorales y la de su asamblea nacional o estatal constitutiva, según sea el caso. Artículo 16 1.

El Consejo, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su registro como partido, integrará una comisión de tres consejeros electorales para examinar los documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en esta Ley.

La comisión formulará el proyecto de dictamen correspondiente.2. El Consejo, por conducto de la comisión a que se refiere el párrafo anterior, verificará la autenticidad de las afiliaciones al partido en formación, ya sea en su totalidad o a través del empleo de un método aleatorio, conforme al cual se verifique que cuando menos cumplen con el mínimo de afiliados requerido inscritos en el padrón electoral federal o local según se trate; actualizado a la fecha de la solicitud de que se trate, cerciorándose de que dichas afiliaciones cuenten con un año de antigüedad, como máximo, dentro del partido en formación.3.

Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, la comisión antes referida deberá verificar que no exista doble afiliación a partidos ya registrados o en formación. En caso de doble afiliación, se procederá a notificarlo a los partidos involucrados y a la organización solicitante para que, en un plazo de cinco días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Agotado el plazo, se procederá como sigue: a) Tratándose de múltiple afiliación a organizaciones solicitantes de registro, todas se tendrán por inválidas; y b) Tratándose de ciudadanos previamente afiliados a un partido, será válida, salvo prueba en contrario, únicamente la afiliación más reciente.

Artículo 17 1. El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de ciento veinte días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, resolverá lo conducente.2. Cuando proceda, el Consejo expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro.

En caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida ante el Tribunal.3. El registro de los partidos políticos surtirá efectos constitutivos a partir del primer día del mes anterior al inicio del proceso electoral federal o local ordinario.4.

Previo a los procesos electorales ordinarios, el Instituto verificará el padrón de afiliados de los partidos políticos para la conservación de su registro, conforme a lo siguiente: a) En septiembre del año de la elección federal ordinaria, en el caso de los partidos políticos nacionales, o de la elección local ordinaria, en el caso de partidos locales, el Instituto hará del conocimiento de los partidos políticos el número de ciudadanos equivalente a los mínimos requeridos en la fracción b), del párrafo 3, del artículo 13 de esta norma para la constitución y registro de partidos; b) El Instituto desarrollará un sistema de cómputo en el cual los partidos políticos nacionales o locales de la entidad federativa que corresponda ingresarán la información de sus afiliados, la cual deberá contener, al menos, los datos previstos por la fracción II, del párrafo 2, del artículo 14 de esta Ley.

Dicho sistema deberá de estar disponible a más tardar en el mes de febrero siguiente; c) Los partidos políticos deberán notificar al Instituto sobre la conclusión de la actualización de su padrón de afiliados a más tardar en el mes de febrero del año anterior a la elección federal o local ordinaria, según sea el caso; d) A partir de dicha notificación, el Instituto verificará que no exista duplicidad de afiliaciones tanto al interior de los padrones de cada uno de los partidos como entre ellos y que los afiliados se encuentran inscritos en el Padrón Electoral; e) A más tardar, el 30 de agosto del año previo a la elección federal o local ordinaria de que se trate, el Instituto emitirá un dictamen para determinar si un partido político cuenta con el número mínimo de afiliados dispuesto en las fracciones I y II, del inciso b), del párrafo 3, del artículo 13 de esta Ley.

  • F) En caso de que un partido no cuente con el mínimo de afiliados, se procederá conforme a lo dispuesto en el Título Decimotercero del Libro Tercero de esta Ley.
  • Título Tercero Derechos de los partidos políticos Artículo 18 1.
  • Son derechos de los partidos políticos: a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución, la Ley Electoral, y las legislaciones estatales en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; b) Gozar de las garantías que esta norma, la Ley Electoral y las legislaciones estatales les otorga para realizar libremente sus actividades; c) Acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos de la Base II del artículo 41 de la Constitución y esta norma y las legislaciones locales para el caso de los partidos políticos nacionales y en términos de las legislaciones locales, para el caso de los partidos locales.

Las legislaciones locales en ningún caso establecerán limitaciones al financiamiento de los partidos políticos nacionales; d) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos a cargos de elección popular, en los términos de esta norma, la Ley Electoral, las legislaciones estatales y sus estatutos; e) Organizar procesos internos para seleccionar a sus dirigentes o, en su caso, solicitar su organización integral al Instituto, en los términos de esta Ley, la Constitución, la Ley Electoral y sus estatutos ; f) Formar coaliciones totales, parciales o flexibles, tanto para las elecciones federales como locales, las que en todo caso deberán ser aprobadas por el órgano de dirección nacional que establezca el Estatuto de cada uno de los partidos coaligados.

Asimismo, formar frentes con fines no electorales o fusionarse con otros partidos en los términos de esta Ley; g) Participar en las elecciones federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, según el carácter con el que cuenten; h) Nombrar representantes ante los órganos del Instituto, en los términos de la Constitución y la Ley Electoral; i) Ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines; j) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno; k) Suscribir acuerdos de participación con agrupaciones políticas; l) Recibir financiamiento privado en los términos que establezca la Constitución y las leyes electorales; y m) Los demás que les otorgue esta norma, la Ley Electoral y las legislaciones estatales.

Título Cuarto: Obligaciones de los Partidos Artículo 19

Son obligaciones de los partidos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; b) Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; c) Mantener el mínimo de afiliados establecido en esta Ley.

Para tal efecto, cada partido deberá entregar al Instituto su padrón de afiliados nacional o estatal, según sea el caso, actualizado, conforme a los lineamientos y plazos que al efecto apruebe el Consejo; d) Ostentarse con la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos nacionales o locales ya existentes; e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos; f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; g) Contar con domicilio social para sus órganos directivos; h) Editar, en forma impresa o electrónica, por lo menos una publicación trimestral de divulgación, y otra semestral de carácter teórico; i) Sostener, por lo menos, un centro de formación política; j) Publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate; k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por la Ley Electoral así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; l) Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido.

Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente; m) Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio social; n) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas en esta Ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de precampaña y campaña, así como para cumplir las demás obligaciones que establecen la presente normal y la Ley Electoral; p) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas.

  • Las quejas por violaciones a este precepto serán presentadas ante la secretaría ejecutiva del Instituto, la que instruirá un procedimiento expedito de investigación en los términos establecidos en el Libro Sexto de la Ley Electoral.
  • En todo caso, al resolver sobre la denuncia se observará lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 6o.

de la Constitución; q) Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; r) Abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; s) Garantizar las normas de equidad y géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular.

Cada partido político deberá determinar y hacer públicos los métodos que vaya a utilizar para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Dichos métodos, se deberán determinar a partir de criterios objetivos y deberán garantizar condiciones de igualdad entre géneros.

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior; t) Cumplir con las obligaciones que esta Ley establece en materia de transparencia y acceso a su información, protección de datos personales, clasificación y conservación de documentos, así como organización de archivos; y u) Las demás que establezcan esta norma y la Ley Electoral.

  1. Título Quinto: Régimen de Transparencia Artículo 20 1.
  2. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las reglas previstas en la Constitución, esta Ley y demás normatividad aplicable en materia de transparencia e información gubernamental tanto a nivel federal como local.2.

Los partidos políticos, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el acceso de toda persona a la información en su posesión. a) En el caso de los partidos políticos nacionales: I. La dirigencia nacional será responsable respecto de la información pública que sea competencia de los órganos nacionales; y II.

  1. La dirigencia estatal será responsable de la información pública que sea competencia a nivel estatal y municipal.
  2. B) En el caso de los partidos políticos locales: I.
  3. La dirigencia estatal será competente respecto de la información pública de sus órganos locales incluidos los municipales o delegacionales.3.

Los partidos políticos deberán mantener actualizada la información pública establecida en este capítulo, y la demás que esta Ley considere de la misma naturaleza.4. Los partidos políticos están obligados a publicar en su página electrónica, por lo menos, la información especificada en el presente capítulo.

Artículo 21 1. Las dirigencias de cada partido político nacional designarán a una unidad de enlace a nivel nacional y unidades de enlace en las entidades federativas. En el caso de partidos políticos locales será necesaria una sola unidad en la entidad en la que tengan registro, que tendrán las funciones siguientes: a) Garantizar que los partidos políticos hagan prevalecer el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b) Recabar y difundir la información que no sea considerada reservada o confidencial en términos de lo dispuesto por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública, además de propiciar que se actualice periódicamente; c) Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas ante la unidad de enlace de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y la normatividad interna de cada partido; d) Realizar los trámites internos al seno del partido político, necesarios para entregar la información solicitada, además de efectuar las notificaciones a los particulares; e) Proponer a su respectiva dirigencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; f) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos; g) Realizar los informes circunstanciados de los recursos de revisión que se presenten; h) Clasificar y conservar documentos, así como organizar sus archivos; i) Revisar y actualizar, periódicamente, la información contenida en sus portales de Internet; j) Recibir semestralmente de las áreas partidarias el Índice de Expedientes Reservados para someterlo a la aprobación del comité de información; y k) Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el partido y los particulares.2.

En cada partido político nacional se integrará un comité de información a nivel nacional y comités de información en las entidades federativas de conformidad con lo dispuesto en la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública. En el caso de partidos políticos locales será necesario un solo comité en la entidad en la que tengan registro, mismos que adoptarán sus decisiones por mayoría de votos y tendrán las funciones siguientes: a) Coordinar y supervisar las acciones del partido político tendientes a proporcionar la información prevista en esta Ley y la ley de la materia; b) Instituir los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; c) Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los órganos del partido político; d) Realizar, a través de la unidad de enlace de su competencia, las gestiones necesarias para localizar los documentos en los que conste la información solicitada; e) Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos para el partido político, en materia de clasificación y conservación de documentos, así como la organización de archivos, de conformidad con los lineamientos expedidos por las autoridades en la materia; f) Elaborar, en términos de la legislación en la materia, un programa para facilitar la obtención de información del partido político, que deberá ser actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la organización de los archivos; g) Aprobar semestralmente los índices de Expedientes Reservados que se sometan a su consideración; y h) Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre el partido y los particulares.

  1. Artículo 22 1.
  2. La información que los partidos políticos generen, administren o posean, que sea considerada pública conforme a esta Ley y demás normatividad en la materia, estará a disposición de toda persona.2.
  3. Es información pública que los partidos políticos deben mantener y actualizar en su página electrónica, la siguiente: a) Sus documentos básicos; b) Las facultades de sus órganos de dirección; c) Los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, aprobados por sus órganos de dirección, que regulen su vida interna, las obligaciones y derechos de sus afiliados, la elección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular; d) El directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales, según corresponda a su carácter de partido político nacional o local; e) El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos a que se refiere el inciso anterior, y de los demás funcionarios partidistas; f) La versión pública del padrón de afiliados, en los términos de la ley en materia de protección de datos personales; g) Al menos, las plataformas electorales y programas de gobierno que registren ante el Instituto, para el proceso electoral más reciente; h) Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas; i) Al menos, las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular, para el proceso respectivo más reciente; j) Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, según el carácter con el que cuenten, durante los últimos cinco años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones; k) Los informes, anuales o parciales, de ingresos y gastos, tanto ordinarios como de precampaña y campaña, así como la documentación y su contenido, mismos que sirven de insumo para su integración; el estado de situación patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores; la relación de donantes y los montos aportados por cada uno, ya sea en posesión del Instituto o de los partidos políticos.

Todo lo anterior, una vez que los procedimientos de fiscalización establecidos por la Ley Electoral hayan causado estado. Los partidos podrán hacer pública la información a que se refiere este inciso antes de que concluyan los procedimientos referidos de manera voluntaria, sin que ello tenga efectos en los mismos; l) Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado; m) Los nombres de sus representantes ante los órganos del Instituto; n) El listado de las fundaciones, centros o institutos de investigación o capacitación, o cualquier otro que reciba apoyo económico permanente del partido político; o) El dictamen y resolución que el Instituto haya aprobado respecto de los informes a que se refiere el inciso j) de este párrafo; p) Los índices de sus expedientes clasificados como reservados; y q) Las demás que señale esta Ley, la Ley Electoral y demás leyes aplicables.

Artículo 23 1. Será reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos; la correspondiente a sus estrategias políticas y de campañas electorales; la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

También se considerará reservada la información relativa a los procesos, procedimientos y juicios en curso, de cualquier naturaleza, en que los partidos políticos sean parte, hasta que se encuentren en estado de cosa juzgada.2. Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales de los afiliados, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en las versiones públicas del padrón de afiliados, los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado.

  1. Título Sexto Documentos y Órganos Básicos de los Partidos Políticos Capítulo Primero De los Documentos Básicos Artículo 24 1.
  2. Todo partido deberá contar con los documentos básicos siguientes: a) Declaración de principios; b) Programa de acción; y c) Estatutos.2.
  3. Cada partido determinará los reglamentos internos y acuerdos de carácter general necesarios para el cumplimiento de sus documentos básicos.3.

Las modificaciones a los documentos a que se refieren los párrafos anteriores, deberán ser notificadas al Instituto, en los plazos establecidos en la presente Ley. Artículo 25 1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen; b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule; c) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar, o en su caso rechazar, toda clase de apoyo económico, político o propagandístico, proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que la Ley Electoral prohíbe financiar a los partidos; d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática, y e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres cumpliendo, al menos, con las proporciones de participación en sus candidaturas, por ambos principios, para diputados y senadores, que para cada género establece la Constitución y la Ley Electoral.

Artículo 26 1. El programa de acción determinará las medidas para: a) Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios; b) Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales o de la entidad en la que obtuvieron su registro; c) Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales; e) Incluir la capacitación política de las mujeres y la juventud; f) Fomentar la participación política y electoral de los grupos minoritarios de la ciudadanía; y g) Inculcar entre sus afiliados el respeto a los derechos humanos y la superación de toda forma de discriminación.

Artículo 27 1. Los estatutos establecerán: a) La denominación del partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de los ciudadanos y procedimientos para que los afiliados manifiesten su personal decisión de dejar de serlo y, al menos, los derechos y obligaciones señalados por esta Ley.

Los derechos deberán ser precisados por las normas internas, procedimientos y plazos para hacerlos cumplir, así como las instancias partidistas responsables de auxiliar a los afiliados en su defensa; c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos y postulación de candidatos, de conformidad a lo establecido en la presente Ley, y que garanticen los principios de imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad, transparencia y certidumbre; d) Las funciones, facultades y obligaciones de los órganos directivos deliberativos, ejecutivos y autónomos; e) La obligación de presentar una plataforma electoral en cada proceso electoral en que participe; f) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; g) Los medios y procedimientos de justicia interna, que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias internas; h) Las facultades de acusación y de juzgamiento, relacionadas con el incumplimiento de las normas estatutarias, de modo que se identifique concretamente a quien corresponde el derecho de presentar una denuncia o acusación y que órgano resolverá; i) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones internas.

La normatividad interna, garantizará la gradualidad de las mismas de acuerdo a la gravedad de la falta, el carácter intencional o no de la acción u omisión y, en su caso, la reincidencia; j) El derecho de los afiliados a expresar libremente sus opiniones y propuestas, y formar corrientes de opinión a fin de influir en la vida interna del partido y en sus propuestas a la sociedad; y k) El derecho de las mujeres y los jóvenes a participar en los órganos colegiados de dirección partidista.

  1. Artículo 28 1.
  2. Los partidos deberán comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido.
  3. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas y éstas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente.2. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.3.

  • Los estatutos de un partido podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo para la declaratoria respectiva.
  • Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya recibido.

Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, tales documentos quedarán firmes.4. En su caso, una vez que el Tribunal resuelva Las impugnaciones que se interpongan en contra de la declaratoria del Consejo, los documentos básicos únicamente podrán impugnarse por la legalidad de los actos de su aplicación.5.

  • Las modificaciones a los documentos básicos en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral.6.
  • Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación.
  • El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.

Capítulo Segundo Estructura Mínima de los Partidos Artículo 29 1. Los partidos deberán contar, al menos, con los siguientes órganos: a) Una asamblea general o equivalente, que será la máxima autoridad de la asociación política; b) Un comité general o equivalente, que sea el representante de la asociación política, con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias de la asociación; c) Comités o equivalentes en las entidades federativas o municipios, según corresponda; d) Un órgano nacional o estatal, según sea partido nacional o local, responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros en todo el país y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales, de precampaña y campaña, a que se refiere la Ley Electoral; e) Un órgano nacional o estatal, según sea partido nacional o local responsable de la educación y capacitación cívica de afiliados y dirigentes; f) Un órgano nacional o estatal, según sea partido nacional o local autónomo, de decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia interna; g) Un órgano nacional o estatal, según sea partido nacional o local responsable de la defensa de los derechos de los afiliados; y h) Un órgano nacional autónomo, o estatal, según sea partido nacional o local de decisión colegiada, democráticamente integrado, responsable de la preparación y desarrollo de los procesos internos para la elección de dirigentes y selección de candidatos a cargos de elección popular.2.

Las normas internas de cada partido establecerán la denominación específica y facultades de cada uno de los órganos anteriormente mencionados. Según su función, los mismos podrán ser deliberativos, ejecutivos operativos o autónomos. a) Un órgano será deliberativo cuando en él se reúna la voluntad de todos los afiliados, de forma directa o indirecta; b) Un órgano será ejecutivo cuando ostente la representación y dirección permanente del partido, a nivel nacional, estatal o municipal; c) Un órgano será autónomo cuando sus atribuciones previstas por los estatutos se lleven a cabo con autonomía técnica y de gestión; d) Un órgano será operativo cuando la normatividad interna de cada partido le asigne funciones específicas encaminadas al desempeño regular de sus actividades y se encuentre subordinado a alguno de los órganos descritos en los incisos anteriores; 3.

Ningún titular de órgano de dirección ejecutivo podrá durar en su encargo más de seis años.4. Para la elección de los órganos dirigentes partidistas, se estará a lo siguiente: a) Los estatutos deberán establecer las normas y procedimientos para la elección de las dirigencias, así como las reglas para cubrir las ausencias temporales o definitivas de sus integrantes; b) Los integrantes de los órganos deliberativos, ejecutivos y autónomos serán electos a través de un proceso de participación directa o indirecta de todos los afiliados, en términos de los que establezca la normatividad interna de cada partido; c) Entre los requisitos para ocupar cargos de dirección se podrán incluir el contar con experiencia partidaria, haber ocupado cargos de elección popular o requisitos relativos a su identificación con los programas, principios e ideas del partido, a condición de que sean razonables, proporcionales y que tengan una justificación objetiva; d) Los servidores públicos con mando superior, que en el ejercicio de sus funciones tengan a su disposición el manejo de recursos públicos, no podrán ocupar cargos en órganos de dirección ejecutivos, ni competir en los procesos de selección de dirigentes, a menos que se separen de dichos cargos con anticipación a la presentación de su solicitud de registro como candidatos; y e) En la integración de todos los órganos deliberativos y ejecutivos no deberá excederse el 60 por ciento del mismo sexo, procurando llegar a la paridad, sin perjuicio de las acciones afirmativas que cada partido político adopte.

  • Artículo 30 1.
  • En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos.2.

En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido reponga la elección o designación de sus dirigentes.3. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Título Séptimo Asuntos Internos Artículo 31 1. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero de la Base I del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la propia Constitución, en esta Ley, así como en los estatutos y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.2.

Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que establecen la Constitución, esta Ley y las demás leyes aplicables. En sus resoluciones, deberán garantizar, sin excepción, el respeto a los principios de libertad de decisión política y del derecho a la auto organización de los partidos políticos.

Artículo 32 1. Son asuntos internos de los partidos políticos: a) La aprobación de las normas estatutarias y reglamentarias para la afiliación de los ciudadanos, sin que puedan restringir los derechos humanos reconocidos por la Constitución; b) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, respetando en todo caso, las normas constitucionales y de la legislación aplicable; c) La aplicación de las normas y procedimientos relativos a la elección de los integrantes de sus órganos de dirección, conforme a lo establecido en la presente Ley; d) Los procesos deliberativos y las resoluciones que sus órganos dirigentes adopten respecto de convenios de coalición electoral con otros partidos; e) La aplicación de las normas, procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, conforme a lo establecido en la presente norma y la Ley Electoral, y f) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales, y en general, para la toma de decisiones por sus órganos de dirección y de los organismos que agrupen a sus afiliados.

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Título Octavo De sus procedimientos internos Artículo 33 1. En los procedimientos internos de selección de dirigentes y candidatos a cargos de elección popular, deberá observarse lo siguiente: a) Estar a cargo del órgano responsable de la preparación y desarrollo de los procesos internos para la elección de dirigentes y selección de candidatos a cargos de elección popular; b) Mediar convocatoria, la cual deberá contener, por lo menos: I.

Cargos o candidaturas a elegir; II. Los requisitos a cumplir por los candidatos al cargo partidista o puesto de elección popular; III. Fechas de registro de candidaturas o precandidaturas; IV. Establecer un periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la documentación de registro; V. Método de selección de candidatos a dirigentes o precandidatos a cargos de elección popular; VI.

Fecha y el lugar de la elección; VII. Las reglas de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular ; VIII. Topes de gastos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los términos que establezca el Instituto; y IX.

Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña para la elección de dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular; c) Los requisitos de elegibilidad que incluyan los partidos deberán ser racionales, proporcionales y tengan una justificación objetiva; d) Disponer de normas, criterios y mecanismos internos de selección de candidatos y dirigentes, siempre que éstos garanticen imparcialidad, honestidad, equidad, objetividad, transparencia y certidumbre; e) Garantizar la igualdad en el derecho a elegir candidatos y dirigentes, así como la posibilidad de ser elegidos como tales mediante el voto de los afiliados, pudiendo ser directo o indirecto, pero siempre libre y secreto; y f) Brindar a los candidatos a dirigentes o precandidatos a cargos de elección popular, condiciones de equidad en la contienda, así como al control de la legalidad de los actos y resoluciones que se dicten en la elección interna.

Artículo 34 1. Al menos treinta días antes del inicio formal de los procesos de selección de candidaturas, cada partido, conforme a sus Estatutos, publicará la convocatoria para la selección de sus candidatos en la que determinará el o los procedimientos aplicables para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate, de lo cual dará cuenta a la autoridad electoral.2.

Los aspirantes a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, sólo podrán hacerlo los precandidatos en el procedimiento del método de elección directa abierta o cerrada en los plazos previstos por la normatividad y convocatoria del partido político de conformidad con las disposiciones legales.3.

Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a esta Ley les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. En los procesos de consulta directa los partidos podrán proporcionar en condiciones de igual a los precandidatos debidamente registrados tiempo a radio y televisión a través del tiempo que corresponda al su partido político.

Artículo 35 1. Tendrán el carácter de precandidatos los ciudadanos registrados por un partido político en el proceso de selección de candidaturas por el método de elección directa. En los demás métodos de selección indirecta los ciudadanos que participen y se registren conforme a los Estatutos y convocatoria respectiva tendrán el carácter de aspirantes.2.

Tiene el carácter de candidato a dirigente, el afiliado que aspira ocupar un cargo dentro de los órganos de dirección del Partido que, habiéndose registrado en tiempo y forma previstos por la convocatoria respectiva obtenga por parte del órgano competente el dictamen correspondiente.3.

Los ciudadanos que soliciten participar en un proceso de selección de candidaturas quedarán sujetos a las normas de los partidos políticos y tendrán los derechos y obligaciones en ellos establecidos; serán sujetos de las responsabilidades y sanciones que en dichas normas de carácter general se establezcan y estarán impedidos para participar o ser postulados como candidatos independientes o por otros partidos políticos, salvo que medie convenio de coalición.

Título Noveno Justicia Interna y Medios Alternos de Solución de Conflictos Artículo 36 1. Los partidos políticos deberán establecer medios y procedimientos de justicia interna, que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias internas.

  • Artículo 37 1.
  • Todas las controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales efectos, los cuales deberán emitir sus resoluciones en tiempo, para garantizar los derechos de los militantes.2.
  • En sus resoluciones se considerará la armonización entre el derecho político-electoral fundamental de asociación y los principios de auto organización y auto determinación de que gozan los partidos políticos; cuya prevalencia sólo podrá determinarse cuando se cumpla con las condiciones de necesidad, idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad.3.

En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que un afiliado pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal, deberá agotar previamente los medios partidistas de defensa o los mecanismos alternativos de solución de controversias que prevean las normas internas de los partidos políticos.

Artículo 38 1. El sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características: a) Cumplir con los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad y apego a la normatividad interna; b) Tener, como máximo, dos instancias de resolución de conflictos internos, a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita; c) Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y resolución de los medios de justicia interna; d) Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento; y e) Ser eficaces formal y materialmente para restituir a los afiliados en el goce de los derechos político-electorales en los que resientan un agravio.

Artículo 39 1. Los partidos políticos deberán establecer al menos un órgano nacional autónomo, de decisión colegiada, responsable de la impartición de la justicia interna. Artículo 40 1. Los órganos encargados de la justicia interna deberán cumplir con las siguientes características: a) Estar establecidos, integrados e instalados con anterioridad a los hechos litigiosos; b) Estar integrados por un número impar de miembros y garantizar la independencia, imparcialidad y objetividad de los mismos; y c) Adoptar sus decisiones de manera colegiada y aprobarlas por mayoría de votos.

Artículo 41 1. Los partidos políticos establecerán medios alternativos de solución de controversias, buscando en todo momento que se privilegie la amigable resolución de las mismas. Artículo 42 1. La sujeción a los mecanismos alternativos de solución de controversias siempre será opcional para los afiliados.

En todo caso, no podrán ejercerse en forma simultánea a las vías de justicia interna. Artículo 43 1. Cada partido político establecerá los casos específicos en que sean procedentes los medios alternativos de solución de controversias. Artículo 44 1. Los medios alternativos de solución de controversias al interior de los partidos políticos deberán prever, al menos, lo siguiente: a) El sometimiento voluntario a los mismos, el cual deberá ser fehaciente y constar por escrito; b) Los órganos de resolución arbitral deberán ser integrados por un número impar de afiliados.

Cada partido establecerá los requisitos que deberán cumplir para ser propuestos en su integración; c) Los afiliados que se sujeten voluntariamente a estos mecanismos tendrán el derecho de participar en la selección de los árbitros que integrarán el órgano de resolución arbitral, cuya duración se limitará al tiempo necesario para la resolución de la controversia para la que fue creado; d) El plazo para optar por el medio alternativo de solución de controversias será el mismo que se establezca para el medio partidista de defensa procedente; e) En los procesos se garantizarán las formalidades esenciales del procedimiento; f) Los medios alternativos de solución de controversias concluirán con la emisión de una resolución, cuando los afiliados se desistan de sus pretensiones, o bien, cuando éstos lleguen a un acuerdo que dé por finalizada la controversia; g) La resolución que se dicte será definitiva y no podrá ir más allá de la controversia sometida voluntariamente ante el órgano de resolución arbitral; h) En caso de incumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada por el órgano de resolución arbitral, los afiliados tendrán el derecho de acudir al Tribunal para su ejecución; y i) Los afiliados tendrán la posibilidad de acudir al Tribunal a efecto de que revise el cumplimiento de los incisos previos; Título Décimo Acceso a Radio y TV Artículo 45 1.

Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo.3.

  • Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
  • Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales.

La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en la Ley Electoral.4. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

  • Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de propaganda contratada en el extranjero.
  • Las infracciones a lo establecido en este párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en la Ley Electoral.5.
  • El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución, esta Ley y la Ley Electoral otorgan a los partidos políticos en esta materia.6.

El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos en los términos que disponga la Constitución y Ley Electoral.

Artículo 46 1. Cada partido político nacional decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho, salvo lo siguiente: en el proceso electoral en que se renueven el Poder Ejecutivo de la Unión y las dos Cámaras de Congreso, cada partido deberá destinar, al menos, un treinta por ciento de los mensajes a la campaña de uno de los poderes, considerando las de senadores y diputados como una misma.

Artículo 47 1. Cada partido político nacional determinará, para cada entidad federativa, la distribución de los mensajes a que tenga derecho entre las campañas federales de diputados y senadores. Artículo 48 1. Cada partido sea nacional o local decidirá la asignación, entre las campañas que comprenda cada proceso electoral local, de los mensajes de propaganda en radio y televisión a que tenga derecho.

  1. Artículo 49 1.
  2. Fuera de los periodos de precampaña y campaña electorales federales, del tiempo a que se refiere el inciso g) del apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a la transmisión de mensajes con duración de veinte segundos cada uno, en todas las estaciones de radio y canales de televisión.

El total de mensajes se distribuirá en forma igualitaria entre los partidos políticos nacionales. Título Undécimo Financiamiento y Fiscalización Capítulo Primero Financiamiento Artículo 50 1. El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades: a) Financiamiento público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento; b) Financiamiento por la militancia; c) Financiamiento de simpatizantes; d) Autofinanciamiento; y e) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.2.

No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los estados, y los Ayuntamientos, salvo los establecidos en la ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; f) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero; y g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.3.

Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. Tampoco podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.4.

Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por ciento.5. Los partidos políticos, en los términos del inciso d) del párrafo 1 del artículo 29 de esta norma, deberán tener un órgano interno encargado de la obtención y administración de sus recursos generales y de campaña, así como de la presentación de los informes.

Dicho órgano se constituirá en los términos y con las modalidades y características que cada partido libremente determine.6. La revisión de los informes que los partidos políticos y las agrupaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General, a través de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

  1. Artículo 51 1.
  2. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, la Ley Electoral y las legislaciones estatales.2.
  3. Para el caso de los partidos políticos nacionales, el derecho público se ejercerá conforme a las siguientes disposiciones: a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: I.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal; II.

El resultado de la operación señalada en la fracción anterior constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá de la siguiente manera: el treinta por ciento de la cantidad total que resulte se entregará en forma igualitaria a los partidos políticos con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.

El setenta por ciento restante se distribuirá según el porcentaje de la votación nacional emitida que hubiese obtenido cada partido político con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior; III.

Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente; IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo; y V.

Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por cierto del financiamiento público ordinario. b) Para gastos de campaña: I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso de la Unión, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; II.

En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados, a cada partido político se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; y III.

El monto para gastos de campaña se otorgará a los partidos políticos en forma adicional al resto de las prerrogativas. c) Por actividades específicas como entidades de interés público: I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos nacionales, serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso antes citado; II.

  • El Consejo General, a través de la Comisión de Fiscalización de los recursos de los partidos, vigilará que éstos destinen el financiamiento a que se refiere el presente inciso exclusivamente a las actividades señaladas en la fracción inmediata anterior; y III.
  • Las cantidades que en su caso se determinen para cada partido, serán entregadas en ministraciones mensuales conforme al calendario presupuestal que se apruebe anualmente.3.

Los partidos políticos nacionales que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo conservado registro legal no cuenten con representación en alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público conforme a las siguientes bases: a) Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del monto que por financiamiento total les corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes a que se refiere este artículo, así como, en el año de la elección de que se trate, el financiamiento para gastos de campaña que corresponda con base en lo dispuesto por el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo; y b) Participarán del financiamiento público para actividades específicas como entidades de interés público sólo en la parte que se distribuya en forma igualitaria.4.

  1. Las cantidades a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior serán entregadas por la parte proporcional que corresponda a la anualidad a partir de la fecha en que surta efectos el registro y tomando en cuenta el calendario presupuestal aprobado para el año.5.
  2. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: a) El financiamiento general de los partidos políticos y para sus campañas que provenga de la militancia estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas conforme a las siguientes reglas: I.

El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; y II. Cada partido político determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados así como las aportaciones de sus organizaciones.

B) Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada partido. La suma de las aportaciones realizadas por todos los candidatos de un mismo partido queda comprendida dentro del límite establecido en el párrafo 6 de este artículo; c) El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en el párrafo 2 del artículo 168 de la presente Ley.

Las aportaciones se deberán sujetar a las siguientes reglas: I. Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes, que no provengan del erario público, que sean superiores al monto de financiamiento público; II.

  • De las aportaciones en dinero deberán expedirse recibos foliados por los partidos políticos en los que se harán constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, registro federal de contribuyentes del aportante.
  • Las aportaciones en especie se harán constar en un contrato celebrado conforme a las leyes aplicables En el caso de colectas, sólo deberá reportarse en el informe correspondiente el monto total obtenido; III.

Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial; IV. L as aportaciones en dinero podrán realizarse en parcialidades y en cualquier tiempo, pero el monto total aportado durante un año por una persona física o moral no podrá rebasar, según corresponda los límites establecidos en la fracción anterior; y V.

Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación; d) El autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza.

Para efectos de esta Ley, el órgano interno responsable del financiamiento de cada partido político reportará los ingresos obtenidos por estas actividades en los informes respectivos; y e) Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las siguientes reglas: I.

Deberán informar a la Comisión de Fiscalización de los recursos de los partidos de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, acompañando copia fiel del mismo, expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido.

II. Las cuentas, fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido político considere conveniente, pero sólo podrán hacerlo en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en moneda nacional y a un plazo no mayor de un año.

  • III. En todo caso, las cuentas, fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos bancario o fiduciario, por lo que el Instituto podrá requerir en todo tiempo información detallada sobre su manejo y operaciones; y IV.
  • Los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos del partido político.6.

Adicionalmente los partidos políticos nacionales, recibirán financiamiento en los términos de las legislaciones electorales locales.7. Para el caso de los partidos políticos locales el financiamiento al que tengan derecho estará establecido en las legislaciones electorales locales.

  1. Capítulo Segundo Fiscalización Artículo 52 1.
  2. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.2.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión contará con autonomía de gestión y su nivel jerárquico será equivalente al de dirección ejecutiva del Instituto.3. En el desempeño de sus facultades y atribuciones la Comisión no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes.

  • Las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver, en un plazo máximo de treinta días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias les presente la Comisión.
  • Artículo 53 1.
  • La comisión tendrá a su cargo, entre otras atribuciones, las siguientes: a) Aprobar el proyecto de Reglamento de la materia y los demás acuerdos que se requieran para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, de los partidos políticos locales, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en esta Ley; b) Proponer al Consejo General, para su aprobación, las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, a los partidos políticos locales, con base en la propuesta que presente la Unidad de Fiscalización; c) Vigilar que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos nacionales, en el ámbito federal y local y los partidos políticos locales y las agrupaciones políticas, tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en la ley; d) Recibir, a través de su Secretaría Técnica, los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos nacionales, en los ámbitos federal y local y de los partidos locales y sus candidatos así como los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta Ley, con el fin de turnarlos a la Unidad de Fiscalización; e) Revisar permanentemente los trabajos de auditoría que realice la Unidad de Fiscalización, sobre los informes señalados en el inciso anterior; f) Ordenar, en los términos de los acuerdos del Consejo General, la práctica de auditorías a las finanzas de los partidos políticos nacionales y locales y agrupaciones políticas; g) Ordenar visitas de verificación a los partidos políticos nacionales y locales y a las agrupaciones políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; h) Revisar y aprobar los dictámenes que formule la Unidad de Fiscalización respecto de las auditorías y verificaciones practicadas, para su presentación ulterior al Consejo General; i) Revisar y aprobar los proyectos de resolución que presente la Unidad sobre los errores y omisiones en que hubieran incurrido los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, derivadas del manejo de sus ingresos y egresos, con la propuesta, en su caso, de las sanciones a aplicar, para su presentación ulterior al Consejo General; j) Ordenar a la Unidad de Fiscalización que proporcione a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas la orientación, capacitación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo; k) Emitir lineamientos para fiscalizar los ingresos y los gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en la Ley de la materia; l) Ordenar a la Unidad de Fiscalización la revisión de los informes de ingresos y egresos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político; m) Proponer al Consejo General el proyecto de Reglamento para la fiscalización de los recursos de las agrupaciones políticas nacionales, de las agrupaciones o asociaciones políticas locales y de las organizaciones de observadores electorales; n) Ordenar a la Unidad de Fiscalización la revisión de los informes de ingresos y gastos que presenten las agrupaciones políticas nacionales, las agrupaciones o asociaciones políticas locales y las organizaciones de observadores electorales; ñ) Llevar a cabo el seguimiento de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos nacionales o locales; o) Aprobar el proyecto de Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos; p) Instruir los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas a que se refiere el inciso anterior y aprobar para someter a consideración del Consejo la imposición de las sanciones que procedan.

Los quejosos podrán desistirse, en cuyo caso el procedimiento será sobreseído; q) Instruir a la Unidad de Fiscalización las acciones necesarias para que las autoridades locales superen las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los casos de que el Instituto delegue la función de fiscalización a los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral de las entidades federativas; r) Instruir a la Unidad de Fiscalización para que realice requerimientos a las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, de la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido.

Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley; s) Recibir de los órganos de Inteligencia Financiera del Ejecutivo Federal a solicitud de la Comisión de Fiscalización, los reportes sobre disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables; t) Aprobar los lineamientos homogéneos de contabilidad para todos los tipos de cargos a elegir, los cuales deberán ser públicos y de acceso por medios electrónicos, para su presentación al Consejo General; u) Aprobar los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones, para su presentación al Consejo General; y v) Las demás que le confiera esta Ley, la Ley Electoral o el Consejo General.2.

En el desempeño de sus facultades y atribuciones, la Comisión de Fiscalización no estará limitada por los secretos bancario, fiscal o fiduciario establecidos por otras leyes. Las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver en un plazo máximo de treinta días hábiles los requerimientos de información que en esas materias les presente la Comisión, a través de la Unidad de Fiscalización.3.

  • Las quejas sobre el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, deberán ser presentadas ante la Comisión de Fiscalización a efecto de que la Unidad de Fiscalización las analice previamente a que rinda su dictamen.
  • Artículo 54 1.
  • La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que tiene a su cargo la revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación.2.

Para los efectos de la facultad del Consejo General a que hace referencia el Artículo 41, Base V, Apartado B de la Constitución, la Unidad será el conducto para superar los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual atenderá los lineamientos que dicte la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos.

Las autoridades competentes están obligadas a atender y resolver, en un plazo máximo de treinta días hábiles, los requerimientos de información que en esas materias les presente la Unidad.3. El personal de la Unidad está obligado a guardar reserva sobre el curso de las revisiones y auditorías en las que tenga participación o sobre las que disponga de información.

La Contraloría General del Instituto conocerá de las violaciones a esta norma y en su caso impondrá las sanciones que correspondan conforme a la Ley Electoral.4. La Unidad tendrá las siguientes facultades: a) Presentar a la Comisión de Fiscalización para su aprobación y posterior presentación al Consejo General, el anteproyecto de Reglamento de la materia, y los demás acuerdos, para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local, de los partidos políticos locales, las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en esta Ley; b) Elaborar las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los partidos políticos, tanto en el ámbito federal, como en el ámbito local y a los partidos políticos locales para presentarlas a la Comisión de Fiscalización para su aprobación y posterior presentación al Consejo General; c) Realizar las acciones necesarias para vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en esta Ley; d) Recibir a nombre de la Comisión de Fiscalización, los informes trimestrales y anuales, así como de gastos de precampaña y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos así como los demás informes de ingresos y gastos establecidos por esta Ley; e) Revisar los informes señalados en el inciso anterior; f) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos; g) Llevar a cabo auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los partidos políticos nacionales y locales y a las agrupaciones políticas, conforme lo establezca la Comisión de Fiscalización; h) Llevar a cabo visitas de verificación a los partidos políticos nacionales y locales y agrupaciones o asociaciones políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes, de conformidad con los acuerdos que apruebe la Comisión de Fiscalización; i) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos y agrupaciones o asociaciones políticas.

Los informes especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos, agrupaciones o asociaciones políticas y candidatos independientes en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable; j) Proporcionar a los partidos políticos y agrupaciones o asociaciones políticas orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este Título; k) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y con los lineamientos que disponga la Comisión de Fiscalización; l) Revisar los informes de ingresos y gastos que le presenten las agrupaciones políticas nacionales y locales y las organizaciones de observadores electorales, de conformidad con lo que establezca el Reglamento que al efecto apruebe el Consejo General; m) Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos políticos que pierdan su registro, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia; n) Presentar a la Comisión de Fiscalización para su aprobación y elevación al Consejo General, el proyecto de Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos; dichas quejas deberán ser presentadas ante la Comisión; ñ) Desahogar los procedimientos administrativos a que haya lugar respecto de las quejas a que se refiere el inciso anterior y proponer a la consideración de la Comisión la imposición de las sanciones que procedan.

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Los quejosos podrán desistirse, en cuyo caso el procedimiento será sobreseído; o) Ser conducto para que las autoridades locales superen las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario o fiscal, en los casos de que el Instituto delegue la función de fiscalización a los Organismos Públicos Locales en Materia Electoral de las entidades federativas; p) Requerir a las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con partidos políticos, la información necesaria para el cumplimiento de sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido.

Quienes se nieguen a proporcionar la información que les sea requerida, o no la proporcionen, sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores a las sanciones establecidas en esta Ley; q) Elaborar lineamientos homogéneos de contabilidad para todos los tipos de cargos a elegir, los cuales deberán ser públicos y de acceso por medios electrónicos, para su presentación a la Comisión de Fiscalización; r) Elaborar los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de contrataciones, para su presentación a la Comisión de Fiscalización; s) Actuar como Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización; y t) Las demás que le confiera esta Ley o el Consejo General.5.

En el ejercicio de sus facultades, la Unidad deberá garantizar el derecho de audiencia de los partidos políticos y en general de toda persona requerida con motivo de los procesos de fiscalización a que se refiere el presente capítulo. Los partidos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y gastos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la Unidad sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.6.

Los partidos políticos nacionales y locales deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos los informes del origen y destino de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda; II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; III.

  1. Si de la revisión que realice la Comisión, a través de la Unidad de Fiscalización, se encuentran anomalías errores u omisiones, se notificará al partido a fin de que las subsane o realice las aclaraciones conducentes.
  2. Los informes trimestrales tienen carácter informativo y constituyen un precedente para la revisión anual que realizará la autoridad; IV.

Durante los años en que se celebre una elección, los partidos no presentarán los informes trimestrales a que hace referencia este artículo. b) Informes anuales: I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; II.

En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda; IV.

Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el auditor externo que cada partido designe para tal efecto; y V. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I de este inciso y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable.

  • C) Informes de precampaña: I.
  • Deberán ser presentados por los partidos políticos nacionales y locales para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes al de la conclusión de la precampaña respectiva; y III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda; IV.

  1. Los precandidatos serán responsables solidarios con sus partidos políticos, nacionales o locales, para la presentación y cumplimiento de las obligaciones de fiscalización de los recursos que se utilicen en el proceso respectivo, de conformidad con esta Ley.
  2. D) Informes de campaña: I.
  3. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, sean federales o locales, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.

II. Los partidos políticos presentarán un informe preliminar, con datos al 30 de abril del año de la elección, a más tardar dentro de los primeros quince días de mayo del mismo año; III. Los informes finales serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes al de la jornada electoral; y IV.

En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 232 de esta Ley, así como el monto y destino de dichas erogaciones. Artículo 180 1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas: a) La Comisión de Fiscalización contará con sesenta días para revisar los informes anuales y de precampaña, y con sesenta días para revisar los informes de campaña.

Tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; b) Si durante la revisión de los informes la Comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político que haya incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; c) La Comisión está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane.

La Comisión informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso siguiente para la elaboración del dictamen consolidado; d) Al vencimiento del plazo señalado en el inciso a) de este párrafo o, en su caso, al concedido para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un dictamen consolidado, que deberá presentar al Consejo General dentro de los tres días siguientes a su conclusión; e) El dictamen deberá contener por lo menos: I.

El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; II. En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos; y III. El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos, después de haberles notificado con ese fin.

f) En el Consejo General se presentará el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la Comisión, y se procederá a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes; g) Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal Electoral el dictamen y resolución que en su caso emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la materia; y h) El Consejo General del Instituto deberá: I.

Remitir al Tribunal Electoral, cuando se hubiere interpuesto el recurso, junto con éste, el dictamen de la Comisión y el informe respectivo; II. Remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del recurso, o presentado éste, habiendo sido resuelto por el Tribunal Electoral, al Diario Oficial de la Federación el dictamen y, en su caso, la resolución recaída al recurso, para su publicación; y III.

  • Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal.
  • Artículo 56 1.
  • En casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo General, la Comisión podrá abrir procesos extraordinarios de fiscalización con plazos diferentes a los establecidos en el artículo anterior.

En todo caso, los procesos extraordinarios deberán quedar concluidos en un plazo máximo de seis meses, salvo que el Consejo General autorice, por causa justificada, la ampliación del plazo. Los acuerdos del Consejo a que se refiere este artículo podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral.2.

Cuando una elección sea impugnada por rebase del tope de gastos de campaña en términos de lo previsto en el apartado D de la base V del artículo 41 de la Constitución, y siempre que se aporten elementos de prueba, el tribunal electoral competente hará del conocimiento a la Comisión de Fiscalización para que haga uso de la facultad prevista en el párrafo anterior.

El dictamen y resolución sobre el origen, monto y destino de los recursos empleados a esa campaña deberá ser emitida previo a la calificación y resolución definitiva de la elección objetada. Artículo 57 1. La Comisión de Fiscalización recibirá del Director General de la Unidad informes periódicos respecto del avance en las revisiones y auditorías que la misma realice.2.

En la presentación de informes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los partidos políticos se utilizarán, preferentemente, medios electrónicos. Artículo 58 1. Los órganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera deberán reportar al Instituto, a solicitud de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos, las disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables.2.

Al inicio de cada proceso electoral, los órganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera informarán a la Comisión de Fiscalización los umbrales de identificación y aviso aplicables a las disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y las acciones que llevarán a cabo al identificarlas, en su caso.

Título duodécimo otras prerrogativas Capítulo primero Régimen Fiscal Artículo 59 1. Los partidos políticos nacionales no son sujetos de los impuestos y derechos siguientes: a) Los relacionados con las rifas y sorteos que celebren previa autorización legal, y con las ferias, festivales y otros eventos que tengan por objeto allegarse recursos para el cumplimiento de sus fines; b) Sobre la renta, en cuanto a sus utilidades gravables provenientes de la enajenación de los inmuebles que hubiesen adquirido para el ejercicio de sus funciones específicas, así como los ingresos provenientes de donaciones en numerario o en especie; c) Los relativos a la venta de los impresos que editen para la difusión de sus principios, programas, estatutos y en general para su propaganda, así como por el uso de equipos y medios audiovisuales en la misma; y d) Respecto a los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 60 1. Los supuestos a que se refiere el artículo anterior no se aplicarán en los siguientes casos: a) En el de contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados o el Distrito Federal, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, adicionales que se establezcan sobre la propiedad, división, consolidación, traslación y mejora, así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; y b) De los impuestos y derechos que establezcan los estados, los municipios o el Distrito Federal por la prestación de los servicios públicos.

Artículo 61 1. El régimen fiscal a que se refiere el artículo 59 de esta Ley no releva a los partidos políticos del cumplimiento de otras obligaciones fiscales.2. Los partidos políticos deberán retener y enterar a las autoridades fiscales, conforme a las leyes aplicables, el impuesto sobre la renta que corresponda por los sueldos, salarios, honorarios y cualquier otra retribución equivalente que realicen a sus dirigentes, empleados, trabajadores o profesionistas independientes que les presten servicios.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos dará aviso a las autoridades fiscales competentes de la omisión en el pago de impuestos y otras contribuciones en que incurran los partidos políticos. Capítulo Segundo Franquicias Postales y telegráficas Artículo 62 1.

  1. Los partidos políticos disfrutarán de las franquicias postales y telegráficas, dentro del territorio nacional, que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades.
  2. Artículo 63 1.
  3. Las franquicias postales se sujetarán a las siguientes reglas: a) El Consejo General determinará en el presupuesto anual de egresos del propio Instituto la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal de los partidos políticos nacionales; en años no electorales el monto total será equivalente al dos por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias; en años electorales equivaldrá al cuatro por ciento.

En el caso de partidos políticos locales, los consejos generales de los organismos públicos locales determinarán la partida destinada a cubrir el costo de la franquicia postal. b) La franquicia postal será asignada en forma igualitaria a los partidos políticos nacionales; c) El Instituto informará al Servicio Postal Mexicano del presupuesto que corresponda anualmente por concepto de esta prerrogativa a cada partido político nacional y le cubrirá, trimestralmente, el costo de los servicios proporcionados a cada uno de ellos hasta el límite que corresponda.

  • En ningún caso el Instituto ministrará directamente a los partidos los recursos destinados a este fin.
  • Si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias; d) Sólo podrán hacer uso de la franquicia postal los comités directivos de cada partido.

Los representantes de los partidos ante el Consejo General informarán oportunamente al Instituto sobre la asignación anual entre dichos comités de la prerrogativa que les corresponda; e) Los partidos políticos acreditarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, dos representantes autorizados por cada uno de sus comités para facturar el envío de su correspondencia ordinaria, su propaganda y sus publicaciones periódicas.

La propia Dirección Ejecutiva comunicará al Servicio Postal Mexicano los nombres de los representantes autorizados y hará las gestiones necesarias para que se les tenga por acreditados; f) Los comités nacionales podrán remitir a toda la República, además de su correspondencia, la propaganda y sus publicaciones periódicas; los comités estatales, distritales y municipales podrán remitirlas a su comité nacional y dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales; g) El Servicio Postal Mexicano informará al Instituto sobre las oficinas en que los partidos políticos harán los depósitos de su correspondencia, garantizando que estén dotadas de los elementos necesarios para su manejo.

Los representantes autorizados y registrados por cada comité ante la Dirección Ejecutiva o las Vocalías deberán facturar los envíos y firmar la documentación respectiva; h) En la correspondencia de cada partido político se mencionará de manera visible su condición de remitente; i) El Instituto Nacional Electoral celebrará los convenios y acuerdos necesarios con el Servicio Postal Mexicano para los efectos establecidos en el presente artículo; este último informará, en los términos y plazos que se convengan, del uso que haga cada partido político de su prerrogativa, así como de cualquier irregularidad que en el uso de la misma llegue a conocer; y j) Los partidos informarán oportunamente a la Dirección Ejecutiva de la sustitución de sus representantes autorizados, a fin de que ésta lo notifique al Servicio Postal Mexicano.

  • Artículo 64 1.
  • Las franquicias telegráficas se otorgarán exclusivamente para su utilización dentro del territorio nacional y se sujetarán a las siguientes reglas: a) Sólo podrán hacer uso de las franquicias telegráficas los comités nacionales de cada partido político; b) Los comités nacionales podrán usar las franquicias para sus comunicaciones a toda la República; c) Las franquicias serán utilizadas por dos representantes autorizados por cada uno de los comités nacionales.

Los nombres y firmas de los representantes autorizados se registrarán ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a fin de que ésta los comunique al organismo público correspondiente; d) La vía telegráfica sólo se utilizará en casos de apremio, y los textos de los telegramas se ajustarán a las disposiciones de la materia; y e) La franquicia telegráfica no surtirá efecto para fines de propaganda, asuntos de interés personal, ni para mensajes cuyos destinatarios se encuentren en la misma ciudad o zona urbana de giro.2.

El Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario en su presupuesto anual a fin de cubrir al organismo público competente el costo en que éste incurra por la atención de las presentes disposiciones. Título Decimotercero Pérdida de Registro y Liquidación Artículo 65 1. Al partido político que, por cualquiera de las causas establecidas en este Título, le sea cancelado el registro legal, perderá, a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo respectivo, todos los derechos y prerrogativas que establecen esta norma y la ley electoral.2.

La cancelación del registro extinguirá la personalidad jurídica del partido político, pero quienes hayan sido sus dirigentes y candidatos deberán cumplir las obligaciones que en materia de fiscalización establece el Código, hasta la conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidación de su patrimonio.3.

El hecho de que a un partido político le sea cancelado el registro legal, no tendrá efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones federales según el principio de mayoría relativa. Artículo 66 1. Son causa de cancelación de registro de un partido político: a) No participar en un proceso electoral federal o local ordinario; según sea el carácter de partido político nacional o local; b) Para el caso de partidos políticos nacionales no obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos, el tres por ciento de la votación total emitida, a que en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; para el caso de partidos políticos locales la elección local ordinaria inmediata anterior, por lo menos, el tres por ciento de la votación total emitida, en alguna de las elecciones para Gobernador, Jefe de Gobierno o diputados; c) Dejar de cumplir con el mínimo de ciudadanos afiliados, a nivel nacional o estatal según corresponda, a que se refiere esta Ley; d) Incumplir, de manera grave y sistemática, a juicio del Instituto, las obligaciones que les señala esta norma y a Ley Electoral, especialmente, en materia de origen y destino de sus recursos; e) Haber sido declarado disuelto por acuerdo de su asamblea nacional, o equivalente, conforme a lo que establezcan sus estatutos; f) Promover o alentar acciones que vayan en contra de la vida o integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones democráticas del país; g) Por recibir recursos, directa o indirectamente de la delincuencia organizada o de personas sancionadas por delitos contra la salud; h) Haberse fusionado con otro partido político.

Artículo 67 1. Para la pérdida del registro a que se refieren los incisos a) al c) del artículo anterior, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitirá la declaratoria correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el Diario Oficial de la Federación.2.

En los casos a que se refieren los incisos c) al g), del párrafo 9 del artículo 35, y e) al g) del párrafo 1 del artículo anterior, la resolución del Consejo General del Instituto sobre la pérdida del registro de un partido político, según sea el caso, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

No podrá resolverse sobre la pérdida de registro en los supuestos previstos en d) y e), del párrafo 1 del artículo anterior, sin que previamente se oiga en defensa al partido político interesado.3. La pérdida del registro de un partido político no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones según el principio de mayoría relativa.

Artículo 68 1. De conformidad a lo dispuesto por el último párrafo de la Base II del Artículo 41 de la Constitución General de la República, el Instituto Nacional Electoral dispondrá lo necesario para que sean adjudicados a la Federación los recursos y bienes remanentes de los partidos políticos nacionales que pierdan su registro legal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo que determine en reglas de carácter general el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; a) Si de los cómputos que realicen los consejos distritales del Instituto se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos establecido en el inciso b) del párrafo primero del artículo 66 de esta Norma, la Comisión de Fiscalización designará de inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes del partido de que se trate.

Lo mismo será aplicable en el caso de que el Consejo General del Instituto declare la pérdida de registro legal por cualquier otra causa de las establecidas en esta Ley; b) La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante ante el Consejo General en caso de partidos políticos nacionales o ante los Organismos Públicos Locales en caso de partidos locales, del Instituto, al partido de que se trate, en ausencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados; c) A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido político que no haya alcanzado el porcentaje mínimo de votación a que se refiere el inciso anterior, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor.

  1. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.
  2. D) Una vez que la Junta General Ejecutiva emita la declaratoria de pérdida de registro legal a que se refiere el párrafo 1 del artículo 65 de esta norma, o que el Consejo General, en uso de sus facultades, haya declarado y publicado en el Diario Oficial de la Federación su resolución sobre la cancelación del registro legal de un partido político por cualquiera de las causas establecidas en este Código, el interventor designado deberá: I.

Emitir aviso de liquidación del partido político de que se trate, mismo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación para los efectos legales procedentes; II. Determinar las obligaciones laborales, fiscales y con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación; III.

  • Determinar el monto de recursos o valor de los bienes susceptibles de ser utilizados para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción anterior; IV.
  • Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas con proveedores y acreedores del partido político en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia; V.

Formulará un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo General del Instituto. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del partido de que se trate, el interventor ordenará lo necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado; VI.

  1. Si realizado lo anterior quedasen bienes o recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente a la Federación; y VII.
  2. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para estos casos.
  3. Los acuerdos del Consejo General serán impugnables ante el Tribunal Electoral.

Artículo 69 Si un partido político nacional pierde su registro con este carácter, pero en la última elección de diputados y ayuntamientos de una entidad federativa hubiere obtenido por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida y hubiere postulado candidatos propios en al menos la mitad de los municipios y distritos, podrá optar por el registro como partido político local, debiendo cumplir con todos los requisitos para la constitución de partido político local con excepción de lo señalado en el párrafo tercero del artículo 14 de esta Ley.

LIBRO CUARTO Frentes, Coaliciones y Fusiones Artículo 70 1. Los partidos políticos podrán constituir frentes, para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole no electoral, mediante acciones y estrategias específicas y comunes.2. Los partidos políticos, para fines electorales, podrán formar coaliciones para postular los mismos candidatos en las elecciones federales o locales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta norma y la Ley Electoral.3.

Los partidos políticos no podrán coaligarse en el primer proceso electoral que participen.4. Dos o más partidos políticos podrán fusionarse para constituir un nuevo partido o para incorporarse en uno de ellos.5. Los partidos de nuevo registro no podrán fusionarse con otro antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro, según se trate de partido político nacional o local.

Titulo Primero Frentes Artículo 71 1. Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar: a) Su duración; b) Las causas que lo motiven; c) Los propósitos que persiguen; y d) La forma que convengan los partidos políticos para ejercer en común sus prerrogativas, dentro de los señalamientos de esta norma y la Ley Electoral.2.

El convenio que se celebre para integrar un frente deberá presentarse al Instituto Nacional de Elecciones, el que dentro del término de diez días hábiles resolverá si cumple los requisitos legales y en su caso dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que surta sus efectos.3.

Los partidos políticos que integren un frente, conservarán su personalidad jurídica, su registro y su identidad. Título Segundo Coaliciones Artículo 72 1. Los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados federales por el principio de mayoría relativa, Gobernador, así como de diputados locales o municipales por el principio de mayoría relativa en las entidades federativas.2.

Los partidos políticos locales sólo podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, así como de diputados locales o municipales por el principio de mayoría relativa en las entidades federativas.3. Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos formen parte.4.

Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a quien ya haya sido registrado como candidato por alguna coalición.5. Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición a quien ya haya sido registrado como candidato por algún partido político.6. Ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político.

No se aplicará esta prohibición en los casos en que exista coalición en los términos del presente Capítulo.7. Los partidos políticos que se coaliguen, para participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente a más tardar 30 días antes a que dé inicio la etapa de precampaña y en los términos del presente Capítulo.8.

  1. El convenio de coalición podrá celebrarse por dos o más partidos políticos.9.
  2. Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores, diputados federales, diputados locales o regidores, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a senadores, diputados federales, diputados locales o regidores de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición.10.

Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en este Código.11.

  • Los votos que en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el candidato postulado, sin que estos sean tomados puedas ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u oras prerrogativas.12.
  • En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a senadores, diputados federales, diputados locales o regidores por el principio de representación proporcional 13.

Las coaliciones deberán ser uniformes. Ningún partido político podrá participar en más de una coalición y éstas no podrán ser diferentes, en lo que hace a los partidos que las integran, por tipo de elección. Capítulo Primero Requisitos Legales Artículo 73 1.

En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de dirección nacional o estatal según establezcan los estatutos de cada uno de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos coaligados; b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el registro de determinado candidato para la elección presidencial; c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los cargos de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa; y d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de candidatos a por el principio de representación proporcional; Artículo 74.1.

En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia representación en los consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla. Artículo 75 1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos: a) Los partidos políticos que la forman; b) La elección que la motiva; c) el tipo de coalición que suscriben; d) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los candidatos que serán postulados por la coalición; e) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrán sus candidatos, así como los documentos en que conste la aprobación por los órganos partidistas correspondientes; f) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos; f) La prohibición expresa de transferencia de votos entre los partidos coaligados; y g) Para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, quién ostentaría la representación de la coalición; 2.

En el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el monto de las aportaciones de cada partido político coaligado para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes.3.

A la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión establecida en este Código, en el treinta por ciento que corresponda distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo partido. Del setenta por ciento proporcional a los votos, cada uno de los partidos coaligados participará en los términos y condiciones establecidos por este Código.

  1. El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de la coalición.4.
  2. Tratándose de coalición parcial o flexible, cada partido coaligado accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus derechos por separado.
  3. El convenio de coalición establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos de coalición y para los de cada partido.5.

En todo caso, los mensajes en radio y televisión que correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa calidad y el partido responsable del mensaje.6. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio televisión por parte de las coaliciones y de los partidos que formen parte de las mismas.7.

  1. Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución General de la República.
  2. Artículo 76 1.
  3. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General o del Organismo Público Electoral del Instituto, según la elección que lo motive, acompañado de la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de precampaña de la elección de que se trate.

Durante las ausencias del presidente del Consejo General el convenio se podrá presentar ante el secretario ejecutivo del Instituto.2. El presidente del Consejo integrará el expediente e informará al Consejo General.3. El Consejo resolverá a más tardar dentro de los diez días siguientes a la presentación del convenio.4.

Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Capítulo Segundo Coaliciones Totales Artículo 77 1. Se entiende por Coalición Total, cuando dos o más partidos celebran convenio entre ellos para postular al cien por ciento de los candidatos postulados en una elección federal o local, bajo una misma plataforma electoral.2.

Si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de senadores o diputados, deberán coaligarse para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso de las elecciones locales si dos o más partidos se coaligan en forma total para las elecciones de diputados locales, deberán coaligarse para la elección de Gobernador.3.

Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a los candidatos a los cargos de elección, en los términos del párrafo anterior y dentro de los plazos señalados para tal efecto en la presente norma, la coalición y el registro del candidato para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quedarán automáticamente sin efectos.

Capítulo Tercero Coaliciones Parciales Artículo 78 1. Se entiende por Coalición Parcial, cuando dos o más partidos celebran convenio entre ellos para postular al menos el cincuenta por ciento de los candidatos postulados en una elección federal o local, bajo una misma plataforma electoral.

Capítulo Cuarto Coaliciones Flexibles Artículo 79 1. Se entiende por Coalición Flexible, cuando dos o más partidos celebran convenio entre ellos para postular al menos el veinticinco por ciento de los candidatos postulados en una elección federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Título Tercero Candidaturas comunes Artículo 80 1.

Los partidos políticos podrán postular candidatos en común a los cargos previstos en esta Ley.2. Se entiende por candidatura común cuando dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, registren al mismo candidato o fórmula de candidatos; sujetándose a las siguientes reglas: a) Sólo podrán registrar candidatos en común los partidos políticos que no formen coalición en la demarcación electoral donde aquél ser electo.

b) En el caso de fórmulas de candidatos a diputados y senadores, por ambos principios, las candidaturas comunes deberán coincidir en la totalidad en la integración de la fórmula. c) La aceptación o en su caso, rechazo de la solicitud de registro presentada por cada partido político no producirá ningún efecto sobre las solicitudes presentadas por otro u otros partidos políticos respecto del mismo candidato.

d) Los gastos de campaña de las candidaturas comunes, no deberán exceder el tope que para cada elección se establezca como si fuera uno solo. e) Los partidos políticos registren al mismo candidato en común deberán acreditar que haya sido electo conforme a sus estatutos de cada partidos político.

f) Al momento del registro de la candidatura común los partidos políticos deberán presentar documento en conjunto donde manifiesten cuál de ellos será el responsable del manejo de las finanzas de la candidatura, así como porcentaje que aportarán a la candidatura tanto en financiamiento como en tiempo de radio y televisión del que le asigne la autoridad electoral para la campaña electoral.3.

Los plazos para el registro de las candidaturas en común serán los previstos en esta ley.4. Las candidaturas comunes podrán ser sustituidas en los términos y plazos que esta ley disponga, pero no podrán suscribirse candidaturas en común fuera del plazo para registrarlas.

Título Cuarto Artículo 81 1. La fusión de partidos sólo podrá realizarse entre dos o más partidos políticos nacionales; o dos o más partidos políticos locales. En ningún caso se podrá celebrar una fusión entre partidos políticos nacionales y locales.2. Los partidos políticos que decidan fusionarse, deberán celebrar un convenio en el que invariablemente se establecerán las características del nuevo partido; o cuál de los partidos políticos conserva su personalidad jurídica y la vigencia de su registro; y qué partido o partidos quedarán fusionados.

El convenio de fusión deberá ser aprobado por la asamblea general o equivalente de cada uno de los partidos que participen en la fusión.3. Para todos los efectos legales, la vigencia del registro del nuevo partido será la que corresponda al registro del partido más antiguo entre los que se fusionen.4.

En el caso de que la fusión sea entre dos o más partidos políticos nacionales, los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados obtuvieron en la última elección para diputados federales por el principio de representación proporcional.5.

En el caso de que la fusión sea entre dos o más partidos políticos locales, los derechos y prerrogativas que correspondan al nuevo partido le serán reconocidos y asignados tomando como base la suma de los porcentajes de votación que los partidos fusionados obtuvieron en la última elección para diputados locales por el principio de representación proporcional.6.

El convenio de fusión deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que, una vez hecha la revisión de su legalidad lo someta a la consideración del Consejo General, en un término no mayor a treinta días después de su recepción.7. El Consejo General resolverá sobre la vigencia del registro del nuevo partido, dentro del término de treinta días siguientes a su presentación y, en su caso, dispondrá su publicación en el Diario Oficial de la Federación.8.

Para fines electorales, el convenio de fusión deberá comunicarse al presidente del Consejo General a más tardar un año antes al día de la elección. Libro Quinto De las agrupaciones políticas Artículo 82

Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de «partido» o «partido político».

Artículo 83

Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el Instituto en los plazos previstos en el Código. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante. Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en esta norma y la Ley Electoral.

Artículo 84 1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos: a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas, y b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.2.

Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Instituto.3. El Instituto, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.4.

Cuando proceda el registro, el Instituto expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o.

De agosto del año anterior al de la elección.6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en el Código.7. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.8.

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas: a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros; b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos; c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos; d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento; e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en esta Ley; f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro, y g) Las demás que establezca esta Ley.

Libro Sexto De las sanciones Artículo 85 1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta norma: a) Los partidos políticos; b) Las agrupaciones políticas nacionales; Artículo 86 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: a) Realizar acciones fuera de los cauces legales y permitir la que la conducta de sus militantes sea contraria a los principios del Estado democrático, sin respetar la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; b) Recurrir deliberadamente a la violencia o cualquier acto que tenga por objeto o resultado, alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno o parlamentarios; c) No contar con el mínimo de afiliados establecido en esta norma; d) Utilizar denominación, emblema y color o colores distintos a los que tengan registrados, e) Violentar de forma grave y reiterada las normas de afiliación establecidas en sus estatutos f) Conculcar los mínimos previstos en esta norma, para la realización de procedimientos internos de selección de candidatos y dirigentes.

g) No renovar de forma periódica sus órganos directivos conforme a sus estatutos, o impedir el funcionamiento efectivo y regular de los mismos; k) Impedir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados por la Ley Electoral así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos; l) Abstenerse de informar al Instituto, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio social; m) Actuar de manera subordinada a partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión; n) Aplicar el financiamiento para fines distintos a los que señala presente norma y la legislación electoral aplicable; ñ) Recibir aportaciones o donativos, en dinero o en especie de los sujetos previstos en el párrafo segundo del artículo 50 de esta norma; ñ) Promover en su propaganda política o electoral, de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnie a las personas; o) Utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda; p) Realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos; q) Incumplir las reglas de equidad de género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular; r) Incumplir con las obligaciones que esta Ley establece en materia de transparencia y acceso a su información, protección de datos personales, clasificación y conservación de documentos, así como organización de archivos; y s) Las demás que establezcan esta norma y la Ley Electoral.2.

Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación aplicable.3. No serán responsables los partidos políticos, por actos u omisiones de terceros, cuando realicen acciones o actos tendentes a deslindar su responsabilidad en forma eficaz, idónea, razonable y oportuna.

En todos los casos deberán realizar las acciones jurídicas a su alcance. Artículo 87 1. Constituyen infracciones de las agrupaciones políticas nacionales la presente norma: a) El incumplimiento de las obligaciones que les señala el artículo 84 de esta ley, y b) El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta norma.2.

  1. Las denuncias relacionadas con infracciones contenidas en el párrafo anterior, se sustanciarán de acuerdo con el procedimiento previsto por la legislación aplicable.
  2. ARTÍCULOS TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.
  3. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos de lo señalado en el artículo 51, segundo párrafo, fracción V, dicho porcentaje entrará en vigor a partir de 2016.

¿Qué significa la palabra Estado político?

Estructura que da vida al conjunto de instituciones políticas modernas y de las que se desprenden el Sistema Político, Régimen, Gobierno y Administración Pública.

¿Qué es el Estado para la politica?

Definiciones de los clásicos –

  • Cicerón : Es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la utilidad para un bienestar común.
  • San Agustín : Es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman.
  • J. Bodino : Es un conjunto de familias y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón.
  • F.C. von Savigny : Es la representación material de un pueblo,
  • I. Kant : Es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas.
  • F. Oppenheimer : Es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado, con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la rebelión interna y los ataques del exterior.
  • F. Lasalle : El Estado es la gran asociación de las clases pobres,
  • T. Hobbes : Una institución, cuyos actos, por pactos realizados, son asumidos por todos, al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de la comunidad, como se juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común.
  • L. Duguit : Es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los gobernantes.
  • G.W.F. Hegel : El Estado es la conciencia de un pueblo.
  • Hegel, 1986: El Estado es la realidad de la idea ética ; es el espíritu ético en cuanto voluntad patente, clara por sí misma, sustancial, que se piensa y se conoce, y que se cumple lo que sabe. En lo ético el Estado tiene su existencia inmediata; y en la conciencia de sí del individuo, en su conocer y actividad tienen su existencia mediata, y esta conciencia de sí, por medio de los sentimientos, tiene su libertad sustancial en los fines y resultados de su actividad.
  • H. Grocio : La asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio, con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo.
  • Karl Marx : El Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza; no es el reino del bien común, sino del interés parcial; no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder ; no es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidirá con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado como una dictadura y a calificar como relevante solo el problema de quién gobierna (burguesía o proletariado) y no solo el como. (ver Concepción marxista del Estado )

¿Qué es el pluripartidismo en Chile?

De Wikipedia, la enciclopedia libre Afiche italiano que muestra los distintos partidos políticos en una elección al Parlamento Europeo Un sistema multipartidista o sistema pluripartidista es en política, un sistema de partidos políticos en el que una gran cantidad de partidos «políticos» tiene la oportunidad de optar por el poder ejecutivo, así como el poder legislativo se encuentra dividido entre una gran cantidad de bancadas partidarias, en contraposición al bipartidismo (la hegemonía de dos partidos políticos), o el unipartidismo (la hegemonía de un solo partido político).

  • Países con sistemas políticos multipartidistas hay muchos, como el caso de Argelia, Argentina, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chile, Guatemala, Ecuador, Honduras, Bolivia, México, Rusia, India y Japón,
  • Así mismo, aunque tuvieron sistemas bipartidistas hasta hace poco, actualmente tienen un sistema multipartidista Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Perú, Uruguay, Nicaragua y Venezuela,

Existen tres maneras de enfocar una democracia multipartidista y bipartidista:

Bipartidismo : cuando dos partidos políticos de ideologías opuestas absorben la mayoría abrumadora de los votos, dejando espacio escaso a otros partidos. En este sistema, los partidos minoritarios suelen ser regionalistas, o de ideologías extremistas. Los ejemplos más claros los encontramos en Estados Unidos ( Demócratas y Republicanos ). Polipartidismo : donde varios partidos políticos (de 4 a 8, normalmente) se reparten los escaños, estando obligados a realizar coaliciones u otras formas de alianzas para alcanzar el poder. Este sistema es quizá más realista en el sentido de expresar la ideología de los ciudadanos, pero trae consigo mayor riesgo de que ideologías antidemocráticas alcancen el gobierno. Algunos ejemplos son Alemania, Israel e Italia, Centrismo : Entre varios partidos políticos hay uno de centro que obtiene la mayoría de los votos, pero que generalmente ha de realizar coaliciones con el resto de partidos que adquieren más o menos votos según las tendencias del momento.

¿Qué son los grupos hegemónicos?

Hegemonía cultural como legado gramsciano – Se puede pensar que una teoría de la hegemonía gramsciana, emparentada con la superestructura de Marx y la teoría de la «maldad estructural» del teólogo de la liberación Walter Wink, puede contradecir a la teoría de clases de Karl Marx porque habría idealmente bases de contacto entre el ejercicio de la dirección política y el de la dirección intelectual (en una base social) y la importancia será avanzar, sumando cualquier tipo de alianza (interclasista si es necesario) con el fin de conquistar un modelo cultural y contraponerlo contra el hegemónico con lo que se lograría superar el desnivelamiento entre opresión y moral histórica, fractura que también se podría entender anteriormente como contradicción de clase.

El evolucionismo de Herbert Spencer fue fundamental a la hora de dotar de un esquema procapitalista aún a los proyectos que iban contra el liberalismo, como el comunismo, Bajo ese influjo, en el cual cayeron hasta los marxistas, la teoría de la hegemonía cultural se cumplía: en el Estado social, o fuera de éste, la lógica del «progreso» se mantiene.

Algunos autores actuales han desarrollado el concepto gramsciano de hegemonía, Íñigo Errejón ha considerado que dicho concepto es central en el análisis político actual definiendo la hegemonía como: ​ Ese tipo de poder político que construye una relación en la que un actor político es capaz de generar en torno a sí un consenso, en el que incluye también a otros grupos y actores subordinados.

Es decir, un grupo o actor concreto con unos intereses particulares es hegemónico cuando es capaz de generar o encarnar una idea universal que interpela y reúne no sólo a la inmensa mayoría de su comunidad política sino que además fija las condiciones sobre las cuales quienes quieren desafiarle deben hacerlo.

No se trata sólo de ejercer un poder político sino además hacerlo con una capacidad de hacerlo incluyendo algunas de las demandas y reivindicaciones de los sentimientos y sentidos políticos de grupos subordinados despojándolos de su capacidad de cuestionar el orden hegemónico liderado por el actor hegemónico que lo dirige.

¿Qué es la hegemonía ejemplos?

5 Ejemplos de Hegemonía En Que Consiste El Regimen De Un Partido HegemNico La hegemonía es un poder ejercido de forma autoritaria. Puede proceder desde un individuo, conjunto de personas, una institución, hasta una ideología que quiera sobreponerse ante los ideales del resto. Para identificar una hegemonía se debe tener en cuenta que es un poder no compartido, además que restringe la posibilidad de conocer otras realidades que estén en contraposición a sus ideales como «correctas».

No se puede aceptar la hegemonía como competencia, ya que la primera es una supremacía obtenida por medio del poder y la autoridad. La competencia es una estrategia para llegar al poder por medio de la lucha directa o indirecta con otro individuo, empresa, sociedad, entre otros. La hegemonía además restringe información para obtener el control mediático de una sociedad.

Por ello, los medios de comunicación y el poder gubernamental son los principales ejemplos de esta aplicación de control.

Hegemonía en la política : cuando los gobernantes pretender controlar todos los aspectos de la vida de sus residentes se obtiene una hegemonía. La restricción de trabajos, la limitación de los alimentos, la prohibición de la educación gratuita, la falta de democracia. Hegemonía en la comunicación : también se puede denominar censura. Los medios pueden ejercer la hegemonía a través de la manipulación de la información, transmitiendo contenidos incompletos, limitando a la sociedad al acercamiento a los hechos contundentes. Hegemonía en el hogar : el poder obtenido por los padres puede volverse una hegemonía cuando no admiten libertades o restringen arbitrariamente las actividades de los hijos. Hegemonía en la educación: cuando una institución educativa se fundamenta en ideologías políticas, culturales o religiosas, transmitiendo la información a los estudiantes y restringiéndoles la oportunidad de tener criterio propio para aceptar o rechazar las ideas propuestas. Hegemonía en la religión: hay religiones que no aceptan la existencia de las otras. Esto se convierte en hegemonía ya que los seguidores, por ejemplo del judaísmo, no pueden involucrarse con individuos que practiquen una religión distinta.

: 5 Ejemplos de Hegemonía

¿Dónde surge la hegemonía?

Comunicación Pública y Política Teórico 3 «Hegemonía» Introducción En este encuentro vamos a trabajar con el concepto de «hegemonía», Al igual a lo hecho con las nociones de «política-político»; «poder, autoridad y dominación»; lo primero es despejar la importancia del concepto de «hegemonía» para la comunicación pública y política.

En términos generales, se puede decir que la hegemonía refiere a una situación en la que un grupo de la sociedad logra universalizar sus intereses, valores y visión de mundo, Es decir, cuando una identidad particular logra que su mirada sobre el mundo y los valores e intereses que la animan pasen como del conjunto de la sociedad.

En términos de clases, cuando las clases dominantes logran permear el sentido común de los grupos subalternos y modelar las percepciones y las construcciones de sentido de esos grupos para que el lugar privilegiado de aquellas en la estructura social se naturalice.

  • A través de la hegemonía una clase dominante se vuelve clase dirigente logrando la conducción intelectual y moral de los grupos subalternos.
  • La hegemonía, y las luchas contrahegemónicas que suscita, se ejercen fundamentalmente en el plano simbólico, movilizando construcciones de sentido que anidan en la cultura de determinada sociedad.

La hegemonía tiene, así, una dimensión comunicacional insoslayable, La comunicación pública y política puede, entonces, considerarse un espacio más de la disputa por la construcción de hegemonía. Las acciones de los actores de la comunicación electoral,de la comunicación de gobierno y de la comunicación de política pública pueden considerarse como acciones de una disputa por la hegemonía.

En efecto, todas aquellas acciones pueden, y deben ser inscriptas, como acciones comunicativas orientadas a la defensa o promoción de un proyecto político que busca lograr la conducción intelectual y moral de la sociedad a través de la modelación del sentido común. La comunicación pública y política, con los tipos de comunicación que ya hemos identificado: electoral, de gobierno y de políticas públicas, juega un papel significativo en la constitución de hegemonía.

Esos tipos de comunicación son relevantes en el proceso de construcción de una agenda de gobierno, la legitimación de las medidas para realizar aquella agenda y en trazar un determinado modelo de sociedad como la «sociedad ideal» y natural. El autor Para trabajar el concepto de «hegemonía» vamos a revisar el pensamiento de Antonio Gramsci, reconocido por la teoría política contemporánea como una autor fundamental para comprender los fenómenos políticos y sociales con los que asocia aquella noción.

  • Antonio Gramsci, nació en Italia, en Ales, Cerdeña, en 1891, en el seno de una familia de escasos recursos.
  • Pese a su condición familiar, logró terminar sus estudios secundarios e ingresar a la universidad, donde estudió filosofía.
  • Desde muy joven, adscribió a ideas socialistas y militó en algunas organizaciones identificadas con esa perspectiva política.

Se desempeñó como periodista en varias publicaciones vinculadas a aquellas corrientes de pensamiento político. Tras la revolución rusa participó de la fundación del Partido Comunista Italiano, del que fue uno de los dirigentes más relevante en el período en que el fascismo llego al poder político.

  1. Por su participación en el Partido Comunista, y su oposición al régimen fascista, fue perseguido políticamente y sufrió la cárcel.
  2. Muere en Roma, en 1937.
  3. A los pocos meses de haber logrado su libertad por razones de salud.
  4. El contexto histórico y político El pensamiento político de Antonio Gramsci se forma sobre el trasfondo de una serie de cambios económicos, sociales y políticos que significaron la superación del capitalismo liberal por un nuevo ciclo de la acumulación capitalista que se reconoce como capitalismo monopólico.

En el campo de la economía se destaca la formación de grandes empresas industriales que logran, en gran medida, monopolizar la actividad a la que se dedican; la organización del proceso de trabajo es crecientemente racionalizada; los bancos y las finanzas se convierten en un componente vital de la actividad económica; los lazos coloniales (formales o informales) que someten las economías periféricas a los intereses de los países centrales se refuerzan; el Estado se convierte en un actor económico de primer orden.

En el plano político, Gramsci es testigo de la declinación del liberalismo y el ascenso de movimientos políticos de izquierda y de derecha que reniegan de la sociedad liberal, Movimientos que llegados al poder instituyen Estados y regímenes políticos no democráticos. En el entramado social y político, destaca también la consolidación de las organizaciones de los trabajadores –el proletariado- como los partidos de clase o las organizaciones sindicales.

Las masas se consolidan como un actor político relevante. La Revolución Rusa (1917) –producida en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)- es el gran acontecimiento político del período. Ella alimenta el ascenso de una ola insurreccional en varios países de Europa que terminará siendo derrotada por movimientos totalitarios de derecha.

La atención a las transformaciones sociales y políticas, la reflexión sobre la derrota del movimiento revolucionario en occidente y los desafíos a la práctica política orientada a la transformación social en el nuevo contexto capitalista están detrás de las relfexiones de Antonio Gramsci. Para capturar aquel nuevo contexto y los nuevos retos para la práctica política revolucionaria, Gramsci renovará la teoría marxista centrándose en los aspectos políticos que aseguran la reproducción de las sociedades capitalistas.

El concepto de hegemonía es central en el desarrollo de ese propósito. La teoría política de Antonio Gramsci: sociedad civil y hegemonía. Una característica del pensamiento de Gramsci es su crítica al materialismo y economicismo expresado por algunas vertientes del marxismo de su época.

Gramsci rechazaba la idea de que los fenómenos políticos fueran un mero reflejo de las relaciones sociales de producción. Por lo mismo, descreía del carácter decisivo de las condiciones materiales –crisis económicas, agravamiento de las contradicciones del sistema capitalista- para la lucha de clases; por lo mismo, desconfiaba de la eficacia de las estrategias revolucionarias que supeditaban la acción política a las condiciones objetivas.

Negaba que el capitalismo se reprodujese sólo recurriendo al poder coactivo del Estado. Renegaba de las posiciones teóricas y políticas que veían en el Estado y en las superestructuras meros instrumentos coercitivos orientados al mantenimiento del sistema capitalista.

Para Gramsci las superestructuras, en especial las políticas, tenían su propia eficacia histórica, Eso significaba para él, que las superestructuras, lejos de ser un fenómeno derivado de las condiciones materiales de existencia, tenían una importancia significativa en el desarrollo histórico. La autonomía relativa de las superestructuras -–cómo espacio con leyes propias de funcionamiento y por tanto nunca del todo reductible al terreno de la economía y sus condiciones objetivas-fue otro rasgo de su propuesta teórica.

El desplazamiento del locus del análisis de la explotación a la dominación fue otro elemento característico de su práctica teórica. Llegados aquí es importante afirmar que el esfuerzo teórico de Gramsci no se hace contra el marxismo –por más que fueron objeto de su crítica determinadas posiciones teóricas y políticas asociadas a esa corriente- sino a su favor; es decir, sus elaboraciones no tienen por objeto clausurar al marxismo como vertiente analítica o marco de pensamiento para la acción sino, por el contrario, vivificarlo y renovarlo.

  • La sociedad civil ocupa el centro del análisis gramsciano,
  • El capitalismo se reproduce –asegura las condiciones para su continuidad en el tiempo-porque logra que los grupos subalternos naturalicen esa forma de producción.
  • Esa naturalización se logra a través de la hegemonía,
  • Es decir el proceso por el cual los grupos dominantes logran erigir sus intereses y su particular visión de mundo como los intereses y visión de mundo de toda la sociedad.

Mediante la hegemonía una clase dominante –por el lugar ocupa en el proceso productivo- se vuelve clase dirigente. Eso significa que esa clase conduce «intelectual y moralmente» a los grupos subordinados. Así se naturaliza una forma de organización económica, social y política que representa los intereses y valores de un grupo particular.

  • La cultura, en un sentido amplio, es el terreno en el cual se edifica la hegemonía,
  • A través de sus elaboraciones –el folklore, la literatura, la producción de los medios de comunicación, la educación- los grupos dominantes dan forma al sentido común de las masas naturalizando un orden social y político determinado.

Para Gramsci, la conducción intelectual y moral de la sociedad –la hegemonía- implica, también, que algunos intereses de los grupos subalternos sean considerados por los grupos dominantes pero siempre en una condición subordinada, Cuando la clase dirigente logra la hegemonía, y la articulación a sus intereses y visión de mundo de algunas demandas de los sectores subalternos, se logra la constitución de un bloque histórico,

Es decir cierta correspondencia entre el modelo de acumulación, el modelo de Estado, las subjetividades políticas, las formas culturales que legitiman determinado orden social y político y los modos que asume la lucha política Si el capitalismo entonces es más que una relación de explotación y si su reproducción no descansa en el poder coercitivo del Estado, su transformación no puede reducirse a la estrategia de la toma del Estado.

La estrategia política correcta será, entonces, la constitución de una voluntad colectiva (el partido político) que promueva una reforma intelectual y moral capaz de dotar de su propia cosmovisión a los grupos subalternos, separándolos de la visión de mundo de los grupos dominantes y haciendo de ella la base de una nueva hegemonía.

  1. En ese proceso tienen un lugar destacado los intelectuales,
  2. La alusión en el debate político argentino reciente a la importancia de la batalla cultural puede interpretarse en clave del concepto de hegemonía.
  3. Un cambio sustantivo en la sociedad argentina, para aquellos que insistieron con aquella metáfora, implicaba mucho más que logar una mayoría electoral coyuntural.

Más bien requería de un cambio cultural, la construcción de una contrahegemonía, que aportara una cosmovisión diferente a la liberal capitalista, capaz de constituirse en el basamento simbólico de la una sociedad alternativa. Otro ejemplo posible podemos encontrarlo en los impactos producidos por la emergencia de la pandemia,

Existe un consenso bastante generalizado de que la pandemia ha desnudado los problemas del neoliberalismo, El discurso social que legitimaba aquel modelo de acumulación y el tipo de Estado que lo acompaño se encuentra en entredicho. Se abre un período de crisis en la que las alternativas para erigir un nuevo orden social y político tienen posibilidades históricas reales.

Ahora bien, la crisis no determina cuál respuesta será la efectivamente puesta en marcha para superarla. Ello depende de la lucha por la hegemonía, por el grado de conducción intelectual y moral que logren los grupos sociales en disputa por la constitución de nuevo sentido común que acompañe y de «sentido» a las nuevas relaciones sociales que se erijan.

  1. El texto Una parte muy significativa de la obra de Antonio Gramsci fue escrita fue durante su encierro en la cárcel bajo el régimen fascista.
  2. La necesidad de eludir la censura bajo esa condición hizo que recurriera a un lenguaje impreciso para expresar sus reflexiones.
  3. La ausencia de las condiciones mínimas para el trabajo intelectual se reflejan en la falta de sistematicidad de sus escritos.

Pese a ello, su obra, en particular sus «cuadernos de la cárcel», es una de las más significativas de la teoría social y política contemporánea, además de ser una referencia ineludible para la acción para muchos actores políticos. La lectura propuesta para la clase es un extracto del libro «Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno», una compilación de parte de sus «cuadernos de la cárcel»,

En el texto encontraran referencias a las siguientes cuestiones: la hegemonía como el momento político por excelencia de las relaciones de fuerza; la importancia de las «superestructuras» bajo las sociedades capitalistas; la relación Estado-sociedad civil en occidente; la centralidad de la sociedad civil en la lucha política; las características que asume la lucha política en las sociedades capitalistas modernas.

Actividades 1.- Reflexionar sobre el vínculo ente los conceptos de hegemonía-sociedad civil propuestos por Antonio Gramsci y la comunicación pública y política.2.- Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=Bm4c9HPWWV4 3.- Pensar el papel de la comunicación pública y política en el proceso que describe Álvaro García Linera en el video antes citado.

¿Cuáles son los países hegemónicos de la actualidad?

Se denomina G8 a un grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.

¿Cuándo terminó la hegemonía?

La hegemonía conservadora llegó a su fin en 1930.

¿Qué son las potencias hegemónicas?

Tomando en cuenta lo anterior, una potencia hegemónica es aquella cuyo potencial económico y militar es superior al de cualquier otra, que tiene la voluntad y la eficacia de comandar y mantener las reglas esenciales en el sistema internacional y que es capaz de obtener el consenso para llevar a cabo sus metas sin dejar

¿Qué es una belleza hegemónica?

La belleza hegemónica —que es gordofóbica— reproduce la idea de que lo bello, lo deseable y lo valioso de los cuerpos responde a un único modelo. Todo cuerpo que no se asimila a dicho modelo o no evidencia querer acercarse a él es juzgado, ridiculizado o repudiado.

¿Qué es la hegemonía indique un ejemplo?

5 Ejemplos de Hegemonía En Que Consiste El Regimen De Un Partido HegemNico La hegemonía es un poder ejercido de forma autoritaria. Puede proceder desde un individuo, conjunto de personas, una institución, hasta una ideología que quiera sobreponerse ante los ideales del resto. Para identificar una hegemonía se debe tener en cuenta que es un poder no compartido, además que restringe la posibilidad de conocer otras realidades que estén en contraposición a sus ideales como «correctas».

No se puede aceptar la hegemonía como competencia, ya que la primera es una supremacía obtenida por medio del poder y la autoridad. La competencia es una estrategia para llegar al poder por medio de la lucha directa o indirecta con otro individuo, empresa, sociedad, entre otros. La hegemonía además restringe información para obtener el control mediático de una sociedad.

Por ello, los medios de comunicación y el poder gubernamental son los principales ejemplos de esta aplicación de control.

Hegemonía en la política : cuando los gobernantes pretender controlar todos los aspectos de la vida de sus residentes se obtiene una hegemonía. La restricción de trabajos, la limitación de los alimentos, la prohibición de la educación gratuita, la falta de democracia. Hegemonía en la comunicación : también se puede denominar censura. Los medios pueden ejercer la hegemonía a través de la manipulación de la información, transmitiendo contenidos incompletos, limitando a la sociedad al acercamiento a los hechos contundentes. Hegemonía en el hogar : el poder obtenido por los padres puede volverse una hegemonía cuando no admiten libertades o restringen arbitrariamente las actividades de los hijos. Hegemonía en la educación: cuando una institución educativa se fundamenta en ideologías políticas, culturales o religiosas, transmitiendo la información a los estudiantes y restringiéndoles la oportunidad de tener criterio propio para aceptar o rechazar las ideas propuestas. Hegemonía en la religión: hay religiones que no aceptan la existencia de las otras. Esto se convierte en hegemonía ya que los seguidores, por ejemplo del judaísmo, no pueden involucrarse con individuos que practiquen una religión distinta.

: 5 Ejemplos de Hegemonía

¿Qué es hegemónico Wikipedia?

De Wikipedia, la enciclopedia libre Según la RAE, una hegemonía es una «supremacía de cualquier tipo» o la «supremacía que un Estado ejerce sobre otros». ​ Con respecto a la lingüística, este fenómeno ocurre muchas veces dentro de un estado o como resultado del contacto lingüístico.

En esta hegemonía, una lengua poderosa domina a una región o país por encima de los otros idiomas. Es relacionada con la idea de imperialismo lingüístico, que es la transferencia de una lengua dominante a un pueblo, y también una hegemonía lingüística frecuentemente resuelta en esta transferencia por diversas razones.

La lengua es parte de la identidad de las personas y significativa por razones étnicas, religiosas, nacionalistas, y más. Como resultado hay sugerencias de que el derecho lingüístico es uno de los derechos humanos. Como una hegemonía cultural, una presión de actuar o hablar como parte de la mayoría es posible.

  1. La hegemonía lingüística puede reflejarse en preconceptos lingüísticos o la discriminación hacia otras lenguas activa o pasiva.
  2. Se puede ver la discriminación pasiva en los estereotipos o en burlas de acentos.
  3. En la discriminación más fuerte se priva de servicios a la gente que no puede hablar una lengua, o se trata de crear leyes para crear un idioma oficial con un tipo de una política lingüística,

Esta hegemonía también se relaciona históricamente a la creación de un país como instrumento para conformar una identidad cohesiva.

¿Qué es educación hegemónica?

Se manifiesta cuando las clases sociales políticamente dominantes no logran más ser dirigentes de todas las clases sociales.